Sentencia Nº 250002315000201900419-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 24-10-2019
| Sentido del fallo | TUTELA DERECHO |
| Número de registro | 81509091 |
| Fecha | 24 Octubre 2019 |
| Número de expediente | 250002315000201900419-00 |
| Emisor | Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Colombia) |
Magistrado ponente: Luis Gilberto Ortegón Ortegón
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
|
Acción |
: |
Tutela |
|
Demandante |
: |
J.E.R.L. |
|
Demandado |
: |
Presidente Consejo Nacional Electoral y registrador Nacional del Estado Civil |
|
Expediente |
: |
25000-23-15-000-2019-00419-00 |
Procede el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro de la presente acción de tutela interpuesta por el señor J.E.R.L., identificado con cédula de ciudadanía 11.347.561, quien actúa en nombre propio, contra los señores presidente Consejo Nacional Electoral y registrador Nacional del Estado Civil.
I.ANTECEDENTES
1.1PRETENSIONES
El actor solicita el amparo de su derecho constitucional fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político efectivo a través de la premisa elegir y ser elegido, en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada i) suspender la Resolución 5380 de 30 de septiembre de 2019, a través de la cual se ordenó dejar sin efectos la inscripción irregular de cédulas para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019, el algunos municipios del departamento de Cundinamarca por presunta trashumancia y ii) se autorice ejercer su derecho al voto en el municipio de Tocancipá.
1.2HECHOS
En el mes de julio de 2019, realizó la inscripción de su cédula de ciudadanía en el municipio de Tocancipa, pues argumenta que es allí en donde desarrolla su vida civil.
Aduce que el 13 de octubre de 2019, se le informó por parte del Consejo Nacional Electoral que a través de la Resolución 5380 de 2019, se ordenó dejar sin efectos la inscripción de la cédula de ciudadanía por presunta trashumancia.
Consideró que las actuaciones de la autoridad electoral vulneran su derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, pues no podrá participar en las elecciones locales a realizarse el próximo 27 de octubre de 2019.
1.3CONTESTACIÓN DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS
1.3.1 La asesora jurídica del Consejo Nacional Electoral, sostiene que la decisión tomada mediante la Resolución 5380 de 2019, no vulnera el derecho a elegir del actor, en razón a que el acto administrativo ordena regresarlo al censo electoral del municipio en que estuvo inscrito en la elección anterior, en el que podrá ejercer su derecho al voto, pues se presume que ese municipio es su residencia al no haber sido previamente desvirtuada.
Dijo que la determinación, adoptada en la resolución antes referida, ostenta un procedimiento garantista, que contiene etapas probatorias, como el cruce de información en las bases de datos del Sisben y los regímenes de seguridad social en salud, con la elección de las cédulas denunciadas o inscritas, de las cuales es posible establecer si figuran como residentes en determinado municipio.
En síntesis, alegó que el actor tuvo la oportunidad de hacerse parte de la actuación administrativa y aportar el material probatorio para sustentar la residencia electoral alegada e interponer recurso de reposición de la manera prevista en el Resolución 2857 de 2018, por la que se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, no obstante la parte actora no interpuso el recurso de reposición.
II.CONSIDERACIONES
2.1COMPETENCIA
Corresponde a este Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017, determinar en el presente asunto si hay lugar al amparo constitucional deprecado por el tutelante.
2.2PROBLEMA JURÍDICO
Se contrae a establecer la vulneración del derecho constitucional fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político efectivo a través de la premisa de elegir y ser elegido, que pueda comportar la decisión del Consejo Nacional Electoral contenida en la Resolución 5380 de 30 de septiembre de 2019, la cual dejó sin efecto la inscripción de la cédula de ciudadanía del accionante para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019, por presunta trashumancia.
2.3TESIS DE LA SALA
La sindéresis que efectuó esta Colegiatura, no deja duda más que acceder al amparo del derecho constitucional fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político efectivo a través de la premisa de elegir y ser elegido, de acuerdo con los argumentos que en líneas siguientes se exponen.
2.4PRUEBAS
Del material probatorio aportado al expediente se destaca:
Copia de la cédula de ciudadanía del accionante (f. 9).
Certificación de 18 de octubre de 2019, emitida por el gerente de la empresa Transtocarinda S.A., en la que se indica que el señor J.E.R.L. trabaja para esa entidad como conductor desde el 22 de septiembre de 2014 (f. 8).
Resolución 5380 de 30 de septiembre de 2019 (f. 25 a 40), emitida por el Consejo Nacional Electoral, a través de la cual se ordenó dejar sin efectos la inscripción irregular de cédulas para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre de 2019, en algunos municipios del departamento de Cundinamarca por presunta trashumancia y se ordenó incorporar esas cédulas al censo inmediatamente anterior.
2.5ARGUMENTOS DE LA DECISIÓN
Procedencia de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política, respecto de la acción de tutela indica:
ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba