Limitaciones ambientales a la libertad de empresa en la Constitución colombiana
| Autor | Claudia Rojas Quiñónez |
| Páginas | 80-97 |
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los mandatos de los artículos 79 y 80 superiores inciden en
el ámbito de la libertad de empresa.
Por consiguiente, luego de analizar los límites ambientales
en la Constitución, se estudiará el conjunto de instrumentos
públicos que supongan una injerencia en el ámbito de la
libertad de empresa y tengan como finalidad la protección
ambiental, conforme al criterio clasificatorio propuesto.
III. lImItacIoNeS amBIeNtaleS a la lIBertad
de empreSa eN la coNStItucIóN colomBIaNa
La definición de las limitaciones ambientales a la libertad
de empresa adquiere una gran importancia práctica, en la
medida en que la progresiva degradación del entorno natural
obliga a adoptar medidas que restringen de manera cada
vez más intensa la autonomía empresarial y el derecho de
propiedad, en muchas ocasiones estrechamente ligados.
Así las cosas, la definición de tales limitaciones ambientales
contribuye a la solución de los conflictos que se puedan
generar en torno de los dos intereses jurídicos: la libertad
de empresa y la protección ambiental. Esta definición debe
partir, lógicamente, de la Constitución Política.
Con todo, la conciliación entre valores ambientales y va-
lores económicos no siempre ha resultado fácil. La tutela
del medio ambiente y la libertad de empresa entran fre-
cuentemente en conflicto, ya que responden a dos lógicas
contrapuestas y en consecuencia –potencialmente aunque
no necesariamente siempre– conflictivas entre sí: mientras
la libertad de empresa implica la explotación de los recursos
naturales, la protección ambiental responde a la necesidad
de preservación de éstos.
En este contexto, cabe preguntarse qué consecuencias
supone la protección ambiental para la delimitación del
contenido de la libertad de empresa. La recepción en la
Constitución de los valores ambientales introduce un
elemento dinámico, un factor de cambio y transformación
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social que abre la puerta a nuevas lecturas o revaluaciones
de los derechos tradicionales. Así, de manera más precisa,
la tutela de los bienes ambientales trae como consecuencia
la aparición de nuevos límites que obligan a reinterpretar
el contenido de los derechos económicos.
Vistas así las cosas, se ha considerado oportuno comenzar
por analizar el origen de estas limitaciones, que no es otro
que la propia Constitución. Para ello, y siguiendo con los
criterios clasificatorios expuestos, se procederá a estudiar,
en primer lugar, las limitaciones constitucionales directas,
y en segundo lugar, las indirectas.
A. Limitaciones constitucionales
directas y protección ambiental
Posiblemente para dar coherencia a la intención de conso-
lidar un Estado social de derecho se estableció la libertad
económica en la Constitución de 1991, no en el marco “De
los derechos, garantías y deberes” del título II, sino que
se incluyó en el título xII, “Del régimen económico y de la
Hacienda Pública” (cap. 1, “Disposiciones generales”). Su
localización parece a primera vista contradictoria, teniendo
en cuenta que en Colombia impera un modelo económico
neoliberal, que evidentemente favorece la propiedad y la
iniciativa privadas93. Esto, a diferencia de lo que sucede, por
ejemplo, en la Constitución española de 1978, en la que el
derecho de libertad de empresa forma parte de los derechos
93 En relación con el análisis de las reformas económicas y jurídicas llevadas a
cabo en Colombia en los años noventa, que hicieron posible la transformación
del modelo de desarrollo económico hacia adentro a la política económica
neoliberal y la introducción a través de la reforma constitucional del concepto
de Estado social de derecho, véase, por ejemplo, jorge aNdréS díaz loNdoño.
“Estado social de derecho y neoliberalismo en Colombia: estudio del cambio
social a finales del siglo xx”, en Revista de Antropología y Sociología Virajes, re-
vista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Caldas,
n.º 11, 2009, pp. 205-228.
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