SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2006-10312-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 05-02-2021
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Normativa aplicada | LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 9 DE 1989 / LEY 388 DE 1997 / ACUERDO 6 DE 1990 – ARTÍCULO 84 / ACUERDO 6 DE 1990 – ARTÍCULO 85 / ACUERDO 6 DE 1990 – ARTÍCULO 116 / LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 37 / LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 37 INCISO 1 / LEY 9 DE 1989 – ARTÍCULO 37 INCISO 3 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 177 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Número de expediente | 25000-23-26-000-2006-10312-01 |
| Fecha | 05 Febrero 2021 |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN / FUENTE DEL DAÑO / MENOSCABO A INTERÉS JURÍDICO / ACTO ADMINISTRATIVO / FUENTE DE LA PRETENSIÓN / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Esta Corporación, interpretando al legislador, ha considerado desde antaño que la idoneidad de la acción como presupuesto sustancial para que el juez resuelva de fondo un litigio no depende de la discrecionalidad o criterio de quien pone a merced judicial sus pretensiones sino del origen de la lesión o menoscabo por cuya indemnización se demanda; así, si la fuente del daño o menoscabo a un derecho o interés jurídico es un acto administrativo que se cuestiona en su presunción de legalidad, corresponderá la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero si consiste en un hecho, acción, omisión u operación administrativa, o cualquier otra fuente distinta a las indicadas, lo procedente es la reparación directa. (…) cuando, por ejemplo, el origen del daño no proviene de la ilegalidad del acto administrativo, sino de los efectos que éste proyecta–los cuales implican el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas que el Estado impone–procede formular las pretensiones indemnizatorias en el marco de la acción de reparación directa, en tanto se asume que el obrar estatal es ajustado a la Constitución y la Ley por lo que no es necesario efectuar escrutinio de legalidad del acto administrativo ni de sus fundamentos
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el particular, ver Sentencia del 29 de agosto de 2020, Exp. 41593; C.G.S.L. y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 45650.
USO DEL SUELO / COMPETENCIA PARA DEFINIR LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO / DERECHO A LA PROPIEDAD / AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD / LÍMITES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / MEDIDAS RESTRICTIVAS AL DERECHO A LA PROPIEDAD / EXPROPIACIÓN / CARGAS PÚBLICAS / FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD / FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD / FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA / FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA
[L]a definición de los usos del suelo está a su cargo y el derecho de propiedad supone obligaciones pues en su ejercicio también está comprometido el bien común. Así, en ejercicio de tales prerrogativas el Estado puede imponer afectaciones a los terrenos privados, con miras a promover el desarrollo urbanístico, vial, de infraestructura, de servicios públicos etc.; afectaciones que, de cualquier modo, representan una carga para el titular del predio afectado y que, según su intensidad, se proyecta de diversas maneras, ya que: a) puede que la intervención prive al propietario de su derecho, caso en el cual la administración debe adelantar el trámite de la expropiación o compensatorio; b) que la intervención no prive formalmente al propietario de su derecho, pero comporta la imposición de una afectación que supera en modo e intensidad aquel tipo de las que el ordenamiento jurídico considera como de obligatoria tolerancia en cabeza de los particulares, de forma tal que vacía de contenido su núcleo esencial, caso en el cual, la afectación comporta un daño antijurídico; c) que la intervención del Estado en la propiedad comporte una afectación de aquellas que el ciudadano está en el deber de tolerar como consecuencia de la función social y ecológica de la propiedad, lo que ocurre cuando sus efectos no vulneran el núcleo esencial de la propiedad privada puesto que el propietario mantiene la posibilidad de explotar jurídica y económicamente el bien.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el particular, ver Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, Exp. 21906 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril de 2013, Exp. 26437.
USO DEL SUELO / COMPETENCIA PARA DEFINIR LA REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL SUELO / DERECHO A LA PROPIEDAD / AFECTACIÓN A LA PROPIEDAD / LÍMITES DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / MEDIDAS RESTRICTIVAS AL DERECHO A LA PROPIEDAD / EXPROPIACIÓN / CARGAS PÚBLICAS / FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD / FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD / FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA / FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA / OCUPACIÓN JURÍDICA DEL BIEN INMUEBLE / OCUPACIÓN JURÍDICA / ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESERVA VIAL / DISTRITO CAPITAL / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En uno u otro caso, la afectación -ocupación jurídica como lo ha señalado en forma didáctica parte de la jurisprudencia vigente– provendrá sino al menos de la voluntad unilateral del Estado expresada a través de un acto administrativo, que se presume ajustado al ordenamiento jurídico vigente; no obstante, como tales afectaciones pueden tener la virtualidad de afectar los derechos de dominio, los efectos que se generen en tanto se proyecten como efecto lesivos de un derecho, serán susceptibles de reparación. (…) la indemnización de los daños que se causen con esas afectaciones al derecho real de propiedad, cuando ésta se encuentra acorde con las normas legales vigentes y no son reparados por la administración actuante bajo los mecanismos administrativos previstos para tal efecto, debe ser canalizada a través de la acción de reparación directa, en tanto resulta inocuo exigir que se ataque el acto administrativo que impone la afectación. En este caso, la sociedad demandante busca que se condene al Distrito Capital de Bogotá porque en su sentir, la Resolución 1699 de 1994 que esa autoridad administrativa dictó, impuso restricciones a los derechos de propiedad que esa sociedad vino a ostentar a partir del año 1990 sobre los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50C-1463866 y 50C-1463864, dada la definición de reserva vial de partes de esos predios.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de 2014, Exp. 24679; C.R.P.G., sentencia del 26 de agosto de 2015, Exp. 33113 C.P. H.A.R. y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de agosto de 2016, Exp. 38532; C.H.A.R..
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / NOCIÓN DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad de la acción, que impone a quienes están comprometidos en un conflicto, la carga de promover el litigio dentro del plazo fijado por la ley; así, de no hacerlo en tiempo, fenece la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho o dirimir la situación conflictiva correspondiente. La caducidad, como fenómeno procesal, no admite renuncia ni suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001.
FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En relación con la caducidad de la acción de reparación directa, el artículo 136, numeral 8 del Código Contencioso Administrativo, -norma vigente para la época en que fue presentada la demanda- señala que la demanda debe presentarse en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia del daño, bien se trate de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o definitiva de un inmueble ajeno al Estado, por razón de una obra pública o cualquier otra causa.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / OCUPACIÓN...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba