SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 14298 del 01-08-2000 - Jurisprudencia - VLEX 873962382

SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº 14298 del 01-08-2000

Sentido del falloNO CASA
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Laboral de Bogotá
EmisorSALA DE CASACIÓN LABORAL
Fecha01 Agosto 2000
Tipo de procesoRECURSO DE CASACIÓN
Número de expediente14298
MateriaDerecho Laboral y Seguridad Social
Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso H.E.J.G. contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 31 de agosto de 1998 en el juicio ordinario laboral que promovió el recurrente contra la Caja de Crédito Agrario, I

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION LABORAL

Radicación No.14298

Acta No. 33

Magistrado Ponente : GERMAN VALDES SANCHEZ

Santa Fe de Bogotá D.C., primero (1°) de agosto de dos mil (2000).

Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso GUSTAVO SEGUNDO PAEZ contra la sentencia del Tribunal de Santa Fe de Bogotá, dictada el 15 de Diciembre de 1999 en el juicio ordinario laboral que promovió el recurrente contra la CAJA de CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL y MINERO.

ANTECEDENTES

G.S.P. demandó a la Caja Agraria para obtener la reliquidación del valor inicial de su pensión de jubilación,

mediante la actualización del salario promedio devengado por él durante su último año de servicios, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumidor; el pago de la diferencia resultante entre lo que se le está reconociendo y el valor actualizado; los incrementos anuales de ley, al igual que las mesadas adicionales de Junio y Diciembre de cada año; y, los intereses de mora a partir del momento del reajuste pensional.

Para fundamentar las anteriores pretensiones afirmó que trabajó para la entidad demandada desde el 26 de Mayo de 1965 hasta el 26 de Junio de 1992; que el último salario promedio mensual devengado por él fue de $393.873.51; que la pensión le fue reconocida por la demandada a través de la Resolución N° 821 del 19 de Diciembre de 1994, a partir del 14 de Enero de 1994, en cuantía de $295.405.13; que el valor por el cual se le reconoció dicha pensión es notoriamente inferior al 75% del salario que devengaba al momento de su retiro de la demandada, el cual equivalía a 4.5 salarios mínimos mensuales de 1992, mientras que aquel apenas equivale a 3 salarios mínimos legales del año de 1994; que lo anterior significa que hubo una desmejora de su pensión de jubilación del 34%; y, que por ello, dicha pensión debe

ser actualizada con base en los índices de precios al consumidor correspondientes al periodo de Junio de 1992 a Enero de 1994, con base en la jurisprudencia sentada por la Sala Laboral en la sentencia del 5 de Agosto de 1996 (Rad.8616).-

La Caja Agraria se opuso a las pretensiones e invocó estas excepciones: Falta de causa; inexistencia de la obligación; pago; buena fe; compensación; prescripción; cobro de lo no debido; inescindibilidad de la ley y la que denominó como “Genérica”.

El Juzgado Noveno Laboral de Descongestión del Circuito de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 12 de Noviembre de 1999, absolvió a la demandada de las pretensiones de la demanda..

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

Apeló la parte demandante y el Tribunal de Santa Fe de Bogotá, en la sentencia aquí acusada, confirmó la del Juzgado.

Para adoptar esa decisión el Tribunal se fundamentó en la sentencia mayoritaria de la Sala Laboral de la Corte del 18 de Agosto de 1999 (R.. 11818).

EL RECURSO DE CASACION

Lo interpuso la parte demandante. Con él pretende que la Corte “...case totalmente la sentencia gravada para que, en su lugar, como ad – quem, revoque la de primera instancia y condene a la CAJA DE CREDITO AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO conforme a las pretensiones formuladas por GUSTAVO SEGUNDO PAEZ en el libelo con el que originó el litigio.”

Con ese propósito propone un único cargo por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea, que fue replicado.

En este cargo se denuncia, “... en la providencia gravada, interpretación errónea de los artículos 18 y 19 del Código Sustantivo

del Trabajo y 8° de la Ley 153 de 1887, en relación con los preceptos 48 y 53 de la Constitución Nacional 14, 36 y 117 de la Ley 100 de 1.993, 145, 260 y 467 de aquel Código, 1.608, 1.613, 1.614, 1.615, 1.616, 1.626 y 1.649 del Código Civil, 8°. de la Ley 171 de 1.961, 8° del Decreto 2351 de 1965, 178 del Código Contencioso Administrativo, l° de la Ley 4ª de 1.975, 306 y 307 del Código de Procedimiento Civil y 78 y 145 del Código Procesal del Trabajo.”.

