Auto nº 1232/23 de Corte Constitucional, 21 de Junio de 2023

1. Los días 28 y 29 de abril de 2022, el Juzgado 1° Penal Municipal de Pasto con Función de Control de Garantías presidió audiencia preliminar de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por el delito de acceso carnal violento en contra del señor N..[1] En esa oportunidad, la autoridad judicial impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al indiciado.[2]

2. El 25 de mayo de 2022, el consejero de Justicia y Territorio del R.P.P. informó a la Fiscalía que el indiciado fue recluido en la casa de armonización de la comunidad. Al respecto, explicó que el comunero debía presentarse ante el INPEC. Con todo, la comunidad tenía conocimiento previo del caso. Por esa razón, en compañía de la guardia indígena, decidió hacer seguimiento al investigado para internarlo en el centro de armonización, hasta la celebración de la segunda audiencia, durante la cual pondrán a disposición al indiciado. Asimismo, manifestó: “muy respetuosamente solicitaremos la modificación del sitio de reclusión en la audiencia de control de garantías y lo presentaremos voluntariamente a la audiencia el día que la programen. Presentaremos toda la documentación necesaria para solicitar el conflicto de competencia”.[3]

3. Por su parte, mediante oficio suscrito por el Director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y C. de Tumaco, el INPEC manifestó que el indiciado estaba “recluido en el Centro y/o casa de armonización de la Comunidad indígena desde el día 05/05/2022 hasta la fecha, en forma presencial y por vía de abonado telefónico […] por la situación de orden público, demostrando su compromiso con las exigencias de justicia y de los comuneros en pro de demostrar su deseo de resocialización y pago de la pena principal a imponer”.[4]

4. Posteriormente, el 27 de julio de 2022, el Fiscal 52 Seccional del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de Pasto (Nariño) radicó escrito de acusación contra N.. Lo expuesto, por la presunta comisión, en calidad de “autor, a título de dolo de las siguientes conductas punibles tipificadas en el Código Penal, Libro Segundo, Titulo IV “Delitos contra la libertad, integridad, y formación sexuales”: a) artículo 205, denominada acceso carnal violento, agravada por los numerales 2° y 3° del art. 211 del mismo Código, es decir, por ser el acusado amigo de la familia de la [niña] víctima lo que llevó a esta última a depositar en él su confianza […] y b) art. 206, denominada acto sexual violento, agravado por los numerales 2° y 4° del art. 211 del mismo código, por realizarse sobre una persona menor de catorce años”.[5] Según consta en dicho documento, el imputado no solo habría realizado varios “tocamientos eróticos sexuales” a la víctima. También, habría abusado sexualmente de la niña en dos oportunidades. La primera de ellas, al parecer, ocurrió en su vivienda ubicada en el barrio Villas del Sol en la ciudad de Pasto, mientras que la segunda tuvo lugar en un inmueble ubicado en el barrio El Pilar de la misma ciudad. Aparentemente, el indiciado aprovechó la cercanía de la víctima para lograr su objetivo, pues su residencia estaba ubicada en el mismo inmueble y el investigado era amigo de sus familiares.[6]

5. El 2 de septiembre de 2022,[7] el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) con Función de Conocimiento instaló audiencia de acusación. En esa oportunidad, la juez concedió la palabra a las partes para que se pronunciaran sobre posibles causales de impedimento o de nulidad que pudiesen configurarse en el proceso. En ese momento, la defensa solicitó el uso de la palabra para poner de presente la configuración de “una causal de incompetencia”,[8] porque, en su criterio, la investigación y juzgamiento del indiciado debía ser adelantado por las autoridades del Resguardo Indígena Awá – P.P..[9] Para justificar su solicitud, el abogado leyó un documento suscrito por el Gobernador de la comunidad indígena, en el que reclamó ante la juez de conocimiento “el derecho que [les] asiste de administrar justicia propia, por haber ya abocado conocimiento, y por encontrar que en el caso se encuentra involucrado [un] comunero”.[10]

6. Asimismo, expuso a viva voz el contenido (i) del artículo primero de la Resolución 038 del 31 de mayo de 1999, proferida por el INCORA;[11] (ii) de la Certificación N°2005 del 15 de diciembre de 2014, proferida por el Ministerio del Interior que reconoce la existencia de la comunidad indígena y delimita su ubicación geográfica;[12] (iii) de la Constancia del 26 de abril de 2022, expedida por el Ministerio del Interior que da cuenta de que F.J.C.G. es el Gobernador de la comunidad;[13] (iv) del Acta de Posesión del Gobernador ante la Secretaria de Gobierno de San Andrés de Tumaco (Nariño);[14] (v) del Certificado de pertenencia del indiciado a la Comunidad, proferido por el Gobernador del resguardo;[15] (vi) de la solicitud presentada por las autoridades indígenas al Ministerio del Interior, con el propósito de incluir al indiciado en los censos de la comunidad;[16] (vii) del informe de la visita del INPEC al centro de armonización del Resguardo;[17] (viii) de la declaración juramentada de la esposa del indiciado que da cuenta del arraigo del indiciado en la comunidad, así como de sus viajes a P. para estar con ella y su hijo,[18] entre otros.[19] Además, explicó que, en ejercicio de su derecho propio la comunidad había iniciado juicio de armonización. De manera que, tan pronto contara con la decisión definitiva de las autoridades ancestrales, presentaría el acta correspondiente a las autoridades judiciales ordinarias.

