SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 101279 del 15-11-2018
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | T 101279 |
| Fecha | 15 Noviembre 2018 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STP15166-2018 |
Eyder Patiño Cabrera
Magistrado Ponente
STP15166-2018
Radicación n.° 101279
(Aprobado Acta 385)
Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
ASUNTO
Se resuelve la acción de tutela promovida por A.E.S. de la Rosa contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta vulneración de su derecho al acceso a la administración de justicia.
Al trámite fueron las partes e intervinientes dentro del proceso impulsado por el accionante.
ANTECEDENTES
1. Fundamentos de la acción
1.1 A.E.S. de la Rosa interpuso demanda contra la Corporación Club Deportes Tolima con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo desde el 18 de enero de 1995 hasta el 9 de diciembre de 2005; «que la conciliación suscrita en esa data en la Inspección de Trabajo de Ibagué es inválida y que su último salario ascendió a $5.000.000 mensuales».
1.2. El Juzgado 2º Laboral del Circuito de Ibagué en mediante fallo de 11 de noviembre de 2008, absolvió a la accionada de las pretensiones promovidas en su contra.
1.3 La defensa interpuso recurso de apelación y el 21 de octubre de 2009, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Tolima la confirmó.
1.3 S. de la Rosa presentó recurso extraordinario de casación y la Sala de Casación Laboral de esta corporación en proveído CSJ SL1451-2018, 25 abr. 2018, rad.44416, casó el fallo de segunda instancia y ordenó:
PRIMERO: Declarar que los pagos denominados por el empleador «cesión de derechos de publicidad» tienen carácter salarial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se condena al empleador al reajuste de las prestaciones sociales, vacaciones compensadas e indemnización por incapacidad permanente parcial en los montos que se relacionan a continuación:
a) $13.432.638,89 por auxilio de cesantías,
b) $705.825,32 por intereses a las cesantías,
c) $3.357.013,89 por vacaciones compensadas, más $2.259.694,46 correspondiente a su indexación hasta febrero de 2018, sin perjuicio de la que se cause hasta que se haga efectivo su pago,
d) $8.075.694,44 por prima de servicios y
e) $48.810.988 por reajuste de la indemnización por incapacidad permanente parcial, más $33.541.459 por concepto de indexación de esta suma causada hasta febrero de 2018, sin perjuicio de la que se cause hasta que se haga efectivo su pago.
TERCERO: Condenar al club demandado al pago de $120.000.000 por concepto de la sanción moratoria causada durante los 24 primeros meses posteriores a la fecha de terminación del contrato, y $61.983.293,67 a título de intereses moratorios sobre los saldos insolutos a partir del mes 25 y hasta el 28 de febrero de 2018, sin perjuicio de los réditos que se causen hasta la fecha en que se efectúe el pago de las acreencias laborales.
CUARTO: Condenar al club demandado al pago de $95.833.333,33 a título de sanción por no consignación de las cesantías en un fondo.
QUINTO: Condenar al accionado a pagar $10.000.000 por concepto de daños morales.
SEXTO: Condenar al demandado a pagar la diferencia en las cotizaciones a los subsistemas en salud y pensión, según lo expuesto en la parte motiva.
SÉPTIMO: Declarar parcialmente la excepción de prescripción de los derechos exigibles con anterioridad al 30 de abril de 2004.
OCTAVO: A. al club accionado de las demás pretensiones de la demanda.
NOVENO: Costas como se indicó en la parte motiva
1.4 S. de la Rosa acude a la acción de tutela en busca de la protección de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, alegando que en el fallo CSJ SL1451-2018, 25 abr. 2018, rad.44416 algunos Magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia salvaron voto, los cuales no se han elaborado en su totalidad, lo que evidencia una mora injustificada en el envío del proceso al Juzgado de primera instancia.
2. La respuesta
2.1 Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
La Ponente informó que en sentencia del 2 de agosto de 2017, casó el fallo proferido el 21 de octubre de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué y para mejor proveer dispuso la práctica de algunas pruebas, luego de lo cual se emitió decisión al respecto. Posteriormente, se corrió traslado a los Magistrados que salvaron el voto, fase en la cual se encuentra la actuación.
Destacó que no ha existido mora toda vez que a voces del artículo 36ª de la Ley 270 de 1996, modificado por el precepto 16 de la Ley 1285 de 2009, los asuntos se atienden el orden de llegada, por lo que solicitó que se niegue el amparo por improcedente.
CONSIDERACIONES
1. Corresponde a la Corte determinar si la Sala de Casación Laboral de esta Colegiatura vulneró el derecho al administración de justicia del interesad, ante la alegada mora dentro del trámite del recurso extraordinario de casación que interpuso dentro del proceso laboral que impulsó.
2. Conforme lo señala expresamente el artículo 29 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas.
En ese sentido, el precepto 228 Superior expresamente ordena que los términos procesales se observen con diligencia y que su incumplimiento debe ser sancionado.
Del mismo modo, la Ley 270 de 1996 regula como principios que informan la administración de justicia, los de acceso a la justicia, celeridad y eficiencia (cánones 2, 4 y 7, respectivamente).
Es así como la Constitución Política y el ordenamiento legal protege al ciudadano de los excesos de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, imponiéndoles a estos la obligación de respetar los términos judiciales previamente establecidos por el legislador, de tal suerte que obtenga una solución oportuna a las controversias planteadas ante la jurisdicción, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva.
De ésta manera, constituye un imperativo de obligatorio cumplimiento para el funcionario judicial, el proferir sus decisiones dentro de los tiempos fijados en el procedimiento que regula la actuación, salvo que la mora esté justificada por una situación probada y objetivamente insuperable, que impida al juez o fiscal adoptar oportunamente la decisión.
Lo anterior significa que el solo vencimiento de los términos judiciales no transgrede el derecho al debido proceso, se requiere que la demora en resolver un asunto no esté fundadamente justificada para que sea clara la vulneración de dicha garantía esencial.
La Corte Constitucional ha señalado, para los casos en los cuales es evidente una dilación injustificada, siempre y cuando se esté ante la existencia de un perjuicio irremediable, la procedencia de la acción de tutela para proteger los derechos fundamentales que puedan ser vulnerados.
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señaló:
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