Auto nº 297A/20 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 2020

Auto 297A/20

Referencia: improcedencia de continuar con el trámite de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veinte (2020)

La S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por el magistrado L.G.G.P., el magistrado A.L.C. y la magistrada D.F.R., quien la preside,[1] en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente:

AUTO

I.A. y actuaciones adelantadas por la Corte Constitucional

1. En la sentencia T-282 de 2014[2] la S. Novena de Revisión,[3] concedió el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la vida digna, al acceso al agua potable y a la salud, de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacua”.[4] En esa oportunidad, esta Corporación revocó los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo del C. en primera instancia y, por el Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta, en segunda instancia.[5] En su lugar, ordenó al Ministerio de Justicia y del Derecho y al Instituto Nacional Penitenciario y C. (en adelante INPEC), entre otras cosas, suspender la entrada de nuevos internos al establecimiento penitenciario, hasta que se dispusiera todo lo necesario para asegurar el suministro y acceso al agua potable de los accionantes y de todos los internos.[6]

2. Mediante Auto-191 de 2016[7] la S. Novena de Revisión asumió la competencia excepcional para vigilar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-282 de 2014, luego de advertir la constante vulneración de los derechos de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacua” por parte de las autoridades administrativas correspondientes.[8] En consecuencia, declaró el incumplimiento parcial por parte del INPEC y de la Dirección del Establecimiento C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar de las órdenes impartidas en la Sentencia T-282 de 2014 y solicitó, entre otros, sendos informes a la Defensoría del Pueblo y a la Secretaría de Salud de la Gobernación del C.. También ordenó a las entidades correspondientes, (i) establecer cronogramas donde se detallen las acciones encaminadas a hacer efectivo el plan de choque, las gestiones y el plan de trabajo a corto y mediano plazo, tendientes a la realización de las obras correspondientes al nuevo diseño hidráulico en todo el establecimiento carcelario; (ii) diseñar alternativas para mitigar el problema de agua; (iii) establecer un procedimiento expedito para la investigación de las conductas de la guardia del plantel, que puedan ser catalogadas como tortura o penas y tratos crueles inhumanos y degradantes; y (iv) establecer un protocolo a seguir en los casos en los que se lleven a cabo huelgas de hambre, específico para la Cárcel de Valledupar.

3. Posteriormente esta Corporación adelantó las actuaciones que se relacionan a continuación:

   FECHA

   ASUNTO

   25 de mayo de 2016

   El magistrado L.E.V.S. dio respuesta al recluso J.C.P., en atención al escrito presentado el 26 de abril del mismo año, mediante el cual solicitó “se le ‘coadyuve’ en su solicitud de traslado a otra penitenciaría, con ocasión de los hechos que enmarcaron el cambio de lugar de reclusión de la Cárcel de Valledupar a la Penitenciaría de Alta Seguridad de Combita”, informando que no se encuentra entre las competencias legales de esta Corporación, coadyuvar las solicitudes de traslado de reclusos a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y C. -INPEC, pues esto corresponde, en su autonomía y de acuerdo al ordenamiento, a dicho ente gubernamental.

   No obstante, afirmó que en razón a que el solicitante se encontraba recluido en la Cárcel de Valledupar e hizo parte de los accionantes en la Sentencia T-282 de 2014, de la cual la S. Novena de Revisión mediante Auto Nº 191 de mayo 02 de 2016 asumió su competencia excepcional para hacer el seguimiento a su cumplimiento, informó que, en dicha providencia, “en razón a las circunstancias en las cuales se dio su traslado, la S. dispuso… SOLICITAR a la Procuraduría General de la Nación adelantar si es del caso, las investigaciones que estime pertinentes con ocasión del traslado de los reclusos J.C.P.G. y J.M.Z.P..”

   18 de julio de 2016

   El magistrado L.E.V.S. remitió a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, copia de diferentes escritos presentados por reclusos para que diera trámite a las denuncias expuestas por tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales han sido víctimas por parte del personal de guardia del centro penitenciario.

   26 de julio de 2016

   La S. Novena de Revisión ordenó remitir a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, copia de un escrito allegado por los reclusos, para que se diera trámite a las denuncias expuestas por la supuesta retención de la documentación en el área jurídica y se evaluara la prioridad en la prestación del servicio de salud del interno W.R. de la Cruz Zambrano (T.D. 5808). Asimismo, remitió copia de tal comunicación a la Defensoría del Pueblo Regional Valledupar, para lo de su competencia.

   27 de octubre de 2016

   El magistrado L.E.V.S. solicitó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, realizar informe sobre las condiciones en las que se encontraban los internos de la correspondiente institución penitenciaria y carcelaria en ese momento.

   18 de enero de 2017

   La magistrada M.V.C. Correa, dio respuesta a la consulta efectuada por la Coordinación de Procuradores Judiciales Penales y Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado de Valledupar, el Procurador 401 Judicial I Penal, el D. General del Inpec y la D.a de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, relacionada con que “se estudie la viabilidad de permitir el ingreso de la población privada de la libertad, al Establecimiento Penitenciario y C. de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, en 308 cupos disponibles, sin afectar la regla de equilibrio ordenada por la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el hacinamiento en otros establecimientos carcelarios especialmente en la Cárcel judicial, en la permanente de la policía y en la URI, inclusive en los comandos de policía de otros municipios del C. van en contra de los derechos fundamentales de los internos.” En dicha contestación se señaló que el cumplimiento de las providencias judiciales es un deber de las autoridades, el cual es menester acatar acorde con sus facultades y competencias constitucionales, legales y reglamentarias. Así, en cada caso concreto le corresponde a la autoridad obligada con una decisión judicial, valorar la manera más adecuada de hacerla efectiva.