7. Con fundamento en lo expuesto, el abogado aseguró que el caso reúne los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, en concreto la Sentencia T-397 de 2016, para remitir el caso a la Jurisdicción Especial Indígena. Sobre el factor personal, señaló que el Gobernador de la comunidad certificó que el indiciado pertenece al colectivo étnico. Además, requirió al Ministerio del Interior para que incluyera al comunero dentro del censo de la comunidad.[20] En cuanto al elemento territorial, consideró que una interpretación extensiva de este presupuesto permite señalar que su acreditación no está limitada a los linderos del Cabildo correspondiente. Por el contrario, abarca los lugares en los que la comunidad despliega su cultura. En su criterio, esa perspectiva permite concluir que el elemento territorial está acreditado en el caso concreto, porque, tal y como lo indica la declaración juramentada de su esposa, el indiciado desplegaba su cultura, usos y costumbres en la ciudad de Pasto, lugar de ocurrencia del presunto delito.[21]

8. Respecto del elemento orgánico, manifestó que la comunidad “cuenta con un sistema de derecho propio constituido por autoridades, usos, costumbres y procedimientos aceptados por la comunidad, a partir de los cuales se hace posible inferir de manera inequívoca un alto grado de coerción por parte de las autoridades indígenas”.[22] Asimismo, aseguró que la existencia de ese sistema fue, incluso, corroborado por el Ministerio del Interior como agente de reconocimiento externo.[23] Por último, sobre el elemento objetivo, señaló que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección para la comunidad Awá. Además, las autoridades tradicionales consideran la violencia sexual como una problemática de carácter grave que impide vivir en armonía. Por lo tanto, concluyó que el caso acredita todos los elementos para ser conocido por la Jurisdicción Especial Indígena. En consecuencia, le solicitó a la juez de conocimiento abstenerse de continuar el trámite y remitir las diligencias a las autoridades indígenas competentes.[24]

9. En el oficio del 31 de agosto de 2022, aportado por la defensa en audiencia, el representante de la comunidad indicó que, en ejercicio de las competencias que le fueron reconocidas por el artículo 246 de la Constitución y por los usos y costumbres del pueblo indígena Awá, pone en conocimiento de la Justicia Ordinaria que las autoridades ancestrales iniciaron un proceso de armonización en contra del indiciado, quien hace parte del Resguardo Indígena Awá – P.P.. Al respecto, aseguró que el investigado “es indígena, en nuestro resguardo, apegado a nuestros usos y costumbres ancestrales, circunstancia que nos permite asumir competencia para efectos de ejercer nuestra justicia propia, en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena, en adelante JEI, por el problema de Abuso Sexual con Menores, categorizada según nuestro reglamento interno como una conducta “Muy Grave, por haberse presuntamente cometido en la persona de una mujer, [niña] wishá (mestiza)”.[25] En ese sentido, señaló que ese tipo de conductas hacen que la comunidad considere al investigado como “un ser peligroso, incluso para los mestizos y afros, y en esa medida sancionado de manera provisional con medida de aseguramiento y restricción de la movilidad, siendo confinado a permanecer limitado en su libertad al interior de nuestra Casa de Armonización y Justicia Propia del resguardo, bajo custodio de la guardia indígena del resguardo, en espera que se adelante el proceso de investigación, que culminará con la Asamblea de Armonización, presidida por un Consejo de Mayores”.[26] Por lo tanto, la autoridad tradicional (Katsa Mikua) asumió la competencia para llevar a cabo la armonización del indiciado, quien, en su criterio, ostenta el fuero penal indígena por estar censado en la Comunidad y recluido en el centro de armonización del resguardo. En consecuencia, solicitó a la juez de conocimiento abstenerse de continuar con el conocimiento del caso.

10. Por otra parte, en el documento, el Gobernador solicitó “adelantar el proceso de coordinación entre jurisdicciones para efectos probatorios, toda vez que debido a que la presunta víctima es [niña], esta jurisdicción NO va a adelantar ni valorar más pruebas, que las obrantes en el proceso, una vez corrió traslado la Fiscalía en la audiencia de imputación”. Asimismo, reiteró que las peticiones expuestas tienen sustento en su ley de origen y derecho propio. En esa medida, advirtió que la comunidad reclama su derecho de administrar justicia propia, porque ya iniciaron el proceso de armonización en contra de su comunero. Finalmente, indicó que “[p]ara la administración de justicia indígena [cuentan con su] propio Reglamento Interno (Código Penal), […] Casa de Armonización y Justicia Propia, y con las siguientes autoridades: la Asamblea de Armonización, el Consejo de Mayores, el Cabildo integrado por el gobernador, el suplente del gobernador, el alguacil mayor, el secretario, el fiscal, el tesorero y el coordinador de guardia; y la Guardia Indígena encargada de investigar en terreno, presentar las pruebas recaudadas en la Asamblea, y de hacer cumplir las armonizaciones (sentencias), dentro de nuestra autonomía”.[27]

11. Con ocasión de la intervención de la defensa y de los elementos allegados a la audiencia, la juez de conocimiento consideró que los demás intervinientes requerían tiempo adicional para analizar los documentos aportados en la audiencia. Por tanto, suspendió la diligencia y programó audiencia para continuar el trámite de definición de competencias para el 25 de octubre de 2022.[28] En esa oportunidad, la representante de víctimas presentó su oposición al cambio de jurisdicción, porque, en su criterio, el caso no acredita los presupuestos exigidos por la jurisprudencia para remitir el caso a la Jurisdicción Especial Indígena. La apoderada aseguró que, incluso la pertenencia del indiciado a la comunidad está en tela de juicio, en la medida en que no está registrado en la base de datos administrada por el Ministerio del Interior. Además, los hechos no ocurrieron dentro del territorio ancestral y el caso exige una ponderación entre los derechos del indiciado y la víctima. Al respecto, consideró que ese ejercicio debe inclinarse por la protección de los derechos de la niña quien ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional, en virtud del artículo 44 superior.[29]

