El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Sus estrategias jurídico-políticas de acceso al derecho y la justicia en Brasil (con Flávia Carlet)
| Autor | Boaventura de Sousa Santos |
| Cargo del Autor | Profesor Catedrático Jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra, Distinguished Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison y Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick |
| Páginas | 214-239 |
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Capítulo 6
EL MOVIMIENTO
DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA.
Sus estrategias jurídico-políticas de acceso al derecho y la justicia en Brasil
Con Flávia Carlet1
INTRODUCCIÓN
Un día preguntaron a Mahatma Gandhi qué pensaba sobre la democracia
occidental. Él respondió: «Sería una buena idea». Si Gandhi pudiera re-
gresar a la Tierra para decirnos qué piensa sobre el Estado de derecho y el
acceso a la justicia, seguro que su respuesta no sería la misma. De
hecho,
en la mayoría de los países del mundo, si se tomaran en serio las nociones
de Estado de derecho y acceso a la justicia, ocurriría una revolución so-
cial. Con frecuencia, privilegiando a las élites dominantes en detri
mento
de la amplia mayoría de los ciudadanos, se ha usado el derecho, y sobre
todo el sistema judicial, para consolidar y legitimar regímenes sociales
manifiestamente injustos.
Un análisis desapasionado de las políticas utilizadas por las nacio-
nes de Occidente y por las organizaciones multilaterales en los últimos
treinta años para promover el Estado de derecho y el acceso a la justicia
muestra que estas políticas han hecho poco o nada para reducir la ex-
clu
sión y la desigualdad social. Sea o no una coincidencia, la desigual
dad
(entre países ricos y pobres, y también entre diferentes grupos sociales
en
países específicos) ha aumentado significativamente en este periodo.
Sin embargo, el derecho y los tribunales, que naturalmente reflejan la
sociedad y los diversos conflictos que se desarrollan en ella, están llenos
de contradicciones internas. Esto significa que, en determinadas situacio-
nes muy específicas, los grupos sociales oprimidos y excluidos pueden be-
neficiarse haciendo uso de ellos para fundamentar sus pretensiones. En es-
1. En la preparación de este texto hemos contado con la colaboración de las asis-
tentes de investigación Carolina Tokarski, Luiza de Almeida Bezerra y Raíssa Roussenq, y
también con la de Carolina Martins Pinheiro, Lívia Gimenes y João Paulo Santos.
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EL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES RURALES SIN TIERRA
tos casos, el Estado de derecho y el acceso a la justicia pueden desempeñar
un papel relevante en la obtención de una mayor justicia social (concebida
como una igualdad real, y no meramente formal, entre los ciudadanos).
Para comprender las opciones disponibles para los movimientos so-
ciales implicados en una lucha por los derechos, necesitamos observar
con más atención las concepciones dominantes de justicia (Cappelletti y
Garth, 1978). A este enfoque subyace una concepción despolitizada de
la transformación social en la que el derecho, concebido como un sistema
normativo autónomo, orientado exclusivamente por el principio del Esta-
do de derecho, garantiza la reducción de la complejidad de los conflictos
sociales y la previsibilidad de las relaciones jurídicas individuales. El cam-
bio social se alcanza promoviendo la operatividad de un sistema judicial
eficiente, eficaz, justo e independiente, que a su vez dependerá
de la dig-
nificación de las profesiones jurídicas y judiciales, la creación de nuevos
modelos organizativos para los tribunales, la promoción de reformas pro-
cesales y la formación de magistrados y funcionarios administrativos (Sa-
dek, 2001). Esta concepción ha dominado las políticas de reforma
judicial
en todo el mundo en los últimos treinta años.
Con todo, si concebimos el cambio social como un proceso político
cuyos objetivos son la inclusión gradual de grupos sociales marginados
y
vulnerables y la construcción de formas más esenciales de justicia social,
entonces debemos entender el derecho como un componente importan-
te de un proceso político más amplio, capaz de reflejar las contradiccio-
nes de este último. De este modo, se tendrá que concebir como un sis-
tema social semiautónomo, cuya función no se limite a la resolución de
disputas, sino que también incluya la posibilidad de crear, funcionan
do
como un lugar donde reducir la complejidad social y como un lugar
donde aumentarla. Esto implica un cambio radical en la forma en que
los tribunales afrontan su papel en la sociedad. Deben prestar atención
a un amplio abanico de injusticias (socioeconómicas, raciales, sexuales,
etnoculturales, cognitivas, ambientales, históricas, etc.) en nuestras socie-
dades y asumir su parte de responsabilidad en la solución de los proble-
mas que han causado. Este hecho también implica nuevas concepciones
de eficiencia judicial. Por ejemplo, una justicia rápida no siempre es una
buena justicia. Una interpretación innovadora del derecho, contraria a la
rutina, pero que sea socialmente responsable, puede reque
rir más tiempo
de estudio y reflexión. Así pues, desde el punto de vista de la «revo
lu-
ción democrática de la justicia», no basta con que esta sea rápida, se debe
luchar para que la celeridad vaya siempre de la mano de una mejoría en
la calidad de la justicia (y no en la cantidad de justicia), por su respon-
sa
bilización social, volviéndose así una justicia más ciudadana.
Esto significa que, aunque el derecho y el sistema judicial sean instru-
mentos que las clases dominantes han usado tradicionalmente para
con-
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