   En relación con la Sentencia T-388 de 2013, adujo que en tal providencia, se determinó tutelar los derechos a la dignidad humana, al agua, a la integridad personal, a la salud y a un ambiente sano de 71 accionantes y de las demás personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario y C. de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, comúnmente conocido como “‘La Tramacua’, sentido en el que se impartieron órdenes específicas, además de las otras disposiciones con carácter general, entre las cuales se destaca “ordenar a la Dirección de la Cárcel La Tramacua que no supere la capacidad máxima de cupos dispuestos. Para tal efecto, no se podrá trasladar personas de otros centros de reclusión, por ejemplo, si la capacidad máxima ya fue alcanzada” y ordenó aplicar la regla de equilibrio para impedir que el establecimiento carcelario supere su capacidad permitida.

   Por lo tanto, consideró que le correspondía a la Dirección de la Cárcel “La Tramacua” garantizar que los problemas generales de hacimiento no afecten al establecimiento penitenciario y carcelario, lo cual supone evitar que se supere la capacidad máxima de cupos disponibles. En ese orden, señaló que una vez logrado lo anterior, cualquier decisión sobre traslado interno de personas privadas de la libertad será competencia exclusiva de las autoridades penitenciarias y carcelarias respectivas.

   23 de febrero de 2017

   El magistrado L.E.V.S. con fundamento en peticiones presentadas por los internos, solicitó, a la Procuraduría General de la Nación, informar las actuaciones desplegadas con el fin de dar cumplimiento a la solicitud realizada por la Corte respecto las investigaciones adelantadas con ocasión del traslado de los reclusos J.C.P.G. y J.M.Z.P..

   23 de febrero de 2017

   La S. Novena de Revisión solicitó a la Defensoría del Pueblo del C., (i) disponer lo necesario para realizar una visita al Establecimiento Penitenciario y C. de Valledupar, informando detalladamente a la Corte, sobre las actuales condiciones del suministro de agua a la población reclusa, el estado de las placas que soportan los tanques de almacenamiento de agua en la torre Nº 8, como la infraestructura de las celdas de la torre Nº 3 y 9, información soportada con registro fotográfico; (ii) verificar la atención médica respecto a las enfermedades de las personas recluidas[9] en el centro penitenciario; y (iii) entregar el informe trimestral referente al estado actual de las obras y verificar si hay internos de mediana seguridad que se encuentran ubicados en pabellones destinados a aquellos clasificados en alta seguridad.

   En la misma providencia se solicitó a la Dirección del Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, informar si “el D.G.B.” presenta denuncias reiteradas por violación de Derechos Humanos de la población reclusa y el estado de las investigaciones que se han adelantado al respecto. Asimismo, informar si algunos de los internos[10] se encuentran clasificados en mediana seguridad y si la torre a la cual estan asignados corresponde a dicho nivel de seguridad.

4. Mediante Auto del 13 de marzo de 2019, la Magistrada sustanciadora en atención a que en la Sentencia T- 282 de 2014 y posteriormente en el Auto 191 de 2016, se adoptaron decisiones que atañen directamente al Establecimiento Penitenciario y C. de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar “La Tramacua”, centro de reclusión que se encuentra específicamente incluido en la estrategia actual de seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 que declararon y reiteraron el estado de cosas inconstitucional. Remitió a la S. Especial de Seguimiento en materia penitenciaria y carcelaria, los documentos e informes que se relacionan en el cuadro anexo, para que, su conocimiento se subsuma en las medidas pertinentes que operen en función de la superación del estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria.

5. En Auto 337 de 2019[11], la S. Especial de Seguimiento precisó que su competencia no se extiende a la verificación del cumplimiento de las órdenes particulares y concretas proferidas en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, declarativas del estado de cosas inconstitucional, y tampoco a la valoración del cumplimiento de otras providencias de esta Corporación en materia penitenciaria y carcelaria. Lo cual obedece a que la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional presupone una situación masiva y generalizada de desconocimiento de derechos que trasciende los casos concretos, involucra las competencias de autoridades de distintos órdenes y exige la adopción de medidas de distinta naturaleza. Por tal razón, sostuvo que el seguimiento que lleva a cabo la S. Especial no sustituye las funciones asignadas por el ordenamiento jurídico a los jueces de tutela. En particular, la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional no altera la competencia que tienen los jueces constitucionales para constatar el cumplimiento de sus fallos y para adoptar las medidas necesarias que busquen remediar la situación de vulneración de derechos fundamentales en los casos bajo su conocimiento. Ello, aplica incluso, cuando se trata de sentencias de revisión de la Corte Constitucional, tanto en los casos en los cuales la competencia permanece en el juez de primera instancia, como en aquellos en los que esta Corporación decide conservar o reasumir tal competencia de manera excepcional.

6. En consecuencia, la S. Especial de Seguimiento determinó que, en tanto a través del Auto 191 de 2016, la S. Novena de Revisión de Tutelas de la Corte asumió la competencia excepcional para verificar el cumplimiento de las órdenes proferidas por la Sentencia T-282 de 2014, es preciso que esa misma S. decida sobre su competencia para continuar con la labor de verificación del cumplimiento de ese fallo o si, por el contrario, devuelve tal competencia al juez de primera instancia, en este caso, el Tribunal Administrativo del C..

   2. Pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la crisis penitenciaria y carcelaria que afronta nuestro país

7. Mediante Sentencia T-153 de 1998, la Corte Constitucional declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucional (en adelante ECI) ante la crisis penitenciaria que ya para entonces estaba ligada a los elevados índices de hacinamiento. Los esfuerzos de superación del ECI se concentraron en la construcción de nuevos cupos y establecimientos penitenciarios.[12]

8. Aunque la situación había sido parcialmente superada, debido al nuevo aumento de la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad, esta Corte, a través de Sentencia T-388 de 2013, declaró un nuevo ECI en materia penitenciaria y carcelaria.[13] En esa ocasión se revisaron nueve expedientes de acción de tutela, referentes a las violaciones de los derechos a la dignidad humana, a la vida en condiciones dignas, a la integridad personal, a la salud y a la reintegración social de personas privadas de la libertad en seis (6) centros de reclusión del país,[14] los cuales correspondían a los Centros Penitenciarios y C.s de Cúcuta, la Modelo de Bogotá, Bellavista de Medellín, la Tramacúa de Valledupar, San Isidro de Popayán y Barrancabermeja.