12. Luego, el Ministerio Público explicó que la jurisprudencia constitucional exige demostrar que las investigaciones reúnen los presupuestos personal, territorial, objetivo e institucional u orgánico, para activar el fuero penal indígena. A partir de la definición de esos elementos, argumentó que el caso concreto reúne los elementos personal, territorial y objetivo. Con todo, indicó que la conducta reviste una especial nocividad para la sociedad mayoritaria, situación que exige un análisis muy detallado del factor institucional. En su criterio, ni los documentos aportados, ni la intervención de la defensa, permiten dar por acreditado ese elemento, porque no explicaron “cuáles son los procedimientos empleados para tramitar este tipo de conductas, las garantías procesales que le ofrecen al procesado, los mecanismos de reparación y protección que se otorgan a las víctimas”.[30] Además, advirtió que, según el escrito allegado por la Comunidad, las autoridades tradicionales van a adoptar una decisión con fundamento en los elementos materiales probatorios aportados en la imputación. Sin embargo, resulta imposible determinar hasta que, punto una decisión de esa naturaleza puede afectar los derechos de los involucrados. Por esa razón, solicitó que la Jurisdicción Ordinaria continúe con el conocimiento del caso y remita el expediente a la Corte Constitucional para que dirima la controversia.[31] Posteriormente, la Fiscalía aseguró que comparte la postura de sus antecesores. Manifestó que los hechos ocurrieron en la ciudad de Pasto y remitir el caso a la Jurisdicción Especial Indígena podría someter a la víctima, quien no pertenece a la comunidad, a una situación de inferioridad, por la distancia que tendría que recorrer para llegar al Resguardo y la dificultad de participar de un proceso que desconoce y se adelanta en un idioma diferente.[32] Finalmente, la juez fijó fecha y hora para pronunciarse sobre la controversia.

13. El 22 de noviembre de 2022, la Juez Tercera Penal del Circuito de Pasto (Nariño) con Funciones de Conocimiento expuso que el artículo 246 reconoce que los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de sus territorios. Sin embargo, el Legislador no ha regulado el asunto. Por esa razón, la jurisprudencia constitucional, puntualmente la Sentencia T-397 de 2016, ha establecido que la activación de la competencia de las autoridades indígenas depende de la acreditación de los elementos personal, territorial, institucional y orgánico y objetivo. Para el caso concreto, advirtió que el presupuesto personal está demostrado, porque la comunidad allegó la certificación de pertenencia del indiciado al Resguardo. Luego, manifestó que la comunidad cuenta con autoridades y un reglamento para administrar justicia e imponer las sanciones o correctivos del caso. Además, el representante del grupo étnico aseguró que la conducta era considerada como grave dentro del colectivo, lo que da lugar a encontrar acreditado el elemento objetivo. Con todo, en su criterio, las autoridades tradicionales no aportaron elementos sobre su “capacidad para satisfacer los derechos de la [niña] víctima. Más cuando se ha dicho que la niña no pertenece a la comunidad y reside a kilómetros de la ubicación territorial del resguardo”.[33] Al respecto, la juez manifestó que las víctimas tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sin embargo, la autoridad indígena no demostró la forma en la que garantizaría esas prerrogativas en los términos del artículo 44 de la Constitución, de la Convención de los derechos del Niño, del Código de Infancia y Adolescencia, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, de la Observación General N°14 de 2013, proferida por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de la jurisprudencia constitucional. Por tanto, concluyó que el elemento institucional u orgánico no está acreditado para el caso concreto.

14. Adicionalmente, la juez señaló que el caso tampoco reúne el factor territorial, porque no existe un nexo entre la conducta ilícita presuntamente desplegada y las actividades propias del resguardo al que pertenece. Finalmente, argumentó que no era oportuno pronunciarse sobre la posible vulneración al principio del non bis in Ídem. Lo expuesto en la medida en que la comunidad conocía del proceso penal adelantado por la justicia ordinaria y no se concibe que haya iniciado un proceso sin tener competencia para el efecto. La juez resaltó que la Jurisdicción Especial Indígena también está sujeta al respeto del debido proceso. Por tanto, debe esperar a la definición de competencias para emitir un pronunciamiento de fondo. Asimismo, consideró que debe tenerse en cuenta que, la Corte Constitucional estudió casos similares en los Autos 674, 311 y 381 de 2022 y estableció que la competencia estaba en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. En consecuencia, consideró que su despacho es el competente para conocer del caso y ordenó remitir las diligencias a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto positivo de competencias suscitado en el presente asunto.[34]

15. El expediente fue radicado en esta Corporación el 9 de noviembre de 2022. En sesión virtual del 25 de noviembre de 2022, el expediente fue repartido a este despacho para su sustanciación.[35]

1. Competencia

   16. De conformidad con lo previsto en los artículos 241 numeral 11 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015,[36] la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para dirimir los conflictos de competencia entre jurisdicciones.

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

   17. Esta Corporación ha sido enfática en señalar que los conflictos entre jurisdicciones se presentan, especialmente, cuando “(…) dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[37]

   18. Con fundamento en lo anterior, en el Auto 155 de 2019, la Sala Plena delimitó los presupuestos necesarios para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones. El caso de la referencia acredita esos requisitos, en los siguientes términos:

       Presupuesto

       Contenido

       Constatación

       Subjetivo

       La controversia debe ser suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones.[38]

       Este conflicto se presenta entre dos autoridades pertenecientes a distintas jurisdicciones. De un lado, está el representante del Resguardo Indígena Awá-Piguambi Palangala, como representante de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI). Si bien, en la audiencia celebrada para proponer el conflicto entre jurisdicciones, esa autoridad no intervino directamente, allegó un escrito, a través del apoderado de la defensa, en el que reclamó la competencia para conocer del caso. Y, del otro, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) con Funciones de Conocimiento, como representante de la Jurisdicción Ordinaria, quien consideró que el asunto era de su competencia exclusiva.

       Objetivo

       Existencia de una causa judicial sobre la cual se desarrolle la controversia, lo que requiere constatar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional.[39]

       El origen de la controversia es la investigación y juzgamiento que adelantan las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria en contra del señor N., por la presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, agravados en contra de una niña menor de 14 años.

       Normativo

       Las autoridades involucradas en el conflicto de jurisdicciones deben haber manifestado expresamente las razones por las cuales se consideran competentes -o no- para conocer de dicha causa judicial.[40]

       En cuanto a este último, encuentra la Corte que ambas partes hicieron referencia al fundamento legal en el que recae su competencia. Como se indicó en el acápite de antecedentes, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) con Funciones de Conocimiento sostuvo que, según las reglas establecidas en la Sentencia T-397 de 2016, el caso no acreditaba los elementos institucional y territorial para atribuir la competencia a la Jurisdicción Especial Indígena. Además, señaló que, en los Autos 674, 311 y 381 de 2022, al estudiar casos similares, la Corte determinó que la competencia debía ser atribuida a la Jurisdicción Ordinaria.

       Por su parte, mediante escrito del 31 de agosto de 2022, el Gobernador del Resguardo Indígena Awá- Piguambi Palangala justificó su reclamo de competencia en el artículo 246 de la Constitución y su derecho propio. Además, aportó los elementos que acreditaban la existencia y reconocimiento del cabildo, la pertenencia del procesado al mismo y la existencia de un Centro de Armonización en la Comunidad.

   19. Dicho esto, la Corte Constitucional encuentra acreditados los presupuestos para que se configure un conflicto positivo entre el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño) y la Jurisdicción Especial Indígena Cabildo Indígena Awá - Piguambi Palangala.

3. Sobre competencia de la Jurisdicción Especial Indígena

   20. El artículo 246 de la Constitución establece que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”. Dispone igualmente que “la ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

   21. Al respecto, la jurisprudencia ha entendido que esta jurisdicción tiene una dimensión individual y otra colectiva.[41] En cuanto al primer componente, la Corte ha establecido que los miembros de las comunidades indígenas tienen derecho a ser juzgados de conformidad con sus usos y costumbres. En esa medida, los integrantes de esos colectivos étnicos gozan del fuero indígena. La jurisprudencia ha definido ese concepto como “un derecho fundamental del individuo indígena que se estructura a partir de diversos factores, entre los que se encuentran el territorial y el personal (…)”.[42] Asimismo, ha señalado que aquel tiene como finalidad proteger la conciencia étnica del individuo y garantizar la vigencia de un derecho penal de responsabilidad culpabilista,[43] en donde la exigencia de culpabilidad limita el poder punitivo. Por lo que, para que pueda imponerse una pena, es necesario tener la posibilidad de realizar el correspondiente juicio de reproche.

   22. Respecto del componente colectivo, esta Corte ha advertido que la Jurisdicción Especial Indígena opera como una garantía para la comunidad.[44] Lo expuesto, en la medida en que, igualmente, constituye un derecho autonómico de las comunidades indígenas de carácter fundamental. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha dicho que la existencia de la jurisdicción indígena comprende, para las comunidades, las facultades de: (i) establecer autoridades judiciales propias; y (ii) conservar o proferir normas y procedimientos propios. Lo anterior, siempre que esos elementos estén sujetos a la Constitución y la ley, y se mantenga la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional. Esto, sin que el ejercicio de la jurisdicción esté condicionado a la expedición de la legislación particular.[45] A partir de lo expuesto, la jurisprudencia ha reconocido que, bajo esta dimensión, la activación de la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena exige verificar la acreditación de los factores objetivo e institucional u orgánico.[46]

   23. Con este panorama, la Corte ha considerado que, para determinar si un asunto que, en principio, le correspondería conocerlo a la justicia ordinaria, debe ser trasladado a la Jurisdicción Especial Indígena es necesario atender a las dimensiones expuestas. En consecuencia, deben considerarse cuatro elementos: (i) el subjetivo; (ii) el territorial; (iii) el objetivo; y (iv) el institucional u orgánico.[47] La jurisprudencia ha definido esos presupuestos de la manera que se expone a continuación.

   24. Factor subjetivo o personal. Supone que “cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres”.[48] Por lo tanto, debe acreditarse que el procesado pertenece al pueblo indígena en cuestión.[49]

   25. Factor territorial. Exige considerar el lugar en el que ocurrieron los hechos objeto de investigación. Lo anterior, porque las autoridades indígenas sólo pueden ejercer sus funciones jurisdiccionales al interior de su territorio.[50] Con todo, la jurisprudencia constitucional ha entendido este elemento desde una perspectiva estrecha y una amplia. La primera refiere al espacio físico en el que están situados los resguardos indígenas. Y, la segunda comprende el territorio como un concepto expansivo. En consecuencia, aquel podrá ser excepcionalmente extendido al ámbito donde la comunidad despliega su cultura, esto es, “sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”.[51] Bajo este supuesto, el espacio vital no se circunscribe a los límites geográficos del resguardo, sino que incluye el ámbito en el que la comunidad tiene una incidencia social y cultural efectiva.[52]

   26. Factor Objetivo. Requiere determinar si el interés de judicialización de la conducta recae sobre la comunidad indígena o sobre la sociedad mayoritaria. Para el efecto, la jurisprudencia ha establecido las siguientes subreglas relevantes:

       “(S-xi) Si el bien jurídico afectado, o su titular pertenece, de forma exclusiva a la comunidad indígena, el elemento objetivo sugiere la remisión del caso a la jurisdicción especial indígena.

       (S-xii) Si el bien jurídico afectado, o su titular pertenece exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

       (S-xiii) Si, independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo no determina una solución específica (…)

       (S-xiv) Cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, de acuerdo con la subregla (S-xv), la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la jurisdicción especial indígena; el juez, en cambio, debe efectuar un análisis más detallado sobre la vigencia del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la jurisdicción especial indígena no derive en impunidad, o en una situación de desprotección para la víctima”. [53]

   27. Asimismo, ha manifestado que, “al margen de la relevancia que debe asignarse al factor institucional, el elemento objetivo cuenta con un peso importante en la toma de decisiones, pues aun cuando determinada conducta se considere muy gravosa para la sociedad mayoritaria, el juez que resuelve el conflicto no puede ignorar la cosmovisión que un pueblo étnico tiene en relación con las conductas delictivas presuntamente realizadas. Por ello, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer de un asunto, deben mostrar ante el juez que resuelve el conflicto entre jurisdicciones cuál es su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados. Este deber se justifica por el carácter dispositivo del ejercicio de la competencia y el respeto por la autonomía de las comunidades”.[54] De igual manera, ha precisado que, cuando las autoridades indígenas reclamen la competencia para conocer un asunto, deben demostrar ante el juez que resuelve el conflicto su entendimiento en relación con la nocividad de los hechos investigados. Este deber está justificado por el carácter dispositivo del ejercicio de la competencia y el respeto a la autonomía de las comunidades.[55]

   28. Factor institucional u orgánico. Exige la existencia de “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”.[56] En esa medida, este constituye un medio para garantizar el derecho al debido proceso, la conservación de las costumbres e instituciones ancestrales, y los derechos de las víctimas. Por lo tanto, los representantes de las comunidades deben identificar: (i) las autoridades indígenas encargadas del juzgamiento; (ii) los usos y costumbres con fundamento en los cuales se ejerce esa labor; (iii) la previsión de la conducta investigada como sancionable con los castigos aplicables; (iv) la forma en la que la comunidad garantiza el derecho al debido proceso del indiciado y protege los derechos de las víctimas; y, (v) el poder de coerción de la comunidad para hacer cumplir sus sanciones.[57]

   29. Ahora bien, en este punto, la Sala pone de presente que el análisis de los factores descritos previamente debe evaluarse de manera ponderada y razonable en cada caso concreto. Al respecto, la Sentencia C-463 de 2014 estimó que “una vez concluida la sistematización de las reglas referentes a los factores que determinan la competencia de la jurisdicción especial indígena, resulta oportuno señalar que estos criterios deben evaluarse de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso”. Por esta razón, “[s]i uno de estos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. El juez deberá revisar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena, el debido proceso del acusado y los derechos de las víctimas. En cuanto a los dos últimos, deberá estudiarlos bajo la perspectiva de la diversidad cultural”.[58]

   30. En consecuencia, el criterio principal para la resolución de los conflictos de competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria comprende una valoración ponderada entre los elementos que solamente puede darse caso a caso. En tal sentido, la falta de acreditación de uno de los cuatro requerimientos señalados no necesariamente constituye un motivo para declarar la falta de competencia de la Jurisdicción Indígena. De igual manera, la comprobación meramente formal o aparente de todos ellos, tampoco implica la pérdida de competencia automática de los jueces ordinarios.

4. El análisis del factor institucional u orgánico en casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes

   31. En los Autos 750 de 2021, 643 y 1139 de 2022, la Corte resolvió colisiones de competencias con situaciones fácticas similares. En concreto, estudió casos de posible comisión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.[59] En esas oportunidades, la Corte se pronunció sobre el “reconocimiento al interés superior del [niño o niña], el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, comprende, entre otros: la garantía de su desarrollo integral y la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del [niño o niña]”.[60]

   32. De esa forma, “cuando un niño o una niña sea víctima de delitos sexuales, las autoridades jurisdiccionales que judicializan la correspondiente conducta deben “ser particularmente diligentes y responsables con la investigación y sanción efectiva de los culpables y restablecer plena e integralmente los derechos de niños víctimas de delitos de carácter sexual”.[61]

   33. En ambas ocasiones, la Sala encontró que el factor institucional no se encontraba debidamente acreditado. Lo expuesto, “debido al elevado grado de nocividad social que, para la sociedad mayoritaria implica la conducta presuntamente cometida, es necesario realizar un estudio riguroso de la capacidad institucional de la comunidad indígena para tramitar la causa”.[62] Ciertamente “la falta de acreditación de este factor implicaría un desconocimiento de la especial protección constitucional de la que son titulares las niñas y adolescentes, lo que supondría una transgresión a las normas domésticas e internacionales que propenden por la prevención, investigación, tratamiento y reparación integral a las niñas víctimas de la violencia sexual”.[63]

   34. Como consecuencia de ello, aseguró que “no hay duda de que, en los casos asociados a la violencia sexual ejercida contra niñas, niños y adolescentes, el precedente constitucional exige la implementación de un enfoque diferencial, lo que significa, entre otras, la existencia de medidas especiales de repudio, sanción y, sobre todo, reparación, rehabilitación y protección para la presunta víctima”.[64]

   35. En cuanto al análisis del factor institucional en esos casos, el Auto 643 de 2022 advirtió que, en los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, el elemento orgánico debe ser analizado con un mayor rigor que demuestre que la comunidad cuenta con una capacidad que le permita: (i) investigar y judicializar la conducta; (ii) garantizar el debido proceso al indiciado; y, (iii) asegurar el ejercicio de los derechos de las víctimas. Al respecto, resaltó que el ejercicio de la facultad jurisdiccional por parte de las comunidades indígenas es potestativo. En esa medida, “cuando reclamen la competencia para conocer de un asunto como el presente –delitos sexuales–, en el que se encuentra involucrada una [niña] –presunta víctima–, les corresponde demostrar que cuentan con la capacidad institucional para juzgar y sancionar conductas que menoscaben los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como para garantizar el debido proceso del acusado y los derechos de la víctima”. La falta de acreditación de este elemento inclinará la decisión de la Corte a remitir el caso a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. Con fundamento en lo expuesto, la Corte procede a estudiar las circunstancias del caso concreto.

5. El caso concreto

   36. Para decidir el asunto bajo examen, la Sala Plena analizará si, en el caso concreto, están acreditados los factores subjetivo, territorial, objetivo e institucional, de conformidad con la explicación realizada previamente. Luego, valorará de forma ponderada y razonable la incidencia de estos factores en la resolución de la controversia. Finalmente, presentará la decisión del caso.

   37. Elemento subjetivo. En atención a los elementos aportados por el Gobernador de la comunidad, la Sala encuentra comprobado que el procesado pertenece al Resguardo Indígena Awá – P.P.. En efecto, así lo demuestran: (i) la Certificación del 14 de mayo de 2022, expedida por el representante de la Comunidad;[65] y, (ii) la solicitud que presentó el colectivo étnico al Ministerio de Interior, para que inscribiera al indiciado en las bases de datos de la entidad como miembro del grupo étnico.[66] La Corte pone de presente que los documentos emitidos por las autoridades ancestrales deben presumirse auténticos. En esa medida, tienen pleno valor probatorio. Por tanto, aunque el indiciado no está registrado como comunero en las bases de datos del Ministerio del Interior, esta Corporación da por acreditado el factor personal.

   38. Elemento territorial. Según la información aportada por la Fiscalía, aparentemente, los sucesos ocurrieron en la residencia del imputado en el barrio Villas del Sol de la ciudad de Pasto (Nariño). En ese sentido, a la Corporación le corresponde determinar si esta ciudad hace parte del territorio indígena.

   39. En el marco de la audiencia de formulación de acusación, la defensa allegó copia de la Resolución 038 del 31 de mayo de 1999, expedida por el INCORA. El artículo 1 de ese acto administrativo establece que la comunidad indígena A.P.P. está “localizado en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño”.[67] Por su parte, esta Corporación consultó el documento “Caracterización de Justicia Propia – Resguardo Indígena Piguambí Palangala”.[68] A. señala que la comunidad “está ubicado en el municipio de Tumaco, al suroccidente de Colombia, en el departamento de Nariño. Junto a P.P. se ubica el centro urbano del corregimiento de Llorente. Ahora bien, el territorio rural denominado ancestral por el pueblo awá limita actualmente con la República del Ecuador y cuenta con una extensión aproximada de 500 hectáreas de bosque húmedo tropical. Allí conviven alrededor de 3501 familias Inkal Awá, con un patrón de población altamente disperso en la zona de piedemonte costero de la Región Pacífica (entre los 200 a 700 m.s.n.m). Algunos líderes de la comunidad afirman que “el 90% de la población es indígena, pero hay personas que llegaron y que colindan con los límites del resguardo”.[69] Según el Instituto Geográfico A.C. (en adelante IGAC), entre el municipio de Tumaco y la ciudad de Pasto existe una distancia, por vía terrestre, de 300 kilómetros.[70]

   40. Con base en lo expuesto, la Sala advierte que el factor territorial no se encuentra acreditado ni desde una perspectiva estricta, ni desde una aproximación expansiva del ámbito geográfico de la comunidad. En efecto, la conducta objeto de investigación, al parecer, ocurrió en la ciudad de Pasto. Con todo, el resguardo indígena que reclama la competencia está ubicado en el Corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco (Nariño). De conformidad con la información registrada por el IGAC, entre la capital del departamento de Nariño y el municipio en el que está localizado el cabildo hay una distancia aproximada de 300 kilómetros. Para la Sala, la distancia entre ambos lugares es suficiente para advertir que, desde una perspectiva estricta, el caso no reúne el presupuesto territorial.

   41. Ahora bien, la Sala reitera que el elemento referido también debe analizarse desde una perspectiva expansiva. Ciertamente, la jurisprudencia ha considerado que el factor territorial puede encontrarse acreditado en investigaciones adelantadas por conductas punibles cometidas fuera de los linderos geográficos del resguardo. Lo expuesto, siempre que ese territorio pueda “ser remitido al espacio vital de la comunidad”.[71] Es decir, que corresponda a un lugar en el que “la comunidad despliega su cultura, esto es, “sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”.[72] Este criterio constituye una muestra de la garantía del principio de maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y minimización de sus restricciones.[73] Con todo, esta Corporación encuentra que el factor territorial tampoco está acreditado desde esta óptica, por las siguientes razones.

   42. Ni los documentos aportados por la comunidad, ni la intervención de la defensa señalaron que el espacio vital del colectivo étnico incluyera la ciudad de Pasto. Es decir, no demostraron que desplegaran sus costumbres, ritos, creencias religiosas, ni modos de producción en ese territorio. Por otro lado, el documento de caracterización de la comunidad, emitido por el Ministerio de Justicia, tampoco advierte que la comunidad despliegue su cultura en la capital del departamento de Nariño.

   43. En este punto, la Sala precisa que la perspectiva expansiva del factor territorial exige que la comunidad despliegue sus usos y costumbres en lugares ajenos a los linderos geográficos de su territorio. El simple hecho de que un comunero transite por diversos lugares y practique sus costumbres en ellos no implica que el espacio vital de la comunidad se extienda hasta esos territorios, como lo indicó el abogado de la defensa. La jurisprudencia es clara en advertir que este elemento exige demostrar que la comunidad, como un colectivo étnico, tiene una relación vital con ese espacio que excede sus linderos geográficos, pero resulta relevante para el ejercicio de sus actividades culturales. En consecuencia, la Sala concluye que el factor territorial no está acreditado, ni siquiera desde una perspectiva expansiva. Lo expuesto, porque la conducta punible investigada, al parecer, fue cometida en una ciudad respecto de la cual no está acreditado que la comunidad indígena del Resguardo Indígena Awá – P.P. haga presencia territorial o realice constantes intercambios sociales y económicos.

   44. Elemento objetivo. De conformidad con los antecedentes presentados, el comunero investigado fue acusado, en calidad de autor, por los delitos de acceso carnal violento y de acto sexual violento, en contra de una niña menor de 14 años, agravados. En reiteradas oportunidades, esta Corporación, al analizar la importancia de los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, ha reconocido de forma uniforme y reiterada “la especial importancia que reviste la integridad sexual de los menores de edad para la sociedad mayoritaria”.[74] A manera de ejemplo, en el Auto 750 de 2021, la Corte resaltó que “el reconocimiento al interés superior del menor de edad, el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución, comprende, entre otros: la garantía de su desarrollo integral y la preservación de las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor de edad”. Asimismo, en el Auto 138 de 2022, la Sala Plena reconoció “la especial importancia que reviste la integridad sexual de los menores de edad para la sociedad mayoritaria”, e indicó que “cuando un niño o una niña sea víctima de delitos sexuales, las autoridades jurisdiccionales que judicializan la correspondiente conducta deben ‘ser particularmente diligentes y responsables con la investigación y sanción efectiva de los culpables y restablecer plena e integralmente los derechos de niños víctimas de delitos de carácter sexual”.

