Auto nº 327/22 de Corte Constitucional, 10 de Marzo de 2022

Auto 327/22

Referencia: Solicitud de nulidad de la Sentencia T-311 de 2021.

Peticionario: H.R.S..

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por el señor H.R.S. contra la sentencia T-311 del 15 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Séptima de Revisión.

1. ANTECEDENTES EXPEDIENTE T-8.115.364

El señor H.R.S. actuando en su propio nombre y representación, interpuso acción de tutela invocando la protección de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por el Juzgado 14 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá

1. Hechos del proceso que dieron lugar a la expedición de la sentencia T-311 de 2021

   1.1. La señora R.M.O. de Q. adelantó proceso ejecutivo contra el señor H.R.S., en el Juzgado 14 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá

   1.2. Dentro de ese proceso, el día 29 de octubre de 2020, se realizó la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento dispuestas en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. El accionante afirmó que luego de agotar la etapa de conciliación y realizar el interrogatorio de parte, “la señora jueza profirió sentencia de única instancia[1] (i) sin aplicar debidamente unos artículos y dejando de aplicar otros, y los precedentes que regulaban la decisión y (ii) sin fundarse en todas las pruebas regular y oportunamente allegadas, invalorando individual y en conjunto, el interrogatorio que absolvió la señora O. de Q., donde reconoció y confesó, entre otras cosas, que el real acreedor de la letra de cambio es el señor O.V.L., quien se la entregó sin endoso y en blanco, aspectos medulares y trasversales de mi defensa”.

   1.3. El demandante indicó que con la decisión proferida por la juez de instancia de declarar no probadas las excepciones propuestas (cobro de lo no debido, alteración del título valor, falta de literalidad del título valor, inexigibilidad del título valor, temeridad y mala fe) y seguir adelante con la ejecución, se incurrió en los defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente.

   1.4. Alegó que la señora jueza “(i) no valoró la confesión realizada por la ejecutante al absolver el interrogatorio de parte, en el que confesó y reconoció que el real acreedor de la letra de cambio es el señor O.V.L., que se la entregó en blanco y sin endoso; y (ii) que ella llenó los espacios en blanco haciéndose figurar como su beneficiaria”; (iii) aplicó indebidamente el artículo 622 del Código de Comercio al haberle dado la calidad de tenedora legítima a quien no lo era, teniendo en cuenta que la letra de cambio no fue endosada ni cedida por su real propietario, desconociendo con ello el artículo 661 del Código de Comercio; y (iv) no tuvo en cuenta el precedente previsto en la sentencia T-310 de 2009.

   1.5. El señor H.R.S., solicitó como pretensión, que “se deje sin efecto alguno la sentencia tutelada, disponiendo que el juzgado demandado profiera otra que supere los defectos referidos, valorando en forma íntegra y adecuada todo el material probatorio”.

2. Contestación de la acción de tutela

   2.1. Juzgado Catorce de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá

   2.1.1. La señora jueza manifestó que el proceso que culminó con la sentencia proferida el 29 de octubre de 2020 al ser de mínima cuantía, se tramitó en única instancia y contra la decisión no procedía recurso alguno.

   2.1.2. Destacó que conforme a lo establecido en el artículo 625 del Código de Comercio “toda obligación cambiaria deriva su eficacia de una firma puesta en un título-valor y de su entrega con la intención de hacerlo negociable conforme a la ley de su circulación”, además, según lo prevé el inciso segundo del artículo 622 de la misma norma “…una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo…”. En ese sentido, afirmó que no se encontró demostrado con la contundencia que se requiere, el rompimiento de la presunción de autenticidad del documento aportado como base de la ejecución.

   2.1.3. Señaló que no se demostró el dicho del demandado en cuanto a que el título se constituyó únicamente como garantía del pago de un tercero, sino por el contrario “se comprobó su suscripción y entrega. Igualmente, no se acreditó por parte del ejecutado las instrucciones otorgadas como para entender que el diligenciamiento del cartular (sic) ejecutado se hizo de manera injustificada, máxime cuando si quiera se probó la mala fe de su legítima tenedora”.