9. Posteriormente, mediante Sentencia T-762 de 2015[15] se efectuó un recuento de lo establecido en la providencia T-153 de 1998[16] y se reiteró la decisión T-388 de 2013, donde se recapitularon los factores y elementos que deben concurrir para que el estado de cosas inconstitucional pueda ser declarado a través de una sentencia.[17] Para garantizar el cumplimiento de lo ordenado, la Corte estableció estrategias de seguimiento con participación de los órganos de control y del Gobierno nacional.[18]

10. Con el propósito de hacer más efectiva la valoración y la intervención de la Corte Constitucional en la superación del referido ECI, en sesión del catorce (14) de junio de 2017, la S. Plena designó una S. Especial para asumir el conocimiento del asunto, unificar los seguimientos diseñados y dar solución a la problemática carcelaria que se afronta actualmente.

11. El 10 de agosto de 2017, la S. Especial de Seguimiento solicitó a todas las entidades involucradas, información sobre el proceso de seguimiento ligado a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 que declararon y reiteraron el ECI. En él, enfatizó que el propósito era la identificación de los avances, rezagos y retos de la estrategia aplicada.

12. Finalmente, en Auto 121 del 22 de febrero de 2018,[19] se efectuó el análisis y reorientación de la estrategia de seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria, ello para aumentar los niveles de contraste de información y para concretar los roles, tanto del Gobierno nacional y de los entes de control, como de la Corte Constitucional. En ese orden, se distinguió entre el cumplimiento a las órdenes de la Sentencia y el seguimiento a la estrategia diseñada para superarlo: (i) recordó la naturaleza del ECI y los tipos de seguimiento que la Corte Constitucional ha desplegado en otros casos, para precisar que el seguimiento a la situación en materia carcelaria se hará bajo la modalidad de la búsqueda de mínimos constitucionalmente asegurables para la población. (ii) Definió tales mínimos en materia de: resocialización, infraestructura, salud, alimentación, servicios públicos domiciliarios y derecho de petición, a partir de: a) su contenido normativo y jurisprudencial, b) los deberes del Estado con relación a cada aspecto en particular y c) las limitaciones que ha tenido la estrategia de seguimiento respecto a cada tema. (iii) Se refirió a las limitaciones del seguimiento al ECI en materia penitenciaria y carcelaria que se derivan de los reportes radicados hasta el momento en esta Corporación, y de las respuestas al Auto de petición de información del 10 de agosto de 2017, esto con el propósito de identificar los retos del seguimiento.

13. El 25 de octubre de 2018, la Corte Constitucional llevó a cabo una audiencia pública sobre el ECI y la crisis del Sistema Penitenciario y C., que constituyó un aporte relevante en la etapa de seguimiento a la superación del ECI, y donde se propició un espacio de diálogo entre diferentes actores de la política criminal con relación a logros, estancamientos o retrocesos en la efectiva protección de las personas privadas de la libertad. Tal audiencia se llevó a cabo alrededor de cuatro ejes temáticos: (i) estado actual de la vida en reclusión en Colombia; (ii) medidas contingentes o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad; (iii) estado de los cuatro bastiones del seguimiento; y (iv) coherencia en la política criminal.

    3. El trámite de cumplimiento de los fallos de tutela y el incidente de desacato

14. De acuerdo con los artículos 23, 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,[20] ante el incumplimiento de una decisión proferida en un fallo de tutela, el beneficiario puede acudir ante las autoridades judiciales competentes en aras de asegurar su debida observancia. Para tal efecto, el régimen procesal del juicio de amparo consagra el trámite de cumplimiento y el incidente de desacato. Se trata de un conjunto de instrumentos que pueden operar de forma simultánea o sucesiva, los cuales tienen fundamento en la obligación del Estado de garantizar la efectividad de los fallos que satisfacen el goce pleno de los derechos fundamentales (Art. 2 de la CP), como expresión del derecho de acceso a la administración de justicia o derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 229 de la CP), el cual comprende -como mínimo- (i) el acceso efectivo al sistema judicial, (ii) el desarrollo de un proceso rodeado de todas las garantías judiciales en un plazo razonable, y (iii) la ejecución material del fallo.[21]

15. El trámite de cumplimiento es obligatorio y debe ser iniciado de oficio, aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público. Su propósito es (i) analizar objetivamente si la orden de amparo se ha cumplido -lo cual no implica la determinación de la responsabilidad subjetiva del obligado- y, en caso de que no sea así, (ii) adoptar todas las medidas necesarias para el cabal cumplimiento.[22]

16. Por su parte, el incidente de desacato procede a petición de la parte interesada, a fin de que el juez constitucional, a través de un incidente y en ejercicio de sus potestades disciplinarias, sancione con arresto o multa a quien con responsabilidad subjetiva desatienda las órdenes proferidas en sentencias de tutela.[23] Contra la decisión del incidente de desacato no procede ningún recurso, siendo obligatorio en cambio el grado jurisdiccional de consulta solamente en el caso en que se haya resuelto sancionar a quien ha incumplido la orden de tutela.[24] La naturaleza disciplinaria de la sanción impuesta como consecuencia del incidente de desacato exige que dentro del mismo se respete el debido proceso y que se demuestre la configuración de elementos objetivos y subjetivos para su procedencia.[25]

17. Desde el punto de vista objetivo, el desacato procede cuando (i) no ha sido cumplida la orden dictada en un fallo de tutela; (ii) el cumplimiento ha sido insuficiente o incompleto; (iii) no han sido obedecidas otras decisiones tomadas por el juez en el curso del proceso; (iv) no se obedece la orden judicial dada al demandado de no volver a incurrir en las conductas que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales; o (v) cuando el demandado no cumple dentro de los términos señalados por la providencia judicial.[26]

18. Desde el punto de vista subjetivo, el desacato exige que el incumplimiento debe ser deducido en concreto, en cabeza de las personas a quienes está dirigido el mandato judicial y la actuación intencional o negligente de los funcionarios encargados de dar aplicación a las órdenes contenidas en decisiones de tutela.[27]

19. Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte ha sintetizado las diferencias entre ambos instrumentos de la siguiente manera: (i) el cumplimiento es obligatorio en tanto hace parte de la garantía constitucional, mientras que el desacato es incidental porque se trata de un instrumento disciplinario de creación legal; (ii) la responsabilidad exigida para el cumplimiento es objetiva, la exigida para el desacato es subjetiva; (iii) el cumplimiento es de oficio -aunque puede ser impulsado por el interesado o por el Ministerio Público-, mientras que el desacato es a petición de la parte interesada; y (iv) el trámite del cumplimiento no es un prerrequisito para el desacato, ni el trámite del desacato es la vía para el cumplimiento, puesto que son dos mecanismos procesales distintos, ya que puede ocurrir que a través del trámite de desacato se logre el cumplimiento, pero esto no significa que la tutela no cumplida sólo tiene como posibilidad el incidente de desacato.[28]

20. La jurisprudencia constitucional ha sido enfática al referir que la competencia para hacer cumplir los fallos de tutela recae -en principio- en los jueces de primera instancia, ya sea que provengan de una providencia de segunda instancia o de la revisión que haya realizado la Corte Constitucional.[29] En relación con las sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, el artículo 60 del Acuerdo 02 de 2015[30] precisa que las mismas “deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia.” Adicionalmente, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que las referidas providencias “deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta.”

21. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la competencia principal del juez de primera instancia para asegurar el cumplimiento de las distintas sentencias de tutela (i) obedece a una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991; (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales; (iii) está en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela; y (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta.[31]

22. Aun así, la Corte Constitucional cuenta con una competencia preferente para asumir -dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto- el estudio tanto de las solicitudes de cumplimiento como para dar trámite al incidente de desacato, y adoptar las medidas pertinentes. No obstante, lo anterior es excepcional y se justifica cuando exista una causa objetiva, razonable y suficiente.

23. Esta Corporación ha reconocido como justificaciones suficientes cuando: (i) el juez de primera instancia no adoptó las medidas necesarias para presionar la ejecución de la parte resolutiva del fallo de tutela o, cuando las adoptó, pero estas resultaron insuficientes o ineficaces para alcanzar dicho objetivo;[32] (ii) la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior funcional que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato;[33] (iii) en presencia de un estado de cosas inconstitucional, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo[34]; o (iv) su intervención sea imperiosa para lograr el cumplimiento del fallo.[35]

24. En los anteriores términos, se procederá a mostrar la necesidad de centralizar las ordenes de forma armónica y consecuente frente al reto que se presenta actualmente en el sistema penitenciario y carcelario. De esta manera, se racionaliza el cumplimiento y se evita que se profieran órdenes disímiles o contradictorias.

25. De acuerdo con lo manifestado por esta Corporación, las órdenes que imparte un juez de tutela pueden ser de diversos tipos (i) “simple cuando comprende una sola decisión de hacer o de abstenerse de hacer algo que se encuentra dentro de la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden y se puede adoptar y ejecutar en corto tiempo, usualmente mediante una sola decisión o acto” y (ii) “compleja cuando conlleva un conjunto de acciones u omisiones que sobrepasan la órbita de control exclusivo de la persona destinataria de la orden, y, con frecuencia, requieren de un plazo superior a 48 horas para que el cumplimiento sea pleno”.[37]

26. En este sentido, se ha optado por distinguir entre órdenes estructurales y órdenes complejas, determinando que son complejas las órdenes “que consagran un entramado de acciones e instituciones coordinadas que deben hacerse para intervenir en el asunto concreto y en el marco de las denuncias hechas en el escrito de tutela, con el fin de asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales”[38]. Con base en ello, se ha considerado que en las órdenes complejas “las posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su decisión se reducen”[39]. En esa medida, se trata de órdenes que: (i) no se enmarcan necesariamente en la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional; (ii) pueden involucrar a un número representativo de accionantes; (iii) suelen evaluar la vulneración de varios derechos fundamentales determinados; (iv) su emisión usualmente demanda la acción coordinada de varias entidades estatales; y (v) sin embargo, no implican indefectiblemente el diseño y ejecución de políticas públicas -aunque pueden incluirlas-[40].

27. En consecuencia, se ha concluido que una orden compleja “debe ir dirigida a dinamizar la actuación de las autoridades competentes y a superar el bloqueo institucional (…) y, en ningún caso, a definir de manera precisa lo que estas autoridades deben hacer”[41]. Asimismo, se ha señalado que de las órdenes complejas emanan obligaciones de medio para las autoridades, definidas estas como la “obligación de demostrar una gestión de buena fe, intensa, constante, integral y coherente, inequívocamente dirigida a la satisfacción del derecho preferencial”[42].

28. Por otra parte, esta Corte ha considerado que las órdenes estructurales están ligadas usualmente al estado de cosas inconstitucional. Sobre su naturaleza, la jurisprudencia ha determinado que se trata de órdenes que “abordan un problema estructural, un área completa de acción del Estado que requiere de su intervención mancomunada [implicando] el diseño y ejecución de una política pública coherente, con todo el procedimiento que ello supone en términos de medidas legislativas, administrativas y operacionales.”[43]

29. La distinción entre órdenes estructurales y órdenes complejas, además de servir para determinar las competencias de los jueces constitucionales de instancia en el marco del estado de cosas inconstitucional,[44] cobra especial importancia al momento de verificar el cumplimiento de los distintos tipos de órdenes.[45] Así las cosas, debido a que las órdenes complejas van dirigidas a dinamizar la actuación de las autoridades competentes, generalmente no definen de manera precisa lo que estas autoridades deben hacer, ni suplantan las competencias constitucionales de las instituciones encargadas de diseñar, implementar y evaluar las acciones requeridas para resolver la situación. En esa medida, el grado de escrutinio judicial para determinar su cumplimiento tiende a ser menor, pues en estos casos lo que se busca es identificar el nivel más alto posible de cumplimiento, teniendo en cuenta las características propias del caso y su contexto, pero sin entrar a valorar necesariamente el resultado obtenido.[46]

