Eficacia de los derechos sociales: análisis de las sentencias de tutela y de las políticas públicas para su protección en la subregión del magdalena medio antioqueño
| Autor | Luisa Fernanda Cano Blandón |
| Cargo | Magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) |
| Páginas | 87-114 |
Page 89
Este escrito busca cumplir tres propósitos. En primer lugar, presentar la fundamentación conceptual y la metodología del proyecto de investigación que da origen a las relexiones que aquí se sugieren, proyecto desarrollado en el Magdalena Medio antioqueño con el apoyo de un estudiante coinvestigador y ocho auxiliares de investigación que se encargaron de ichar cerca de quinientos expedientes de tutela en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare y Maceo, ichas que sirvieron de fuente para analizar los derechos invocados y protegidos en las sentencias de tutela estudiadas y comparar la protección de derechos sociales desde el punto de vista judicial y desde las políticas públicas, en materia social, diseñadas en los mencionados municipios de esta subregión antioqueña.1
El segundo propósito es abordar las políticas públicas, en el campo social, como una opción para la exigibilidad no judicial de los derechos sociales,2así como la referencia jurisprudencial del concepto de políticas públicas en el país a partir de la igura del estado de cosas inconstitucional y, la eventual creación jurisprudencial de un derecho subjetivo a políticas públicas inexistente, hasta el momento, en el ordenamiento positivo nacional. Así mismo, en este punto, se pretende abordar el concepto de políticas públicas con enfoque de derechos como una posibilidad de conciliar lo aparentemente inconciliable, el discurso de los derechos y la lógica económica de la asignación y distribución de recursos fundamentada en el principio de escasez y en la eiciencia de las políticas públicas.
Page 90
Y en tercer y último lugar, el escrito presenta los resultados del trabajo empírico desarrollado en los mencionados municipios del Magdalena Medio antioqueño, cuya información permitió explorar la relación existente entre las dos vías principales para la protección de los derechos sociales: una que podría denominarse principal, mediante la formulación y ejecución de políticas públicas del orden local que garanticen el bien jurídico que protegen3y otra subsidiaria, mediante sentencias de tutela dirigidas a la protección de los derechos sociales en casos concretos frente a la posible amenaza de su violación o frente a su violación efectiva.
En este sentido, existe una relación inversamente proporcional entre acción de tutela y políticas públicas, según la cual, "en la medida en que las políticas públicas contribuyan al pleno ejercicio de los derechos, la población tendrá menos motivos para acudir a los mecanismos judiciales para reclamarlos", (Pérez Murcia, 2007: 75) en otras palabras, se espera que a mayor gasto público social, menor número de acciones de tutela se interponga solicitando la protección de derechos sociales. A la inversa, si el número de acciones de tutela incoadas es alto o incrementa, puede entenderse como una señal de ausencia de políticas públicas en materia de derechos sociales o como síntoma de que, pese a su existencia, tales políticas presentan deiciencias.
Por lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-760 de 2008, relativa al derecho a la salud, estableció como indicador del cumplimiento de su providencia, la reducción de la presentación de acciones de tutela en el país para acceder a los servicios de salud.
Durante más de una década las personas han tenido que acudir a la acción de tutela para que la justicia resuelva controversias que habrían podido ser dirimidas de manera general por los órganos competentes de regulación. Este fenómeno constituye un claro indicio acerca de las fallas en la regulación del sistema de salud, lo cual a su vez es el fundamento de las órdenes generales atinentes a corregir dichos problemas. Por esta razón, las decisiones que adopten los órganos de regulación encaminados a cumplir la presente sentencia deben necesariamente conducir a un resultado que facilite el acceso de las personas a los servicios de salud y que eventualmente disminuya la proporción de tutelas presentadas para ello.
(...)
Tales indicadores son de enorme trascendencia y signiicación para veriicar si los objetivos de la política pública en materia de salud se están logrando y si los medios diseñados para alcanzarlos son idóneos.4[Cursiva fuera de texto]
Page 91
Esta inquietud, que motivó la ejecución del proyecto en mención, se inscribe dentro de un interrogante de mayor trascendencia acerca de la relación entre el derecho, los derechos y las políticas públicas. Al respecto vale la pena hacer una primera aclaración: la lengua inglesa diferencia los términos politics y policy, para referirse a la actividad de consecución y permanencia en el poder, el primero; y al instrumento por medio del cual se pretende dar tratamiento a los problemas públicos, el segundo.5
En español, en contraste, utilizamos el término "política" para ambas deiniciones y la forma como se han diferenciado, hasta ahora, es usando en plural el segundo concepto al hablar de las políticas. Similar situación sucede con el término "derecho", puesto que en español lo usamos indistintamente para aludir al conjunto de instituciones que regulan el comportamiento humano, como para hacer referencia a la facultad otorgada a un sujeto para exigir el cumplimiento de determinado bien jurídico.
En inglés, por el contrario se utiliza el término law para el primer concepto y right para el segundo. Por lo anterior, es necesario explorar la relación entre las políticas públicas y el derecho como marco regulador de competencias -entendido como law- por un lado y, entre éstas y los derechos -entendidos como rights- por el otro. Esta última denominación, es la que permite acercarnos al llamado enfoque de derechos en las políticas públicas que se abordará en el segundo apartado.
La ejecución de la investigación se dividió en dos etapas, la primera buscaba explorar y recolectar información sobre las acciones de tutela falladas entre 2001 y 2007, tarea que se llevó a cabo en ocho despachos judiciales: los seis juzgados del municipio de Puerto Berrío y los Juzgados Promiscuos de Puerto Nare y Maceo, ichándose un total de 478 expedientes de tutela archivados en cada despacho. Posteriormente se sistematizó la información en el programa estadístico Epi Info.6
Page 92
La segunda etapa consistió en la revisión de normas y documentos que dieran cuenta de las acciones públicas implementadas en el periodo de análisis en materia social en los municipios objeto de estudio, información que se complementó con entrevistas a actores sociales y políticos con incidencia en estos municipios. El paso inal de la investigación consistió en veriicar si, en efecto, se ha reducido el número de acciones de tutela presentadas en la subregión en respuesta al diseño e implementación de políticas públicas en materia de derechos sociales, los mismos que, hasta el momento, han tenido una precaria protección en los municipios del Magdalena Medio antioqueño que hicieron parte de la investigación; ello se puede veriicar en el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI-, el cual indica que el 38.4% de los hogares del municipio de Puerto Berrío no tiene asegurado un nivel mínimo de subsistencia, cifra que se reduce a 35.4% de los hogares en el municipio de Maceo y a 31.9% en Puerto Nare.7
Los derechos sociales surgen como resultado de la ampliación de los bienes jurídicos que son objeto de protección constitucional en los textos normativos superiores, como consecuencia de la transición normativa y fáctica del Estado Liberal al Estado Social de Derecho y del propósito de adicionar la protección del principio de igualdad a través de los derechos sociales, al principio democrático y a la libertad, protegidos mediante los llamados derechos civiles y políticos, los cuales siguieron ostentando una posición privilegiada frente a los nuevos derechos que hacían el debut constitucional en pleno siglo XX.
En la última década y, particularmente en América Latina y en Colombia, el tema de los derechos sociales se ha convertido en un campo abonado del que emergen toda clase de debates jurídicos y políticos, pues aparece como un propicio escenario para articular varias discusiones. Algunas de ellas son: a) la estructura de los derechos sociales con relación a la estructura de los llamados derechos civiles y políticos; b) los mecanismos de protección judicial disponibles para la garantía de
Page 93
los derechos sociales; c) la identiicación del objeto y del sujeto pasivo u obligado frente a los derechos sociales; d) la legitimidad de los órganos judiciales para inter-venir en políticas públicas y en planeación económica, aún en contra de la voluntad democrática o, lo que se ha denominado "la diicultad contramayoritaria"8y e) el valor vinculante de la jurisprudencia constitucional que ordena acciones públicas generales más allá del caso concreto.
Estas situaciones han sido abordadas por la doctrina nacional y extranjera, por lo que no es intención de este escrito ahondar en temas que han sido ampliamente discutidos en otros espacios.9Lo que se pretende, en este apartado, es presentar en términos políticos -politics- y de políticas -policies- una discusión que se ha...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba