Sentencia de Tutela nº 440/00 de Corte Constitucional, 14 de Abril de 2000
| Ponente | Antonio Barrera Carbonell |
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2000 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | 271998 Y OTROS |
| Decision | Negada |
Sentencia T-440/00
DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-Presunción de afectación por ausencia prolongada en pago de salarios/DERECHO AL MINIMO VITAL DEL TRABAJADOR-No afectación por no pago de primas complementarias de salarios a educadores
Referencia: expedientes Acumulados a T- 271998.
T-274078, T-274208, T-274209, T-274238,
T-274239, T-274249, T-274250, T-274511,
T-274514, T-274536, T-274537, T-274539,
T-274553, T-274677, T-274679, T-274918,
T-274980, T-274988, T-275000, T-275007,
T-275008, T-275009, T-275092, T-275161,
T-275227, T-275228, T-275246, T-275260,
T-275277, T-275295, T-275297, T-275433,
T-275434, T-275514, T-275521, T-275522,
T-275537, T-275554, T-275555, T-275556,
T-275557, T-275558, T-275559, T-275560,
T-275564, T-275569, T-275684, T-275685,
T-275741, T-275742, T-275936, T-275937,
T-276052, T-276261, T-276268, T-276358,
T-276359, T-276388, T-276439, T-276533,
T-276545, T-276548, T-276564, T-276566,
T-276567, T-276568, T-276569, T-276573,
T-276574, T-276575, T-276576, T-276577,
T-276752, T-277141, T-277170, T-277171,
T-277184, T-277188, T-277319, T-277588,
T-277597, T-278367, T-278539, T-278664,
T-278665, T-278667, T-278668, T-278669,
T-278671, T-278787, T-278788, T-278789,
T-278790, T-278791, T-278796, T-278830,
T-278833, T-278876, T-278899, T-278924,
T-278943, T-278948, T-279209, T-279232,
T-279233, T-279234, T-279235, T-279255,
T-279256, T-279257, T-279258, T-279259,
T-279260, T-279261, T-279262, T-279263,
T-279504, T-279508, T-279510, T-279511,
T-279512, T-279525, T-279568, T-279569,
T-279570, T-279571, T-279572, T-279573,
T-279574, T-279626, T-279627, T-279628,
T-279629, T-279630, T-279631, T-279632,
T-279633, T-279634, T-279635, T-279636,
T-279637, T-279638, T-279639, T-279640,
T-279641, T-279642, T-279643, T-279644,
T-279645, T-279646, T-279647, T-279648,
T-279649, T-279650, T-279651, T-279652,
T-279764, T-279815, T-279817, T-279818,
T-279820, T-279853, T-279854, T-279997,
T-279998, T-279999, T-280006, T-280006,
T-280007, T-280279, T-280341, T-280342,
T-280343, T-280344, T-280345, T-280539,
T-280632, T-280643, T-280649, T-280652,
T-280653, T-280659, T-280688, T-280689,
T-280697, T-280766, T-280853, T-280855,
T-280856, T-280862.
Accionantes:
F.L.T.G. y otros.
Magistrado Ponente:
Dr. A.B.C.
Santafé de Bogotá, D.C., abril catorce (14) de dos mil (2000).
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados A.B.C., A.B. SIERRA y E.C.M., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en única, primera y en segunda instancia por distintos despachos judiciales del departamento de Antioquía en relación con las acciones de tutela impetradas contra el Gobernador de Antioquía por los docentes nacionalizados al servicio de ese departamento.
Pretensiones y hechos.
Los accionantes instauraron acción de tutela contra el Gobernador de Antioquía, con el fin de obtener el amparo de sus derechos al trabajo en condiciones dignas y a la igualdad y, en tal virtud, que se ordene a dicho funcionario disponer el pago de las sumas de dinero que se les adeudan por concepto de primas, creadas por ordenanza de la Asamblea Departamental, que en cada caso se especifican.
Son hechos comunes a todas las demandas los siguientes:
Los accionantes laboran como educadores al servicio del Departamento de Antioquía, adscritos a diferentes centros educativos, y manifiestan que a través de ordenanzas departamentales fueron creadas una serie de primas complementarias de sus salarios.
Durante el año de 1999, solamente les fueron pagadas las primas correspondientes al mes de enero y la prima de vida cara que corresponde al mes de febrero.
De acuerdo a la especialidad y a la zona en donde labora cada uno de ellos, tienen derecho a que se les reconozcan y paguen diferentes primas, según el caso. Dichas primas son las de normalista, licenciatura, aula especial, vida cara, escuela unitaria, difícil acceso, de directores y rectoría.
En un acto de discriminación la administración departamental ha hecho pagos de algunas de las primas a empleados y maestros, sin razón que los justifique.
Conocieron de los procesos de tutela diferentes despachos judiciales del departamento de Antioquía, algunos concedieron el amparo de tutela solicitado y otros lo negaron por considerar que no se presentaba vulneración a los derechos invocados por los actores. En 117 de los procesos en que la tutela fue denegada, el fallo no fue impugnado quedando en firme la decisión.
En los casos en que fue desfavorable la decisión para el gobernador de Antioquía, éste apeló el respectivo fallo y en segunda instancia, en 14 procesos, la decisión fue revocada y se denegó la tutela solicitada, y en 13 procesos la decisión fue confirmada, concediendo el amparo invocado.
Solo en 7 de los casos en que la tutela fue concedida el fallo correspondiente quedó en firme.
En 38 oportunidades el fallo de tutela que negó la protección solicitada, fue confirmado por el juez de segunda instancia.
En 2 eventos en que la decisión fue desfavorable al accionante, el juez de segunda instancia revocó la decisión inicial y concedió el amparo pedido.
Para mayor ilustración sobre las actuaciones judiciales, se anexa un cuadro informativo de las decisiones proferidas en única, primera y segunda instancia recaídas en cada uno de los procesos de tutela en estudio.
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El problema jurídico planteado.
Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela constituye el instrumento procesal adecuado para que los demandantes obtengan el pago de las sumas de dinero que se les adeuda por concepto de primas de diferente naturaleza, que constituyen un complemento salarial.
Solución al problema planteado.
Mediante Sentencia T-376 de marzo 31 de 2000 M.P.A.B.C. , esta Sala de Revisión se pronunció respecto de otras demandas de tutela, relacionadas con los mismos hechos y circunstancias a las aquí planteadas; en consecuencia es del caso reiterar las consideraciones y fundamentos, tenidos en cuenta en dicha oportunidad, para aplicarlas a los casos de que dan cuenta los procesos en referencia. En tales circunstancias cabe recordar que:
"2.1. Según el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es un mecanismo subsidiario de defensa, pues ella sólo procede `cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable'".
"En concordancia con tal disposición, la jurisprudencia constitucional ha establecido que los jueces de tutela no tienen competencia para resolver conflictos jurídicos ocasionados en el incumplimiento de obligaciones de índole laboral, a menos que ello comprometa o amenace el mínimo vital del peticionario, caso en el cual la tutela se torna idónea para que a través de este medio se pueda obtener el pago de aquéllas, aun existiendo otras vías judiciales para lograr ese cometido."
"2.2. Sobre la afectación del mínimo vital o de subsistencia ha dicho la Corte, en reiterada jurisprudencia, que éste se presume afectado, cuando la suspensión en el pago del salario se prolonga indefinidamente en el tiempo, de tal suerte que se coloca al trabajador y a su familia en una situación económica crítica que afecta sus derechos fundamentales y que hace necesaria la intervención rápida y eficaz del juez de tutela para restablecer su goce, correspondiéndole al demandado la demostración de que el peticionario de la tutela cuenta con otros ingresos o recursos, con los cuales pueda atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia."
"2.3. En relación con la procedencia de la acción de tutela frente al pago de obligaciones laborales, esta Corporación en la sentencia de unificación SU-995/99 M.P.C.G.D., expresó:
`b. La acción de tutela sólo procederá como mecanismo para evitar que el trabajador sufra una situación crítica económica y psicológica. Con esta referencia se busca dejar intacta la competencia de la jurisdicción laboral ordinaria, cuando no se trate de situaciones injustificadas, inminentes y graves que hacen urgente la intervención del juez de amparo Se pueden consultar, entre otras, las sentencias: T-225 de 1993 M.P.V.N.M. y T-125 de 1994. M.P.J.G.H.G... Esta Corporación ha dicho al respecto:
La jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en sostener que la liquidación y pago de obligaciones laborales escapa al ámbito propio de la acción de tutela, y si bien es cierto ha admitido su procedencia en algunos casos, ellos han sido excepcionales y, primordialmente, sustentados en la falta de idoneidad del medio ordinario en los términos que se dejan expuestos, relativos siempre de manera específica y directa a las circunstancias en las que se encuentra el actor, lo cual excluye de plano que pueda concederse el amparo judicial para los indicados fines, masiva e indiscriminadamente'" Corte Constitucional Sentencia T-01 de 1997. M.P.J.G.H.G..
