AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59496 del 05-05-2021
| Sentido del fallo | DECLARA INFUNDADA LA CAUSAL DE IMPEDIMENTO |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de expediente | 59496 |
| Número de sentencia | AP1749-2021 |
| Tribunal de Origen | Juzgado Penal de Circuito de Ibagué |
| Tipo de proceso | IMPEDIMENTO |
| Fecha | 05 Mayo 2021 |
P.S. CUÉLLAR
Magistrada PonenteAP1749-2021
Radicación n.° 59496
Aprobado acta No. 104
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
ASUNTO
Se resuelve el impedimento manifestado por el JUEZ SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE IBAGUÉ, para conocer el proceso penal rad. 730016000000-2016-00211, que se sigue contra J.D.V.S. y otros, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos (art. 366 C.P.).
ANTECEDENTES
1. El 6 de marzo de 2017, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué avocó el conocimiento del proceso penal rad. 730016000000-2016-00211, que se adelanta en contra de D.J.R.G., J.D.R.Q. y J.D.V.S., por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos (art. 366 C.P.).
Dicho proceso se encuentra actualmente para adelantar la diligencia de lectura del fallo[1].
2. El 1 de febrero de 2021, se dio cambio de titular en el despacho, siendo asignado el J.C.A.C.C., quien fungía previamente como Juez Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué.
El 1 de marzo siguiente, ese funcionario se declaró impedido para conocer el proceso, invocando la causal prevista en el numeral 13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004.
Sostuvo que, el 2 de mayo de 2019, actuando como juez de control de garantías, le concedió la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad a J.D.V.S., dejándolo en libertad.
Por lo anterior, remitió el proceso al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de P., en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos PSAA15-10402 y PSAA16-10507.
3. El 27 de abril de 2021, la juez segunda penal del circuito especializado itinerante de P. no aceptó el impedimento y, en consecuencia, atendiendo lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, dispuso la remisión de la actuación a esta Corporación.
CONSIDERACIONES
1. De conformidad con el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver el impedimento manifestado por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué (Tolima) y rechazado por la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado Itinerante de P. (Risaralda), al ser el superior funcional común de ambos funcionarios, los cuales pertenecen a distintos distritos judiciales (CJS AP 109-2020 RAD 56678, CSJ AP 896-2020 RAD.57117).
2. Las circunstancias constitutivas de impedimento y recusación se estatuyeron en desarrollo del principio de imparcialidad, para garantizar a la sociedad que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico plasmado en el proceso penal sea ajeno a cualquier interés distinto al de la recta administración de justicia.
Este instituto procesal vela por el derecho de todos los ciudadanos a ser juzgados por un juez objetivo, al tenor de los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 8-1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1968 y 5° de la Ley 906 de 2004.
La manifestación de impedimento debe ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la presencia de alguna de las causales consagradas en la normatividad. Así, las partes, intervinientes y la sociedad en general, tienen la garantía de que los funcionarios que desempeñan la labor de administrar justicia actúan ceñidos a la aplicación imparcial y ecuánime del ordenamiento jurídico, lejos de cualquier circunstancia que pueda perturbar su ánimo al ejercer el deber constitucional y legal a su cargo.
El legislador, en busca de efectivizar la imparcialidad del juez, definió de manera taxativa las causales por las que es procedente apartar a los funcionarios judiciales de los asuntos llamados a resolver.
3. En el presente asunto, el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué plantea la causal prevista en el numeral 13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que textualmente dice:
13. Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo.
La teleología de la causal en comento apunta a que el juez a cargo del juzgamiento no tenga ninguna aproximación con los temas que serán debatidos en dicha fase, al tratarse de la etapa de mayor importancia en un modelo acusatorio.
Así, se busca evitar que pueda formarse un preconcepto derivado del hipotético conocimiento que llegase a adquirir previamente de los aspectos objeto de interés del proceso, de orden probatorio o jurídico, que pueda afectar su imparcialidad en el juicio.
Bajo este entendimiento, ha dicho la Sala que la causal no puede operar de manera automática, por la simple intervención del funcionario en cualquier diligencia anterior a la etapa de juzgamiento, pues, para su configuración, se requiere que la intervención anterior recaiga sobre aspectos esenciales que permitan anticipar un criterio definido de valoración, por ejemplo, con relación a la existencia de la conducta punible o la responsabilidad del procesado, concepto que necesariamente surgirá del estudio o contacto con los elementos materiales de prueba, evidencia física o información legalmente obtenida durante la investigación (CSJ AP2978, 4 nov. 2020, Rad. 58390).
Esto impone analizar cada caso en concreto, para establecer si confluye una postura pretérita relacionada con parámetros de esta naturaleza, pues lo pretendido con las causales de impedimento y recusación es, en general, que «las personas que acudan a la administración de justicia obtengan respuesta por parte de un funcionario imparcial, libre de cualquier preconcepto o de actuación que condicione su ánimo de decidir en algún sentido» (CSJ AP 2441-2020, Rad. 57967).
4. Ahora bien, tal como lo señaló la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado itinerante de P., la Sala no avizora la manera como puede llegar a configurarse este motivo de impedimento en el caso analizado.
Es cierto que el juez C.A.C.C., cuando fungía como titular del Juzgado Octavo Penal Municipal con función de control de garantías de Ibagué, accedió a la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad que le había sido impuesta a J.D.V.S. dentro del proceso penal rad. 730016000000-2016-00211 y, en consecuencia, le impuso las...
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