Memoria jurídica en la construcción de una justicia inclusiva
| Autor | Edimer Leonardo Latorre Iglesias |
| Cargo | Sociólogo por la Universidad de Antioquia, con posgrados en Docencia Universitaria y Formación Pedagógica basada en Competencias Laborales. Candidato a doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia |
| Páginas | 23-56 |
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Ellos habían tapiado mis recuerdos en las paredes de mi conciencia. Ellos me habían arrebatado la memoria durante largo tiempo. Al pensarlo me llené de ira. Nadie tenía derecho a arrebatarme mis recuerdos. Era mi propia historia. Robarle la memoria a alguien era como robarle la vida. Conforme crecía mi enfado, me fui olvidando del miedo. ‘He de sobrevivir como sea’, decidí. "Sobreviviré. Huiré de este enloquecido mundo de las tinieblas y recuperaré todos los recuerdos que me han robado. Llegue o no el in del mundo, renaceré como un ser completo (Murakami, 2009, p. 291).
Después de la caída de los mal llamados países comunistas, el mundo ingresó, en medio del clamor de muchos (Fukuyama, 1992), en la creencia dogmática del desarrollo vertiginoso, del triunfo de las democracias liberales, tomadas de la mano del también desarrollo imparable de la globalización y por ende de la grobarización (Ritzer, 2007). Es decir, mientras los defensores de la globalización como un mecanismo de inclusión de los mercados locales en el concierto global señalaban el camino a seguir y la forma de incluirse en el llamado al progreso y al cambio social (metarrelatos), otros veían cómo los grandes imperios económicos en poder de los grupos trasnacionales hacían todo lo posible por adueñarse de lo local desde la óptica de lo global (lo que Ritzer entiende como grobarización).
Desde esta perspectiva macro-global, podemos airmar que a partir de 1989, cuando cae el muro de Berlín, el mundo entró en una espiral explícita de choques entre lo público y lo privado. Estas visiones de choque se pueden rastrear en la historia de la humanidad, choques de civilización dicen unos (Huntington, 2005), choques entre Occidente y el resto (Ferguson, 2012), entre lo moderno y lo premoderno (García Canclini, 2009) o simplemente la versión que más se acerca a la verdadera esencia del fenómeno: un entrechocar entre lo público y lo privado (Arendt, 2005).
Esta lucha incesante entre lo público y lo privado, entre lo que Habermas (1994) entendía como la colonización del mundo de la vida por parte de la técnica y en especial de la penetración alienante del lenguaje económico en las intersubjetividades sociales, deja unos resultados preocupantes a nivel mundial. Parafraseando a
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Vattimo y Zabala (2011, p. 93), la desigualdad mundial y su distribución estadística entre ricos y pobres es hoy más abismal que nunca: es de 90 a 1. Si comparamos las veinte naciones más ricas del mundo con las veinte más empobrecidas, esta diferencia se incrementa de 120 a 1. Para alcanzar la riqueza de los veinte hombres más poderosos económicamente del mundo, tendríamos que juntar los ingresos económicos de más de mil millones de pobres.
Estas tensiones entre lo público y lo privado, que se entienden como la expansión de fuerzas que coniguran lo privativo del accionar de los grupos sociales poderosos (Arendt, 2005), demuestran en el plano de lo local cómo las elites tienden a preservar y expandir sus poderes y privilegios. Una forma de legitimar estas grandes desigualdades, por parte de las elites, es creando instituciones que preserven estos privilegios. Acemoglu y Robinson (2012, pp. 440-441) entienden este fenómeno como el proceso de creación de instituciones extractivas, y es uno de los factores que propicia el fracaso de los Estados y que evidencia las tensiones conlictivas permanentes entre la defensa del interés común y la defensa de los intereses privatizadores:
Las instituciones extractivas no solamente allanan el camino para el siguiente régimen, que será incluso más extractivo, sino que también crearán luchas internas y guerras civiles continuas. Así, estas guerras civiles causan más sufrimiento humano y también destruyen incluso la poca centralización estatal que hayan logrado estas sociedades. Esto empieza a menudo un proceso que conduce a la falta de ley, al Estado fracasado y al caos político, y aplasta todas las esperanzas de prosperidad económica [...] Los países se convierten en Estados fracasados no por su situación geográica ni su cultura, sino por el legado de las instituciones extractivas, que concentran el poder y la riqueza en aquellos que controlan el Estado, lo que abre el camino a los disturbios, las contiendas y la guerra civil. Las instituciones extractivas también contribuyen directamente al fracaso gradual del Estado al descuidar la inversión en los servicios públicos más básicos [...] El conlicto precipita el Estado fracasado. Por eso, otra razón por la que los países fracasan hoy en día es que sus Estados fracasan. Esto, a su vez, es una consecuencia de décadas de gobierno bajo instituciones políticas y económicas extractivas.
