Auto nº 784/18 de Corte Constitucional, 5 de Diciembre de 2018
| Ponente | :ALBERTO ROJAS RÍOS |
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2018 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3506 |
Auto 784/18
Referencia: Expediente ICC-3506
Conflicto de competencia entre el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C., y el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C..
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá, D.C., cinco (05) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
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El 6 de agosto de 2018, la señora L.M.N.M., quien es víctima de desplazamiento forzado y se encuentra domiciliada en el Municipio de Valledupar, mediante apoderado, presentó acción de tutela en contra de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) al considerar vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, a la reparación integral, al mínimo vital, el “derecho fundamental a la primacía de los derechos de la persona y la protección de la familia”, a la verdad y a la justicia[1].
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La petición se sustenta en que la UARIV le asignó ayuda humanitaria, la cual, hace más de cuatro años no le ha sido entregada[2]. Igualmente, sostiene que, en agosto del año 2015, la UARIV realizó una visita para establecer si la señora L.M.N.M. tiene derecho a acceder al programa “PARI”[3]. Sin embargo, la accionante no ha recibido ninguna notificación sobre dichas actuaciones[4]. Por estos hechos, solicita que la UARIV o quien corresponda entregue la indemnización y/o reparación administrativa a que tiene derecho la señora L.M.N.M. en virtud de ser víctima del conflicto armado interno[5]; en caso de no proceder con lo anterior, se proceda a continuar con el pago de la ayuda humanitaria[6]; además, solicitó ordenar visitas por parte de la UARIV para que constaten la precaria situación de la accionante[7].
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El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., instancia a la que correspondió el reparto del asunto[8], por medio de Auto del 13 de agosto de 2018[9], declaró su falta de competencia para pronunciarse sobre el asunto. Indicó que la UARIV es una “entidad descentralizada por servicios, encargada de definir la entrega de las ayudas humanitarias a la población desplazada y víctima del conflicto armado, función que cumple a través de sus entidades territoriales”, de manera que, con base en el artículo 1º, numeral 1 del Decreto 1983 de 2017”[10], sostuvo que no tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Por ello, “rechazó de plano” la acción de tutela y envió la actuación judicial para que sea repartido el proceso entre los Jueces Civiles Municipales de Valledupar, C.[11].
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El 31 de agosto de 2018, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C., mediante Auto, rechazó de plano la competencia para decidir la tutela de la referencia[12]. Consideró que, en virtud del artículo 1º numeral 2 del Decreto 1983 de 2017, le corresponde a los Juzgados del Circuito de Valledupar conocer de las acciones de tutela contra la UARIV[13], toda vez que esta “es una entidad pública de orden nacional organizada como unidad administrativa, especializada y descentralizada por servicios, que tiene a su cargo la coordinación territorial del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV), lo cual hace que las tutelas presentadas en su contra sean de competencia a prevención de los JUECES DEL CIRCUITO (…)”. Por lo anterior, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C., rechazó la acción de tutela por falta de competencia y ordenó que la solicitud de tutela fuera remitida al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., por ser éste el competente de acuerdo con el artículo 1, numeral 2 del Decreto 1983 de 2017.
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En virtud de lo anterior, mediante auto del 13 de septiembre del 2018[14], el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., ordenó remitir la solicitud de tutela a la Corte Constitucional para que ésta sea quien resuelva el conflicto negativo de competencias planteado[15].
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La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[16]. Asimismo, que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[17] y, en consecuencia, sólo se activa en aquellos casos en que las normas de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevean la autoridad encargada de asumir el trámite, o, en aquellos casos en los que, a pesar de encontrarse prevista, se requiere dar aplicación a los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[18].
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En principio, los despachos involucrados pertenecen a la jurisdicción ordinaria, tienen distinta categoría y hacen parte del mismo distrito judicial, situación que enmarca el conflicto de competencia suscitado entre estas, en uno de los supuestos contenidos en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996[19], cuya resolución le corresponde a una de las Salas Mixtas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela, y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.
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La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio del título transitorio de la misma, así como los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos[20]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[21]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de la impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[22] en los términos establecidos en la jurisprudencia[23].
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De lo anterior se deriva, de acuerdo con el claro criterio jurisprudencial consolidado a partir de la reiteración pacífica de esta Corporación, que las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que lo dispuesto en el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales en oposición a la garantía, principalmente, del derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.
En razón de ello, el parágrafo segundo del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con base en la inobservancia de las reglas de reparto[24].
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional constata que en el presente caso:
i. Se presentó un conflicto aparente de competencia, pues el Juzgado Segundo Penal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C., y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C., tomando las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015[25] (anteriormente artículo 1 del Decreto 1382 de 2000) argumentaron su falta de competencia y, por tanto, se rehusaron a tramitar la acción de tutela promovida por la ciudadana L.M.N.M., mediante apoderado judicial.
ii. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., al aplicar una regla de reparto que no desplaza su competencia, afectó la celeridad y eficacia en la administración de justicia, así como la protección de los derechos fundamentales de la accionante[26].
iii. La autoridad competente para resolver la acción de tutela instaurada por la señora L.M.N.M., mediante apoderado judicial, es aquella a la que se repartió en primer término la solicitud, esto es, al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C..