   2.1.4. Finalmente, agregó que mediante auto del 5 de noviembre de 2020 resolvió lo relativo a la reducción de embargos solicitada por el demandante, por cuenta del cual “el accionante ya había promovido otra acción de tutela contra el despacho, la cual fue negada por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá”. Así las cosas, considera que no actuó de manera caprichosa e injustificada, sino por el contrario, aplicó los presupuestos normativos que regulan el tema de los títulos valores, garantizando con ello el derecho fundamental al debido proceso que les asiste a las partes.

   2.2. Apoderado de la señora R.M.O.

   2.2.1. El apoderado de la demandante en el proceso ejecutivo intervino en la presente acción, alegando que la naturaleza de la tutela impone que no se abuse de este mecanismo para convertirlo en una instancia más. Indicó que la sentencia ejecutiva encontró cumplidos los requisitos señalados en la norma para el obligado cambiario, al tiempo que le hizo ver al demandado el incumplimiento en la carga de probar su dicho, “esto es, que no debe la obligación, quedando esa manifestación en simple afirmación”.

3. Decisiones de instancia revisadas

   3.1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 18 de noviembre de 2020, resolvió negar el amparo constitucional al considerar que la decisión adoptada por la jueza accionada se encuentra debidamente soportada en razones de orden lógico y jurídico, habiendo apreciado, en su conjunto, las pruebas allegadas. Concluyó que “la judicatura accionada acudió a las reglas de los títulos valores y a lo probado en el proceso para fundamentar su decisión, enmarcándola en el derecho positivo como corresponde”.

   3.2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil, en sentencia emitida el 16 de diciembre de 2020, confirmó el fallo de primera instancia. No advirtió amenaza o vulneración a los derechos fundamentales invocados. Evidenció que la juez cuestionada profirió la sentencia en el proceso ejecutivo de acuerdo con las normas sustanciales y procesales que rigen esa clase de litigios. Apuntó que es improcedente utilizar este mecanismo para atacar la sentencia que le resultó desfavorable, pues esa finalidad es ajena a la acción de tutela y no se instituye en una instancia más dentro de los juicios ordinarios, ni como escenario para debatir la posición adoptada por el juez natural.

4. La Sentencia T-311 de 2021

   4.1. En sede de revisión, la Sala Séptima de Revisión expuso la situación fáctica, según la cual correspondía analizar una tutela interpuesta contra el fallo emitido por el Juzgado 14 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá el 29 de octubre de 2020, que en decisión de única instancia resolvió dentro del proceso ejecutivo instaurado contra el señor H.R.S., declarar no probadas las excepciones propuestas (cobro de lo no debido, alteración del título valor, falta de literalidad del título valor, inexigibilidad del título valor, temeridad y mala fe) y seguir adelante con la ejecución, por la obligación contenida en una letra de cambio que se constituyó por $20.000.000.

   4.2. La Sala de Revisión propuso, en primer término, determinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para controvertir la sentencia mediante la cual el Juzgado demandado declaró no probadas las excepciones propuestas dentro del proceso ejecutivo y ordenó seguir adelante con la ejecución.

   4.3. En caso de superarse el anterior estudio, planteó caracterizar brevemente los defectos sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente; reseñar el concepto de títulos valores y su clasificación; y entrar a resolver el caso concreto.

   4.4. En la sentencia T-311 de 2021, la Sala concluyó que no se acreditaron todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.

   4.5. En concreto, el requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que exige evidenciar de forma clara y expresa, que “la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

   4.6. Con fundamento en las sentencias SU-282 y SU-573 de 2019, la Sala de Revisión recordó que (i) un asunto carece de relevancia constitucional “cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma de rango reglamentario o legal, salvo que de esta se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes constitucionales o cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés general”; (ii) no se puede perder de vista que el objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, razón por la que “es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) la interpretación del estatuto superior, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.”; (iii) esta Corporación ha insistido en que “la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Solo así se garantizaría la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.”; (iv) no le es dado al juez constitucional desplazar al juez natural “ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso.”; y (v) solo ante pronunciamientos que sean contrarios de manera grave, flagrante y grosera del ordenamiento constitucional, es factible que el juez constitucional se inmiscuya en asuntos que competen a otra autoridad. El criterio de relevancia constitucional apunta, entonces, en armonía con los demás requisitos, a evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso judicial adicional.