30. Al respecto, la S. Plena de esta Corte determinó que este tipo de órdenes deben ser entendidas en el marco de las obligaciones de medio, para cuyo cumplimiento se debe verificar que “se hayan llevado a cabo todas las actividades idóneas y necesarias, dentro de sus competencias constitucionales y legales y la reserva de lo posible”[47]. En esa medida, la valoración del cumplimiento de una obligación de medio por parte del juez constitucional debe limitarse a establecer los mejores esfuerzos[48] por parte de la autoridad competente, teniendo en todo caso presente que “la posibilidad de su cumplimiento necesariamente debería valorarse en atención a las restricciones que ello supone.”[49]

31. Teniendo en cuenta lo anterior, para determinar el cumplimiento de una orden, la Corte debe ser cuidadosa en respetar los límites de intervención del juez constitucional. Sobre este punto, este Tribunal ha dejado en claro que “el juez constitucional, incluida la Corte, no puede desconocer con su monitoreo el reparto funcional de competencias establecido en la Constitución y las leyes”[50], de modo que debe, en todo caso, respetar el principio de separación de poderes previsto en el artículo 113 de la Constitución. En vista de lo anterior, si bien en ejercicio del principio de colaboración armónica previsto igualmente en el artículo 113 Superior el juez constitucional puede facilitar la cooperación y coordinación entre las autoridades del Estado encargadas de proteger un derecho fundamental, esto no supone la potestad para atribuirse, trasladar o dispersar competencias fijadas constitucionalmente[51]. Por lo anterior, “no hay duda de que le corresponde al Estado adoptar las medidas necesarias para que las personas gocen de los derechos reconocidos (…) [esto] no implica per se la ejecución inmediata y plena de todos los derechos. Hay ciertos eventos donde le compete a las autoridades competentes avanzar progresivamente hacia su máxima realización, teniendo en cuenta el contexto, la complejidad del asunto, la disponibilidad de recursos, entre otros asuntos que los jueces no pueden ignorar al evaluar los avances de la respuesta en el caso concreto.”[52]

32. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 228 de la Constitución le otorga al juez la autonomía e independencia para conducir el trámite de cumplimiento. En esa medida, si bien el juez no puede adoptar cualquier determinación o incluso concluir su intervención sin examinar el cumplimiento de la sentencia, sí “puede decidir autónomamente el modelo de seguimiento a adoptar, el propósito de su intervención y los parámetros de cumplimiento y cierre”.[53] Sobre este aspecto, la Corte ha optado por un enfoque dialógico en la decisión sobre el cumplimiento de órdenes,[54] considerando que al juez le corresponde promover “(…) espacios de diálogo bajo reglas metodológicas claras, y con el involucramiento de todas las instituciones competentes, en el que sean aquellas, y no esta Corporación, las que protagonicen la gestión pública de rigor, en aras de determinar, en el caso concreto, el contenido de los derechos sociales fundamentales que se consideran conculcados y los programas específicos con los que se pretende su realización.”[55]

33. Con lo anterior se busca dejar en claro que cada caso posee características y un contexto específico que definen su desarrollo y la forma de abordar el cierre del seguimiento, por lo que la razonabilidad entre la necesidad de intervención del juez constitucional y la satisfacción de los derechos debe evaluarse bajo supuestos como, por ejemplo, la verificación de mínimos constitucionales,[56] la presencia de un escenario dialógico,[57] o la determinación fáctica de su posibilidad de cumplimiento,[58] entre otros.[59]

    4. Improcedencia de continuar con el trámite de verificación del cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014

    - Informes presentados en relación con la protección de los derechos fundamentales de las personas recluidas en el Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar

34. Desde el momento en que se asumió el trámite de verificación de cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014, esto es, en mayo de 2016, la Corte Constitucional ha venido recibiendo múltiple información referente a la protección de los derechos fundamentales de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. En virtud de lo cual se ha permitido conocer parcialmente el estado en que se encuentra la situación carcelaria en Valledupar como consecuencia del amparo otorgado en la decisión de tutela. Las pruebas, allegadas por los diferentes sujetos involucrados en el asunto, evidencian el siguiente panorama probatorio.

35. Las autoridades correspondientes presentaron, los informes que se detallan a continuación:[60]

    ENTIDAD

    INFORME

    Instituto Nacional Penitenciario y C. –INPEC[61]

    El D. del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y C. de Alta Seguridad de Valledupar, dio cuenta de las acciones desplegadas para dar cumplimiento a la sentencia T-282 de 2014. Adujo que “para el día 2 de mayo se realizó la entrega al establecimiento de los pabellones (dos y seis), que se encontraban siendo intervenidos mediante contrato de obra Nº 135 de 2015, cuyo objeto es realizar Obras de mantenimiento, mejoramiento y conservación de la Infraestructura Física General. Quedando así los pabellones con 24 tanques de almacenamiento de agua cada uno, con capacidad para 500 litros, contando con el suministro de agua permanente (a la fecha 03 pabellones terminados con suministro de agua)”.

    De otra parte, señaló que, con el fin de mejorar la calidad de vida de los reclusos, las medidas adoptadas fueron:

    “se realizó entrega mediante oficio de un nuevo pabellón (pabellón 7) al consorcio para que dieran inicio a la ejecución de las obras respectivas.

    … en cada uno de los pabellones que vienen siendo intervenidos se gestionó la elaboración de lavaderos con sus respectivos tanques de almacenamiento de agua, para que laven allí de manera cómoda su ropa, menaje donde reciben sus alimentos y demás.

    Dentro del Plan Estratégico de suministro de agua se logró realizar convenio interinstitucional con la Policía Nacional, para el mes de marzo, logrando el apoyo con suministro de agua mediante camión tipo cisterna, que ingresará tres veces por semana, descargando un total de 2.300 galones de agua cada visita, el suministro se realizará de manera permanente, hasta no quedar subsanado en su totalidad los inconvenientes con el suministro de agua para la población reclusa.

