SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02915-00 del 04-11-2020 - Jurisprudencia - VLEX 852015061

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02915-00 del 04-11-2020

EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
PonenteLUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Sentido del falloCONCEDE TUTELA
Número de expedienteT 1100102030002020-02915-00
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA
Número de sentenciaSTC9397-2020

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente

STC9397-2020

Radicación n.° 11001-02-03-000-2020-02915-00

(Aprobado en sesión virtual de cuatro de noviembre de dos mil veinte)

Bogotá, D. C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Se decide la salvaguarda impetrada por José Luis Cardona López y coadyuvada por Flor Ángela, Jorge Alonso y Juan Felipe Cardona López, Juan Pablo, Oscar Daniel y Diana Cristina Salazar Cardona, en calidad de herederos de Jesús María Cardona Aguirre (q.e.p.d.), contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Rionegro; extensiva a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, al Juzgado Primero Civil del Circuito y a la Fiscalía Cuarenta y Nueve Seccional, estos últimos, con sede en la citada municipalidad, con ocasión de los compulsivos iniciados a su padre, hoy fallecido, por Luis Jaime Gómez Gómez y Blanca Dolly Salazar (rad. 2014-00057 y 2014-00091) y Wilfer Adolfo Zuluaga Giraldo (2018-00016).

1. ANTECEDENTES

1. El accionante reclama el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente menoscabados por la autoridad acusada.

2. De la lectura del escrito tutelar y la revisión de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden los hechos que a continuación se describen:

2.1. El 1º de agosto de 2011, mediante escritura pública No. 1367, Jesús María Cardona Aguirre (q.e.p.d.) constituyó hipoteca sobre los inmuebles rurales con matrículas 020-2753, 020-2754 y 020-486, a favor de Luis Jaime Gómez Gómez y Blanca Dolly Salazar, a fin de garantizar el mutuo por ellos otorgado, por valor de $400.000.000, cuyos intereses por el primer año ($84.000.000) fueron descontados por anticipado, mientras los correspondientes al segundo se respaldaron con la firma de un pagaré en blanco.

Ante la mora del deudor, los acreedores iniciaron coercitivo hipotecario (Rad. 2014-00057) y singular (Rad. 2014-00091), ante los Juzgados Segundo y Primero Civil del Circuito de Rionegro (Antioquia), respectivamente.

Enterado de ambos litigios, el convocado solicitó acumular las dos actuaciones por tratarse del cobro de una misma deuda. En el quirografario, alegó, además, la existencia de un pleito pendiente y arbitrariedad en el diligenciamiento del título base de recaudo. En cada uno de los decursos, los jueces de conocimiento denegaron el acopio procesal reclamado y ordenaron seguir adelante la ejecución.

En el juicio con garantía real, el 18 de abril de 2017, los acreedores hipotecarios pidieron nombrar un auxiliar de la justicia con el fin de establecer el costo de los terrenos cautelados, solicitud denegada por la Juez Segunda Civil del Circuito de Rionegro, basada en la previsión contenida en el numeral 4º del artículo 444 del estatuto procedimental[1].

El 2 de mayo de 2017, el deudor presentó dictamen pericial, en cuyas conclusiones se fijaron los siguientes precios, en relación con los lotes a subastar:

Matrícula

Cabida

Valor

020-2754

3,9018 hectáreas

$1.092.504.000

020-2753

1.5784 hectáreas

$ 441.952.000

020-486

8.6225 hectáreas

$2.621.625.200

En auto de 4 de mayo de 2017 la falladora aquí acusada, tuvo como precio de los fundos, el equivalente a su estimación catastral más el 50%, sin apreciar el peritaje aportado por el extremo pasivo, por considerarlo extemporáneo. La decisión fue recurrida en reposición por el inconforme y ratificada el 8 de junio siguiente.

El 16 de junio de 2017, la funcionaria fijó el 21 de septiembre de 2017, como fecha para la almoneda de los bienes perseguidos. Inconforme, el enjuiciado exigió invalidar la última determinación, por considerarla lesiva de sus prerrogativas fundamentales, dada la pretermisión de la experticia adosada para justipreciar su patrimonio.

El juzgado criticado rechazó de plano el memorado pedimento, en proveído de 10 de agosto de 2017.

En ese estado del proceso, narra el gestor que, Uber Albeiro Serna Castaño, se ofreció a adquirir los terrenos a subastar o a prestar al deudor el dinero necesario para cancelar los créditos pendientes y entregarle una suma adicional para los demás gastos generados por la litis. La propuesta fue aceptada por su progenitor.

Antes del inicio de la puja, el nuevo prestamista se reunió, “a solas”, asegura el querellante, con los acreedores iniciales y los comisionistas Mariluz y Camilo Franco, quienes se habían encargado de contactar al hoy occiso con sus demandantes y, posteriormente, con Serna Castaño.

Como resultado de esa conversación, los contendientes, solicitaron “suspend[er] el proceso de la referencia teniendo en cuenta que entre las partes se llegó a un acuerdo económico de pago”, pedimento acogido por el sentenciador encartado, en auto de 21 de septiembre de 2017.

El 31 de octubre del mismo año, a petición de los contendientes, se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares sobre los predios del deudor, disposición no materializada ante el informe de los allá impulsores, acerca del incumplimiento del pacto suscrito.

El 24 de noviembre de 2017, la pasiva exigió terminar el juicio y reembolsar los títulos judiciales constituidos por el secuestre de los fundos, informando haber cancelado, a través del citado Uber Albeiro Serna, la suma de $1.039.000.000 a su oponente, más $49.000.000, por concepto de costas y agencias en derecho al apoderado judicial de aquél, a cambio de prometer en venta, al primero, tres de sus propiedades involucradas en el asunto, contrato a materializar “(…) en la medida en que el promitente comprador, mejore la oferta de compra para evitar lesión enorme en la forma descrita en el art. 1947 del Código Civil (…)”.

El 4 de diciembre de 2017, la autoridad censurada denegó el pago de los depósitos existentes, indicando que “quien debe solicitar la terminación del proceso por pago total de la obligación es el ejecutante y su apoderado”, salvo en el caso de presentar una liquidación del crédito actualizada con la respectiva prueba del pago.

El 6 de marzo de 2018, Jesús María Cardona Aguirre (q.e.p.d.) puso en conocimiento de la sede confutada, la notificación del recaudo forzado presentado en su contra por Wilfer Adolfo Zuluaga Quintero, persona en favor de quien Uber Albeiro Serna Castaño endosó los tres pagarés por él suscritos, por valor total de $897.070.000, ello, con ocasión, afirma el aquí quejoso, del convenio antes descrito. Tal pedimento, también informó, fue acumulado al singular con radicación 2014-00091, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Rionegro.

Adicionalmente, el entonces moroso, adjuntó copia de la contestación allí ofrecida, donde manifestó oposición al nuevo cobro, basado en las excepciones de mérito de

“(…) inoponibilidad de las cláusulas insertas en cada documento en contravención a lo convenido, lo [cual] degenera en título anómalo e inidóneo”, “los pagarés (…) objeto de recaudo (…) son incompletos, inidóneos y carecen de veracidad”, “integración abusiva de los pagarés base de recaudo (…)”.

Soportado en lo anterior, pidió a la juzgadora accionada escuchar en declaración a sus acreedores, con el fin de acreditar el pago total de la deuda hipotecaria. El 9 de marzo de 2018, la autoridad confutada requirió a la parte actora para los efectos aludidos.

El 13 de marzo de 2018, Luis Jaime Gómez Gómez y Blanca Dolly Salazar allegaron contrato de cesión de crédito en favor de Uber Albeiro Serna, representado judicialmente por la abogada Mariluz Franco, quien, a su turno, pidió llevar a cabo la diligencia de remate.

En providencia de 20 de marzo de 2018, la juez criticada admitió el convenio allegado y tuvo por notificado, del mismo,...

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