El leviatán de los mass media, el peligro de la otredad y el derecho penal: la construcción mediática del enemigo
| Autor | Omar Huertas Díaz - Henry Torres Vásquez - Nydia Cecilia Díaz Pérez |
| Cargo | Abogado Universidad Nacional de Colombia. Magister en Derecho Penal - Abogado. Doctor en Derecho - Abogada, Universidad Autónoma de Colombia. Especialista en Derecho Penal y Criminología |
| Páginas | 96-117 |
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Cuando el Estado viola los derechos humanos deja de ser garante y, a su vez, incumple las obligaciones pactadas en los tratados que ha firmado y ratificado sobre la materia. De esta forma, para evitar sanciones internacionales o el "desmadre" del sistema, el Gobierno hace uso de la desinformación a través de los canales estatales o utiliza, con mucho acierto, la autorización que necesitan los medios masivos de comunicación (en adelante, los MMC) para emitir sus reportajes, y aunque no se coarta de plano esta actividad, se determina una tendencia periodística oficializada con menoscabo de la libertad de expresión, a la cual hace referencia constitucional el artículo 20 en los siguientes términos:
Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.
En este contexto, surgen inquietudes sobre el tratamiento que los MMC le han dado a las distintas clases, acciones y actores de la violencia en el marco del conflicto armado interno, pues la discusión de ideas y la confrontación de opinión son cercenadas en Colombia con actitudes imperialistas o totalitarias1, a pesar de ser una de las democracias más sólidas del continente. Así, la responsabilidad social de quienes comunican es limitada por acciones en las que predomina el statu quo, y en algunas oportunidades los aliados gubernamentales cuestionan y restringen a la prensa que actúa más o menos de forma independiente para lograr que los ciudadanos no participen de la homogeneización social que desea el régimen.
Desde esta perspectiva, vale la pena analizar por qué hay un retroceso, por qué se presenta una ruptura de los mecanismos del Estado Social
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y Democrático de Derecho y por qué la sociedad colombiana parece estar en permanente riesgo2 de ser atacada por terroristas nacionales e internacionales.
Ciertamente, el moralismo esgrimido para atacar la falta de eticidad y la ilegalidad de quienes han sido etiquetados como "terroristas" es un ardid de los gobiernos que tiene por objeto mantener la consonancia de las informaciones para su beneficio. Sin embargo, debe recordarse que el Estado no es concebido como un ente superior desde el punto de vista moral (Aponte, 2006a, p. 606), por lo cual la novedad radica en que éste se atribuye una rectitud de la que carece; situación que además se evidencia en sus respuestas con alta dosis de violencia respecto al conflicto armado. En este orden de ideas, la moralidad tiene que ver directamente con la aceptación por parte de los gobiernos de una única sociedad civil: Aquella que comulga con la política del Estado. Los contrarios son, por supuesto, corruptos, dignos de sanciones punitivas o de acciones que están fuera del derecho, es decir -si es necesario- del terrorismo estatal.
Ahora bien, entre las soluciones oficiales se vislumbra la teoría sobre el mal menor de Ignatieff, según la cual, en caso de peligro no se pueden privilegiar los derechos o, en otras palabras, no se puede perder la guerra contra el terrorismo por el hecho de no caer en violaciones a los derechos humanos, ya que esa "guerra" contra los terroristas requiere algún sacrificio de la libertad en periodos de emergencia (Ignatieff, 2005, p. 25). Del mismo modo, en Colombia, sin existir un riesgo real y permanente que involucre a todos los conciudadanos, el sacrificio de múltiples derechos -entre ellos la vida- ocasiona un sinnúmero de adeptos tan sólo por ser indicado como absolutamente necesario para la preservación de la seguridad democrática por los gobernantes con el auxilio de los MMC.
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Igualmente, cabe advertir que en este país la verdad está custodiada por guardias armados y uniformes de camuflaje; además, en lugar de investigar los hechos se debe acudir a la fuente oficial (Restrepo, 1992, p. 216) y quien señale otra posición diferente de la de los MMC es desvirtuado o incluso asesinado. No obstante, los medios clásicos de comunicación convierten la violencia estatal en intrascendente.
En este punto, es acertado manifestar que este artículo se realizó con la finalidad de analizar la intervención de los MMC en la creación del "enemigo", visto como terrorista en Colombia y el mundo, para generar reflexiones razonables que incidan en los actores sociales y respondan de manera coherente a las problemáticas que vienen desarrollándose y tienen que ver con este asunto. Por lo tanto, se efectuó una búsqueda, revisión e interpretación documental de la doctrina, investigaciones y estudios de caso más importantes sobre la materia, y se logró sistematizar valiosa información en ocho capítulos que se desarrollan a continuación.
Bartra (2007, p. 19) afirma que la sociedad occidental ha venido ampliando de forma espectacular en todo el mundo las redes imaginarias del terror político; así, la sociedad "avanzada" democrática se pone en contra de un cada vez más amplio imperio no occidental: Otredades amenazantes, primitivas -como por ejemplo, fanáticos especialmente terroristas-, esto magnificado y tal vez introducido en muchas ocasiones por los MMC. Es entonces cuando se produce una verdadera entropía sociológica que conduce a la inercia del sistema (Bartra, 2007, p. 22), esto es, a una restricción del pensamiento de la colectividad. Desde luego, el control que ejercen los MMC y la posibilidad de limitar las ideas "mediante creencias interesadas" (Chomsky 2001, p. 157) por parte de ataduras estatales tiene una relación causa-efecto, debido a que para los gobiernos pensar en los demás es cavilar sobre sí mismo, aunque siempre surja el interrogante: ¿Cuánto provecho se puede obtener de la sociedad?
Esta realidad es muy cercana al caso colombiano, pues los MMC están al servicio del Gobierno; por eso se sostiene que "El Unanimismo Uribista
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es en este momento el peor enemigo de la igualdad de oportunidades de las fuentes para alimentar la necesaria veracidad de los medios de comunicación" (Herrén, 2008). De modo que la autenticidad de la información que ensalza a la administración no es siempre fidedigna y la transparencia de la labor periodística está en tela de juicio porque lleva aparejada una sumisión política, lo cual no obsta para dejar por fuera del análisis las licencias oficiales que los MMC necesitan para operar, ya que cuando los reportajes se apartan del mando o generan animadversión contra el Estado, éstas no son obtenidas, y por ello, los MMC pueden ser cerrados o sancionados.
Como se observa, la existencia de medios independientes es cada menos real y en la homogeneidad que procura el régimen se llega a una polarización que, en últimas, busca reprimir violentamente y de forma generalizada cualquier tipo de inconformidad con algún estamento. En suma, los MMC que son propiedad de oligopolios promueven la legitimación de las acciones gubernamentales, forjando miradas unidimensionales y favoreciendo los intereses de las potencias económicas mundiales. Sin embargo, no se debe olvidar que los medios cumplen labores sociales importantes, por consiguiente, tampoco todos se pueden "satanizar". Así, los problemas que se ocultan dentro del país, como por ejemplo, violaciones a derechos fundamentales, derechos humanos o al derecho internacional humanitario, pueden ser objeto de divulgación mediante su uso. Igualmente, datos que son de dominio local consiguen trascender las fronteras al acceder a los círculos de comunicación, y es en ese sentido que los MMC han mostrado servir de puente para multiplicar información.
Ahora, es oportuno relacionar lo hasta aquí expresado con la visión estatal de los opositores y la intervención del derecho penal en estas circunstancias.
La sociedad que no hace parte o no honra el poder es señaladao como hostil, y según esta lógica comienza a erigirse como un enemigo, que naturalmente siempre es una construcción (Aponte, 2006a, p. 202).
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Al lado de ello, el derecho está plagado de simbolismo en el Estado totalitario y en las demás formas de gobernar, lo cual es familiar a la realidad de Colombia, donde en momentos coyunturales se ha hecho uso arbitrario de la ciencia jurídica. En este país existe un derecho penal simbólico en el que las normas son ineficaces, pero aun así son aplicadas, principalmente aquellas que están dirigidas hacia cierta clase de ciudadanos. Además, se idealiza al subdito, alguien que acepta con resignación el sistema y quien goza de todas las garantías, en contraposición a los destinatarios del derecho penal para enemigos3.
En este orden de ideas, cabe traer a colación el significado que el jurista alemán Jakobs le da a la palabra "enemigo": Es el delincuente que está inmerso en la delincuencia económica, en la delincuencia organizada y, especialmente, en el tráfico de drogas o en el concierto para cometer asesinatos. Es decir, se trata de aquel que en forma presuntamente verdadera ha abandonado el derecho, que no garantiza el mínimo de seguridad cognitiva de su comportamiento personal, y que lo manifiesta explícitamente en su conducta (Aponte, 2005, p. 29). Por tanto, sostiene este autor que en medio de la situación colombiana aparece sin duda el derecho penal de enemigo (Martínez...
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