Acceso a la justicia de sectores especialmente vulnerables en el Programa Nacional de Casas de Justicia y Paz
| Autor | Luis Alfonso Fajardo |
| Cargo | Profesor |
| Páginas | 149-158 |
Línea de investigación: Derecho y sociedad
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Durante las últimas décadas, en Colombia el sistema de administración de justicia ha sufrido un proceso de deslegitimación creciente generado por distintos factores, como la congestión, el retardo en la resolución de los asuntos, el exceso de procesalismo, los fenómenos de corrupción, las presiones externas, etc. lo cual viene generando, como consecuencia, formas de injusticia y exclusión. Las comunidades más vulnerables de la población colombiana constantemente se encuentran frente a la violación de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, sin los medios para poder acudir al apoyo del Estado, el cual debería ser garante de aquéllos. La Constitución Política, en su art. 229, "garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia". En desarrollo de este derecho, distintos gobiernos han impulsado el Programa Nacional de Casas de Justicia, establecimientos creados para el servicio precisamente de aquellos sectores que, por sus condiciones sociales, económicas o culturales, tienen un acceso restringido al aparato de justicia estatal.
La estructura normativa del moderno derecho positivo formal es poco eficaz y no consigue atender las necesidades de las actuales sociedades periféricas, como la colombiana, aquejadas de una profunda crisis de legitimidad y de funcionamiento de la justicia. La nueva propuesta de legalidad se basa en un cierto tipo particular de pluralismo capaz de reconocer normas extra e infraestatales, originadas por lasPage 150 carencias y las necesidades insatisfechas, provenientes de los nuevos actores sociales, afirmándose un tipo de pluralidad jurídica abierta, flexible, participativa y democrática que contenga todos los intereses cotidianos individuales y colectivos.
Los presupuestos sustantivos que constituyen y sustentan nuevas formas de legitimación requieren de la justicia del derecho y deben ser buscados en la acción participativa de los sujetos sociales que emergen y en la justa satisfacción de sus necesidades fundamentales, lo que significa adoptar estrategias de acción vinculadas a la participación consciente y activa, capaz de actuar de forma solidaria y emancipadora.
El Estado ahora le apuesta al incremento de recursos en la gestión de conflictos, ampliando el mercado y, por lo tanto, la oferta con tal fin, contando con dos formas para hacerlo:
- Justicia participativa.
Ésta se entiende de dos maneras: la primera, generando un cambio para gestionar y direccionar el tratamiento de un conflicto mediante la ampliación de gestión de los sujetos y, una segunda, mediante la creación de un escenario en donde la producción del derecho sea una forma de transformar la sociedad.
- Justicia alternativa.
Ésta debe contar con unos instrumentos distintos a los de la justicia estatal, en el cual se produce una alternatividad al orden jurídico político existente, generando un nuevo orden de regencia y de participación que pretende ser más democrático e incluyente.
Con el aumento de los niveles de pobreza, la prolongación del conflicto interno, el desplazamiento, etc., la población vulnerable se ha incrementado y, con ello, sus carencias y necesidades. Cada vez son más los colombianos que se encuentran en los cinturones de miseria de las ciudades, que buscan una salida rápida y efectiva a sus problemáticas sociales. En esta carrera en contra de la injusticia social, amplios sectores de la población continúan excluidos. Básicamente, estos sectores estan conformados por recicladores, trabajadores sexuales, pueblos indígenas, afrocolombianos y comunidades desplazadas, entre otros, que no ven una solución concreta y efectiva a las dificultades que encuentra en el diario vivir.
Cada uno de estos grupos poblacionales, en su calidad de ciudadanos colombianos, posee unas garantías representadas en derechos, entre ellos el acceso a la prestación de los servicios públicos, siendo uno de ellos el sistema judicial. El acceso a la administración de justicia que dicho sistema debería garantizar se ve limitado fundamentalmente por tres factores: Geográfico , que se refiere a las limitaciones especiales que aquejan a muchas comunidades para acceder al servicio de justicia; económico debido a los costos de los procesos (civiles, penales, laborales, etc.), dejando a muchos sectores de la población vulnerable sin capacidad para acudir ante las instancias judiciales; por último, el factor cultural , que se refiere al desconocimiento de la ley y de sus procedimientos. Amén de ello la falta de identificación con la normatividad vigente, que plantea el problema de legitimidades.
No se puede desconocer que el Estado colombiano en los últimos años ha tratado de dar solución a esta problemática. Sin embargo, los actores que se encuentran continuamente vulnerados en sus derechos no reconocen los cambios o apenas perciben si los reciben. Es necesario, por lo tanto, que los instrumentos creados para solucionar el problema sean eficaces y, para esto, los medios son importantes, así como la participación de la comunidad en la funcionalidad de los mismos.Page 151
El programa Nacional de Casas de Justicia y Paz, del Ministerio del Interior y de Justicia, fue creado con el fin de facilitar el acceso a la justicia formal y no formal de las comunidades más vulnerables para lograr la resolución de los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia pacífica. En 1994, bajo el Gobierno del presidente Ernesto Samper, se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Justicia (en ese entonces), la Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, FES, Registraduría Nacional y Procuraduría, que le dio vida al Programa Nacional de Casas de Justicia. Posteriormente, en el 2000, el proceso se fortalece e institucionaliza definitivamente con la expedición del Decreto 1477 que adopta el Programa Nacional de Casas de Justicia, prioritariamente en las zonas marginales, en las cabeceras municipales y en centros poblados de los corregimientos. Dicho Programa nace como desarrollo de los artículos 229 y 113 de la Constitución Nacional, y el art. 2 de la ley 270 de 1996, referentes a la garantía de acceso a la justicia de todos los ciudadanos colombianos.
Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. En ellas se busca que las personas sean atendidas de manera eficaz y gratuita, dando respuesta centralizada a sus inquietudes mediante la acción coordinada y solidaria de sus funcionarios.
Este programa tiene como objetivos:
- Ampliar la cobertura de la administración de justicia.
- Ofrecer a la ciudadanía espacios integrales de acción en justicia.
- Formar a la comunidad y a los funcionarios de estos centros en el manejo de la metodología para el uso y la difusión de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos -MASC-.
- Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y solución de conflictos mediante mecanismos formales y no formales.
- Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que contribuyan a la construcción de una conviviencia pacífica.
- Articular los políticas de justicia con los programas de desarrollo comunitario 1 .
Una de las características de las Casas de Justicia es que se encuentran conformadas por instituciones de distinta naturaleza que prestan una gran variedad de servicios a la comunidad. De ahí, su carácter multiagencial y la importancia que tiene el trabajo coordinado que articula acciones y recursos humanos, técnicos y físicos. Algunas de las instituciones que se encuentran presentes en las Casas de Justicia son Fiscalía, Secretaría de Gobierno Municipal, Bienestar Familiar, Defensoría, Registraduría, Personería, Medicina Legal, Universidades, Justicia de Paz, centros de conciliación, conciliadores en equidad y la alcaldía.
Las Casas de Justicia han contribuido al fortalecimiento de la presencia estatal en sectores del territorio nacional en donde era bastante limitada...
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