El trabajo pro bono: la responsabilidad social del abogado
| Autor | Paula Samper Salazar y Anamaría Sánchez Quintero |
| Páginas | 133-162 |
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EL TRABAJO PRO BO NO:
LA RESPONS ABILIDAD SOCI AL DEL ABOG ADO*
P S S A S Q
I:
L
Los problemas de acceso a la justicia para las poblaciones de escasos
recursos son comunes a todos los países del mundo, pero es evidente
que en los países de ingreso medio o bajo, como los latinoamericanos,
esos problemas se acrecientan, en la medida en que los ingresos de un
elevado porcentaje de la población los colocan en situación de pobre-
za o por debajo de la línea de pobreza1. Las soluciones ofrecidas hasta
el momento para cubrir las necesidades de los pobres, como asistencia
jurídica gratuita por instituciones públicas, consultorios jurídicos uni-
versitarios gratuitos o asociaciones que prestan servicios gratuitos a de-
terminados colectivos (indígenas, mujeres maltratadas), son claramente
-
noamérica. En este contexto, los despachos de abogados han trasplan-
tado al contexto latinoamericano, y en especial en Argentina, Chile,
* Para citar: http://dx.doi.org/10.15425/2017.418
1 Según el último informe de la CEPAP sobre la situación social en Latinoamérica,
que trata los problemas de desigualdad, pobreza y migraciones en la región, en Lati-
noamérica habría 191 millones de personas en situación de pobreza y 72 millones en
situación de pobreza extrema, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Panorama Social de América Latina (Santiago de Chile: CEPAL, 2019), 97; por
otro lado, los costos de los servicios jurídicos son muchas veces inabordables para las
personas de bajos ingresos. Por ejemplo, en Colombia, un país de ingreso medio y uno
de los dos países latinoamericanos miembros de la OCDE
menos de dos en el 2017 (en el 2017 el salario mínimo eran 737.717 pesos, por lo que el
DANE, “Bo-
letín técnico”, Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (Bogotá: DANE, 2018).
C V
ÉTICA PROFESIONAL DEL ABOGADO: DEBATES Y TENSIONES
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Colombia y Brasil2, la institución de los servicios jurídicos pro bono,
que permiten prestar servicios jurídicos de calidad a individuos y or-
pro
bono no es obligatoria en ningún país de la región, pero tampoco lo es
en casi ningún país, salvo en unos pocos estados de Estados Unidos3.
Sin embargo, con independencia de su carácter voluntario, la práctica
está muy extendida y tiene una larga tradición en los países de common
law, en los que se aconseja a los abogados dedicar entre 35 y 50 horas
de trabajo facturable a la práctica del pro bono. En el common law, la
práctica del pro bono está institucionalizada4. En los países de Latino-
américa lo que hay es un crecimiento notable de la práctica y un esfuer-
zo de institucionalización de ella5.
La práctica pro bono, además de contribuir a la satisfacción de las
necesidades jurídicas de un sector de la población de bajos recursos, o
desde el punto de vista de la ética. El pro bono permite que un abogado
con preocupaciones sociales que vayan más allá del ejercicio remunera-
do de la profesión pueda hacer ese trabajo y ayudar a otros; le permite,
2 La primera acción colectiva nació de la “Cumbre Estratégica para el Continente
Americano: Una Profesión en Apoyo de la Democracia”, organizada por el Centro Cyrus
R. Vance por la Justicia Internacional en el 2005 y en la que participaron abogados estado-
unidenses, mexicanos, brasileños, colombianos, peruanos y argentinos, y que daría lugar
dos años más tarde a la Declaración Pro Bono para el Continente Americano (disponible
en https://probono.org.co/quienes-somos/declaracion-probono/), y que dos años después
fue sobre este trasplante jurídico en Latinoamérica, véase Daniel Bonilla (ed.), Los
mandarines del derecho. Trasplantes jurídicos, análisis cultural del derecho y el trabajo
pro bono
sobre el trasplante del pro bono en Latinoamérica, estudia los casos de Argentina, Chile
y Colombia. Para el caso de Brasil, véase el artículo de Daniel Bonilla, “El trabajo ju-
rídico pro bono en Brasil: Transplantes jurídicos, acceso a la justicia y las obligaciones
sociales de los abogados”, Revista Direito e Praxis 10, n.º 1 (2019): 424-467.
3 Florida, Hawai, Illinois, Indiana, Maryland, Nevada, Nuevo México y Nueva York;
https://www.americanbar.org/groups/probono_public_service/policy/arguments/.
4 Sobre la institucionalización de la práctica pro bono en los Estados Unidos, véase
Cummings, Scott L. y Deborah L. Rhode. “Managing Pro Bono: Doing Well by Doing
Better”. Fordham Law Review 78 (2010): 2357-2442, y también Cummings, Scott L.
“The Politics of Pro bono”. UCLA Law Review (2004): 1-150.
5 La Fundación Pro Bono es el primer intento en la región por institucionalizar la
práctica; véase https://www.probono.org.co/pdf/ProBonodelaAalaZ/Manualdeimple
mentaciondelprogramaprobono.pdf.
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