Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00561-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 19 de Septiembre de 2019 (caso SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2008-00561-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 19-09-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Fecha | 19 Septiembre 2019 |
| Número de expediente | 25000-23-26-000-2008-00561-01 |
| Normativa aplicada | CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 129 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 77 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 78 / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 124 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 91 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 83 |
ACCIÓN DE REPETICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, ( ) habida cuenta de que, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, los procesos de repetición se tramitarán ante el juez o Tribunal que haya conocido del proceso antecedente, con independencia de la cuantía y, en segunda instancia, ante su superior jerárquico. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar auto del 21 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), M.P.: M.F.G..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 129
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / LEY 678 DE 2001/ CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PAGO / DERECHO DE ACCIÓN / PRUEBA DEL PAGO
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 2002, declaró exequible de forma condicionada la norma, bajo el mismo entendido indicado en la sentencia C-832 de 2001, esto es, que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordenaba el pago. ( ) De conformidad con lo anteriormente expuesto, en el presente caso es necesario determinar en principio- cuándo se produjo el pago de la indemnización impuesta por la jurisdicción en la sentencia condenatoria a la entidad pública, el cual no sólo tiene incidencia para acreditar uno de los requisitos para la prosperidad de la acción de repetición, sino que, a la vez, es un aspecto fundamental para verificar el presupuesto procesal del ejercicio oportuno del derecho de acción. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional C394 de 2002 y C-832 de 2001 y del Consejo de Estado, auto del 21 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), M.P.: M.F.G. y sentencia de 31 de agosto de 2006, Expediente No. 28448, C.R.S.C.P..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / LEY 446 DE 1998 ARTÍCULO 44 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 177 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 77 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 78
ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Esta acción, como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, de manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho. ( ) En tal sentido, la acción de repetición fue consagrada en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000, como un mecanismo para que la entidad condenada judicialmente en razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo, pueda solicitar de éste el reintegro de lo que hubiere pagado como consecuencia de una sentencia o de una conciliación o de otra forma de terminación de un conflicto. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 36310, C.P.: H.A.R..
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 78
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / LEY 678 DE 2001 / DOLO / CULPA GRAVE / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / MEDIDAS CAUTELARES
La Ley 678 de 2001 reguló tanto los aspectos sustanciales como los procesales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía. Con tales propósitos fijó, bajo la égida de los primeros, generalidades como el objeto, la noción, las finalidades, el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con obvias incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso; y con los segundos, reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad de la acción, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REGULACIÓN NORMATIVA / LEY 678 DE 2001 / TRÁNSITO LEGISLATIVO / APLICACIÓN DE LA NORMA A FUTURO
Así las cosas, para dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. Sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos. ( ) De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 124 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 90
PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / BUENA FE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe, contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 31 de agosto de 1999, exp. 10865, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 91 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 83
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE LA CONDENA JUDICIAL / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CULPA GRAVE DETERMINANTE / DOLO DETERMINANTE
Ahora bien, la prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / BUENA FE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
En relación con lo anterior, es preciso poner de presente el criterio de esta Subsección acerca del alcance probatorio en los juicios de repetición en relación con las posibles conductas dolosas o gravemente culposas de los demandados- de las sentencias que condenan al Estado en el curso de un trámite ordinario ( ) De conformidad con la pauta jurisprudencial en cita, la sentencia condenatoria del 1° de marzo de 2007, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solo constituye prueba de que se declaró la nulidad de la Resolución 0147 del 13 de junio de 2002, por falsa motivación del acto que declaró insubsistente el nombramiento del señor ( ) del cargo de médico especialista, código 301, grado 09, del área de servicios quirúrgicos, división hospitalización subdirección prestación de servicios de salud, pero en ningún modo demuestra la conducta gravemente culposa que se le pretende endilgar ( ) NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de 27 de marzo de 2014; Exp. 38455; C.M.F.G..
ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL DOLO / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / PRESUNCIÓN LEGAL / LEY 678 DE 2001
En relación con el uso de la institución de las presunciones en materia probatoria, la Subsección ha acogido el criterio conforme al...
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