Las medidas de reparación y los mecanismos de control judicial establecidos en las sentencias de restitución de tierras del departamento de Santander (Colombia)
| Autor | Elisa M. Martín Peré |
| Cargo | Doctora en Derecho, magíster en Historia. Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga |
| Páginas | 120-139 |
Fecha de recepción: 13 de mayo de 2021
Fecha de aceptación: 16 de febrero de 2022
Resumen
Este artículo muestra resultados de un proyecto de investigación sobre la etapa judicial
de la política de restitución de tierras en Santander (Colombia). Así, se han analizado las
sentencias dictadas entre 2017 y junio de 2018 con los siguientes objetivos: por un lado,
saber qué medidas de reparación adoptaron los órganos judiciales en Santander y en qué
proporción, para conocer el enfoque reparador de estos; y por otro, averiguar qué meca-
nismos de control judicial se establecieron en el fallo para supervisar su cumplimiento.
Los resultados muestran que las órdenes relacionadas con la medida de restitución son las
más frecuentes, equiparándose la orden de restituir materialmente el bien solicitado, con
la de compensar por otro bien equivalente, aspecto que indica un enfoque menos forma-
lista y más adaptado la casuística. Sin embargo, se considera necesar io incrementar otras
medidas reparadoras, para lograr un enfoque más integral, así como una mayor aplicación
del enfoque diferencial de género. Por otro lado, debería fortalecerse el control judicial
desde el propio fallo, para un adecuado y efectivo cumplimiento de las órdenes en la etapa
postfallo.
P
Restitución de tierras, reparación integral, control judicial, derechos humanos.
Abstract
This article shows the results of a research project on the judicial stage of the land res ti-
tution policy in Santander. Thus, the sentences issued between 2017 and June 2018 have
been analyzed with the following objectives: on the one hand, to know what reparation
measures were adopted by the court in Santander and in which propor tion, to know their
reparative approach; and on the other hand, to nd out what judicial control mechanisms
were established in the ruling to supervise compliance. The results show that the orders
related to the restitution measure are the most frequent, appearing almost in equal pro-
portion to the order to restitute materially, as well as to restitute by equivalent, unlike
previous years in which the rst measure prevails, which is preferred according to the
law; likewise, it is considered necessary to increase the satisfaction measures, as well
as a greater application of the differential gender approach. On the other hand, judicial
control should be strengthened from the judgment itself, for adequate and effective com-
pliance with the orders in the post-judgment stage.
K
Land restitution, integral reparation, judicial control, human rights.
Las medidas de reparación y los mecanismos de control judicial establecidos en las
sentencias de restitución de tierras del departamento de Sant ander (Colombia) Elisa M. Martín Peré
121
EDICIÓN 58: 119-139, 2022
UNIVERSIDAD DEL NORTE
ISSN: 2145-9355 (on line)
1. INTRODUCCIÓN
La política de restitución de tierras en Colombia se ha desarrollado en el marco de la Ley de Víc-
timas y Restitución de Tierras n. 1448/2011, cuya vigencia nalizaba en diciembre de 2020. Re-
cientemente, esta ha sido prorrogada por diez años más, dado el gran número de solicitudes que
todavía no han sido resueltas. Así, la Ley 2078 de 8 de enero de 2021 ha modicado la ley, prorro-
gándola hasta el 9 de diciembre de 2031.
La restitución se desarrolla a través de un proceso mixto, administrativo y judicial, y consta, como
se sabe, de 3 etapas: la primera e tapa es la administrativa y se inicia con la solicitud de registro de
la tierra reclamada por la víctima en un registro especial. A continuación, se inicia un proceso de
búsqueda de información sobre la víctima, los hechos que giran en torno al despojo o abandono
del bien registrado, y las características e identicación del predio reclamado. En el caso de que se
admita la inclusión en el registro, una vez realizado se inicia la siguiente etapa. La etapa judicial,
impulsada por jueces y magistrados especiales de restitución de tierras, determinará si se reco-
noce o no el derecho fundamental a la restitución de la tierra, así como las diversas medidas de
reparación de adoptar para una reparación integral y efectiva a la víctima. Por último, en la e tapa
posfallo el órgano judicial competente supervisará el cumplimiento de las órdenes dict adas.
Este trabajo muestra los resultados de una investigación que analiza la jur isprudencia de restitu-
ción de tierras en el departamento de Santander en la etapa judicial, entre 2017 y junio de 2018
pues las sentencias anteriores han sido analizadas en trabajos previos con dos objetivos prin-
cipales: conocer qué medidas de reparación adoptan los órganos judiciales de Santander y en qué
proporción; averiguar qué mecanismos de control judicial se establecen desde las órdenes del fallo
para garantizar un efectivo cumplimiento de las mismas.
Así, se llevó a cabo un análisis de las 65 sentencias de restitución de tierras dictadas por el Tribunal
Superior de Cúcuta y de los juzgados de Bucaramanga y Barrancabermeja, publicadas en la web
ocial de restitución de tierras. Por un lado, se cuantican aspectos como el número de casos re-
sueltos por municipio y el índice de victimarios, pero también el número y tipo de órdenes dictadas
en las sentencias.
Respecto a las órdenes, pese a que en la práctica se han adoptado gran cantidad y var iedad de es-
tas, el artículo 91 de la ley prevé solamente 20. El hecho es que ya desde el inicio de est a política,
la Unidad de Restitución de Tierras (en adelante URT) ‒ente competente en presentar la petición
ante el órgano judicial‒ solicitaba órdenes complementarias a las tasadas en dicho artículo e in-
cluso otras que no guran en la ley, las cuales al inicio de la experiencia judicial solamente eran
acordadas si se solicitaban, pero con el tiempo han sido incorporadas extra petita, como el recono-
cimiento al derecho a la salud, la capacitación en materia de producción, de explot ación del predio
o de cuestiones ambientales (Blanco et al., 2017).
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