Reflexiones generales en torno al impacto y los retos para la implementación de decisiones judiciales en derechos sociales
| Autor | Oscar Javier Parra Vera |
| Cargo del Autor | Magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz |
| Páginas | 187-207 |
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Reexiones generales
en torno al impacto y los retos
para la implementación
de decisiones judiciales
en derechos sociales
OSCAR JAVIER PARRA VERA*
La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC)
aún suscita debates tanto a nivel internacional como nacional. Sin embar-
go, estos debates se han ido transformando, y podría decirse que avanzan
a una velocidad distinta según la jurisdicción correspondiente. Mientras
que en algunos ámbitos nacionales (como Colombia y Argentina) no se
discute sobre la posibilidad de impulsar una protección judicial directa de
los DESC, en el ámbito interamericano solo hasta 2015 y 2017 la Corte
Interamericana emitió sus primeras decisiones sobre la justiciabilidad di-
recta del Protocolo de San Salvador
1
y del artículo 26 de la Convención
2
respectivamente. Luego de 38 años de funcionamiento, el
tribunal interamericano dio este importante paso en 2017 para impulsar
el uso de la Convención Americana hacia una mayor lucha contra la ex-
clusión y la pobreza. Por su parte, apenas en 2015, el Comité de Derechos
1
Corte IDH, Caso Gonzáles Lluy y otros contra Ecuador; sentencia, 1 de septiembre de 2015,
serie C n.º 298.
2
Corte IDH, Caso Lagos del Campo contra Perú; sentencia, 31 de agosto de 2017, serie C n.º 340.
* Magistrado de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación
de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Abogado y magíster en Teo-
ría del Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Criminología y Justicia
Penal, de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como abogado coordinador en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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Económicos, Sociales y Culturales emitió su primera decisión, en un caso
contencioso sobre seguridad social, a la luz del protocolo adicional al Pacto
3
Debido a estos distintos tiempos de los DESC, se explican, a su vez,
los diversos matices que alcanzan los debates sobre impacto, eficacia,
implementación y cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas
en cada jurisdicción. Dada mi experiencia de trabajo de una década en el
Sistema Interamericano, se me ha pedido la elaboración de unas reflexio-
nes generales sobre el impacto y el cumplimiento de fallos judiciales sobre
derechos sociales, con el objetivo de generar diálogos en torno a la expe-
riencia internacional y nacional en la materia. Para ello, en este texto tomo
como ejemplos algunos debates asociados al cumplimiento de decisiones
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la im-
plementación de la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional.
Comenzaré con una breve nota conceptual sobre el tema de análisis
para luego seguir con reflexiones en torno al escenario interamericano
y posteriormente el escenario nacional.
Breve nota conceptual
Dado el objetivo de esta ponencia, es pertinente diferenciar entre el análisis
sobre el impacto de decisiones judiciales y la valoración de su cumplimien-
to. Entre las contribuciones analíticas ofrecidas por la Corte Constitucional
en esta materia se encuentra la distinción entre un cumplimiento alto,
intermedio o bajo de ciertas órdenes emitidas. Por ejemplo, en el Auto 411
de 2015, la Corte determinó una metodología y unas matrices de valoración
de 2008, teniendo en cuenta tres aspectos: primero, si las medidas han
sido conducentes para cumplir las órdenes; segundo, los resultados de las
medidas que hayan sido consideradas conducentes, y, tercero, los avances
pertinentes. La Corte sistematizó estos criterios en las tres matrices que se
presentan a continuación (tablas 1, 2 y 3).
3
El Comité concluyó que España violó el derecho a la vivienda de una mujer, identificada como
I. D. G., cuyo hogar fue objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria debido a la falta de
pago de las cuotas del préstamo hipotecario a una entidad bancaria. Véase Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Comunicación 2/2014, documento E/C.12/55/D/2/2014,
13 de octubre de 2015.
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