   45. Esta situación, contrastada con el marco fáctico de la acusación, lleva a la Corte a considerar que la sociedad mayoritaria tiene especial interés en: (i) investigar y judicializar las conductas presuntamente cometidas; así como en (ii) buscar la reparación y garantías de protección para la adolescente, toda vez que la conducta punible representa una gran afectación a sus derechos fundamentales.[75] En todo caso, lo anterior no supone una exclusión automática de la competencia de las autoridades indígenas. Por el contrario, significa que es necesario analizar caso a caso los elementos fácticos y la información suministrada por las autoridades indígenas. Esto con el fin de valorar la nocividad que la agresión sexual a niñas o adolescentes representa para una determinada comunidad indígena.[76]

   46. En este caso, las autoridades indígenas manifestaron que las conductas presuntamente cometidas hacen parte del problema de Abuso Sexual con Menores, el cual está categorizado por su reglamento como “muy grave”, por haberse presuntamente cometido en la persona de una mujer, menor de edad wishá (mestiza)”.[77] Con todo, tanto el escrito de acusación como el reclamo de competencia por parte de la comunidad[78] permiten concluir que la presunta víctima, en su calidad de titular de los bienes jurídicos afectados, no pertenece a la Comunidad.

   47. Según la Sentencia C-463 de 2014, “[s]i el bien jurídico afectado, o su titular pertenece exclusivamente a la cultura mayoritaria, el elemento objetivo orienta al juez a remitir el caso a la jurisdicción ordinaria” (énfasis añadido). En esa medida, esta Corporación encuentra que, a pesar de que el bien jurídico tutelado sea relevante para la comunidad y para la sociedad mayoritaria, la titular de este pertenece de manera exclusiva a la sociedad mayoritaria. De manera que, en aplicación de la regla jurisprudencial descrita, el elemento objetivo orienta la decisión de esta Corporación a atribuirle la competencia a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal.

   48. Adicionalmente, la Sala advierte que este caso involucra la protección de bienes de especial relevancia para la cultura mayoritaria y de “trascendencia universal”,[79] porque la conducta imputada al indiciado implica la presunta afectación de forma directa e intensa a la integridad y formación sexual de una niña.[80] Lo cual, resulta en la imperiosa necesidad de investigar y juzgar los hechos constitutivos del presunto punible con el respeto de las garantías legales de los sujetos imputados por este delito.[81] En consecuencia, la Sala advierte que, ante la gravedad de la conducta y al ser la presunta víctima un sujeto de especial protección constitucional, la comprobación del factor institucional debe ser analizado de manera estricta. Esto, como se advirtió, no con el fin de anular el ámbito de aplicación de la Jurisdicción Especial Indígena, sino con el objetivo de precaver vulneraciones a los derechos de las víctimas, entre ellos el de acceder a un sistema judicial que cuente con los elementos materiales mínimos para una debida investigación, juzgamiento y sanción.

   49. En suma, el factor objetivo orienta la decisión de la Corte a atribuir la competencia del caso a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. Además, la conducta investigada resulta especialmente nociva para la sociedad mayoritaria. Por tanto, esta Corporación está llamada a realizar un análisis más riguroso del factor institucional.[82]

   50. Elemento institucional u orgánico. Tal como lo indicó esta Corte en el Auto 311 de 2022, “[l] a manifestación de interés en asumir el conocimiento del caso, así como la existencia de autoridades que serían designadas para ello, representa una primera muestra de institucionalidad. Sin embargo, la vigencia del elemento institucional puede ser materia de un análisis más exigente por tratarse de la judicialización de delitos sexuales”. Así, “las autoridades indígenas deben evidenciar cuáles son, en particular, los procedimientos empleados para tramitar esta conducta, las garantías procesales que se le ofrecen al acusado y lo mecanismos de reparación y protección que se ofrecen a la víctima”.[83] Ahora, dicha providencia indicó que, en los casos de violencia sexual, que involucran menores de edad, “a las autoridades indígenas les corresponde demostrar que cuentan con la capacidad institucional para juzgar y sancionar conductas que menoscaben los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”. De manera que, a efectos de analizar del factor institucional de la jurisdicción, el principio de legalidad implica determinar si, para el derecho propio, existe “previsibilidad de las actuaciones de las autoridades”.[84]

   51. En este caso, la Sala advierte que, en los documentos aportados al trámite, el Gobernador del Resguardo Indígena Awá – P.P. señaló algunos elementos que en principio permitirían identificar “un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados”.[85] En efecto, los documentos allegados al trámite advierten que la comunidad cuenta con una autoridad tradicional denominada K.M., encargada de adelantar la investigación y juzgamiento. Además, precisan que la cuentan con un reglamento interno, en virtud del cual, los casos de violencia sexual son catalogados como muy graves. En esa medida, los elementos aportados al proceso dan cuenta de que el colectivo étnico cuenta con autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso y con un reglamento interno que prevé la conducta como sancionable.

   52. Por su parte, en el documento que caracterizó el sistema de justicia de la comunidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho explicó que, para atender a los inconvenientes que tengan relación con comuneros, la situación debe ponerse en conocimiento del Gobernador, quien cita al cabildo mayor y llama a la Asamblea General (Paitta Inkal Awá Wamtit). Ante esa instancia, en presencia del consejo de mayores, escuchan tanto las acusaciones en contra de los implicados, como sus defensas, en armonía. Después de ello, la Asamblea toma la decisión que corresponda, según la gravedad de la conducta. En todo caso, la investigación de las conductas está a cargo de la guardia con el Gobernador.[86] Adicionalmente, indicó que, según el Reglamento de Aplicación de Justicia Propia, “la penalización en la Ley de Origen va desde la armonización espiritual y el concejo efectuado por los mayores, hasta un castigo netamente físico. Sin embargo, el medio de sanción que ha perdurado es el consejo, tanto en privado como en Asamblea. En todo caso, según les delegados, “la forma de castigar de un resguardo a otro cambia. Por la caracterización territorial. Unos estamos en la costa, otros en el piedemonte y otros cerca de los ríos”.[87]

   53. A partir de lo expuesto, la Sala encuentra que el colectivo étnico cuenta con autoridades encargadas de llevar a cabo el proceso y con un reglamento interno que prevé la conducta como sancionable. Con todo, la información allegada no da cuenta de la forma en la que la comunidad juzga los casos de violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes. Tampoco explica cómo opera la estructura institucional de justicia propia. Esto impide determinar de qué manera garantiza la comunidad tanto los derechos del indiciado como los de la víctima.