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el Auto del 13 de agosto de 2018 y el Auto del 13 de septiembre de 2018 proferidos por el Juzgado Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., dentro de la acción de tutela formulada por L.M.N.M., mediante apoderado judicial, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) y remitirá el expediente ICC-3506 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Adicionalmente, la Sala advertirá al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C. y al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C., que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto contenidas en los artículos 2.2.3.1.2.1. al 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, modificados por el Decreto 1983 de 2017, en la medida que las decisiones de este tipo se oponen a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
Finalmente, se advertirá al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C. (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018[27].
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTOS los Autos del 13 de agosto de 2018 y del 13 de septiembre de 2018, proferidos por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., dentro de la acción de tutela formulada por la ciudadana L.M.N.M., mediante apoderado judicial, contra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV).
SEGUNDO. - REMITIR el expediente ICC-3506, que contiene la acción de tutela formulada por la ciudadana L.M.N.M., mediante apoderado judicial, en contra de Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C., para que, de manera inmediata, tramite y adopte decisión de fondo a que haya lugar.
TERCERO.- ADVERTIR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C. y al Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C., que, en lo sucesivo, se abstengan de argumentar su falta de competencia con fundamento en las reglas de reparto contenidas en los artículos 2.2.3.1.2.1 al 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, modificados por el Decreto 1983 de 2017, en la medida que las decisiones de este tipo se oponen a la jurisprudencia reiterada y vinculante de la Corte Constitucional.
CUARTO.- ADVERTIR al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Valledupar, C. (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550 de 2018.
QUINTO. - Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Presidente
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] F. 4 y 5 del escrito de tutela.
[2] F. 2 del escrito de tutela.
[3] F. 2 del escrito de tutela.
[4] F. 2 del escrito de tutela.
[5] F. 4 del escrito de tutela.
[6] F. 4 del escrito de tutela.
[7] F. 4 del escrito de tutela.
[8] F. 29 del cuaderno de Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C..
[9] F. 30 del cuaderno de Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C..
[10]. “1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.” N. fuera de texto.
[11] F. 30 del cuaderno de Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C..
[12] F. 30 del cuaderno de Juzgado Segundo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, C..
[13] F. 31 del cuaderno del Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.
[14] F. 36 del cuaderno de Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C..
[15] F. 36 del cuaderno de Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar, C..
[16] Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 122 de 2004, 280 de 2006, 031 de 2008, 244 de 2011, 218 de 2014, 492 de 2017, 565 de 2017, 178 de 2018, entre otros.
[17] Autos 170A de 2003 y 205 de 2014, entre otros.
[18] Autos 159A y 170A de 2003.
[19] ARTÍCULO 18. CONFLICTOS DE COMPETENCIA. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación. // Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación. (N. fuera del texto).
[20] Cfr. Auto 493 de 2017.
[21] Incorporado por el Acto Legislativo 01 de 2017 dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original). Cfr. Auto 021 de 2018.
[22] Ver, entre otros, los Autos 486 y 496 de 2017.
[23] De conformidad con lo dispuesto en, entre otros, el Auto 655 de 2017, debe entenderse que por la expresión “superior jerárquico correspondiente”: “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). Asimismo, en el Auto 225 de 2018 la Sala Plena precisó que el factor funcional debe entenderse en razón del factor territorial, a fin de que el juez que decida la impugnación de la tutela no solo tenga formalmente la competencia – de acuerdo con el régimen legal aplicable – sino que materialmente cumpla con el factor territorial –lugar donde se generó la vulneración o donde se extienden los efectos de ésta acorde con lo previsto en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991–.
[24] Ver, entre otros, los autos 105 de 2016. M.P.L.E.V.S.; 157 de 2016. M.P.A.L.C.; 007 de 2017. M.P.J.I.P.P.; 028 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 030 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 052 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 059A de 2017. M.P.J.I.P.P.; 061 de 2017. M.P.A.A.G.; 063 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 064 de 2017. M.P.M.V.C.C.; 066 de 2017. M.P.A.L.C.; 067 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 072 de 2017. M.P.L.E.V.S.; 086 de 2017. M.P.A.J.L.O.; 087 de 2017 M.P.G.S.O.D.; 106 de 2017. M.P.I.H.E.M.; 152 de 2017. M.P.A.L.C.; 171 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 197 de 2017. M.P.G.S.O.D.; 332 de 2017. M.P.G.S.O.D.; y 325 de 2018. M.P.D.F.R..
[25] Tras la modificación realizada por el Decreto 1983 de 2017.
[26] Se ha interpretado por esta jurisdicción que el término “a prevención”, contenido en los artículos 37 del Decreto 2591 de 1991 y 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (anteriormente artículo 1 del Decreto 1382 de 2000), implica que cualquiera de los jueces que sea competente, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 86 constitucional y 37 del Decreto 2591 de 1991, está autorizado para conocer de la acción de tutela. En consecuencia, es prohibido que los jueces promuevan conflictos aparentes de competencia en las acciones de tutela, con el argumento de que la oficina judicial no respeta la especialidad del juez o las reglas de reparto.
[27] MP. A.L.C..
