Instituciones jurídico-políticas y crecimineto económico: Lo que indican los indicadores
| Autor | Germán Burgos |
| Cargo | Profesor Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colombia y Externado de Colombia. |
| Páginas | 39-71 |
Palabras clave: Instituciones, derecho y economía, indicadores institucionales, regresiones y correlaciones con variables institucionales. Institutions, law and economics, institutional indicators, regressions and correlations with institutional variables.
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El papel de las instituciones jurídico-políticas en el crecimiento y desenvolvimiento económico de los países ha focalizado la atención de la actual teoría del desarrollo.1Hoy es ampliamente aceptado que el progreso económico, en el marco de economías de mercado, precisa de un ambiente institucional propicio, el cual incluye el respeto y garantía de los derechos de propiedad, el cumplimiento coactivo de los contratos, la sujeción del Estado a normas jurídicas y la existencia de un sistema judicial dedicado a defender la vigencia de la ley y los acuerdos entre los individuos.
Recientemente, el análisis de la relación entre derecho y desarrollo económico se ha abordado como parte de los estudios provenientes de la historia económica y la escuela económica neoinstitucional. A partir de éstos se ha venido sosteniendo que la existencia de ins-Page 40tituciones jurídicas formales y sociales no formales ha constituido el principal factor diferenciador que explica el éxito económico de unos países y el estancamiento de otros.2
De manera aún más reciente, los planteamientos venidos del neoinstitucionalismo han tratado de ser validados mediante la búsqueda de asociaciones estadísticas a través del uso de la regresión y la correlación de datos, a lo largo de series de tiempo más o menos amplias y para grupos de países que se consideran representativos. A fin de realizar tales asociaciones, se ha precisado el uso o la construcción de mediciones cuantitativas de los aspectos institucionales, a través de la construcción de indicadores, que puedan finalmente ser relacionables con los indicadores económicos.3Este tipo de metodologías vienen sustentando en buena parte la centralidad que se le viene dando al componente institucional dentro de las estrategias nacionales e internacionales, en términos de desarrollo.
Dado el anterior contexto, este artículo sostiene que la fundamentación econométrica de la relación entre instituciones jurídico-políticas y el crecimiento está limitada por diversas deficiencias metodológicas que limitan el alcance de sus conclusiones. Así, los indicadores institucionales están afectados por una inadecuada definición respecto de su marco teórico -su excesiva amplitud los hace poco útiles a la hora de pensar las políticas- y por las diversas dimensiones de subjetividad que afectan su construcción o la información que al final de cuentas les sirve para su valoración. Estas limitaciones perjudican la calidad misma de la asociación estadística entre variables. En otros términos, si los indicadores correlacionados con el crecimiento o el aumento de la inversión están inadecuadamente definidos, los resultados positivos de las regresiones son, por lo tanto, cuestionables.
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Por lo demás, las asociaciones mismas no pueden tomarse como una prueba contundente del tipo de relación entre instituciones y crecimiento. Esto es aún más claro si tenemos en cuenta que existen problemas a los cuales se les ha demostrado su reversibilidad entre variables correlacionadas y una excesiva volatilidad que dificulta las mediciones.
A fin de desarrollar las tesis anteriores, el presente artículo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, presenta brevemente los planteamientos que a partir de la obra de North han permitido establecer un papel positivo a las instituciones jurídico-políticas respecto del crecimiento. A continuación expone los principales indicadores institucionales que han sido construidos para mirar cuantitativamente el diseño y desempeño de las instituciones. En un tercer momento presenta algunas de las tesis centrales de estudios que han encontrado asociaciones positivas entre instituciones y crecimiento, vía correlaciones y regresiones. Finalmente, registra las críticas más recurrentes que hoy, en el interior de la literatura especializada, se han planteado respecto de la econometría sobre instituciones y crecimiento.4
La historia económica de vertiente institucionalista, representada en el premio Nobel de Economía, Douglas North, ha tratado de identificar cuáles son los factores decisivos que dan cuenta de las profundas diferencias de desempeño económico y, por ende, de desarrollo entre países que en principio cuentan con condiciones geográficas, tecnológicas y humanas similares. En otros términos, estos análisis pretenden explicar por qué históricamente unos países han seguido la senda de la generación de riqueza sostenida, mientras otros aparecen estancados en la pobreza.
