Informe de Ponencia para segundo de bate al Proyecto de Acto Legislativo 105 de 2018 Cámara 140 de 2018 Cámara

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Fecha de publicación	24 Octubre 2018
Número de Gaceta	890

Informe de Ponencia Positiva para Segundo Debate al Proyecto de Ley Estatutaria 091 de 2018 Cámara

890

Informe de ponencia positiva para segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara

por medio de la cual se crea el Registro
de Deudores Alimentarios Morosos (Redam)
y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre de 2018

Honorable Representante

SAMUEL ALEJANDRO HOYOS MEJÍA

Presidente

Comisión Primera Constitucional Permanente

Cámara de Representantes

Referencia: Informe de ponencia positiva para segundo debate al Proyecto de Ley Estatutaria número 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) y se dictan otras disposiciones.

Cordial saludo:

En cumplimiento del encargo que me hizo la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en los términos consagrados en la Ley 5ª de 1992, me permito radicar el informe de ponencia positivo al proyecto de ley de la referencia, el cual cuenta con los siguientes puntos:

I. Trámite.

II. Objeto y contenido del proyecto de ley.

III. Justificación.

IV. Contexto normativo

V. Modificaciones y pliego de modificaciones.

VI. Proposición

I. TRÁMITE

El proyecto de ley en cuestión fue radicado el 15 de agosto de 2018 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes por el honorable Representante David Ernesto Pulido Novoa y por la honorable Senadora Maritza Martínez Aristizábal y fue debidamente publicado en la Gaceta del Congreso número 672 de 2018.

El 3 de octubre del presente año, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes discutió y aprobó por unanimidad este proyecto de ley en primer debate y decidió darle tránsito a la plenaria de la honorable Cámara de Representantes para que surta su segundo debate.

II. OBJETO Y CONTENIDO
DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El proyecto de ley consta de 11 artículos que establecen lo siguiente:

Artículo 1º. Se crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Artículo 2º. Se establece el ámbito de aplicación y sujetos que resultan cobijados por las medidas que se establecen.

Artículo 3º. Se establecen los procedimientos para la inscripción y cancelación de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Artículo 4º. Se instauran las funciones que tendrá el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam).

Artículo 5º. Se establece el contenido mínimo de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos.

Artículo 6º. Se establecen las consecuencias de la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos.

Artículo 7º. Se establece que la operación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos será implementado, administrado y operado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Así mismo, se contempla que la implementación de la herramienta deberá realizarse en un término de seis meses contados a partir de la promulgación de la ley.

Artículo 8º. Se hace una remisión a los principios y reglas generales previstas en la Ley 1266 de 2008, en lo que sea aplicable.

Artículo 9º. Se establece que en las sentencias que impongan alimentos, y en los acuerdos de conciliación de alimentos celebrados ante autoridad administrativa, se advertirá a los obligados de las consecuencias previstas en esta ley por su incumplimiento.

Artículo 10. Se establece que quienes sean titulares de alimentos, en los términos del artículo 411 del Código Civil, podrán solicitar el reconocimiento judicial de las acreencias alimentarias en las que se incurrió, aun cuando las circunstancias económicas del acreedor alimentario señalen que posea la capacidad económica para costear su subsistencia, pero que fueron necesarias para consolidar dicha capacidad.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias.

III. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad existen tres tipos de instrumentos legislativos dirigidos a garantizar los derechos de cuidado y manutención frente a hijas e hijos: (i) sobre los alimentos que se deben por ley a algunas personas, dentro de las que se encuentran hijas e hijos, contemplado en el Código Civil; (ii) sobre el Derecho de Alimentos, la obligación alimentaria, y sobre la mora en el cumplimiento de la obligación contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia; y finalmente, (iii) sobre el delito de inasistencia alimentaria tipificado en el Código Penal.

Así mismo, los conflictos asociados al incumplimiento de la obligación de suplir el derecho a la alimentación pueden tramitarse a través de tres vías judiciales: la primera es ante la jurisdicción ordinaria, especialidad penal, caso en el cual la Fiscalía es el ente responsable de iniciar la investigación con base en la denuncia por Inasistencia Alimentaria; la segunda es por medio de un proceso civil ejecutivo, y por último a través de "la vía civil administrativa de imposición de la medida de amonestación en el marco de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD)7".

