Auto nº 598/19 de Corte Constitucional, 5 de Noviembre de 2019
| Ponente | :Alberto Rojas Ríos |
| Fecha de Resolución | 5 de Noviembre de 2019 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | ICC-3749 |
Auto 598/19
Referencia: Expediente ICC-3749
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. y el Juzgado Cuarto Penal Municipal de T. -Valle del Cauca-.
Magistrado Ponente:
ALBERTO ROJAS RÍOS
Bogotá D.C., cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el siguiente
AUTO
-
El ciudadano J.R.P.M., actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Nueva E.P.S., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la seguridad social, como consecuencia de la negativa por parte de la Nueva EPS de remitirlo a cita médica con el médico con el que venía siendo atendido desde hace 10 años.
-
Por reparto, el conocimiento de la tutela le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de T., quien, a través de Auto del 30 de agosto de 2019, decidió no avocar conocimiento de la acción de tutela, al considerar que de conformidad con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, al ser la Nueva E.P.S. una entidad de carácter privado le correspondía por reparto conocer en primera instancia a los jueces municipales, por lo cual ordenó que el expediente fuera repartido entre las autoridades judiciales con esta categoría en el municipio de T..
-
Con posterioridad, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de T. -Valle del Cauca-, a través de Auto del 3 de septiembre de 2019, señaló que el juez al que fue repartido en un primer momento la acción de tutela no podía aducir reglas de reparto para desprenderse del conocimiento de la misma, esto de conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, afirmó que el argumento dado por el juez de primera instancia resulta errado debido a que la Corte Constitucional ha reiterado que la Nueva EPS es una entidad que conforma el sector descentralizado por servicios del orden nacional, por lo que corresponde el conocimiento de las acciones de tutelas contra dicha entidad a los jueces del circuito[1].
Por lo mencionado, decidió “aceptar el conflicto negativo de competencia”[2] y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo dirima.
-
Esta Corporación ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela le corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996[3]. Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual[4]. En consecuencia, la Corte ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018[5], que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen la acción de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales[6].
En este sentido, si bien el conflicto aparente de competencia debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en razón a que las autoridades involucradas pertenecen al mismo distrito judicial[7]. En aplicación de los mencionados principios de celeridad y eficacia, este Tribunal, en su calidad de órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional y de su competencia residual, asumirá su estudio para evitar que se dilate más el trámite del proceso de tutela.
-
La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución y 8° transitorio de su título transitorio adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2017, y los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se producen sus efectos, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[8]; (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz[9]; y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación de una sentencia de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” en los términos establecidos en la jurisprudencia[10].
-
Por otro lado, esta Corporación ha señalado que la aplicación de las reglas previstas en el Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y recientemente modificadas por el Decreto 1983 de 2017 “por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”, no autorizan al juez de tutela para abstenerse de conocer de los asuntos de amparo que le son asignados, en la medida en que únicamente se refieren a reglas administrativas de reparto, pero no hacen alusión a la competencia de las autoridades judiciales.
-
En razón a ello, el parágrafo segundo del Decreto 1983 de 2017, dispone que “las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia". Así las cosas, es preciso destacar que las mencionadas disposiciones conservan la naturaleza de reglas de reparto en las acciones de tutela y, en esa medida, no precisan reglas de competencia en virtud de las cuales se pueda promover un conflicto de competencia.
De conformidad con lo expuesto, la Sala Plena constata que en el presente caso:
i. Se configuró un conflicto aparente de competencia, debido a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca- decidió aplicar las reglas de reparto contenidas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1983 de 2017 para abstenerse de conocer de la tutela en mención, otorgando un alcance equivocado a las disposiciones contenidas en dicho instrumento jurídico. Vale destacar que esta norma contiene tan solo pautas de reparto, más no integra mandatos procesales en materia de competencia; motivo por el cual, al ser aplicadas erradamente, perturban la celeridad y eficacia en la administración de justicia y la protección inmediata de los derechos fundamentales del accionante.
ii. En esa medida, la Sala considera que la autoridad competente para conocer y resolver la acción de tutela presentada por J.R.P.M. contra la Nueva EPS, es aquella a la que se repartió en un primer momento, esto es, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca-.
Con base en los anteriores criterios, la Sala dejará sin efectos el Auto proferido el 30 de agosto de 2019 por el el Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca-, dentro de la acción de tutela presentada por J.R.P.M. contra la Nueva EPS y remitirá el expediente ICC-3749 al mencionado despacho judicial, para que, de manera inmediata, tramite y adopte la decisión de fondo a que haya lugar.
Además, se advertirá al Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca- que debe abstenerse de negar su competencia en las acciones de tutelas que le sean repartidas con base en las reglas contenidas en el Decreto 1983 de 2017.
Así mismo, advertirá al Juzgado Cuarto Penal Municipal de T. (autoridad que remitió el expediente de la referencia a esta Corporación) que este tipo de conflictos deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual es menester que observe las reglas previstas en la jurisprudencia de esta Corporación y compiladas en el Auto 550 de 2018.
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
Primero. - DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 30 de agosto de 2019 por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca-, mediante el cual se declaró sin competencia dentro del trámite de la acción de tutela presentada por J.R.P.M. contra la Nueva EPS.
Segundo. - REMITIR el expediente ICC-3749 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca-, para que, de forma inmediata, tramite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado.
Tercero. ADVERTIR al Juzgado Segundo Civil del Circuito de T. -Valle del Cauca- que, en lo sucesivo, se abstenga de negar su competencia para el conocimiento de las acciones de tutela que les son repartidas con base en las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1983 de 2017.
Cuarto. ADVERTIR al Juzgado Cuarto Penal Municipal de T., que los conflictos que se susciten dentro del trámite de una acción de tutela deben ser resueltos, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual es menester que observe las reglas previstas en la jurisprudencia de esta Corporación y compiladas en el Auto 550 de 2018.
Quinto. – Por la Secretaría General de la Corporación, COMUNICAR a la parte accionante y al Juzgado Cuarto Penal Municipal de T. –Valle del Cauca- la decisión adoptada en esta providencia.
N., comuníquese y cúmplase.
GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta
CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ
Magistrado
ALEJANDRO LINARES CANTILLO
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Magistrado
ALBERTO ROJAS RÍOS
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ
Secretaria General
[1] Decreto 1983 de 2017, artículo 1, numeral 2°: “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los jueces del Circuito o con igual categoría.”
[2] Se aclara que el juez al que se repartió en un primer momento la acción de tutela no propuso preventivamente el conflicto de competencia, en este caso, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de T. resolvió aceptar un conflicto de competencia que no había sido propuesto.
[3] Ver, entre otros, los autos 014 de 1994. M.J.A.M.; 087 de 2001. M.M.J.C.E.; 122 de 2004. M.M.J.C.E.; 280 de 2006. M.Á.T.G.; 031 de 2008. M.M.G.C.; 244 de 2011. M.M.V.C.C.; 218 de 2014. M.M.V.C.C.; 492 de 2017. M.C.B.P.; 565 de 2017. M.C.B.P.; 178 de 2018. M.A.R.R.; y 325 de 2018. M.D.F.R..
[4] Autos 170A de 2003. M.E.M.L.; y 205 de 2014. M.M.V.C.C., entre otros.
[5] M.A.L.C..
[6] Autos 159A de 2003. M.E.M.L.; y 170A de 2003. M.E.M.L..
[7] Dicha regla se encuentra definida en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, inciso segundo, de conformidad con el cual: “Artículo 18. Conflictos de competencia. Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo Distrito, serán resueltos por el mismo Tribunal Superior por conducto de las Salas Mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la Corporación.”
[8] Ver, por ejemplo, el auto 493 de 2017. M.L.G.G.P..
[9] El artículo 8º transitorio del título transitorio de la Constitución Política de Colombia de 1991 (introducido por el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017) dispone: “Las peticiones de acción de tutela deberán ser presentadas ante el Tribunal para la Paz, único competente para conocer de ellas” (negrillas fuera del texto original).
[10] De conformidad con lo dispuesto, entre otros, en el auto 655 de 2017 (M.D.F.R., debe entenderse que la expresión “superior jerárquico correspondiente” se refiere a “aquel que de acuerdo con la jurisdicción y especialidad de la autoridad judicial ante la cual se surtió la primera instancia, funcionalmente funge como superior jerárquico” (negrillas fuera del texto original). V. también, por ejemplo, los autos 486 de 2017. M.D.F.R.; y 496 de 2017. M.J.F.R.C..