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La respuesta al anterior interrogante remite al papel de las instituciones. Éstas se definen como reglas de juego que establecen, ante todo, limitaciones que estructuran la interacción humana y permiten la cooperación. Tales limitaciones pueden ser de carácter formal o informal. Las primeras remiten, ante todo, a las leyes y normas producidas de manera centralizada por un órgano especializado. Por su parte, las instituciones informales hacen referencia, entre otras, a las extensiones y modificaciones de normas formales, normas de conducta sancionadas socialmente o aceptadas internamente por determinados grupos sociales.
Las instituciones, así entendidas, tienen el rol de canalizar las conductas humanas. Se entiende que el comportamiento humano es el producto tanto de las preferencias individuales como de las estructuras institucionales que limitan esa conducta. Las instituciones son inductivas de la conducta, porque en general excluyen o sancionan ciertos actos no deseables socialmente o en algunos casos incentivan otros alternativos. Dado que las preferencias individuales de los diferentes sujetos económicos son consideradas muy estables y constantes, "una conducta específica de los individuos se puede remitir a los incentivos institucionales existentes y a la inversa, en presencia de ciertos alicientes institucionales también se puede predecir la tendencia de la conducta".5
Ahora bien, el fin social de las instituciones es contribuir a la cooperación e interacción humana, en cuanto éstas permiten enfrentar o hacer manejable la incertidumbre. Por lo tanto, de acuerdo con este discurso, la incertidumbre es ante todo producto de las limitaciones de información del individuo y la existencia de costos de transacción:6
Mi teoría de las instituciones está edificada partiendo de una teoría de la conducta humana combinada con una teoría de los costos de negociación. Cuando las combi-Page 43namos podemos entender por qué existen las instituciones y qué papel desempeñan en el funcionamiento de las sociedades [...] Las instituciones existen y reducen las incertidumbres propias de la interacción humana. [...] Es suficiente decir aquí que las incertidumbres se deben a información incompleta con respecto a la conducta de otros individuos en el proceso de interacción humana [...] A partir de esta capacidad considerada junto con las incertidumbres propias del desciframiento del medio, evolucionan normas y procedimientos que simplifican el proceso. El consiguiente marco institucional, como estructura de la interacción humana, limita la elección que se ofrece a los actores.7
En términos de crecimiento económico, las instituciones importan porque permiten enfrentar las incertidumbres que afectan los derechos de propiedad. Para el neoinstitucionalismo económico estos derechos son fundamentales, en cuanto se considera que son el sustento básico para el funcionamiento del mercado. Así es como la determinación efectiva de los derechos de propiedad8 permite precisar la disposición de un derecho claro, exclusivo y libremente transferible sobre lo que se intercambia. De lo contrario, los costes de negociación implicados en la asignación y distribución de los recursos serían prohibitivos y el mercado podría fracasar como sistema eficiente de asignación de recursos.9
Con todo, los derechos de propiedad pueden verse afectados por diversas situaciones que los pueden colocar en un estado de incertidumbre y de esta manera afectar su rol como incentivadores de la maximización económica en el mercado. La afectación de estos derechos puede provenir así de su inadecuada clarificación, del incumplimiento reiterado de los contratos y del abuso de poder por el Estado.
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Para responder frente a las incertidumbres que afectan los derechos de propiedad, es preciso construir un conjunto de instituciones que establezca límites tanto a la acción de los actores privados como respecto del Estado. Así, para hacer más clara la definición de los derechos de propiedad, se plantea la conveniencia de un marco jurídico que establezca los términos y facultades de que lo que es apropiable, lo cual conlleva dejar claros los límites que tienen tanto el Estado como los particulares respecto de la propiedad de terceros. Igualmente se precisa de instancias, como un sistema de registros públicos, que permitan una publicidad veraz de la información sobre la titularidad de la propiedad. Por último, debe contarse con recursos jurídicos para la defensa de la propiedad, especialmente instituciones que permitan su aplicación, lo cual de manera particular significa un sistema de justicia accesible y eficaz y una administración pública sujeta al derecho.
En lo que hace al cumplimiento de los contratos, se defiende la importancia de un marco jurídico que establezca los efectos de su incumplimiento, pero...
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