"En el mismo fallo se afirma:
`Así, ha encontrado la Corte que puede tutelarse el derecho del trabajador a obtener el pago de su salario cuando resulta afectado el mínimo vital (Cfr. sentencias T-426 del 24. de junio de 1992, T-063 del 22 de febrero de 1995, y T-437 del 16 de septiembre de 1996); que es posible intentar la acción de tutela para que se cancelen las mesadas pensionales dejadas de percibir por una '0 persona de la tercera edad en circunstancias apremiantes y siendo ese su único ingreso (Cfr. sentencias T-426 del 24 de junio de 1992, T-147 del 4 de abril de 1995, T-244 del 1 de junio de 1995, T-212 del 14 de mayo de 1996 y T- 608 del 13 de noviembre de 1996); que cuando la entidad obligada al pago de la pensión revoca unilateralmente su reconocimiento, procede la tutela para restablecer el derecho del afectado (Crf. sentencia T-246 del 3 de junio de 1996); que es posible restaurar, por la vía del amparo, la igualdad quebrantada por el Estado cuando se discrimina entre los trabajadores, para fijar el momento de la cancelación de prestaciones, favoreciendo con un pago rápido a quienes se acogen a determinado régimen y demorándolo indefinidamente a aquellos que han optado por otro (Cfr. sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996); que resulta admisible la tutela para `eliminar las desigualdades generadas por el uso indebido de los pactos colectivos de trabajo con el objeto de desestimular la asociación sindical' (sentencia SU-342 del 2 de agosto de 1995, M .P.A.B.C. Resalta la Sala.'"
"2.4. Analizadas las demandas, se pone de presente que en ellas los demandantes no solicitan el pago de sus salarios, sino de algunas primas que tienen el carácter de complementos salariales; de donde se deduce que la administración departamental ha cumplido sus obligaciones en relación con el pago de salarios. Tampoco se afirma por los demandantes que se les haya afectado el mínimo vital con el no pago de las primas reclamadas; ni dentro del proceso existe prueba alguna que permita a la Sala inferir que se ha afectado el referido mínimo."
"La demostración de la lesión del mínimo vital es una condición necesaria para la procedencia de la acción y para que se puedan despachar favorablemente las pretensiones de los actores."
"Además, con las declaraciones de algunos de los demandantes y la información suministrada por el Tesorero General del Departamento, se pudo establecer que el mínimo vital de estas personas no está comprometiendo, toda vez que están recibiendo el pago oportuno de sus salarios y de las otras acreencias laborales legales, adeudándoseles solamente las primas extralegales."
"En cuanto a la alegada violación del derecho a la igualdad, tampoco se ha establecido discriminación alguna por la administración departamental, si se tiene en cuenta que a las personas a quienes no se les ha cancelado esas primas son educadores nacionalizados al servicio del Departamento de Antioquía, que se les paga con recursos provenientes del situado fiscal, a diferencia de los educadores departamentales y municipales a quienes si se les ha pagado, pero con cargo a los presupuestos del departamento o de cada municipio."
En tales circunstancias, la tutela resulta ser un mecanismo inadecuado para obtener el pago de las referidas primas, dado que el incumplimiento de la administración no configura una vulneración o lesión de su mínimo vital, definido éste como `los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a la salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano Sentencias T- 246 de 1992; T- 366 de 1998, entre otras)'.
En consecuencia, los demandantes tienen expeditos los instrumentos procesales alternativos, el proceso ejecutivo laboral, o la acción contenciosa administrativa, previo agotamiento de la vía gubernativa, para obtener la protección de sus derechos.
Por lo anterior, se confirmarán las sentencias que denegaron las pretensiones de tutela y se revocarán las sentencias que accedieron a estas.
En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
PRIMERO. REVOCAR los fallos de tutela proferidos por los juzgados Sexto Civil Municipal de Medellín (T-274249, T-274250), Veintiuno Penal Municipal de Medellín (T-274980), Promiscuo Municipal de Cáceres (T-276388), Civil del Circuito de Santuario (T-275554, T-275555, T-275556, T-275557, T-275558, T-275559, T-275560, T-279510, T-279511, T-279512, T-280,649), Primero Civil del Circuito de Medellín (T-277588, T-280539), Octavo Civil del Circuito de Medellín (T-278943) y Promiscuo de Familia de Santuario (T-279232, T-279233, T-279234, T-279235), que concedieron la protección a los derechos impetrados. En consecuencia confirmase los fallos de tutela proferidos en primera instancia, dentro de los procesos (T-278943, T-280649), por los juzgados Cuarto Civil Municipal de Medellín y Promiscuo Municipal de Puerto Triunfo, respectivamente, que denegaron la protección de tutela solicitada.
