AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51023 del 06-09-2017
| Sentido del fallo | INADMITE |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 51023 |
| Fecha | 06 Septiembre 2017 |
| Tribunal de Origen | Tribunal Superior Sala Penal de Yopal |
| Tipo de proceso | CASACIÓN |
| Número de sentencia | AP5857-2017 |
epública de Colombia
Corte Suprema de Justicia
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ
Magistrado ponente
AP5857-2017
Radicado N° 51023.
Acta 297.
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
Se pronuncia la Sala sobre la admisibilidad de la demanda de casación presentada por los defensores de los procesados J.D.R.A. y JAIRO AUGUSTO RODRÍGUEZ CORREAL, contra el fallo de segunda instancia que profiriera el Tribunal Superior de Yopal, fechado el 15 de julio de 2015, mediante el cual confirmó con modificaciones, en cuanto, decretó la cesación de procedimiento, por prescripción, del delito de falsedad marcaria, la sentencia emitida el 27 de febrero de 2015, por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de esa ciudad, condenando a los referenciados y a Héctor Díaz Gaitán, en calidad de coautores de los delitos de secuestro simple y hurto calificado agravado, a la pena de 203 meses de prisión, multa en cuantía de 600 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la sanción principal.
A todos los procesados se les negaron los sustitutos de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria.
LOS HECHOS
Fueron narrados en la sentencia de primer grado, del siguiente tenor:
“Los hechos denunciados ocurrieron el día 29 de agosto de 2006 hacia las 7 p.m. en la finca las delicias vereda villa rosa del municipio de Tauramena –Casanare, cuando llegaron a dicho lugar un número aproximado de 6 a 8 personas que se movilizaban en una camioneta de platón y un campero portando armas de fuego y se presentaron como miembros de las autodefensas comandadas por MARTÍN LLANOS, les dijeron que venían por los tractores que necesitaban urgente para remolcar unos carros que venían con armamento, procedieron luego a amarrar a las personas que se encontraban allí y las encerraron en un cuarto encañonándolas; hicieron prender los tractores, cogieron dos motocicletas y les pidieron los papeles, los cascos y chalecos, también procedieron a sustraer una suma aproximada de ocho millones cien mil pesos ($8.100.000), ropa y unos chinchorros, procedieron además a embarcar los dos rodantes en una cama baja y un doble troque en un lapso aproximado de una hora entre las 9:00 y 10:00 P.M., prepararon comida y abandonaron posteriormente la finca con las dos motocicletas en tanto que otros dos de los sujetos permanecieron allí hasta aproximadamente las 12:00 P.M. y se fueron en la camioneta recogiendo a dos más que se encontraban a unos 400 metros de la vivienda, luego de ello una de las víctimas logró soltarse y liberó a los demás procediendo a dar aviso a las autoridades.
Posteriormente efectivos del DAS –Seccional meta, por información de una de las víctimas interceptaron un vehículo –cama baja que concordaba con la descripción de uno de los vehículos que había transportado uno de los tractores hurtados y había quedado registrado en una cámara de vídeo que se encontraba en uno de los peajes ubicado entre la vía Tauramena y Villavicencio, y que se devolvía hacia Aguazul, del cual su conductor y dueño informó que lo habían contratado por un valor de $800.000 y dio información de paradero del rodante en el barrio la Florida de Villavicencio cerca de una estación de servicio Terpel, logrando así la captura final de cinco (5) sujetos como presuntos responsables de los hechos motivo de investigación, así como la recuperación de los dos tractores y una de las motocicletas hurtadas, finalmente, la incautación de una camioneta marca Chevrolet Cheyenne.”
DECURSO PROCESAL
Luego de la captura flagrante y recuperación de algunos bienes hurtados, con fecha del 31 de agosto de 2016, el DAS dio a conocer los pormenores de lo ocurrido a la Fiscalía, organismo que el día 1 de septiembre siguiente dispuso la apertura formal de instrucción.
Escuchados en indagatoria H.D.G., Mauricio Pachón Ortegón, J.A.R.C., J.I.V.Q. y JOSÉ DARIÓ RAMÍREZ AGUIRRE, en auto datado el 8 de septiembre de 2006, les fue resuelta su situación jurídica con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva.
El 8 de marzo de 2007, se elevó acta para sentencia anticipada con M.P.O., quien aceptó cargos por los delitos de secuestro, hurto calificado y falsedad marcaria.
El mérito del sumario fue calificado el 25 de junio de 2007, con resolución de acusación en contra de Héctor Díaz Gaitán, J.A.R.C., José Ignacio Valencia Quintero y JOSÉ DARÍO RAMÍREZ AGUIRRE, a título de coautores de los delitos de Secuestro simple, hurto calificado agravado y falsedad marcaria.
Interpuestos por la defensa los recursos de reposición y apelación, en auto del 9 de agosto de 2007 el fiscal encargado del asunto decidió no reponer, por lo que fue enviado el trámite a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal, órgano que en decisión del 12 de septiembre de 2007, confirmó en su integridad lo decidido por el A quo.
Ejecutoriada la resolución de acusación, el asunto le fue repartido para adelantar la fase del juicio al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, despacho judicial que adelantó la audiencia preparatoria el 5 de febrero de 2008.
El 15 de mayo de 2008 se dio comienzo a la audiencia pública de juzgamiento, culminada el 4 de octubre de 2012.
Previamente, el 19 de mayo de 2009, se concedió la libertad provisional a todos los acusados.
El 27 de febrero de 2015 fue proferido el fallo condenatorio de primer grado, oportunamente apelado por el defensor de Héctor Díaz Gaitán y J.D.R.A., así como por J.A.R.C., este directamente.
El fallo de segundo grado se emitió el 15 de julio de 2015 y, en cuanto confirmó con modificaciones lo decidido por el A quo, fue objeto del extraordinario recurso de casación sustentado por los defensores de J.D.R.A. y J.A.R.C..
LAS DEMANDAS
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A nombre de J.D.R.A.
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CARGO PRIMERO
Acude el demandante a la causal tercera enlistada en el artículo 207 de la Ley 600 de 2000, que atiende a la violación del debido proceso, en este caso remitida, de conformidad con lo alegado por la defensa, a dos circunstancias diferentes:
-Haberse adelantado el trámite dentro de los parámetros de la Ley 600 de 200, a pesar de que los hechos ocurrieron en el año 2006 y obligaban, de conformidad con las normas transitorias de la Ley 906 de 2004, a que se rituara por la sistemática acusatoria, que empezó su vigencia en Yopal, sostiene el demandante, a partir del 1 de enero de ese año.
-Encargarse del juzgamiento un juzgado penal del circuito especializado, pese a corresponder el asunto a un juez penal del circuito ordinario, en seguimiento de la cláusula general de competencia y acorde con lo establecido en el Decreto Legislativo 2001 de 2002, expedido por el Gobierno Nacional.
Estima el recurrente que por virtud de ambas irregularidades fue violado el debido proceso y el principio de competencia funcional.
En particular destaca, respecto a la necesidad de haber adelantado el trámite por la sistemática acusatoria, que en este caso su representado judicial “hubiera tenido más oportunidades de defensa”, en tanto, podría haber aceptado los cargos formulados, desde la imputación, pudiendo acceder a una rebaja del 50% de la pena; o era factible adelantar preacuerdos con la Fiscalía, o someterse al principio de oportunidad.
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia a efectos de decretar la nulidad de todo lo actuado.
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CARGO SEGUNDO
Dice el impugnante que acude a la causal primera, cuerpo segundo, en tanto, se presentó la violación indirecta de la ley sustancial, dado que “los juzgadores de instancia incurrieron en error al SUPONER que en el proceso existía plena prueba de responsabilidad en contra de JOSE DARIO RAMIREZ AGUIRRE…”.
A efectos de precisar el tópico, de manera general el casacionista se refiere a las pruebas recogidas en el informativo, para derivar de ellas que en ningún momento vinculan directamente con lo sucedido al acusado.
Destaca, además, que no puede darse el valor de plena prueba a los informes de policía judicial –incluso valoraron la declaración que como testigos rindieron los agentes bajo la gravedad del juramento-; mucho menos, si estos funcionarios se extralimitaron recibiendo versión a los capturados sin la presencia de su defensor. Incluso, acota, a su representado judicial se le condujo a las instalaciones del DAS para verificar su identidad y luego fue capturado con la “complicidad” del fiscal del caso.
Añade el demandante, de otro lado, que no se analizó “como debió ser” el testimonio de M.P.O., aspecto que soporta en su particular análisis de lo dicho por este
Pide “casar por este cargo la sentencia”.
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CARGO TERCERO
También dentro de la férula de la causal primera, pero ahora en el cuerpo primero, el recurrente dice que se violó de manera directa la ley sustancial al dejar de aplicarse el artículo 171 del C.P., que contempla la reducción de la mitad de la pena, en los casos de secuestro, cuando la persona es liberada dentro de los 15 días siguientes.
Entiende el demandante que efectivamente así ocurrió en el asunto examinado, como quiera que la violencia y privación de la libertad de las personas fue momentánea, mientras se consumaba el hurto, al punto que sus ataduras fueron débiles y permitieron que se soltaran rápidamente.
Ello, acota, fue reconocido por el Tribunal cuando, en el mismo asunto, emitió sentencia de condena por acogimiento a cargos en contra de M.P.O.. Cita, además, radicado de la Corte (sin transcribir ningún apartado de la decisión), que supuestamente confirma su postura.
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CARGO CUARTO
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