Ley Penal del menor en Colombia: un enfoque participativo
| Autor | Alfredo Ramírez Nárdiz |
| Cargo | Profesor Universidad Libre seccional Barranquilla, Colombia. Doctor en Derecho Constitucional. aramirez@unilibrebaq.edu.co |
| Páginas | 127-144 |
Alfredo Ramírez Nárdiz
Universidad Libre seccional
Barranquilla, Colombia
Profesor Universidad Libre seccional
Barranquilla, Colombia. Doctor en
Derecho Constitucional.
aramirez@unilibrebaq.edu.co
Ley Penal
del menor en Colombia:
un enfoque participativo*
Penal minor
law at Colombia: a participatory approach
Resumen
Delincuencia y menores de edad son dos ca-
tegorías con intensas relaciones en la realidad
colombiana del presente. La problemática
criminal que padece la sociedad colombiana
implica muy habitualmente la acción de me-
nores de edad, niños en muchos casos, como
herramientas en manos de los distintos gru-
pos criminales que realizan sus actividades
delincuenciales en Colombia. Nuestro país es
también, y desde la Constitución de 1991, uno
de los países con un mayor número de ins-
trumentos participativos. El presente artículo
busca exponer la regulación penal del menor
en Colombia y plantear el posible desarrollo y
reforma a través de los mecanismos de demo-
cracia participativa que existen en Colombia.
Se tratará de evaluar la utilidad de dichos me-
canismos para mejorar la regulación penal del
menor, ayudando con ello a mejorar la integra-
ción en la sociedad del menor delincuente.
Palabras clave: Menor, Juventud, Colombia,
Penal, Democracia participativa.
ADVOCATUS | VOLUMEN 13 No. 26: 127 - 144, 2016 | UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL | BARRANQUILLA
Recibido:
9 de junio de 2015
Aceptado:
7 de octubre de 2015
Abstract
Criminality and minors are two categories with
intense relations on the present Colombian re-
ality. e criminal problematic that suers the
Colombian society implies very oen the ac-
tion of minors, children in many cases, as tools
in the hands of the dierent criminal gangs
that do their criminal activities at Colombia.
Colombia is also, and from the Constitution of
1991, one the countries with a bigger number
of participatory tools. is paper aims to show
the minor Colombian penal regulation and
set out its possible development and reform
through the participatory democracy mecha-
nisms that exist at Colombia. It will be tried to
check the utility of those mechanisms to im-
prove the minor law regulation, helping with
that to improve the integration in the society of
the minor delinquent.
Keywords: Minor, Youth, Colombia, Penal,
Participatory democracy.
* Este artículo es producto del proyecto de investigación “Transformaciones democráticas y democracia
participativa” perteneciente al grupo de investigación Poder Público y Ciudadanía de la Universidad Li-
bre, Seccional Barranquilla.
ADVOCATUS | VOLUMEN 13 No. 26: 127 - 144, 2016 | UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL | BARRANQUILLA
Ley Penal del menor en Colombia: un enfoque participativo
INTRODUCCIÓN
La resolución o, cuando menos, la mejora de
la problemática delincuencial es en Colombia
uno de los grandes retos que esta sociedad
tiene planteados para los próximos años. Con
una situación política estable, un progreso
económico importante y sostenido y la posi-
bilidad de terminar con décadas de conicto
armado con las diferentes guerrillas, tal vez
los dos mayores retos de la sociedad colom-
biana del presente sean sacar de la pobreza a
la importante parte de su población que aún
se mantiene en ella, así como resolver los gra-
ves problemas de delincuencia común que
sufre el país.
El rol del menor de edad en la delincuencia
colombiana es especialmente relevante por
las consecuencias que su participación en ac-
tos criminales tiene en él en un periodo ini-
cial de su vida en el que su personalidad aún
se encuentra en fase de formación y en el que
tan fácilmente se le puede apartar denitiva-
mente de la educación y el crecimiento perso-
nal si no se le reincorpora satisfactoriamente
al desarrollo natural de su vida. Hay que tener
también en cuenta que los menores colom-
bianos pueden caer en acciones criminales
no por voluntad propia o porque se ven abo-
cados a ellas por la desestructuración de su
núcleo personal y familiar, sino porque sean
forzados por grupos delincuenciales a delin-
quir mediante amenazas o secuestrándolos y
uniéndolos a ellos.
Siendo Colombia un país con unas muy mar-
cadas diferencias sociales (visualizadas hasta
en la organización del tejido urbano, que se
distribuye en seis diferentes estratos en fun-
ción del nivel económico), las posibilidades
de que un importante número de menores de
los grupos sociales más desfavorecidos caigan
en dinámicas criminales no son en absoluto
despreciables. Las tristemente populares Ba-
crim (Bandas criminales) que en el presente
existen en el país movilizan gran número de
miembros, dentro de los cuales la posibilidad
de encontrar menores es elevada. Las gue-
rrillas han acostumbrado históricamente a
sustraerlos de sus hogares y los han forzado
a unirse a sus las y vivir por años en montes
y selvas luchando contra las fuerzas regulares
del Ejército. La prostitución de menores (es-
pecialmente en ciudades turísticas como Car-
tagena de Indias) es tristemente recurrente.
Ya sea como actor del delito, o sufriéndolo, el
menor colombiano es un sujeto muy suscep-
tible de verse involucrado en dinámicas que
perjudiquen a la sociedad en su conjunto y
que a él o ella le lleven a padecer graves perjui-
cios personales de muy compleja resolución.
El Derecho no puede mantenerse al margen
de la casuística particular del menor, siendo
su deber castigar las conductas delictivas,
pero siempre desde la perspectiva del interés
de recuperar y reintegrarlo a la sociedad.*
* En esta dirección se posiciona la Corte Constitucional
colombiana cuando arma en su Sentencia 839 de 2001
que “la incursión en conductas penalmente reprochables
constituye una de las situaciones irregulares más dramá-
ticas en que pueda encontrarse a los menores de edad,
pues la delincuencia juvenil compromete el proceso de
formación social y amenaza con truncar la participación
activa y perfeccionante del menor dentro de la comuni-
dad. En una situación tal, el menor actúa bajo parámetros
incompatibles con los cánones de conducta aceptados
por la sociedad y el ordenamiento jurídico, por lo que es
deber del Estado recticarlos en aras de garantizar “el
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno” de sus
derechos (…) se respeten con especial cuidado los dere-
chos sustantivos y procesales del menor incriminado y se
busque, antes que la imposición de sanciones represivas,
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba