Auto nº 1604/22 de Corte Constitucional, 26 de Octubre de 2022

1. El 20 de mayo de 2021,[1] el señor A.M.A., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir (en adelante “Porvenir”) y el Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Administrativa-Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales, [2] con el propósito que:

   “(…)

   1.1. Que se declare que la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COORDINACIÓN DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES, es legalmente responsable del reconocimiento de la cuota parte financiera del bono pensional modalidad 2 tipo A, al que tiene derecho el señor A.M.A..

   1.2. Que se declare que SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR – en adelante AFP PORVENIR- debe reconocer y pagar al señor A.M.A., bono pensional modalidad 2 tipo A debidamente actualizado, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1399 de 1994 y parágrafo 2 del artículo 17 del Decreto 1748 de 1995.

   1.3. Que se condene a la parte demandada al pago de los intereses de mora desde la fecha de redención normal del bono pensional hasta la fecha de pago real y efectivo.

   1.4. Que se dé aplicación al principio de la condición más beneficiosa en materia pensional.

   1.5. Que se condene en costas a la parte demandada. (….)”

2. Se desarrolla en la demanda que el señor M.A. nació el 10 de junio de 1954 y vive con su cónyuge, quien depende económicamente de él.[3] Se añade que el ciudadano demandante, como afiliado al sistema general en pensiones a Porvenir, bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad, se dirigió a las instalaciones de la referida entidad con el objeto de solicitar formalmente la devolución de los saldos cotizados durante su vida laboral, ya que había cumplido la edad exigida para el beneficio pensional y declaró que se encontraba en imposibilidad de seguir haciendo cotizaciones en el sistema general de pensiones.

   Al respecto, se señala que los funcionarios de Porvenir informaron el número de semanas cotizadas dentro del sistema, y el demandante comunicó los servicios prestados al Ejército Nacional, durante el periodo aproximado de 7 años. Profundizó en lo anterior, manifestando que ingresó en el primer contingente del año 1972 como alumno de la Escuela de Suboficiales Inocencio Chinca de Popayán. Luego, el 09 de septiembre de 1973, ascendió al grado de cabo segundo, momento desde el cual empezó a realizar aportes al Sistema General de Pensiones por el período de servicio.

3. Se explica que, de forma concomitante a lo anterior, el 24 de septiembre de 2019, el actor presentó petición a la Caja de Fuerzas de Retiro de las Fuerzas Militares [sic] para que se le informara el número de semanas cotizadas por él al sistema general de pensiones, como afiliado de la última entidad mencionada, y que se iniciaran los trámites administrativos necesarios para obtener la devolución de los aportes o la indemnización sustitutiva, conforme a los aportes realizados.

4. Según lo expresado en la demanda, se sucedieron una serie de actuaciones. [4] Sin embargo, finalmente, el 20 de agosto de 2020, la Coordinadora de Bonos Pensionales de Porvenir, le notificó el oficio número OFI20-42937 del 19 de junio de 2020, por intermedio del cual la Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa objetó la expedición del bono pensional solicitado por el ciudadano demandante.[5] Añade que contra lo anterior, se presentó recurso de reposición, no obstante, el recurso fue rechazado por la última Coordinadora mencionada al considerar que era un acto de comunicación que no admitía recurso alguno.

5. Se manifiesta además que el señor M.A. presentó acción de tutela para solicitar la expedición del bono pensional. Al respecto, se indica que, en primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Riohacha profirió sentencia del 16 de octubre de 2020 tutelando el derecho fundamental de petición del ciudadano demandante, pero negando por improcedente -requisito de subsidiariedad- el amparo constitucional relativo a la expedición del bono pensional. Se informa que esta decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha en providencia del 23 de noviembre de 2020.

6. Surtido el reparto correspondiente, en auto de 22 de julio de 2021,[6] el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira, resolvió remitir por competencia la demanda a los Juzgados Administrativos del Circuito de Riohacha (reparto).

   El Juzgado tuvo en cuenta que dentro del asunto se pretendía el reconocimiento y pago de la cuota parte financiera del bono pensional modalidad 2 tipo A, a que tenía derecho el ciudadano demandante por parte de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Administrativa-Coordinadora del Grupo de Prestaciones. Asimismo, trajo a colación el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012 -CGP-, para después argumentar lo que sigue:

   “(…) En consecuencia, tenemos que frente a las controversias que se susciten con ocasión de la seguridad social, se debe determinar si quien reclama su derecho pensional ostenta la calidad de trabajador oficial, para determinar si el asunto objeto de controversia lo debe conocer esta jurisdicción. Entonces, se requiere efectuar una análisis probatorio que evidencie las funciones de quien predica ser trabajador oficial y proceder a otorgarle a las mismas una calificación jurídica dentro del marco de los conceptos de “mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales”, ello por vía de una relación directa, pues la ausencia de prueba en tal sentido conduce, irremediablemente, a que el servidor se catalogue como empleado público por regla general, según lo adoctrinado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL18413-2017. (…)”[7]

   Luego de lo cual, mencionó de manera general el contenido de las nociones de “mantenimiento de la planta física hospitalaria” y “servicios generales”, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para concluir que dentro de éstas no podía enmarcarse las funciones y cargo desempeñado por el actor, a saber: Grado de Cabo Segundo en la Escuela de Suboficiales Inocencio Chinca de Popayán.

   Así, la competencia para conocer el asunto no radicaba en dicha jurisdicción. Por tanto, consideró pertinente dejar sin efecto todas las actuaciones surtidas por el despacho, imponer el rechazo de la demanda, y ordenar la remisión del expediente a reparto entre los Juzgados Administrativos del Circuito de La Guajira.

7. Una vez se desarrolló el reparto correspondiente,[8] en auto del 05 de octubre de 2021,[9] el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, La Guajira, resolvió declarar la falta de jurisdicción en el asunto y, en consecuencia, no asumir su conocimiento; promovió el conflicto de competencias; remitió el expediente a esta Corporación para que se resolviera el conflicto suscitado; e indicó algunas órdenes secretariales, entre otras, dispuso comunicar la decisión adoptada al juzgado de origen.

   El Juzgado estimó que el asunto se trataba de un conflicto en el que hacía parte un sujeto de derecho público y que se circunscribía a la seguridad social, por cuanto “(…) los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones, en el que tienen derecho a este emolumento, aquellos afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan con los requisitos previstos en el artículo 115 de la ley 100 de 1993 (…)”.[10]

   Entonces, por un lado, indicó que cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos que se controviertan, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 atribuyó competencia a la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, para resolver las controversias relativas al sistema de seguridad social integral que se susciten entre afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras. Por otro lado, acudió a dos providencias del Consejo de Estado para sustentar su posición sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria en el asunto.[11]

   Concretó su posición en el sentido de indicar que la parte actora no había adecuado la demanda al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en aras de reprochar algún acto administrativo emitido por la entidad pública demandada. Asimismo que el objeto de la litis hacía parte estructural del régimen de seguridad social, establecido en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993. Así las cosas, el conocimiento del asunto radicaba exclusivamente en la Jurisdicción Ordinaria, especialidad laboral, conforme al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y la jurisprudencia previamente referenciada.[12]

8. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

9. Este Tribunal ha señalado que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[13] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[14] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[15] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[16]

10. La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral (presupuesto subjetivo). (ii) El conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda presentada por el señor A.M.A. contra Porvenir y la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Administrativa-Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales (presupuesto objetivo). (iii) Ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia (presupuesto normativo).

    Específicamente, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira, acudió al numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 del CGP, así como al criterio de la Corte Suprema de Justicia respecto del contenido de las nociones de actividades de “servicios generales” y “mantenimiento de la planta física hospitalaria”. Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Riohacha, La Guajira, sustentó su posición en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y dos providencias del Consejo de Estado.

11. El artículo 12 de la Ley 270 de 1996 consagra una cláusula residual de competencia en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria, al asignarle el conocimiento de todos los asuntos que no estén atribuidos a otra jurisdicción por la Constitución o la Ley. En consonancia con lo anterior, el numeral 4 del artículo 2 del CPTSS, [18] modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, dispone que la referida jurisdicción, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de: “(…)[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. (…)”.

12. Así pues, se ha estimado que teniendo en cuenta la cláusula residual de competencia y la competencia general asignada a la especialidad laboral y de seguridad social por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, “(…) se entiende que sobre dichos jueces recae, en principio, el conocimiento de los asuntos relacionados con la seguridad social y los conflictos laborales. (…)”.[19]

13. Sin perjuicio de lo anterior, también le fueron atribuidas competencias en la materia a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El numeral 4 del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 ordena lo siguiente:

    “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. // Igualmente conocerá de los siguientes procesos: // (…) 4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público. (…)”

    No obstante, se consagró como excepción al conocimiento de la misma jurisdicción en el numeral 4 del artículo 105 de la Ley 1437 de 2011, “[l]os conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales.”.

14. Así las cosas, puede señalarse que sobre la Jurisdicción Ordinaria recae la competencia general para resolver controversias referentes al sistema de seguridad social integral, salvo que se trate de casos de responsabilidad médica o contratos y los que tengan por objeto el reconocimiento de obligaciones emanadas de la seguridad social integral que correspondan a otra autoridad -numeral 5, artículo 2, Ley 712 de 2001-. Por el contrario, la competencia en esta materia de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se encuentra supeditada a que concurran en el asunto tanto la condición de empleado público, como que la entidad administradora sea de naturaleza pública.

15. Lo anterior, fue resumido de la siguiente manera en el Auto 1154 de 2021:[20]

    “(…) Frente a la competencia de los jueces para asumir el conocimiento de asuntos relacionados con la seguridad social de trabajadores, en el Auto 329 de 2021 este Tribunal hizo la siguiente síntesis:

    Jurisdicción competente

    Controversia

    Condición

    Jurisdicción ordinaria, especialidad laboral y de seguridad social

    Seguridad social

    (numeral 4º artículo 2 de la Ley 712 de 2001)

    Trabajador privado u oficial, sin importar la naturaleza de entidad administradora.

    Empleado público o miembro de corporación pública, cuando la entidad administradora sea de naturaleza privada.

    Jurisdicción de lo contencioso administrativo

    Seguridad social

    (numeral 4º artículo 4 de la Ley 1437 de 2011)

    Empleado público o miembro de corporación pública, cuando la entidad administradora sea de naturaleza pública.

    (…)”

16. En el Auto 1179 de 2021 se desarrolló la regla en mención.[22] Dentro de las consideraciones hechas por la Sala en esa oportunidad se resaltan las siguientes:

    “(…) 19. En el caso bajo estudio, la señora V.A. pretende dejar sin efectos los actos administrativos a través de los cuales Colpensiones reconoció parcialmente la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez y, como consecuencia, pide ordenar el reconocimiento y pago de tal prestación, teniendo en cuenta tanto los tiempos cotizados al ISS como independiente, como el periodo durante el cual estuvo vinculada laboralmente con Telecom. Particularmente respecto de este último periodo pide ordenar al Patrimonio Autónomo de Remanentes la expedición del bono pensional a que haya lugar.

20. Como se mencionó previamente, esta Corporación ha advertido que la competencia sobre un proceso relacionado con la seguridad social no se define únicamente por el acto que se demanda, sino por la calidad que ostentaba el trabajador al momento en que se causa la prestación reclamada. Asimismo, la sola mención de una entidad pública adicional en el extremo pasivo del presente litigio, como lo es el Mintic, es insuficiente para concluir, de manera automática, que el asunto debe asignarse a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo[23] En este caso, la controversia está enmarcada en el acceso a dos asuntos asociados a la seguridad social de la señora M.V.A.. Por un lado, el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez por parte de Colpensiones y, por otro lado, la expedición de un bono pensional a favor de la demandante, por parte del Par Telecom. Al respecto se tiene que, en primer lugar, la demandante (i) presuntamente estuvo vinculada con Telecom desde el 1 de agosto de 1979 hasta el 31 de marzo de 1995 y, según certificó el Patrimonio Autónomo de Remanentes, al momento de su retiro ostentaba la calidad de trabajadora oficial (supra 1). Además (ii) el periodo de cotizaciones realizado directamente ante el ISS y respecto del cual también pide el reconocimiento de la indemnización sustitutiva se realizó en su calidad de trabajadora independiente. Estas dos circunstancias llevan necesariamente a que sea la Jurisdicción Ordinaria Laboral la competente para conocer del asunto de la referencia. (…)”.[24]

17. Como se expondrá más adelante, la anterior regla jurisprudencial es la aplicable para la resolución del caso bajo estudio. Sin embargo, conviene hacer una breve alusión a otro pronunciamiento, como criterio orientador que se acompasa con la posición ya esgrimida.

18. En el Auto 1154 de 2021,[25] la Corte estructuró la regla jurisprudencial según la cual: “(…) [l]os conflictos relacionados con la seguridad social de un empleado público afiliado a una administradora privada son de conocimiento del juez ordinario, especialidad laboral, por virtud de lo dispuesto en el artículo 2.4 de la Ley 712 de 2001. Competencia que no puede alterarse por la existencia de una pretensión subsidiaria a la de la seguridad social, propia de otra jurisdicción. (…)”.

19. Con el objeto de dirimir dicha controversia se hicieron algunas precisiones. En primer lugar, los “adjuntos” tenían la calidad de empleados civiles, hoy personal civil, que hacían parte de las Fuerzas Militares y eran empleados del anterior Ministerio de Guerra -Ministerio de Defensa-. Asimismo, conforme a las disposiciones pertinentes, se estimó que dichos servidores no eran ajenos a la clasificación entre empleados públicos y trabajadores oficiales, resultándoles también aplicable lo dispuesto en el Decreto 3135 de 1968, “(…) pues este reguló la clasificación de las personas que prestaban sus servicios, entre otros, en los ministerios[26]. (…)”.[27]

20. En segundo lugar, se analizó la demanda y los anexos en aras de identificar la vinculación que el demandante tuvo, infiriéndose que la misma era propia de un empleado público del Ministerio de Defensa por los periodos allí indicados y hasta la actualidad. Sin perjuicio de lo anterior, estimó la Sala lo siguiente:

    “(…) 32. Ahora bien, observa la Sala que el demandante pretende que se declare, principalmente, que tiene derecho a la expedición de un bono pensional, correspondiente a unos periodos fijados entre el año 1981 y 1989, cuando laboró como adjunto segundo al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana. Y, como consecuencia de esa declaración, solicitó que se dicten una serie de condenas al Ministerio de Hacienda, a su empleador y al fondo de pensiones al que se encuentra afiliado, dirigidas a materializar la expedición del referido derecho. Por consiguiente, en términos generales plantea una controversia relacionada con la seguridad social que es propia de la competencia del juez laboral (supra 15), como quiera que, si bien es empleado público, su administradora es de naturaleza privada[28]. Sin embargo, debe resaltarse que, una de las condenas que pretende como consecuencia de la declaración de reconocimiento del bono pensional es que se dicte una orden que, en principio, se relaciona con un aspecto laboral, como quiera que requiere el pago de una semana de salario a cargo del Ministerio de Hacienda, medida que corresponde, de manera exclusiva, a la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, pues involucra a un empleado público y a una entidad de la misma naturaleza (supra 11). (…)” (Subrayas por la sala). [29]

21. En tercer lugar, y en relación con la última particularidad advertida respecto de dicho asunto, se estimó que no era aplicable el fuero de atracción y que no era posible escindir formalmente el análisis de las pretensiones -las cuales tenían su origen en un tema relacionado con la seguridad social-. Por tanto, el asunto sería remitido al juez laboral, quien tenía las facultades propias de director del proceso en aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia en lo que correspondía a su competencia.

22. En este asunto, el señor A.M.A. busca el reconocimiento y pago de la cuota parte financiera del bono pensional modalidad 2-tipo A al que dice tener derecho, por parte de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Coordinación del Grupo de Prestaciones Sociales y Porvenir, así como el pago de los intereses de mora desde la fecha de redención normal del bono pensional hasta la del pago real y efectivo.

23. Conforme a lo narrado por el demandante, el sustento de la anterior solicitud se enmarca en la intención y trámites adelantados por el señor M.A. dirigidos a pedir la devolución de saldos cotizados durante su vida laboral, en calidad de afiliado a Porvenir bajo el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues afirmó haber cumplido la edad exigida para el beneficio pensional y encontrarse en imposibilidad de seguir haciendo cotizaciones en el sistema general de pensiones.

24. Particularmente, se entiende que el ciudadano demandante reclama el bono pensional al que indica tener derecho por haber prestado sus servicios al Ejército Nacional, durante el periodo aproximado de 7 años. Lo anterior, en razón a que señala que ingresó en el primer contingente del año 1972 como alumno de la Escuela de Suboficiales Inocencio Chinca de Popayán. Luego, afirmó que el 09 de septiembre de 1973, ascendió al grado de cabo segundo, momento desde el cual empezó a realizar aportes al Sistema General de Pensiones por el período de servicio.

25. Con base en lo anterior lo anterior, esta Corporación reitera que: (i) la competencia en un proceso relacionado con la seguridad social no se define únicamente por el acto que se demanda, sino también por la calidad que detentaba el trabajador al momento en que se causa el derecho prestacional reclamado -en este caso, el bono pensional-; y (ii) la sola mención a una entidad pública en el extremo pasivo del proceso es insuficiente para concluir automáticamente que el asunto debe corresponderle a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.[30] Entonces, la Corte analizará la naturaleza de la pretensión reclamada y, preliminarmente, la calidad del trabajador al momento en que presuntamente se causó el bono pensional que es objeto de reclamación en el asunto.

26. Conforme al artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen “(…) aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. (….)”. En concordancia con el artículo 113 de la mencionada Ley, se entiende que aquellos buscan permitir que las personas se trasladen dentro de los regímenes autorizados -Régimen de Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-.

27. Sobre su exigibilidad, el artículo 67 de la Ley 100 de 1993 indica que“[l]os afiliados que tengan derecho a recibir bonos pensionales, sólo podrán hacer efectivos dichos bonos, a partir de la fecha en la cual cumplan las edades para acceso a la pensión, previstas en el artículo 65[31]> de la presente Ley.”. No obstante, conviene resaltar que en providencia de 24 de febrero de 2021,[32] la Corte Suprema de Justicia se refirió a la devolución de saldos e hizo una diferenciación, conforme al ordenamiento jurídico que estimó relevante, en las fechas de redención que la mencionada Corporación equipara a las fechas de exigibilidad, de los bonos pensionales entre hombres y mujeres, en caso de que se tratara de una redención normal o anticipada. Con todo lo anterior es claro que la reclamación bajo estudio -bono pensional- hace parte del Sistema de Seguridad Social.[33]

28. Ahora bien, analizada la demanda y sus anexos, no se advierte documento que corrobore la vinculación laboral alegada. Sin embargo, ello no impide que se dirima el conflicto propuesto, pues se encuentra que existen dos elementos que permiten evidenciar que, en principio, el Ejército Nacional fue empleador del demandante.

    En primer lugar, la historia laboral del 05 de marzo de 2020,[34] que refiere preliminarmente registro en el que se tiene como empleador al Ejército Nacional desde el 24 de abril de 1973 hasta el 01 de junio de 1978. Luego de lo cual, también se indican unas cotizaciones realizadas directamente por el ciudadano demandante en algunos periodos de los años 2014 -junio y julio- y 2018 -diciembre-. En segundo lugar, la certificación CETIL del 16 de diciembre de 2019,[35] en la que, en principio, obra como entidad certificadora el Ministerio de Defensa Nacional y empleadora el Ejército Nacional y como periodo certificado se registra el señalado previamente -24 de abril de 1973 a 01 de junio de 1978- para el cargo de Cabo Primero.

    Ahora bien, partiendo de que el ciudadano demandante en principio cumpliría los requisitos para acceder al bono pensional, cuando eventualmente tuviera la edad necesaria para ello y, sin perjuicio de los demás requisitos que determine la Ley, se puede concluir que ello no habría ocurrido en el periodo en que presuntamente se desempeñó como miembro del Ejército Nacional. Lo anterior en razón a que, siguiendo lo indicado por la historia laboral, las últimas cotizaciones realizadas se hicieron a nombre propio, con lo que es razonable catalogar al ciudadano demandante como un trabajador independiente. Por tanto, se trata de un asunto que debe ser resuelto por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral atendiendo a las consideraciones que fueron desarrolladas previamente.

29. En consecuencia, esta Corporación resolverá el conflicto en el sentido de declarar que le corresponde al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Riohacha, La Guajira, conocer de la demanda presentada por el señor A.M.A. contra Porvenir y el Ministerio de Defensa Nacional-Dirección Administrativa-Coordinadora del Grupo de Prestaciones Sociales. Así, la Sala ordenará remitirle el expediente de la referencia a dicha autoridad judicial para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados.

    “La Jurisdicción Ordinaria en su especialidad laboral y de la seguridad social es competente para conocer de las controversias relacionadas con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, independientemente de si la entidad administradora es de derecho público o privado.”

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,