SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 58796 del 27-02-2019
| Sentido del fallo | CASA TOTALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - REVOCA TOTALMENTE |
| Emisor | SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 |
| Fecha | 27 Febrero 2019 |
| Número de sentencia | SL589-2019 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Laboral de Medellín |
| Tipo de proceso | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de expediente | 58796 |
JORGE PRADA SÁNCHEZ
Magistrado ponente
SL589-2019
Radicación n.° 58796
Acta 06
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. ISA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de febrero de 2012, en el proceso que instauró contra JAIRO LEÓN GARCÍA.
- ANTECEDENTES
ISA S.A. ESP llamó a juicio a J.L.G., para que se declarara que la pensión de jubilación que le reconoció de conformidad con el pacto colectivo, debe ser reliquidada con base en el 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio. En consecuencia, pidió que la cuantía de la mesada pensional del demandado quedara en «$7.312.808 para 2005; a partir del 1 de enero de 2006 de $7.667.479; desde el 1 de enero de 2007 de $8.010.982 y a partir del 1 de enero de 2008 de $8466.807». Así mismo, solicitó la devolución del mayor valor pagado, debidamente indexado, los intereses de mora y las costas del proceso (fls. 3 a13).
Aseguró que el demandado laboró a su servicio desde el 20 de noviembre de 1978 hasta el 26 de mayo de 2005; que el último cargo que desempeñó fue el de «Especialista Estrategia y desarrollo de la Gerencia Estrategia y Desarrollo sede en Medellín» y que al ser beneficiario del pacto colectivo suscrito con los trabajadores no sindicalizados, se le concedió la pensión de jubilación mediante Acta 37 de 14 de julio de 2005, a partir del 27 de mayo de la misma anualidad, en cuantía inicial de $8.338.015, la cual ascendió para el año 2006 a $8.742.409, para el 2007 a $9.134.069 y finalmente, para el 2008 a $9.653.798.
Adujo que si bien, la prestación se concedió con el 75% del promedio de lo «pagado» durante el último año de servicios, según el acuerdo negociado, debió liquidarse con el promedio de lo «devengado o causado» en dicho lapso, lo que hubiera representado un monto menor al reconocido; por último, expuso que mediante comunicación del 11 de julio de 2006, se solicitó la «anuencia» para disminuir el valor de la mesada pensional, pero el demandado se negó a su disminución.
J.L. García se opuso a las pretensiones de la demanda y, en su defensa, propuso las excepciones de prescripción, mala fe de la entidad demandante y buena fe del demandado (fls. 65 a 80).
Aceptó la naturaleza jurídica de la demandante, los extremos temporales de la relación laboral, el reconocimiento de la pensión de jubilación con base en el pacto colectivo y el contenido de la cláusula 11 de dicho convenio. Negó que la liquidación de la pensión debiera hacerse con base en el promedio de los salarios devengados o causados durante el último año, y los montos de las mesadas pretendidas por la entidad, en la medida en que la empresa siempre entendió «que la expresión normativa utilizada permitía comprender dentro del concepto de promedio de salarios percibidos, todos los rubros devengados por el servidor durante el último año de servicios, sin que tal intelección pudiera calificarse como infundada».
Mediante proveído de 29 de julio de 2010, el Juez Primero Adjunto al Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, al que correspondió el trámite de la primera instancia, declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de la obligación, absolvió al demandado de las pretensiones en su contra y condenó en costas a la vencida en juicio (fls. 486 a 511).
Se surtió por apelación de la demandante y culminó con la sentencia gravada (fls. 669 a 695), por medio de la cual, el Tribunal confirmó la decisión de primer grado e impuso costas a la derrotada en juicio.
Dijo que no era objeto de discusión que J.L. laboró para la accionante entre el 20 de noviembre de 1978 y el 26 de mayo de 2005, y fue pensionado en aplicación de la norma extralegal vigente para 1990.
Reprodujo la cláusula 25 de la convención colectiva de trabajo (fls. 2 a 70), y en concordancia con el artículo 16 de la misma normativa, estimó lo siguiente:
Dentro de ese contexto debemos señalar respecto de la NOTA transcrita, que en efecto el TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO (sic) OBLIGATORIO resolvió el contenido de la CLÁUSULA en comento, dejando a salvo el texto original de la convención colectiva de trabajo en lo que concierne a lo que acá se discute, por lo tanto llegó el momento de abordar el punto neurálgico a solucionar en el sub judice.
Considera esta Colegiatura que el texto del artículo 25 de la convención colectiva, no ofrece ninguna dificultad interpretativa, ella, la convención, delimita como ha de CALCULARSE EL VALOR DE LA PENSIÓN, cuando reseña que se tendrán en cuenta los conceptos variables que allí se discriminan, luego entonces, si las partes que intervinieron en la celebración del acuerdo colectivo, convalidado por el tribunal de Arbitramento Obligatorio en lo pertinente apoyaron que los conceptos variables fueren el soporte para conseguir la pensión –PARÁGRAFO 1, Art 25-, pues a ello hay que estarse sin entrar a distinguir si el 75% de los salarios devengado en el último año de servicios, comprende también lo consignado como concepto variable para calcular la pensión, ya que ello no se manifestó en ningún acápite de la normatividad convencional, todas las liquidaciones que efectúa la pasiva en su libelo introductorio no tiene asidero alguno, toda vez que confunde en un mismo saco los salarios devengados en el último años con los CONCEPTOS VARIABLES PARA CALCULAR LA PENSIÓN, y ello no tiene cabida dentro de una correcta interpretación de la normatividad en comento.
III.RECURSO DE CASACIÓNInterpuesto por la empresa demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverla.
Pretende que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la decisión de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula un cargo, replicado en oportunidad.
Acusa violación indirecta, por aplicación indebida de los artículos 127, 260, 467 y 481 del Código Sustantivo del Trabajo; 1618 y 2313 del Código Civil, 1 y 83 de la Constitución Política. Como violación de medio, los artículos 25, 60 y 61 del Código de Procedimiento del Trabajo.
Como errores manifiestos de hecho, enlista:
1. Dar por demostrado, en forma contraria a la realidad, que la entidad demandante solicitó la reliquidación de una pensión otorgada de conformidad con el artículo 25 de la...
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