Los "pájaros" del Valle del Cauca
| Cargo | Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Auxiliar en la investigación referida. |
| Páginas | 245-258 |
Artículo derivado de la investigación "El Código Penal de 1980: sus antecedentes y contextos mirados desde la política criminal colombiana", inscrita en el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI) de la Universidad de Antioquia y en el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. Investigación a cargo de los profesores Lina Adarve Calle y Julio González Zapata.
The "birds" is how we translate here the name of an armed group which existed years ago in a Colombian region called Valle del Cauca. They were there from ends of the "Violence" and carried out a series of practices as selective executions, homicide, and disappearances.
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La investigación de la cual se desprende este artículo, tiene como objetivo describir el contexto y las condiciones de surgimiento del Código Penal de 1980, y a partir de ello, se intenta esbozar una respuesta a la pregunta ¿Para qué se ha utilizado el Derecho Penal en Colombia?
Esa es una pregunta cuyo análisis nos lleva no sólo a mirar el Derecho Penal como parte del sistema penal, con las Leyes, Decretos y Códigos que lo conforman y conformaron, sino, también, a observar el derecho penal como control social, como la práctica que de él se ha hecho; una práctica de imposición de penas.
El Derecho Penal como ejercicio del Control Social, ha sido, algunas veces, desplazado por unas prácticas punitivas1 realizadas al margen del derecho penal y del sistema penal mismo; a estas prácticas se ha acudido cuando el derecho penal no actúa, cuando se emprenden campañas de limpieza social, asesinatos, ejecuciones, torturas e incluso desapariciones forzadas, las cuales son realizadas por organismos de seguridad del Estado o por grupos paraestatales amparados por éste; esta puede ser una posible respuesta a la citada pregunta.
Respecto de la "Violencia", no es el objetivo de este escrito dilucidar el hecho o hechos que dieron lugar a la "Violencia" en Colombia2, sino tratar de mostrar cómo Page 246 el clima social y político que se originó a raíz de dicha violencia3, fue un escenario propicio para que actuaran grupos al margen de la ley, los cuales ejercieron unas prácticas punitivas, tendientes a defender sus propios intereses y obtener control sobre los opositores políticos; sin embargo, habría que aclarar que el modo de actuar de estos grupos, estuvo articulado alrededor del ejercicio de unas prácticas punitivas ocultas; es decir, realizaron un control social4 velado a la mirada pública y apartado de la legalidad estatal.
A inicios de los años treinta llega el partido liberal al gobierno. 5Dicho partido consideró necesario realizar una serie de reformas para el país, reformas que marcaron el derrotero político a seguir luego de un largo período en que los conservadores ejercieran el mismo. Ya desde 1930 se vivía un clima de violencia partidista en Colombia; se hablaba de ésta en los departamentos de Boyacá, Santander, Tolima y Cundinamarca principalmente. Para esa época el clima político está signado por constantes escaramuzas entre adeptos liberales y conservadores, los primeros en el gobierno y los segundos en su preocupación por retomarlo terminaron defendiéndose Page 247 de quien lo ejercía; ello sucedió por la llegada del gobierno liberal a departamentos marcadamente conservadores; tal es el caso de la incursión del gobierno liberal en los departamentos conservadores de Boyacá y Tolima. Sobre esa álgida lucha por el poder político colombiano de mediados de siglo XX, Darío Betancur y Martha García se refieren a "La llamada 'Violencia liberal de los años treinta' [la cual] se inició con acciones aisladas desde 1928, pero se generalizó sobre todo en 1930 y 1931, para mantenerse intermitente durante toda la República Liberal; vista así, esta violencia fue mucho más nacional y compleja"6constatando, así, el carácter político de la violencia colombiana de mediados del siglo XX.
Para la década de los años treinta, el Presidente de la República7 contaba con la facultad de nombrar gobernadores y alcaldes en todo el país; éstos, a su vez, poseían amplias facultades para nombrar funcionarios, entre ellos, los inspectores de policía; de esta manera, en los años treinta, en plena República Liberal, en todos los municipios, incluso en los municipios marcadamente conservadores, se encontraba un alcalde liberal con sus respectivos funcionarios de igual filiación política.
Una vez monopolizado el poder político en manos liberales, éstos necesitaron hacerse de su propio cuerpo de seguridad, un cuerpo armado que le fuese leal a los intereses del partido; puesto que la policía de la época era de estirpe conservadora8, y solamente después de mediados de la década de los treinta, el ejército se consideró neutral9.
