Auto nº 602/18 de Corte Constitucional, 19 de Septiembre de 2018
| Número de sentencia | 602/18 |
| Fecha | 19 Septiembre 2018 |
| Número de expediente | ICC-3441 |
| Materia | Derecho Constitucional |
Auto 602/18
Referencia: Expediente ICC-3441
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S.L. de Decisión y el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué.
Magistrada Ponente:
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
La S. Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El 7 de mayo de 2018 el Fondo Nacional del Ahorro, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra Á.V.V. quien para la época de los hechos fungía como Juez de Paz, y el señor J.F.G., quien tiene interés en la decisión a adoptar. El accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por cuanto el señor J.F.G. designó unilateralmente al juez de paz Á.V., cuando la norma indica que debe ser de común acuerdo. Aunado a lo anterior, el juez de paz dictó sentencia en equidad frente al cual, el Fondo interpuso recurso de reconsideración al que no se le dio el trámite correspondiente, alegando que no se pudo configurar el Tribunal de Reconsideración ya que no se podían sufragar los gastos de traslado.
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Por reparto, el conocimiento de la tutela le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S.L. de Decisión, que mediante auto del 8 de mayo de 2018 se declaró sin competencia para asumir el conocimiento del asunto, y remitió el expediente a la oficina de reparto para dar cumplimiento a lo señalado por el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017. Lo anterior, por cuanto la citada norma indica que las acciones de tutela interpuestas contra cualquier autoridad del orden municipal deben ser conocidas por los jueces municipales.
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Al efectuarse nuevamente el reparto, el conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, el cual mediante auto del 15 de mayo de 2018 rechazó la competencia para conocer del caso y ordenó devolver el expediente al Tribunal remisorio, al considerar que este no debió abstenerse de resolver el asunto con base en reglas de reparto, las cuales no autorizan a los jueces a declararse incompetentes para resolver de fondo.
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El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, al recibir nuevamente el expediente de la referencia, en auto del 16 de mayo de 2018 decidió remitirlo de manera inmediata al Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, para que asuma sin más dilaciones el conocimiento del mismo ya que es competencia de los jueces municipales conocer las acciones de tutela en contra de autoridades municipales, como en este caso, un juez de paz.
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Finalmente, el Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué, al recibir por segunda vez la acción de tutela de la referencia, en auto del 17 de mayo de 2018 resolvió proponer conflicto negativo de competencia y remitir la acción constitucional a la Corte Constitucional para lo de su competencia. Esto teniendo en cuenta que no está de acuerdo con que el Tribunal remitente, rechace la competencia para conocer el asunto basándose en las reglas de reparto del Decreto 1983 de 2017.
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[1]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[2], y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevén la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia, y de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[3].
En principio, el presente conflicto de competencia debería ser resuelto por la S. Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué[4]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la S. Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio[5].
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Ahora bien, la Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 superior y 8° transitorio del título transitorio de la Constitución Política, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991 y 53 de la Ley 1922 de 2018[6], existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[7]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[8] y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[9] en los términos establecidos en la jurisprudencia[10].
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Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica, en consecuencia, que no existe fundamento para entender tales reglas de reparto como mandatos procesales de los que dependa la resolución del asunto en sede de instancia, por lo que su aplicación en cuanto tales se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia[11].
En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, está prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto.
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De conformidad con lo expuesto, la S. Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión tomó las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017, para declararse incompetente y no pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo.
ii. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión aplicó una regla de reparto que no desplaza su competencia y afecta la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección a los derechos fundamentales de la accionante.
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela presentada por el Fondo Nacional del Ahorro es a quien primero se repartió la misma, esto es, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión.
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Con base en los anteriores criterios, la S. Plena dejará sin efectos los Autos del 8 y 16 de mayo de 2017 proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S.L. de Decisión, y ordenará que se le remita el expediente para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por el Fondo Nacional del Ahorro contra Á.V.V., Juez de Paz y el señor J.F.G., quien tiene interés en la decisión a adoptar.
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Asimismo, la S. advertirá al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión que en lo sucesivo se abstenga de proceder como lo hizo, en tanto ello desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTOS los Autos del 8 y 16 de mayo de 2017 proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión dentro del expediente ICC-3441.
SEGUNDO.- REMITIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión el expediente ICC-3441 para que, de manera inmediata, inicie el trámite y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela interpuesta por el Fondo Nacional del Ahorro contra Á.V.V., Juez de Paz, y el señor J.F.G..
TERCERO.- ADVERTIR al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, S. Laboral de Decisión que en lo sucesivo se abstenga de suscitar conflictos de competencia con base en las reglas de reparto, en tanto ello desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
CUARTO.- ORDENAR que por Secretaría General se comunique la decisión adoptada en esta providencia a la parte actora y al Juzgado Once Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Ibagué.
N., comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrado Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[2] Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[3] Autos 159A y 170A de 2003.
[4] Artículo 18 de la Ley 270 de 1996. “CONFLICTOS DE COMPETENCIA. (…)Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las S.s Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación”.
[5] Para esta Corporación, tal interpretación no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura -S. Jurisdiccional Disciplinaria-, la competencia para dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones. En estos casos se presenta un conflicto de competencias dentro de la jurisdicción constitucional y, por lo tanto, no es relevante que las autoridades judiciales involucradas pertenezcan a jurisdicciones diferentes, pues a todas ellas es común su pertenencia a la constitucional.
[6] El artículo 53 de la Ley 1922 de 2018 es del siguiente tenor: “Cuando la acción de tutela se interponga contra una providencia proferida por la Sección de Revisión corresponderá conocer de ella a la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. La segunda instancia, a la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en la eventualidad de que la Sección de Apelación se encontrare impedida (…)”.
[7] Cfr. Auto 493 de 2017.
[8] El artículo transitorio 8 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2017, que incorporó un título transitorio a la Constitución Política de Colombia de 1991, dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas.”(negrillas fuera del texto original)
[9] Ver, entre otros, los Autos 486 y 496 de 2017.
[10] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico”. (negrillas fuera del texto original)
[11] Véanse, entre muchos otros, los autos 105 de 2016 (MP L.E.V.S., 157 de 2016 (MP A.L.C., 007 de 2017 (MP J.I.P.P., 028 de 2017 (MP Gloria S.O.D., 061 de 2017 (MP A.A.G., 072 de 2017 (MP L.E.V.S., 171 de 2017 (MP Gloria S.O.D., 064 de 2018 (MP A.J.L.O.) y 172 de 2018 (MP Alberto Rojas Ríos).