    Se habilitó una torre para recluir internos que pertenezcan a grupos con condiciones excepcionales teniendo como base el enfoque diferencial…

    … se realizó la compra de 2.600 recipientes nuevos y en buen estado, con capacidad de 20 litros para almacenamiento de agua, logrando sustituir los recipientes que se encuentran deteriorados…

    Se vienen adelantando brigadas jurídicas de manera semanal a cada uno de los diferentes patios, revisando y generando el trámite respectivo a las inquietudes de los internos…

    … la instalación de urnas en los diferentes pabellones para que los internos depositen sus quejas por tratos crueles e inhumanos con total privacidad, urnas que son abiertas únicamente por funcionarios de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo…”

    Defensoría del Pueblo[62]

    El Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria y el Defensor del Pueblo Regional C., presentó informe sobre el estado actual del cumplimiento a la sentencia T-282 de 2014, producto de “la visita de inspección realizada al establecimiento los días 18 y 19 de mayo de 2016”, donde logró constatar:

    “… que no existe mayor avance en estas obras, generando que el flujo de agua sea ininterrumpido y, en algunas ocasiones, nulo. Prueba de lo anterior se sustenta no sólo en la visita, sino en las diversas quejas remitidas por los internos a la Defensoría Regional César.

    … los funcionarios comprobaron que al establecimiento llegaron nuevos recipientes plásticos para almacenar agua, el D. del establecimiento manifestó que en total les fueron entregados aproximadamente 200, sin que aportara un documento soporte que así lo acreditara.

    En lo que respecta al plan de acción del Ministerio de Justicia, el INPEC y la USPEC para el mejoramiento del EPAMS Valledupar -28 de enero de 2016- en el que se incluía la obligación “de realizar un registro de los horarios de suministro del agua el cual debe ser suscrito por el personal del INPEC y el representante de derechos humanos de cada uno de los patios”, el citado registro diario debe constar en un libro de minutas. Pese a que este registro fue solicitado al D. del establecimiento el primer día de la visita (18 de mayo) y a la señora Subdirectora el segundo día (19 de mayo) el mismo NO fue suministrado a los suscritos funcionarios, quienes advirtieron de la gravedad de no contar con este registro.”

    Aunado a lo anterior, la Defensoría Regional del C. ha recepcionando diversas quejas presentadas por parte de los internos en las que manifiestan que el suministro del agua se está dando por tiempos limitados en el día -10 minutos- y en ocasiones no se está prestando este servicio. En el informe, se había denunciado la existencia de una importante filtración en la parte exterior de la torre Nº 9, en esta visita se comprobó que esta situación fue solucionada con una obra de adecuación.

    Unidad de Servicios Penitenciarios y C.s[63]

    El Jefe de la oficina Asesora Jurídica, presentó respuesta al informe de la Defensoría del Pueblo, señalando que de acuerdo con la visita técnica realizada al EPAMS Valledupar el 19 de enero de 2016, la USPEC presentó al Ministerio de Justicia el 28 de enero de la misma vigencia, un cronograma para la adecuación y optimización de la red hidráulica de abastecimiento y suministro de agua potable en los pabellones Nº 1 al 9 del establecimiento carcelario, el cual incluye información sobre los contratos, alcance de las obras y fecha proyectada para la entrega de las intervenciones.

    En dicho informe detalló cómo se han efectuado las mesas de trabajo, las intervenciones que la USPEC ha venido ejecutando en los pabellones del establecimiento, cuyo objetivo principal es la optimización del recurso hídrico que es suministrado por la empresa de servicios públicos al establecimiento penitenciario.

    Instituto Nacional Penitenciario y C.[64]

    El D. del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y C. de Alta Seguridad de Valledupar y el Ministerio de Justicia y del Derecho en su rol de liderar la correcta implementación de la política criminal y carcelaria nacional, allegaron respuesta, informe y soportes de la asistencia brindada a los internos. Así como también el cronograma para el seguimiento y cumplimiento del plan de choque y el plan de trabajo de la red hidrosanitaria.

    Así mismo, entre otras, fueron expuestas las acciones que en materia de política criminal y penitenciaria se han adelantado por parte del Ministerio de Justicia, en punto de superar el estado de cosas inconstitucional en los establecimientos carcelarios; el seguimiento al impacto de normas y directrices que regulan la operación y funcionamiento del Sistema Penitenciario y C., atendiendo la finalidad del mismo y adelantando un análisis normativo y jurisprudencial de los temas relacionados con la Política Penitenciaria, a fin de adoptar las recomendaciones a que hubiere lugar.

    Procuraduría General de la Nación[65] y Ministerio de Justicia y del Derecho

    La Procuraduría General para asuntos Penales y Apoyo a Víctimas del Conflicto Armado de Valledupar y el Ministerio de Justicia y del Derecho a través de la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria en calidad de Agentes Especiales designados para verificar el cumplimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-282 de 2014 que declaró estado de cosas inconstitucional del Sistema C. allegaron informe donde establecen que según lo ordenado por la Corte Constitucional respecto “a la suspensión del ingreso de internos al Establecimiento Penitenciario y C. de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, y verificado por el Tribunal Administrativo del C.”, se han mejorado las condiciones dadas para el no recibimiento de internos, por lo tanto, interpretan que al ser superada las condiciones sanitarias y del agua potable, no hay razón para que se mantenga vigente dicha restricción.

    El Ministerio de Justicia, presentó oficio solicitando “apoyo en el sentido de declarar el cumplimiento” de lo ordenado en la Sentencia T-282 de 2014, y del Auto 191 de 2016. Solicitud fundamentada en el documento de avances presentado ante la Corte Constitucional el 22 de septiembre de 2016 “informe pormenorizado” del cumplimiento de las órdenes impuestas en dichas providencias. Pone también de presente, la urgencia de la declaratoria del cumplimiento, con el fin que se levante la restricción de cierre del establecimiento de alta seguridad y se permita, en consecuencia, la habilitación de cupos a fin de poder trasladar internos del establecimiento de mediana seguridad en razón a que con las obras de mantenimiento y adecuación de redes hidráulicas que adelantó la USPEC, se adicionaron cupos. Con lo cual se estaría disminuyendo el alto índice de hacinamiento que actualmente presenta el establecimiento de mediana seguridad de Valledupar, sin afectar el cupo carcelario del establecimiento de alta seguridad.

    Ministerio de Justicia y del Derecho[66]

    El Ministro de Justicia y del Derecho y las entidades adscritas que desarrollan funciones en el sistema penitenciario y carcelario, exaltó la tarea que ha emprendido la Corte Constitucional con relación a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad y señaló que uno de los desafíos constantes que se enfrentan tiene que ver con la puesta en marcha de agendas en común entre las distintas entidades del Gobierno, de las ramas legislativa y judicial, así como de los organismos de control, para trazar una hoja de ruta que permita avanzar en la toma de decisiones estratégicas que mejoren la calidad de vida de las personas que el Estado somete a privación de la libertad, emprendiendo iniciativas legislativas y administrativas para racionalizar el uso de la prisión, armonizar el tratamiento penitenciario con la ejecución de la pena y cualificar la oferta en materia de resocialización presente en el sistema.

    Otra línea de trabajo tiene que ver con aliviar las condiciones de hacinamiento que lamentablemente hoy tienen que soportar los privados de la libertad. Al respecto, adujo estar trabajando en la construcción de cupos penitenciarios integrales, pero también en la redistribución -en la medida de lo posible-, de la población recluida en las distintas regiones del país. En particular, luego de analizar el contexto de hacinamiento que se presenta en el norte del país, advirtió la posibilidad de mitigar las condiciones de sobrepoblación carcelaria si se levanta el cierre preventivo que ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia T-282 de 2014 sobre el Establecimiento Penitenciario y C. de M. y Mediana Seguridad de Valledupar- EPAMS Valledupar.

    Por otro lado, analizó la relación de la Sentencia T-282 de 2014 con la T-388 de 2013 que establece las reglas de Equilibrio y de Equilibrio decreciente[67], y señala las medidas adecuadas y necesarias para aquellos casos que se estén presentando una situación de hacinamiento grave y evidente, concluyendo que el penal ya cuenta con condiciones sanitarias aceptables.

    Defensoría del Pueblo[68]

    La Defensoría del Pueblo presentó apoyo a la “solicitud apertura EPAMS VALLEDUPAR – La Tramacua”, donde sostuvo que en razón a la grave crisis humanitaria que se presenta en los establecimientos de reclusión EPAMS Valledupar -ERE- “La Judicial” y la Estación Permanente Central de la Policía de Valledupar, ordenó al Defensor Delegado para la Política Criminal y Penitenciaria, realizar una visita de inspección en el mes de julio del 2017, a todas las cárceles y penitenciarias de la ciudad de Valledupar, C.. Entre los principales hallazgos, destacó el altísimo índice de hacinamiento que soportan estos establecimientos y describió las cifras que sustentan la imperiosa necesidad de autorizar el traslado de nuevos internos al EPAMS Valledupar “La Tramacua”.

    Señaló que entre la Estación Permanente de la Policía y el EPAMS VALLEDUPAR -ERE- “La Judicial” la sobrepoblación supera a las 1.055 personas privadas de la libertad; situación diametralmente opuesta ocurre con el EPAMS Valledupar “La Tramacua” pues esta no presenta hacinamiento y estaría en la capacidad de recibir a 233 internos o más, según lo manifestado por el director del establecimiento. Además, la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria señaló en su informe que este alto índice de hacinamiento favorece a la proliferación de otras graves circunstancias vulneratorias de los derechos humanos de esta población. Efectúa un breve resumen de cada una de ellas:

    • Estación Permanente de Policía de Valledupar: La infraestructura, baterías sanitarias e instalaciones fueron diseñadas para que una persona permanezca un máximo 36 horas mientras las autoridades judiciales definen su situación jurídica; en la visita de hallaron personas privadas de la libertad desde enero del 2016. Un índice de hacinamiento cercano al 439% genera que adicionalmente exista: (i) una pésima o nula atención en salud, (ii) precarias situaciones de salubridad, generadas por la incapacidad de disponer los residuos sólidos de manera adecuada, (iii) insuficiencia de baterías sanitarias, 2 para 248 personas, (iv) deficiencia en el servicio de alimentación y (v) generación de condiciones de inseguridad que confluyen en fugas y riñas entre la población privada de la libertad.

    • EPAMS VALLEDUPAR -ERE- “La Judicial”: Aunque existen circunstancias comunes con la estación de policía, se destacan: (i) internos durmiendo en los lavamanos de los baños, (ii) deficiente atención en salud, (iii) precarias condiciones de infraestructura, (iv) la no existencia de adecuadas condiciones que permitan una ventilación en el interior de los patios del establecimiento y (v) un retraso generalizado en la realización de las audiencias posteriores a la formulación de imputación.

    Por otra parte, la Defensoría presentó algunas consideraciones como: (i) sugerencia para que la Dirección del Establecimiento “La Tramacua”, presente un plan completo de ubicación en el que se tenga la situación jurídica, las condiciones de seguridad y la clasificación de fase de cada uno de los internos que se trasladarían; (ii) la necesidad de existir un aumento directamente proporcional, de funcionarios tanto del cuerpo de custodia y vigilancia como personal administrativo del INPEC para la adecuada atención de los internos que ingresarían al establecimiento; (iii) se evalúe la posibilidad de ampliar el número de automotores para cumplir con las remisiones a las audiencias judiciales y/o citas o procedimientos médicos; (iv) la habilitación de las torres 1, 4 y 7, y la solución al tema del adecuado suministro de agua; (v) mejoramiento del servicio de atención en salud; y (vi) se garantice un kit de aseo, recipientes apropiados para almacenar agua y una colchoneta para los internos que se trasladen al establecimiento.