Además de la existencia de tales mecanismos, es preciso resaltar que la reclamación de alimentos a través de cuota alimentaria puede surtirse ya sea por vía administrativa a través de las Comisarías de Familia, o por vía judicial a través de las demandas de alimentos ante los Juzgados de Familia. Sin embargo, estos dos procesos tienen limitaciones derivadas no solo de la congestión propia de los despachos, sino también por los patrones que operan en la asignación de dichas cuotas a través de cualquier decisión administrativa o judicial; lo anterior representa que un porcentaje representativo de las demandas de alimentos por parte de las mujeres, en representación de sus hijas e hijos sean resueltas sin dar cumplimiento a la prevalencia a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por tanto le sean asignadas cuotas insuficientes que no se compadecen realmente con los gastos proporcionales del cuidado y manutención en el marco del derecho de alimentos.

Por otro lado, se presenta dilación en los procesos debido a que en reiteradas oportunidades se lleva a conciliar sobre el incumplimiento por parte del deudor, lo que perpetúa la conducta grave de sustracción de la responsabilidad alimentaria en contra de hijas e hijos, e indirectamente contra la madre, tal como lo contempla la Ley 1257 de 2008 sobre las diferentes formas de discriminación contra las mujeres.

Tal y como se ha señalado anteriormente en el estudio realizado por DEJUSTICIA, sobre el delito de inasistencia alimentaria, se determinó que el número de denuncias por este delito que llegan a la instancia penal es menor en comparación con otro tipo de delitos y que, en efecto, la administración de justicia en el marco del proceso penal actúa de forma más oportuna, aunque en siete de cada diez casos estos terminan con conciliación.

"Aunque observamos un mayor nivel de casos por IA que finalizan en comparación de otros delitos, muy pocos de estos procesos terminan con sentencia condenatoria. La mayoría finaliza por conciliación. Concluimos que los procesos por IA se mueven más, y finalizan en mayor medida, pues en ellos se destina un mayor esfuerzo de funcionarios judiciales al perfeccionamiento de conciliaciones (...). A su vez, las conciliaciones realizadas por fiscales, parecen ser de menor calidad que las realizadas por otros funcionarios"8.

El diagnóstico más actualizado que se registra en el tema determina que "los procesos por IA en inventario corresponden a menos del 3% del inventario total de casos para la Ley 906 de 2004. A 2010, dicha proporción es menor a la de todos los demás delitos analizados". Así mismo, al señalar la proporción de casos que entran y salen al sistema judicial relacionadas con la temática, se evidencia que "en cuanto a las salidas, los casos por la IA representan un porcentaje de casos mayor al de las entradas. Mientras que las entradas por IA equivalen a un décimo de todas las entradas, las salidas corresponden a más de un sexto de los procesos que finalizan por todos los delitos. Ello significa que los procesos de IA se tramitan de manera más eficiente que el promedio de delitos." 9

Sin embargo, y gracias a los valiosos aportes del estudio, se evidencia que el derecho al acceso a la justicia que tienen las víctimas del delito de inasistencia alimentaria no se garantiza de manera efectiva si el trámite procesal se finaliza en un 53% con la conciliación, más aún cuando del total de condenas por inasistencia alimentaria representan el 1%10, tal y como se indicó anteriormente.

Finalmente, se logra establecer que, "la base de datos de la Fiscalía indica que, dentro del sistema acusatorio, entre 2005 y 2010 ingresaron cerca de 250 mil procesos por IA. Aproximadamente un sexto de estos casos no había finalizado a enero de 2011; a su turno, la mayoría de procesos en curso han sido archivados (un 85% de los casos en curso, que corresponden a un 14% de las entradas). Notablemente, alrededor de un 85% de los procesos finalizaron de alguna manera. Más de dos tercios de las salidas son conciliaciones (56% de los procesos que ingresaron). Un poco menos de un tercio de las salidas son preclusiones (un quinto de los ingresos); y un poco más de uno de cada cien procesos culmina en sentencia (de las que nueve de cada diez son condenatorias)"11.

Frente a lo anterior es importante resaltar, como ya se ha dicho, que el incumplimiento de la obligación alimentaria tiene un predominante componente de desigualdad y discriminación contra las mujeres y sus hijas e hijos, pues evidencia la carga cultural estereotipada alrededor del ejercicio y del cuidado.

Al hacerse exigible ante instancias...

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