Monopolio vs. acceso a los medicamentos
Recientemente, el ministro (e) de la Protección Social, Javier Gamboa, reveló que Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile trabajan en el diseño de una estrategia para la negociación de precios o compra conjunta de medicamentos de alto costo en la región. La razón para esa acción de los seis andinos, según lo expresado por el Ministro (e) colombiano, es que "el problema de los abusos en los precios de los medicamentos de alto costo no es sólo un problema de Colombia, sino de toda la región".
Aparte de la corrupción, esos abusos son consecuencia de las prácticas monopólicas de los importadores y/o productores multinacionales de medicamentos, propiciadas por las patentes que les otorgan un monopolio legal y que impiden que las medicinas genéricas les compitan con bajos precios en el mercado local, y por obstáculos artificiales de orden técnico y seudo-científicos que logran establecer para bloquear el registro de medicamentos competidores en los organismos responsables de otorgar dichos registros.
Esas consecuencias, reconocidas hoy por las autoridades sanitarias de los seis países, fueron advertidas hace varios años por centros de investigación, como Fedesarrollo y Asinfar.
Además de las patentes, existe otra figura mal llamada 'protección de datos de prueba', mediante la cual también se impide que por un término de cinco años ingresen al mercado medicamentos genéricos competidores.
Para lograr esa protección han utilizado toda clase de presiones y consiguieron la expedición, en el 2002, del Decreto 2085, que sustituyó ilegalmente el sistema dispuesto por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y las normas de la Comunidad Andina, al punto que el Tribunal Andino de Justicia determinó que Colombia había incumplido el tratado de integración y ordenó la derogatoria del espurio decreto.
Desde que fueron emitidas, el Gobierno colombiano y las empresas farmacéuticas nacionales han acatado rigurosamente las normas sobre competencia leal y propiedad intelectual de la OMC, como la protección de la información confidencial. Hay que insistir en que el Decreto 2085 no blinda esta información, sino que de manera artificiosa protege ilegalmente 'datos de prueba' que no tienen ese carácter.
Los precios que resultan de esa protección en Colombia (patentes por 20 años y datos de prueba por 5), simplemente no se compadecen con la situación social y económica del país.
Esos valores de monopolio, de acuerdo con estudios internacionales, sólo bajan...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba