Aspectos jurídicos fundamentales para cumplir con las labores de desminado humanitario en Colombia
| Autor | Andrea Ortega Torres |
| Páginas | 121-136 |
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Capítulo 6
Aspectos jurídicos fundamentales para
cumplir con las labores de desminado
human itario en Colombia
6.1. Objetivo
El presente capítulo tiene como objetivo analizar las
principales discusiones jurídicas que se presentan para avanzar en
las operaciones de desminado humanitario en Colombia. Incluye
un análisis sobre la responsabilidad del Estado colombiano en
materia de identicación, georreferenciación y señalización
de artefactos explosivos, la discusión sobre la rigidez de los
Estándares Nacionales de Desminado Humanitario que diculta
la acreditación de organizaciones civiles de desminado y la
efectividad de las operaciones en terreno, el impacto del concepto
de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos en el
sentido de limitar las operaciones de desminado exclusivamente
a zonas del país que se encuentren con condiciones de seguridad
consolidadas, y un breve análisis del Plan Piloto de Limpieza
entre el Ejército Nacional y las FARC.
6.2. Responsabilidad del Estado colombiano en mater ia
artefactos explosivos (MAP-MUSE)
En este aparte de la investigación se realiza un breve
estudio sobre algunas decisiones judiciales que responsabilizan
al Estado por incumplimiento de las actividades de desminado
humanitario en el territorio nacional. Si bien es cierto que los
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LAS VERDADES DEL DESMINADO
Retos y oport unidades del Plan “ Paz Colombia”
pronunciamientos judiciales emitidos por el Consejo de Estado están
dirigidos a determinar la responsabilidad administrativa del Estado y la
reparación de daños ocasionados a las víctimas de estas armas mortales,
no debe perderse de vista el escenario de justicia transicional vigente desde
el 2011, que impone deberes más especícos y puntuales para alcanzar
una paz estable y duradera, que como se expondrá más adelante, no se
cumplirán sin una política clara sobre la limpieza de minas en el territorio
colombiano.
La Ley 759 de 2002, “por medio de la cual se dictan normas para el
cumplimiento a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almace-
namiento, Producción y Transferencia de MAP y sobre su Destrucción y se
jan disposiciones con el n de erradicar en Colombia el uso de minas anti-
personal”, establece en el artículo 18 una obligación directa para el MDN,
al señalar:
ARTÍCULO 18. COMPROMISOS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL. El Ministerio de Defensa Nacional de-
signará al personal militar especializado en técnicas de desminado
humanitario, para adelantar labores de detección, señalización, georre-
ferenciación de áreas de peligro, limpieza y eliminación de las minas
antipersonal. Igualmente, el Gobierno Nacional nanciará los gastos
ocasionados por la destrucción de las minas antipersonal que las Fuer-
zas Militares tengan almacenadas o identicará y gestionará los recur-
sos de cooperación internacional para tal efecto, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores y del Departamento Nacional de Planeación.
Es decir, desde el 25 de julio de 2002 cuando entró en vigencia la
Ley 759 de 2002, existe una responsabilidad directa del MDN de desple-
gar todas las actividades necesarias que permitan una identicación real
de la amenaza de MAP en el país, señalizando las áreas peligrosas y es-
tableciendo un plan detallado para limpieza de la tierra y eliminación de
las MAP, evitando que la población civil sea víctima de estos artefactos, es
por esta razón que cada vez que se presenta un “evento” relacionado con un
artefacto explosivo en el que una persona pierde su vida, o resulta lesionada,
la víctima puede hacer uso de los mecanismos legales para que se declare
responsable al MDN y se le condene a pagar una suma de dinero como
reparación de los daños ocasionados.
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