36. De igual forma, se recibieron informes de las organizaciones y personas que hacen seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014, los cuales se resumen de la siguiente manera:[69] (i) La Fundación Lazos de Dignidad,[70] remitió a esta Corporación “denuncia pública y acción urgente” en beneficio de la población reclusa del Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, “La Tramacua”, en atención a “hechos de tortura denunciados por el recluso indígena L.M.A.G. y el desarrollo de la huelga de hambre de 193 reclusos”. (ii) El Equipo Jurídico Pueblos,[71] por intermedio de la asesora y defensora de derechos humanos presentó informes “en relación con la situación actual del EPAMS-Valledupar a la luz el seguimiento de la sentencia T-282 de 2014”, donde expone deficiencias en el suministro del agua e incumplimiento de las órdenes impartidas, en materia de salud, hacinamiento e infraestructura entre otras. (iii) Los reclusos del establecimiento penitenciario han presentado diferentes peticiones,[72] solicitando, entre otras “coadyuvancia por traslado arbitrario de internos”.

    - Precisiones sobre la improcedencia de continuar con el trámite de verificación de cumplimiento

37. Está probado en el trámite, a partir de la información suministrada por cada una de las entidades correspondientes, que, en los términos establecidos en el fallo de tutela, la protección solicitada, en principio, se encuentra vigente, lo que supone que parcialmente se mantienen, algunas de las circunstancias que, en su momento, llevaron a activar la competencia de verificación de cumplimiento. No obstante, la Corte es consciente de los esfuerzos institucionales por cumplir lo dispuesto en sede de tutela y el nivel de complejidad que esto conlleva (ver anexo II).

38. Por ello, descendiendo al asunto que ahora nos ocupa, se tiene que la S. Novena de Revisión asumió la competencia a través de Auto 191 de 2016 para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-282 de 2014. Pronunciamiento mediante el cual se protegieron los derechos fundamentales de los internos recluidos en el Establecimiento Penitenciario y C. de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar. En esa decisión la Corte, declaró el incumplimiento parcial de las órdenes dictadas y estableció una serie de órdenes en el marco del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país (por ejemplo, respecto a la prohibición temporal de ingreso de más reclusos como solución al hacinamiento, al suministro de agua suficiente, a la limitación a los servicios de salud, a la falta de salubridad al interior de la cárcel de Valledupar “La Tramacua”, al maltrato por parte de la guardia, entre otras).

39. Así las cosas, los supuestos fácticos de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 en la superación del referido ECI, y los hechos que ahora se analizan son análogos con los que motivan esta decisión. En efecto, se trata de una violación masiva y múltiple de los derechos fundamentales de la población reclusa de varios establecimientos carcelarios y penitenciarios, por una situación estructural que envuelve: hacinamiento; deficiencias en infraestructura y en las condiciones sanitarias; falta de servicios asistenciales de salud; dificultades de acceso a las posibilidades de resocialización de la pena (trabajo, estudio y recreación); déficit en la prestación de los servicios públicos, especialmente, en lo que atañe al agua; y reclusión conjunta e indistinta de las personas condenadas y aquellas sujetas a medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

40. En esta oportunidad, no cabe duda que los casos objeto de estudio se enmarcan dentro del ECI declarado mediante la Sentencia T-388 de 2013,[73] que fue reiterado en la Sentencia T-762 de 2015.[74] Sin embargo, en esta oportunidad no cabe abordar nuevamente el examen de los problemas estructurales que dieron origen a la declaratoria del ECI, pues debe entenderse que el asunto que aquí se revisa es una manifestación concreta y adicional del escenario de violación masiva de derechos que ya fue abordado, más aún cuando muchas de esas órdenes deben ser satisfechas de acuerdo con el mandato de progresividad, que subyace en la generación e implementación de una política criminal acorde con los postulados del Estado Social de Derecho.

41. Como se ha visto, la actual política penitenciaria y carcelaria tiene una gran complejidad que conlleva a un compromiso con su direccionamiento y efectividad. No obstante, en ambas providencias, también se dijo que lo anterior no exime a la autoridad judicial de adoptar, en el caso sub judice, las órdenes concretas que resulten necesarias para solventar situaciones puntuales que puedan ser reparadas en el corto plazo, frente a ello el juez de tutela tiene que verificar si existe la violación alegada, informar y comunicar sobre su ocurrencia a las autoridades competentes para el seguimiento de las decisiones adoptadas en virtud del ECI, y disponer de las medidas inmediatas que sean indispensables para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales vulnerados.

42. En consecuencia, para la S. Segunda de Revisión es necesario remitir al Tribunal Administrativo del C. para que verifique los temas de su competencia, referente al desacato de las órdenes proferidas en sede de tutela, por al menos cuatro razones. (i) La competencia para hacer cumplir los fallos de tutela recae -en principio- en los jueces de primera instancia, ya sea que provengan de una providencia de segunda instancia o de la revisión que haya realizado la Corte Constitucional.[75] (ii) Actualmente el Establecimiento Penitenciario y C. de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar “La Tramacua”, se encuentra específicamente incluido en la estrategia actual de seguimiento de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 que declararon y reiteraron el ECI. (iii) No se mantienen las circunstancias que, en su momento, llevaron a activar la competencia de verificación de cumplimiento y a solicitar información para conocer la situación de los derechos fundamentales. Y finalmente, (iv) corresponde a los jueces verificar que las autoridades correspondientes estén implementando las medidas adecuadas y necesarias para superar el estado de cosas contrario a la Constitución y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

43. La S. de Revisión remitirá una copia de la solicitud y de esta providencia a la S. Especial de Seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 que declararon y reiteraron el ECI para que el seguimiento general de la política pública continúe a través de los medios establecidos. De igual forma, se enviará una copia del presente Auto a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia 388 de 2013 -Corporación Humanas-, que viene acompañando a la Corte Constitucional en este proceso.

    En mérito de lo expuesto, la S. Segunda de Revisión de la Corte Constitucional,