En la demostración del cargo se dice lo siguiente:

“El ad—quem, con acierto, estimó pertinente la aplicación de los principios de justicia y equidad consagrados en los artículos 8° de la Ley 153 de 1.887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo para dilucidar los casos de indexación en nuestro derecho laboral no regulados expresamente por la Ley. Sólo que los utilizó para resolver el caso sub—judice —de indexación del promedio salarial devengado en el último año de servicios, del 27/06/91 al 26/06/92, por el beneficiario de una pensión convencional de jubilación, mi asistido, reconocida, el 26/06/92, pero pagadera cuando él cumpliera, el 14/01/94, 47 años de edad, o sea, la requerida por la Convención Colectiva de Trabajo atinente (época esta en la cual, por el transcurso del tiempo y la constante devaluación de la moneda, tal promedio salarial había sufrido mengua o demérito en su valor real), como medio para obtener la corrección monetaria consecuencial de la primera

mesada pensiona1, como se sabe equivalente a su 75%— atribuyéndoles sentidos y alcances que, por restrictivos, no les corresponden, de mano del criterio mayoritario expresado al respecto por esa Sala Laboral en la sentencia que ella adoptó el 18/8/99, recaída en el proceso de radicación 11818.

“Como, de acuerdo con este criterio, la indexación, en conclusión, constituye apenas el resarcimiento de una modalidad del daño emergente, esto es, del perjuicio que sufre un trabajador a raíz del retardo o de la mora en la solución de un crédito laboral, o sea, de una obligación dineraria ya causada y exigible, aquellas razones de justicia y equidad solo la permiten en casos como estos, con exclusividad, que no en casos como el que aquí se dedujo, que no conviene con ellos. De aquí que el ad—quem las hubiera aplicado en el sub—judice con resultado negativo para las aspiraciones de mi asistido.

“Pero ocurre que la interpretación correcta de tales razones de justicia y equidad en relación con la actualización monetaria en el derecho laboral es muy otra, la que permite considerar que ellas, contenidas en los artículos 8° de la Ley 153 de 1.987 (sic) y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, son aplicables, con efecto positivo, a una situación fáctica como a la que se contrae el presente proceso, ya descrita atrás, sostenida en la sentencia mencionada de 5/8/96, proferida en el proceso de radicación 8616, ahora mismo minoritaria de esa Sala, conforme el salvamento de voto adoptado en la que la recogió, en el cual se transcribe lo expresado en el fallo de 19/12/98 radicación 10. 939.

En seguida se transcribe, por el recurrente, apartes del mencionado salvamento de voto.

La entidad opositora, a su vez, se muestra de acuerdo con la decisión del Tribunal, porque la misma se ajusta al criterio que sobre el particular sentó la Sala de Casación Laboral en su sentencia del 18 de Agosto de 1999 (R.. 11818).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Reclama el recurrente la aplicación de la tesis jurisprudencial que opta por indexar el valor del promedio salarial que sirvió de base al cálculo de la primera mesada de la pensión de jubilación, cuando entre la desvinculación del trabajador y la exigibilidad de la pensión transcurre un lapso considerable que envilece el valor adquisitivo de aquella cifra.

Advierte el mismo criterio, que su aplicación no implica que se

aumente el valor de la obligación ni de la acreencia laboral, sino su actualización de tal forma que se mantenga el valor adquisitivo. Por no haber acogido esa interpretación jurisprudencial la impugnación acusa la decisión del ad quem por interpretación errónea de los artículos 19 del C.S.T. y de la Ley 153 de 1887.

La sentencia de casación que invoca el recurrente como soporte del cargo formulado contra el fallo proferido por el Tribunal dentro del presente asunto fue la dictada por esta Sala de la Corte el 5 de Agosto de 1996.

Pero acontece que, como bien lo deja entrever el mismo recurrente y la réplica, el criterio contemplado en el anterior pronunciamiento mayoritario de la Corporación sobre el tema de la indexación de la primera mesada...

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