   54. Ciertamente, esta Corporación advierte que los elementos aportados en el expediente son insuficientes para determinar los mecanismos que tiene el Resguardo Indígena Awá – Piguambí Palangala para garantizar los derechos del indiciado al debido proceso y de las víctimas menores de edad a la verdad, justicia, reparación y no repetición. La Sala advierte que uno de los documentos allegados al proceso señala que la comunidad solo analizará los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía hasta la imputación. Aunque ello permite evidenciar que las autoridades indígenas pretenden activar los mecanismos de cooperación judicial para obtener los elementos materiales probatorios que consideran necesarios para resolver el caso, la Corte considera que esa manifestación no es suficiente para demostrar la forma en la que la comunidad protegerá los derechos del indiciado y de las víctimas.

   55. Además, la presunta víctima es una menor de edad que no hace parte de la comunidad y reside en un lugar ubicado a una distancia considerable del cabildo. Sin embargo, a pesar de que la comunidad reconoció que la niña no hace parte del resguardo y advirtió que esa situación denotaba la gravedad de la conducta, no explicó qué actuaciones desplegaría para garantizar los derechos de la víctima, quien se encuentra en unas situaciones especialísimas. Para esta Corporación, otorgarle la competencia a la autoridad indígena que la reclama, en este caso concreto, puede configurar una barrera casi infranqueable para que la víctima pueda acceder de forma oportuna y digna a la administración de justicia. Lo expuesto, en la medida en que implicaría exigirle recorrer una distancia considerable para poder acudir a las autoridades y someterse a una serie de procedimientos desconocidos para ella, en los cuales no se tiene certeza sobre cuál sería su mecanismo de participación.

   56. Por su parte, el documento de caracterización emitido por el Ministerio de Justicia configura un elemento contextual de relevancia para el caso concreto. Con todo, no describe de forma puntual el tratamiento que el pueblo Awá otorga a las conductas que puedan constituir violencia sexual. Simplemente, advierte que la forma de castigar de la comunidad cambia de un cabildo a otro. Además, a pesar de su relevancia, ese estudio no puede entenderse como una manifestación de la comunidad, porque aquel corresponde a la comprensión de otras personas respecto de la administración de justicia a cargo de la comunidad.

   57. En conclusión, ni los documentos allegados por la autoridad indígena, ni el estudio publicado por el Ministerio de Justicia, explican de qué manera la institucionalidad de la comunidad resulta adecuada para investigar y juzgar delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes, que no pertenecen a la comunidad y residen a una distancia considerable del Resguardo. Es importante resaltar que, en relación con el pluralismo jurídico reconocido en la Constitución,[88] las comunidades indígenas pueden adoptar sistemas de justicia propios. Sin embargo, “el sistema de derecho propio debe respetar el derecho al debido proceso, la conservación de las costumbres e instituciones ancestrales, y los derechos de las víctimas, así como el principio de legalidad que se materializa en la previsibilidad de las actuaciones de las autoridades”.[89] Lo elementos referidos no fueron acreditados en este caso. Por tanto, no se constató que la comunidad cuente con un poder coercitivo y una institucionalidad adecuada para garantizar de forma efectiva los derechos del procesado y de la víctima en este proceso. La Sala reitera que, en el presente asunto, el análisis del factor institucional resulta ser más exigente, debido a que: (i) están involucrados los derechos de la niña a vivir una vida libre de violencias de género; y, (ii) la conducta calificada como de especial gravedad –factor objetivo–. Así las cosas, para los efectos del asunto sub examine, la Corte concluye que el factor institucional no está acreditado.

   58. Ahora bien, la Sala advierte que un análisis ponderado de los elementos señalados permite concluir que el caso objeto de controversia debe ser asumido por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. En efecto, la Corte encontró acreditado el factor subjetivo, porque: (i) el acusado es miembro del Resguardo Indígena Awá – P.P.. Con todo, advirtió que (ii) la conducta objeto de investigación al parecer fue cometida en un lugar que no hace parte de la comunidad. Por ese motivo, el elemento territorial no está demostrado. Además, el ilícito presuntamente cometido estuvo dirigido en contra de una niña que no pertenece a la comunidad. Según la jurisprudencia, cuando el titular del bien jurídico tutelado pertenece exclusivamente a la sociedad mayoritaria, (iii) el factor objetivo debe orientar la decisión de la Corte a remitir el caso a la Jurisdicción Ordinaria. Por otra parte, el delito investigado reviste una especial nocividad para la sociedad mayoritaria. En esa medida, la Sala realizó un análisis más estricto del (iv) presupuesto institucional. Ese ejercicio le permitió concluir que la comunidad no aportó elementos que evidenciaran la forma en la que el caso sería abordado por su sistema de derecho propio, para garantizar el derecho al debido proceso del indiciado y los derechos a la verdad, justicia y reparación de la menor de edad. La ausencia de estos elementos puede poner el riesgo los derechos de la víctima quien ostenta la calidad de sujeto de especial protección constitucional. Por tanto, la Sala considera que, ante la relevancia que reviste el amparo de las garantías de la víctima, el caso debe ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria. Esto no quiere implica que en futuros casos no se pueda analizar nuevamente el nivel institucional del Resguardo Indígena Awá – P.P., teniendo en cuenta el estudio de caso a caso, y el respectivo análisis que debe realizar de forma concreta esta Sala.

   59. De manera que, a partir de un análisis ponderado de los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, la Sala Plena concluye que el conocimiento del caso sub judice es de competencia de la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad penal. Ello, porque no se acreditó de forma cierta que la comunidad ofrezca mecanismos de reparación y protección a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de violencia sexual. Por lo cual, no es posible maximizar la autonomía del Resguardo Indígena Awá – P.P. como protección a los derechos fundamentales de los menores de edad, sujeto de especial protección constitucional. En ese sentido, la Sala procederá a remitir el expediente CJU-3174, al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pasto (Nariño), para que proceda con lo de su competencia y comunique la decisión a los interesados y a las autoridades del Resguardo Indígena Awá – P.P..

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,