SEGUNDO. CONFIRMAR los fallos de tutela que denegaron la protección de tutela solicitada, proferidos por los siguientes despachos judiciales: Juzgados Veintiuno Penal del Circuito de Medellín (T-271998), Segundo Civil del Circuito de Medellín (T-274208, T-274209), Promiscuo Municipal de Ebéjico (T-274238, T-274239, T-276752), Segundo Penal Municipal de Caucásia (T-274511, T-275277), Décimo de Familia de Medellín (T-274514), Treinta y Seis Penal Municipal de Medellín (T-274536, T-274537), Cuarenta Penal Municipal de Medellín (T-274539), Trece Penal del Circuito de Medellín (T-274553, T-275000, T-277170), Diecisiete Civil Municipal de Medellín (T-274677, T-275741, T-275742), Promiscuo Municipal de Arboletes (T-274918), Quinto Civil Municipal de Medellín (T-275007, T-275008), Décimo Penal del Circuito de Medellín (T-275009), Noveno Civil Municipal de Medellín (T-275161, T-279508), Segundo Civil Municipal de Medellín (T-275227, T-275228, T-279504), Treinta y Nueve Penal Municipal de Medellín (T-275246), Dieciséis Civil del Circuito de Medellín (T-275260), Doce Penal del Circuito de Medellín (T-275295), Dieciocho Penal del Circuito de Medellín (T-275297), Quince Civil Municipal de Medellín (T-275514), Primero de Familia de Medellín (T-275521, T-279764), Catorce Civil del Circuito de Medellín (T-275522), Once Penal del Circuito de Medellín (T-275537), Diecinueve Penal Municipal de Medellín (T-275564, T-278924, T-279853, T-279854), Noveno Penal del Circuito de Medellín (T-275569), Cuarto Penal del Circuito de Medellín (T-275684, T-275685), Cuarto Laboral del Circuito de Medellín (T-275936, T-275937), Penal del Circuito de Cisneros (T-276052), Civil Municipal de Yarumal (T-276261, T-280652, T-280653), Séptimo Civil del Circuito de Medellín (T-276268), Promiscuo Municipal de Maceo (T-276358), Quinto Civil del Circuito de Medellín (T-276359, T-279815, T-279817, T-279818, T-279820), Segundo Penal del Circuito de Medellín (T-276439), Veinte Penal del Circuito de Medellín (T-276533), Doce de Familia de Medellín (T-276545), Quince Penal Municipal de Medellín (T-276548, T-277319), Veinte Civil Municipal de Medellín (T-276564, T-276566, T-276567, T- 276568, T-276569, T-276573, T-276574, T-276575, T-276576, T-276577), Treinta y Ocho Penal Municipal de Medellín (T-277141), Treinta y Tres Penal Municipal de Medellín (T-277171), Segundo Civil del Circuito de Itaguí (T-277184), Décimo Civil del Circuito de Medellín (T-277597), Cuarenta y Uno Penal Municipal de Medellín (T-278539), Décimo Laboral del Circuito de Medellín (T-278664, T-278665, T-278667, T-278668, T-278669, T-278671, T-279258, T-279259, T-279260, T-279261, T-279262, T-279263, T-279568, T-279569, T-279570, T-279571, T-279572, T-279573, T-279574), Promiscuo Municipal de Jardín (T-278787, T-278788, T-278789, T-278790, T-278791), Promiscuo Municipal de C. delP. (T-278830, T-280766), Civil Municipal de Santa Bárbara (T-278833), Civil del Circuito de Caucásia (T-278948), Décimo Civil Municipal de Medellín (T-279209), Civil del Circuito de Yarumal (T-279255, T-279256, T-279257, T-280855, T-280856), Promiscuo del Circuito de El Bagre (T-279626, T-279627, T-279628, T-279629, T-279630, T-279631, T-279632, T-279633, T-279634, T-279635, T-279636, T-279637, T-279638, T-279639, T-279640, T-279641, T-279642, T-279643, T-279644, T-279645, T-279646, T-279647, T-279648, T-279649, T-279650, T-279651, T279652, T-280279), Primero Civil Municipal de Medellín (T- 279997, T-279998, T-279999, T-280005, T-280006, T-280007), Dieciséis Civil Municipal de Medellín (T-280632), Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín (T-280643), Quinto Penal del Circuito de Medellín (T-280688, T-280689), Primero Laboral del Circuito de Medellín (T-280697), Tribunal Superior de Medellín Sala Civil (T-274988, T-275433, T-275434, T-277188), Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral (T-275092, T-278796, T-279525, T-280862), Tribunal Superior de Medellín Sala Familia (T-274679, T-278876, T-278899, T-280853), Tribunal Superior de Antioquía Sala Civil (T-280341, T-280342, T-280343, T-280344, T-280345), Tribunal Superior de Antioquía Sala Laboral (T-274078), y Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal (T- 278367).
TERCERO. Por secretaría general, LÍBRESE la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
C., notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
A.B.C.
Magistrado
A.B. SIERRA
Magistrado
E.C.M.
Magistrado
MARTHA SACHICA DE MONCALEANO
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