SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2012-00666-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha de la decisión | 13 Agosto 2021 |
| Número de expediente | 05001-23-33-000-2012-00666-02 |
| Tipo de documento | Sentencia |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en virtud del recurso de apelación (…) toda vez que la cuantía de la demanda, fijada por la mayor de las pretensiones, supera la exigida por la norma para tal efecto.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 157 / C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 152 NUMERAL 6
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo, el legislador estableció unos plazos razonables con el propósito de que las personas acudan ante la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones, término que, en caso de vencerse, tiene como consecuencia la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad, lo cual implica la pérdida de la facultad de accionar y así hacer efectivos sus derechos. Dicha figura no admite suspensión, salvo que se presente solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, en concordancia con lo previsto por las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, así como tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza y efectos de la caducidad de la acción, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 6 de agosto de 2009, Exp. 36.834. C.M.F.G.; sentencia del 26 de febrero de 2014, Exp. 27588. C.M.F.G.; auto del 12 de mayo de 2016, Exp. 56601 y sentencia del 30 de agosto de 2017, Exp. 39435.
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCESO PENAL / CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Al tenor de lo dispuesto en el literal i del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al del acaecimiento de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Revisado el expediente, la Sala encuentra que la providencia (…) a través de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión decretó la cesación del procedimiento (…) por prescripción de la acción penal, cobró ejecutoria (…) no obstante, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, dicho término se suspendió (…) cuando faltaban 3 meses y 29 días y se reanudó al día siguiente del vencimiento de los tres meses que indica el literal c del artículo 3 del Decreto 1719 de 2009, la parte actora tenía hasta el 13 de enero de 2013 para demandar y como ello ocurrió el 9 el noviembre de 2012, se impone concluir que la acción se ejerció en oportunidad.
FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A. - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL 1 / DECRETO 1719 DE 2009 – ARTÍCULO 3 LITERAL C / LEY 640 DE 2001 – ARTÍCULO 21
RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RAMA JUDICIAL – Absuelta y aspecto no apelado / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar, si con la privación de la libertad (…) se ocasionó un daño antijurídico susceptible de ser reparado, dado que su argumentación giró únicamente en torno a cuestionar ese aspecto. En caso de que la respuesta sea positiva, si la Fiscalía General de la Nación está llamada a responder por los perjuicios ocasionados. La Sala no se pronunciará respecto de la Rama Judicial, por cuanto en la sentencia de primera instancia se declaró su ausencia de responsabilidad y dicho aspecto no fue objeto del recurso de apelación de la parte actora.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD
La Sala encuentra acreditado el daño alegado por la parte actora, consistente en la privación de la libertad de la señora (...), quien fue capturada el 10 de diciembre de 2001, por órdenes de la Fiscalía 9 Especializada de la unidad nacional para la extinción de dominio y contra el lavado de activos, autoridad judicial que, mediante Resolución del 27 de diciembre siguiente, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, que se hizo efectiva en establecimiento carcelario hasta el 17 de marzo de 2004, cuando salió de la cárcel San Quintín, en virtud del beneficio de libertad condicional (…) Tal y como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, por medio de la cual se analizó, entre otros, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la declaratoria de responsabilidad por privación injusta de la libertad no opera de manera automática, sino que debe analizarse si la restricción de tal derecho fundamental se apartó de los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad exigidos (…). De acuerdo con lo expuesto por ese alto tribunal en la sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, los aludidos criterios no imponen a la falla del servicio como el régimen aplicable a todos los casos de privación injusta de la libertad; no obstante, no debe perderse de vista que dicho fundamento “es el título de imputación preferente” y que en cada caso será el juez el que deba determinar si la privación de la libertad fue apropiada, razonable y/o proporcionada.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la constitucionalidad del artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, entre otros artículos, ver sentencia de la Corte Constitucional C 37 de 1996 y en cuanto a los títulos aplicables en materia de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ver sentencia SU 72 de 2018 de la misma Colegiatura.
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD / CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / DAÑO ANTIJURÍDICO
[S]i se limita la libertad de un ciudadano en cumplimiento de una orden de captura debidamente dispuesta o dentro de los eventos de la flagrancia y en acatamiento de los términos legales previstos para tal fin, la detención emerge como una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se justifica en el ejercicio legítimo de la acción penal y del poder coercitivo del Estado, que propende por la investigación de las conductas que revisten las características de delitos y la individualización de los...
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