SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2009-00442-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 16-07-2021
| Sentido del fallo | ACCEDE PARCIALMENTE |
| Normativa aplicada | LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 35 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 490 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 514 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 495 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 502 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86 / LEY 446 DE 1998 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 492 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 494 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 499 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 502 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491 |
| Número de expediente | 25000-23-26-000-2009-00442-01 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Fecha | 16 Julio 2021 |
| Fecha de la decisión | 16 Julio 2021 |
| Tipo de documento | Sentencia |
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho, contra la sentencia proferida (…) por el Tribunal Administrativo (…), habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, afectación de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del consejo de Estado, ver auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.M.F.G..
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / LIBERTAD DEL PROCESADO / LIBERTAD DEL REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN
De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la afectación de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa en eventos de privación injusta de la libertad, ver sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.M.E.G.G., sentencia de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.M.F.G..
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LIBERTAD DEL PROCESADO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
[L]a responsabilidad patrimonial impetrada en la demanda se originó con los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la afectación de la libertad de la señora (…) durante el trámite de solicitud de extradición realizado por el Gobierno de los Estados Unidos en su contra. Revisado el expediente se encuentra acreditado que mediante providencia (…) la Fiscalía General de la Nación revocó la Resolución (…), mediante la cual se decretó la captura con fines de extradición de la señora (…) y, como consecuencia de esa revocatoria, ordenó su libertad inmediata. De este modo el término para acudir ante esta jurisdicción en ejercicio de la acción de reparación directa correspondía al período (…), y como la demanda se presentó (…), se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / INVESTIGACIÓN PENAL / NÚCLEO FAMILIAR / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / PARENTESCO POR AFINIDAD / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ORDEN DE CAPTURA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO / RAMA JUDICIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Encuentra la Sala que la señora (…) está legitimada para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que fue afectada su libertad personal con ocasión a un trámite de solicitud de extradición realizado en su contra, es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende. Respecto a los demás demandantes, su interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados con motivo de la afectación de la libertad que soportó la señora (…) se infiere del vínculo de parentesco y de la relación afectiva, que, respectivamente, tienen con la misma (…), hechos sobre los cuales se hará referencia más adelante. Ahora bien, la legitimación de la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial se configura con base en las imputaciones que en su contra se formularon en la demanda hoy analizada.
EXTRADICIÓN / REGULACIÓN DE LA EXTRADICIÓN / NATURALEZA DE LA EXTRADICIÓN / DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / TRATADOS DE EXTRADICIÓN / DELITOS OBJETO DE EXTRADICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / DELITO POLÍTICO / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / NATURALEZA DE LA EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / CLASES DE EXTRADICIÓN
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se regula por los tratados públicos y en su defecto por la ley, evento en el que se aplica el capítulo respectivo de la Ley 906 de 2004 (artículos 490 a 514). A partir del Acto Legislativo 01 de 1997, se reformó el citado artículo 35 de la Constitución, para permitir la extradición de colombianos por nacimiento, y se determinó su improcedencia por delitos políticos, cuando se tratara de hechos anteriores a ese Acto Legislativo, o que la persona requerida se encontrara en el país procesada o cumpliendo una pena por los mismos hechos. En igual sentido se prescribe en el artículo 490 del CPP. Debe aclararse que, de acuerdo con los artículos 490 y 491 del mismo ordenamiento, “la oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno”, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es activa si se solicita y es pasiva si se ofrece o concede. El presente caso, se refiere a una extradición pasiva por vía legal de una ciudadana colombiana.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 35 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 490 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 514 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491
EXTRADICIÓN DE NACIONALES / REGULACIÓN DE LA EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / PRINCIPIOS DE LA EXTRADICIÓN / SUJETO DE EXTRADICIÓN / SISTEMA COLOMBIANO DE EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FUNDAMENTOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / POSTULADOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / TERRITORIALIDAD / SOBERANÍA
En derecho comparado existen varias modalidades de trámite de la extradición. En el caso colombiano es de carácter mixto y se califica de complejo, porque en este concurren varios órganos de los poderes ejecutivo y judicial. Respecto del primero, intervienen los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores y del segundo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, sin que se pueda predicar que los pronunciamientos de estos son providencias judiciales. La Corte Constitucional ha reiterado, de...
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