   4.7. La Sala Séptima determinó que aunque el demandante alegó el desconocimiento de los derechos de acceso a la administración de justicia y el debido proceso, esa posible afectación no cumplía la mencionada carga constitucional, teniendo en cuenta que (i) versaba sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada; (ii) que buscaba convertir la acción de tutela en una instancia procesal adicional; y (iii) por lo tanto, no tenía una relación directa con la presunta vulneración del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental del actor.

   4.8. Estas razones se sustentaron en lo siguiente:

   (*) La pretensión del accionante se dirigía a que se dejara sin efecto la sentencia tutelada, disponiendo que el juzgado demandado profiriera otra que valorara en forma íntegra el material probatorio y aplicara en debida forma la normatividad legal.

   Concretamente, el accionante alegaba la presunta (i) omisión en la valoración del material probatorio, en particular, el interrogatorio de parte realizado a la demandante dentro del proceso ejecutivo; y (ii) la aplicación indebida del artículo 622 del Código de Comercio[2] al haberle dado la calidad de tenedora legítima a quien no lo era, teniendo en cuenta que la letra de cambio no había sido endosada ni cedida por su real propietario, desconociendo con ello el artículo 661 del Código de Comercio[3]. Irregularidades que, en su sentir, vulneraban los derechos fundamentales invocados, pues se había ordenado seguir adelante con la ejecución.

   Esta pretensión del accionante, a juicio de la Sala Séptima, implicaba un debate estrictamente relacionado con la aplicación de normas de rango legal, y no un debate constitucional, pues exigía entrar a valorar si las características y condiciones de un negocio amparado en un título ejecutivo constituido entre particulares cumplía los requisitos legales y avalaba el acuerdo subyacente, en el que una de las partes se obligó de forma incondicional a pagar una suma de dinero. Tales cuestiones habían sido abordadas y resueltas por el juez ordinario al emitir la sentencia, en la que declaró no probadas las excepciones propuestas, por considerar que el ejecutado, a pesar de querer negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, no había cumplido la carga probatoria de demostrar fehacientemente que la literalidad del título se veía afectada por las particularidades del negocio subyacente y tampoco había demostrado con la contundencia requerida, el rompimiento de la presunción de autenticidad del documento aportado como base de la ejecución[4].

   (*) Con base en la sentencia T-422 de 2018 la Corte recordó las garantías que integran el debido proceso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 31, 33 y 228 de la Constitución Política. Concluyó que los supuestos de vulneración al debido proceso enunciados en dicho pronunciamiento no se evidenciaban en el caso, toda vez que el proceso ejecutivo se había adelantado ante el juez competente, en respeto de las formas propias del proceso, y respetando el derecho de presentar y controvertir las pruebas allegadas. Por lo demás, no concurría una situación de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que ameritara la actuación del juez constitucional, no se trataba de amparar los derechos fundamentales de un sujeto de especial protección constitucional, y no se estaba frente a un evento que afectara el mínimo vital.

   (*) La Sala reafirmó que alegar un presunto desconocimiento de principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y/o económico, no era una circunstancia que habilitara por sí misma la procedencia de la tutela contra una providencia judicial. Si bien la Constitución “perme[a] las normas inferiores del ordenamiento jurídico y, por tanto, los distintos ámbitos del derecho quedan iusfundamentalmente conformados¸ no se trata, entonces, que todo el derecho existente se disuelva en el derecho constitucional. Esto se debe a que el juez ordinario es quien debe ilumin[ar] su labor en la materia en la cual es especializado con la norma constitucional, para evitar que el juez de tutela se convierta en una especie de todo omnicomprensivo.”

   4.9. Teniendo en cuenta que el asunto no superaba todos los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, específicamente el criterio de relevancia constitucional, la Sala no abordó de fondo el estudio de la acción interpuesta.

   4.10. Con base en los argumentos expuestos, la Sala de Revisión revocó el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá – Sala Civil el 16 de diciembre de 2020, mediante el cual confirmó el fallo emitido en primera instancia por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá el 18 de noviembre de 2020, que resolvió negar el amparo constitucional. En su lugar, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta por el señor H.R.S..