Los alcaldes liberales, entonces, controlaban un cuerpo armado que les brindaba seguridad; era la guardia de rentas10, quienes pese a existir policía y ejército, se convirtieron en los encargados de la protección del gobierno local; tales gendarmes Page 248 eran un destacamento de policía que obedecía órdenes provenientes directamente de los alcaldes liberales; este cuerpo de seguridad fue armado y escogido por la calidad liberal de sus miembros. A través de estos grupos oficiales, el liberalismo en el poder ejerció el control sobre los conservadores.
Pese a lo anterior, no sólo se tenía a la guardia de rentas como la única herramienta del liberalismo en el poder en aras de ejercer control, también se encuentran grupos al margen de la ley encargados de ejercer el control social, puesto que
Durante la década [haciendo referencia a los años treinta] allí hubo un fenómeno de ejercicio de la violencia desde el gobierno, apoyándose en grupos liberales armados y en algunos casos incorporados a la policía. Se trata de reductos o mejor "guetos" partidistas como los "coloradeños", pobladores del Páramo del Colorado en Guaca o de las bandas liberales del Páramo del Almorzadero, o los temidos "Tipacoques", habitantes del corregimiento-hacienda hoy municipio del mismo nombre, reclutados por los hacendados liberales para enfrentar a las poblaciones conservadoras, fenómeno socialmente comparable con la acción de los "Chulavitas", conservadores que toman su nombre de una vereda del municipio de Boavita, instrumento de terror conservador a partir de 1946, no solo en Boyacá sino en las diferentes regiones de violencia de otros departamentos. En ambos casos existía el control por los dirigentes políticos de los partidos y las órdenes se ejecutaban a través de organismos oficiales como las gobernaciones, las alcaldías o las policías municipal, departamental o nacional, o las "guardias de rentas"11.
Es decir, hubo una acción liberal encaminada al ataque de poblaciones conservadoras para tomar su control, y de otro lado, una respuesta de los conservadores al asecho liberal, mediante la conformación de grupos de autodefensa.
La respuesta conservadora proviene, básicamente, del departamento de Boyacá, donde éstos aún poseían refugios en los cuales actuaban al margen del gobierno liberal. Es el caso del municipio de Boavita12, donde tenían un centro de concentración y reclutamiento de hombres armados, los cuales eran seguidores de las ideas del partido conservador y que eran movilizados para luchar contra los permanentes asaltos liberales realizados tanto por las fuerzas estatales liberales como por grupos armados liberales al margen de la ley; también, de esa manera se pone en evidencia la existencia de una serie de prácticas punitivas por parte de los conservadores, prácticas que, por demás, están en contraposición al control social realizado por el Estado. Page 249
Para finales de la década del treinta y comienzos de los años cuarenta, Colombia era un campo de batalla, asediado por grupos armados ilegales tanto conservadores como liberales, y la respuesta oficial, quedaba a cargo de alcaldes y gobernadores liberales, quienes tenían facultades policiales para perseguir a los opositores del gobierno13, junto con la policía departamental y la guardia de rentas; Guerrero Barón lo documenta así, refiriéndose a una vasta zona del centro-oriente colombiano:
Indudablemente había complicidad de las autoridades liberales. Las bandas armadas liberales tenían demasiada movilidad inclusive en el casco urbano de las poblaciones.
[...] Pero era indudable que la "pacificación" también tenía carácter político. Teniendo en cuenta que uno de los factores del conflicto era la imposición de la violencia institucional por parte de los alcaldes y la policía liberal, las medidas que se tomaban no conducían al apaciguamiento. Al otorgar, por ejemplo, facultades especiales para investigar los hechos al mismo alcalde y "[...] a los agentes de la policía departamental o municipal que lo acompañen [...] se les inviste del carácter de agentes de la policía nacional [...]"14 les daba jurisdicción sobre otros municipios y departamentos, ampliando el radio de acción de las operaciones y del conflicto mismo pues formaban parte de él15.
Las policías departamentales, a su vez, eran un factor que causaba problemas para el control y mantenimiento del orden público; puesto que estos se excedían en sus facultades; incluso, en zonas donde el orden público se veía claramente afectado, la llegada de estos policías, causaba aún mayor perturbación que la que venían a tratar de controlar, hasta tal punto que el retiro de la policía de ciertas zonas del país, como Tolima y parte de Cundinamarca, era un factor necesario para la consecución de la paz. Guerrero Barón sobre el retiro de policías liberales de zonas problemáticas, dice que "en este punto el problema era tan grave que era necesaria la disolución de estos cuerpos de policía departamental y...
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