SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-00524-00 del 02-03-2022
| Sentido del fallo | NIEGA TUTELA |
| Emisor | SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA |
| Número de expediente | T 1100102030002022-00524-00 |
| Fecha | 02 Marzo 2022 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de sentencia | STC2240-2022 |
Á.F.G.R.
Magistrado ponente
STC2240-2022 Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-00524-00 (Aprobado en sesión virtual de dos de marzo de dos mil veintidós) Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022).-Decide la Corte la acción de tutela interpuesta por C.E.R.G. frente a la Sala Especial de Primera Instancia de esta Corte, la que se hace extensiva a la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, trámite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de las diligencias penales a que alude el escrito inicial.
ANTECEDENTES
1. El accionante reclama la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso «público sin dilaciones injustificadas», a la defensa, a la «asistencia de un abogado de confianza durante la investigación y el juzgamiento», y a «presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en [su] contra», supuestamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales convocadas, con las decisiones proferidas en el marco del decurso judicial que se sigue en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, y, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, con rad. 2016-00502.
Solicita entonces, que se ordene «revis[ar] nuevamente las solicitudes probatorias y sean aceptadas, en cumplimiento de[l] deber de otorgar garantías para la defensa técnica y material y bajo el principio de igualdad de armas», en el marco del referido asunto.
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la solución del presente asunto aduce, que pese a que la audiencia de imputación se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2017, y que el escrito de acusación se presentó el 23 de marzo de 2018, adicionándolo el 18 de septiembre de 2019 por nuevas pruebas, sólo hasta el 28 de enero de 2020, la Fiscalía General de la Nación «inició el descubrimiento probatorio», el que se realizó en varias sesiones, hasta el 18 de febrero del mismo año cuando recibió «481.994 archivos objeto de análisis, almacenados en 214 gigas», lo que llevó a que se aplazara en varias oportunidades la instalación de la audiencia preparatoria.
Señala que sólo hasta el 3 de mayo de 2021, se inició formalmente la citada actuación, oportunidad en la que el ente acusador, demostrando «maniobras dilatorias (…) para no avanzar en el caso», desistió de la prueba que dio lugar a adición del escrito de acusación referido, sin que la Sala Especial de Primera instancia de esta Corte hiciera «reproche o exigencia alguna».
Indica de otra parte, que aunque la defensa estuvo ausente «material[mente]», que se «agendaron sesiones de un día para otro sin importar si es posible la presencia del acusado (…)» quien inclusive «present[ó] síntomas graves de COVID19», y, se le «oblig[ó] a participar (…) en terribles condiciones de salud», la citada Colegiatura no solo realizó la audiencia preparatoria, sino que decidió «exclu[ir] el 45% de solicitudes probatorias a la defensa, mientras que a la Fiscalía se le aprueba el 98,4%», decisión de «216 páginas» que le fue notificada cuando faltaban «menos de 4 horas» para la continuar con la diligencia, por lo que pidió su aplazamiento para poder estudiar tal documento, pero ello le fue negado.
''>Manifiesta que «en esas condiciones y sin preparación ni tiempo para el análisis», >interpuso reposición y en subsidio apelación contra la determinación probatoria; empero, por una parte, la Sala Especial referida accedió a «ordena[r] (…) la práctica de dos pruebas documentales y tres testimoniales»; y por la otra, la Sala de Casación Penal al desatar la alzada, decretó 3 pruebas documentales y 1 testimonio, manteniendo incólume en lo demás la decisión de primer grado.
Finalmente aduce, que comoquiera que únicamente contaba con «6 días hábiles para la preparación del juicio» de acuerdo al cronograma que le fue fijado, esto es, del 22 al 25 de noviembre de 2021, y por la «cantidad de hechos irregulares reiterados», su apoderado de confianza «renunció» al mandato, razón por la cual, sólo hasta el 7 de diciembre pasado le fue notificada la designación de una abogada de oficio, quien hasta el 21 de enero de los corrientes suscribió el contrato de prestación de servicios con «la Defensoría Pública», y quien ante la premura del tiempo y la falta de revisión del expediente, solicitó sin éxito el aplazamiento de la audiencia de juicio, circunstancias por las que, asegura, es necesaria la intervención del Juez constitucional a su favor.
3. Una vez asumido el trámite, el 18 de febrero de los corrientes, se admitió la acción de tutela y se ordenó el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa.
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS
''>a. >El Magistrado Sustanciador de la Sala de Casación Penal de esta Corte, después de relacionar las actuaciones que ha conocido del asunto criticado, precisó que «la acción Constitucional presentada por el accionante, no está llamada a prosperar como quiera que no se encuentran satisfechos los presupuestos exigidos para su excepcional procedencia en materia de decisiones judiciales, sin que se advierta la configuración de ningún defecto que haga procedente el amparo constitucional».
''>b. >El Fiscal Primero Delegado ante esta Corte puntualizó, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues no solo la mora en el trámite del asunto se debió a la integración de las Salas Especiales que conocieron los asuntos de ciudadanos aforados, sino que además, «dejó a disposición de las bancadas de la defensa la totalidad de las carpetas que componen la investigación (…) para efectos del descubrimiento probatorio, el cual se desarrolló en 16 sesiones que comenzaron el 26 de septiembre de 2019 y se extendieron hasta el 17 de noviembre de 2020»; a lo que agregó, que «los decretos probatorios (…) en realidad tuvieron como sustento la suficiencia de las exposiciones de pertinencia y utilidad que cada parte adujo y las posturas puestas de presente por los sujetos procesales e intervinientes».
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se habían efectuado más pronunciamientos.
CONSIDERACIONES
1. Respecto de la procedencia de la acción de tutela frente a decisiones judiciales, por vía jurisprudencial se le ha reconocido un carácter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protección sólo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acción u omisión del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde más a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad.
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por el señor C.E. está encaminada, en lo fundamental, contra lo determinado el 10 de noviembre de 2021 por la Sala de Casación Penal de esta Corte, que «revoc[ó] parcialmente» la decisión calendada 1º de julio anterior de la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Corporación, para en su lugar, acceder a la solicitud de las pruebas «relacionadas [con] los “soportes de informes de cuentas de la campaña” y “certificado de ingresos por recursos de reposición”, “decreto 364 del 24 de agosto de 2016” y el testimonio de M.C.S...»., en el marco del proceso penal seguido en su contra y de otro, por la presunta autoría de los punibles de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, y, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, pues según su criterio, no solo existió desproporción entre los medios de pruebas que a él le fueron aceptados frente a los del ente acusador, sino que ha debido advertirse sobre las maniobras dilatorias de éste.
3. Sin embargo, establecido lo anterior, es del caso señalar que examinadas las determinaciones criticadas y los alegatos plasmados en el libelo genitor de tutela, con el límite propio del juez constitucional, la Sala advierte que el amparo deviene improcedente, pues como de vieja data esta Corporación ha precisado, las puntuales acusaciones que estructuran la acción materia de estudio desembocan en el terreno del motivo de improcedencia previsto por el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política, en armonía con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
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