Victoria Camps (2010) ya señalaba cómo los derechos que consagran las libertades mínimas, paulatina y sistemáticamente, terminan meramente equiparados con las libertades de mercado; las libertades individuales luctúan hacia las libertades en y para el mercado. A partir de este presupuesto, se puede airmar que la pugna
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entre instituciones extractivas e inclusivas se está dirimiendo en el campo simbólico y fáctico del derecho. El litigio es el escenario de combate donde se construye la fuerza institucional, ya sea de forma proactiva o reactiva; en este momento histórico (coyuntura crítica en términos de Acemoglu y Robinson, 2012), el derecho, de una forma u otra, legitima políticamente el sistema institucional.
Esta institucionalización de los poderes de los grupos con mayor fuerza política es clave para entender los Estados fallidos o en vías de serlo. A pesar de las múltiples aristas que asume el debate sobre los Estados fallidos, está claro que por esto se entiende aquel que no puede distribuir de una manera efectiva los bienes políticos; según Rotberg (2007, pp. 157-158), esto implica estudiar detenidamente, en los diferentes Estados fracasados o en vías de serlo:
Su desempeño en relación con los niveles de suministro efectivo de los bienes políticos más fundamentales. Los bienes políticos son aquellas solicitudes intangibles y difíciles de cuantiicar que en su tiempo hacían los ciudadanos a los soberanos y que hoy presentan a los Estados. Comprenden las expectativas locales, es decir, las obligaciones concebibles; inspiran la cultura política local y, en conjunto, dan contenido al contrato social entre gobernante y gobernados que se encuentra en el corazón de las interacciones entre régimen o gobierno y ciudadanía. [...] Otro bien político fundamental es el que permite que los ciudadanos participen libre, abierta y plenamente en la política y en el proceso político. Este bien comprende las libertades esenciales: el derecho a participar en la política y a competir por los cargos públicos; el respeto y el apoyo a las instituciones políticas nacionales y regionales, como los tribunales y los órganos legislativos; la tolerancia por el desacuerdo y la diferencia, y la instauración de los derechos humanos y civiles fundamentales.
La precariedad en el suministro de los bienes políticos, y por ende en la distribución de los bienes públicos, se evidencia empíricamente en la pugna por preservar los poderes fácticos de los grupos de elites y la defensa de los derechos mínimos consagrados en la jurisprudencia. Siguiendo a Bourdieu y Wacquant (2005) y al análisis que emerge de su visión de cómo cada vez los sistemas de dominación hegemónica se tornan sutiles, dulces e invisibles, asistimos a un nuevo sistema de enmascaramiento de estos procesos, aceptamos dócilmente una nueva dominación: presenciamos actualmente el encubrimiento de los sistemas de instituciones extractivas en medio del derecho, que los hace ver como sistemas propios de instituciones inclusivas.
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De igual forma, asistimos a una colonización de la cultura política por parte del lenguaje neoliberal. Hoy más que nunca no coniamos en las instituciones y mucho menos tenemos en nuestra mentalidad política la ayuda al prójimo y la solidaridad como metas de la vida pública. No pensamos como ciudadanos y no tenemos arraigada la idea de bien común. Décadas de neoliberalismo nos han hecho perder la idea de comunidad, de sociedad y de solidaridad. Nunca antes la humanidad había sido tan egoísta y tan absolutamente cerrada sobre un culto al individualismo. Al respecto, Camps (2010, pp. 10-11) es radical cuando señala:
Las democracias liberales adolecen de capital social, los ciudadanos no viven cohesionados y no se sienten motivados para hacerse cargo de unas obligaciones que conciernen a todos. [...] La llamada desafección ciudadana, la falta de credibilidad que tiene la política, los comportamientos incívicos en las concentraciones urbanas, la decreciente participación en las contiendas electorales, la ausencia de una auténtica deliberación sobre las decisiones públicas, la reincidencia en la corrupción, son muestras claras de que la escisión entre individuo y sociedad, entre interés particular y bien común, adquiere hoy características peculiares.
Sobre la base de las ideas expuestas, Colombia es el país que, como caso de estudio, releja las tensiones conlictivas entre la defensa de lo público y la idea de solidaridad con la fuerza rectora y normativa de las libertades del mercado. Cuando digo que releja claramente el choque entre las tensiones de lo público y de lo privado, me reiero a cómo se asume el proceso de enmascaramiento de los derechos propios del Estado de bienestar.
Desde la óptica internacional, Colombia es un Estado en vías de fracasar; ocupa el puesto 52 entre 177 países en el índice de Estados fallidos (Foreing Policy, 2012), ya que por lo menos cumple con tres de las condiciones que de forma sistémica y holística caracterizan a estos Estados:
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Corrupción generalizada.
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Clases...
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