5. Solicitud de nulidad de la Sentencia T-311 de 2021

   5.1. El 19 de octubre de 2021, vía correo electrónico, el señor H.R.S. solicitó la nulidad de la Sentencia T-311 de 2021. En su criterio, dicha sentencia: (i) no solamente desconoció la abundante jurisprudencia que sobre el defecto fáctico en su dimensión negativa que han emitido las diferentes Salas de Decisión, que estructuran una línea jurisprudencial uniforme, pacífica y reiterada, sino también las que con carácter unificador ha proferido la Sala Plena; y (ii) eludió, esquivó y no analizó, injustificada y arbitrariamente, el fondo de la acción, bajo una supuesta e irreal falta de relevancia constitucional, lo que llevó a la Sala a una franca inhibición y denegación de justicia constitucional con el desconocimiento de la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corte y de la línea jurisprudencial en vigor.

   5.2. Para desarrollar el cargo respecto del presunto desconocimiento del precedente de la Sala Plena y de las Salas de Decisión de la Corte, el peticionario (i) transcribió algunos apartes de las sentencias SU-062 de 2018 y T-660 de 2012, en las que la Corte analiza el defecto fáctico. En su sentir, esos preceptos evidencian que el asunto estudiado en la sentencia T-311 de 2011 “sí tiene la preeminencia constitucional que el fallo echo de menos, pues al dejarse de valorar la confesión que hizo la propia ejecutante, en los términos referidos en el escrito tutelar, esto es, que ella no era la beneficiaria de la letra de cambio y que la recibió sin endoso y en blanco de su real beneficiario, llenándola con su nombre, es un defecto que no es de poca monta, como equivocadamente lo percibió la sentencia a anular”; (ii) alegó que el vicio fáctico demandado exigía de la Sala de Decisión un análisis de fondo y no una simple declaración de improcedencia de la tutela por una supuesta e irreal falta de relevancia constitucional, pues el error valorativo denunciado era visible; (iii) citó la sentencia T-310 de 2009, la cual, en su opinión, fue inobservada por la Sala de Decisión en la sentencia de la que se pide nulidad, a pesar de que se soportaba, como en su caso, en una indebida valoración probatoria y a la que sí se le otorgó relevancia constitucional, lo que considera “un trato discriminatorio inaceptable”.

   5.3. Frente al cargo en el que señala que la sentencia T-311 de 2021 eludió, esquivó, y no analizó, injustificada y arbitrariamente, el fondo de la acción, bajo una supuesta e irreal falta de relevancia constitucional, sostuvo el peticionario que, “la adecuada valoración probatoria al hacer parte del debido proceso tiene relevancia constitucional y no simple legal con connotación patrimonial privada, como fue el errado criterio de la sentencia”. Enfatizó en que, si la Sala de Decisión hubiera examinado juiciosa y profundamente el núcleo del amparo y el precedente jurisprudencial, sin duda habría encontrado la preeminencia constitucional que echo de menos, lo que hubiera conducido a una decisión que garantizara una adecuada, recta y justa dispensa de justicia civil.

   5.4. El 22 de octubre de 2021, vía correo electrónico, el señor H.R.S. radicó un memorial en el que manifestó que “existe una innegable irregularidad” en la información que figura en la página de la Corte Constitucional respecto del expediente T-8.115.364 (sentencia T-311 de 2021), donde a la fecha en que envió el correo, no figura que se hubiese adoptado decisión definitiva alguna, sino el registro del proyecto. A su juicio, no es lógico que el Juzgado 5° Civil del Circuito de esta ciudad, este notificando una sentencia que la Corte aún no ha publicado o hecho figurar en los datos digitales del expediente, irregularidad que considera debe superarse “para salvaguarda de los derechos de las partes, como preceptúa el artículo 295 del CGP, el cual no ha sido atendido, haciendo que lo actuado no esté acorde con la ley y, por ende, deba rehacerse”. En tal sentido, considera que el juzgado deberá, para acatar la norma, volver a notificar en legal forma la decisión.

   5.5. Por medio de auto del 9 de diciembre de 2021 y conforme lo establece el artículo 106 del Acuerdo 02 de 2015, se comunicó la solicitud de nulidad a las partes para que se pronunciaran respecto a esta. Para el efecto, la Secretaria General de la Corte Constitucional mediante correo electrónico, remitió el oficio N. OPTC-114/21.[5]