SENTENCIA nº 11001-03-15-000-2019-02148-00 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 21-05-2019
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Fecha | 21 Mayo 2019 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Número de expediente | 11001-03-15-000-2019-02148-00 |
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / FACTORES SALARIALES A TENER EN CUENTA PARA LA RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN A DOCENTE - Los cotizados al sistema / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE DE UNIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO - SU del 28 de agosto de 2018
Frente al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado contenido en la Sentencia de 4 de agosto de 2010, la Sala concluye que el mismo no se configuró. ( ) [B]asta señalar que la misma, fue revaluada y rectificada con la Sentencia de la Sala Plena de 28 de agosto de 2018, luego, para la fecha en que se profirió la Sentencia enjuiciada, esto es, 8 de noviembre de 2018, la citada Sentencia, había perdido vigencia. En consecuencia, para la Sala no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, por las razones expuestas. ( ) En el caso concreto, de acuerdo con los hechos probados, la parte accionante se vinculó antes del 27 de junio de 2003, razón por la cual le resulta aplicable la Ley 91 de 1989, y de contera, la Ley 33 y 62 de 1985, en los términos definidos por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta Corporación, en la aludida Sentencia de Unificación. Ahora bien, se reclama la inclusión en la base pensional de la prima de servicios y la asignación adicional 20%. Frente a ellos, debe indicarse que no hacen parte de los factores previstos en la Ley 62 de 1985, y, en esa medida, los mismos no pueden ser incluidos en la base de liquidación pensional, razón por la cual, no queda otro camino que despachar desfavorablemente su pretensión.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2019-02148-00(AC)
Actor: FABIO ORTIGOZA TORRES
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE HUILA Y OTRO
Procede la Sala a resolver la acción de tutela de primera instancia instaurada por el señor Fabio Ortigoza Torres, mediante apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Huila y el Juzgado 5 Administrativo 5 del Circuito de Neiva.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Solicitud de amparo. 1.2 Hechos. 1.3 Fundamentos de la vulneración. 1.4 Actuaciones procesales relevantes.
1.1. Solicitud de amparo
1. El señor Fabio Ortigoza Torres, mediante apoderado judicial, instauró acción de tutela contra las Sentencias de 11 de mayo de 2017 y 8 de noviembre de 2018, proferidas por el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Neiva y el Tribunal Administrativo de Huila, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, por el desconocimiento del precedente de esta Corporación en las ordenes judiciales de negar las pretensiones de reliquidación de su pensión de jubilación.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):
1. Se declare que el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, integrada por los magistrados BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS, JOSÉ MILLER LUGO BARRERO Y GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MÍNIMO VITAL, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de la accionante con la decisión contenida en las sentencias del 11 DE MAYO DE 2017 y 24 DE ENERO DE 2019 proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho incoada por el (la) Docente FABIO ORTIGOZA TORRES contra La NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN- FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, bajo radicado Nº 41001333300520160016601.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE NEIVA Y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, Integrada por los Magistrados BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS, JOSÉ MILLER LUGO BARRERO Y GERARDO IVAN MUÑOZ HERMIDA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo al precedente judicial que sobre el tema edificó el Consejo de Estado mediante Sentencia Unificación del 04 de agosto de 2010, proferida dentro del expediente radicado No. 25001-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), de esta Honorable Corporación con ponencia del Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. (Negrilla del texto)
1.2. Hechos
3. 1) El señor Fabio Ortigoza Torres laboró como docente oficial por más de 20 años, por lo cual, mediante Resolución No. 4122 de 18 de septiembre de 2015, se le reconoció pensión de jubilación sin la inclusión de todos los factores salariales devengados.
4. 2) En desacuerdo con la liquidación de su pensión, el señor Fabio Ortigoza Torres, por intermedio de apoderado judicial, acudió al juez de lo contencioso administrativo, para que se declarara la nulidad parcial del acto administrativo aludido y, en consecuencia, se ordenara la reliquidación de su pensión sobre el 75% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados en el año anterior al cumplimiento del status de pensionado.
5. 3) En virtud de lo anterior, mediante Sentencia de 11 de mayo de 2017 proferida en audiencia inicial, el Juzgado 5 Administrativo del Circuito de Neiva, negó las pretensiones de la demanda.
6. 4) El señor apeló la anterior decisión y, mediante Sentencia de 8 de noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Huila confirmó la providencia de primera instancia, y, en consecuencia, determinó que la liquidación de la pensión de los docentes únicamente debía incluir los factores establecidos en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1 de la Ley 62 del mismo año y sobre los que se haya realizado aportes.
1.3. Fundamentos de la vulneración y causales específicas invocadas
7. El accionante precisó que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Huila, incurrió en defecto sustantivo, falta de motivación y desconocimiento del precedente.
8. Analizó el defecto sustantivo y la falta de motivación conjuntamente bajo los siguientes argumentos: 1) El Tribunal realizó una equívoca interpretación de las disposiciones normativas y jurisprudenciales relacionadas con los factores salariales que se deben incluir en la liquidación de pensión de vejez de los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 y 2) La parte resolutiva de la Sentencia no es congruente con la parte motiva de la misma, en lo atiente a la aplicación e interpretación de la Ley 33 de 1985.
9. En lo relativo al desconocimiento del precedente, el accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Huila se apartó de la Sentencia de Unificación de 4 de agosto de 2010, proferida por esta Corporación que, aunque no trato el régimen especial de jubilación aplicable a los docentes, si precisó que la liquidación de las pensiones sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985 debía realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, los cuales, en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral (artículo 53 de la Constitución Política), no se debía tomar de manera taxativa sino meramente enunciativa.
10. Adicionalmente, adujo que, en virtud de la exclusión establecida en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 respecto de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en materia pensional, reafirmada por el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 establece que el régimen aplicable para quienes se encontraban vinculados con anterioridad a su entrada en vigencia, era el establecido en las disposiciones vigentes para ese entonces, esto es, la Ley 91 de 1989, que contempla el reconocimiento de la pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año, entendiendo salario como las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
11. Referenció el precedente judicial fijado por esta Corporación en la Sentencia de Unificación con radicado 2012-00143-01 de 28 de agosto de 2018 para indicar que, en este se fijaron unas reglas frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y particularmente se determinó que estas no cobijaban a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
12. Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo de Huila aplicó las normas previstas en la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia aplicable a casos que no son análogos como el de la referencia, advirtiendo que lo adecuado era tener en cuenta la Ley 91 de 1989 que remite a las Leyes 33 y 62 de 1985, particularmente que para el cálculo de la pensión deben tenerse en cuenta todos los factores que materialmente constituyen salario, independientemente de que se encuentren relacionados en esas disposiciones legales o de que hubieren sido objeto de cotización.
13. Con fundamento en lo anterior, la accionante invocó como casuales específicas: 1) defecto sustantivo, 2) falta de motivación y 3) desconocimiento del precedente.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la acción de tutela
14. Por Auto de 23 de mayo de 2019[1], este despacho admitió la acción de tutela y ordenó notificar a las partes y vincular a la Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como tercero vinculado.
1.4.2. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Huila[2], por conducto de su titular, contestó la acción de tutela y se opuso a la misma, al respecto señaló que no se configuraron los defectos alegados, en la medida que la providencia enjuiciada, cuya fecha...
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