Capítulo Cuarto. Las acciones típicas de legalidad por naturaleza deben ejercer el Control de Legalidad
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Capítulo Cuarto
Las acciones típicas de legalidad por naturaleza
deben ejercer el Control de Legalidad
Dentro de las acciones contencioso administrativas se puede establecer
una clase que se han denominado acciones de legalidad, dentro de las cuales
encontramos como principal la acción de nulidad y en menor grado la acción
de nulidad de restablecimiento del derecho, ya que esta además de comportar
pedimentos de legalidad también tiene naturaleza indemnizatoria.
1. LA ACCIÓN DE NU LIDAD: GARAN TE DEL PRINCIPIO DE L EGALIDAD
la Administración al ordenamiento jurídico, es garantizado a través del derecho
que le asiste a los administrados para acudir a la jurisdicción en los eventos de
actos que estén viciados de ilegalidad; y el derecho para ejercer dicho control no
es otro que la acción de nulidad.
El control de los actos de la Administración deriva de los principios planteados
con la Revolución Francesa, uno de los cuales se expresa en el de legalidad, donde el
poder del soberano superior a la ley es invertido por el poder de la ley sobre el poder
del gobernante, en esa medida debía dotarse a los administrados de instrumentos
de control para garantizar el principio, que fue lo que hizo la revolución1.
1 , Eduardo. La lengua de los derechos. Madrid: Editorial Alianza,
de la Revolución Francesa, cuando dice que la idea de someter el poder a un juicio en que
derecho, es una idea de un Estado montado por la Revolución Francesa.
418 Ciro Nolberto Güechá Medina - Jessica Tatiana Güec há Torres
El poder de la Administración en ciertas circunstancias se podía tornar
arbitrario, es decir, violatorio de los derechos del pueblo, por lo que se le dotó
de facultades para resistir u oponerse a los excesos del poder público2; en esa
medida, la posibilidad de oponerse a las arbitrariedades de la Administración ha
generado como lo presenta el profesor , varias formas de control como
de legalidad, los controles de oportunidad, controles internos y externos3; lo que
determina, que el control de regularidad o legalidad implique la necesidad de
existencia de un derecho o una acción especial para acudir a la jurisdicción natural
oponerse a la arbitrariedad del poder público, generándose así la acción de nulidad
como control de legalidad de los actos de la Administración.
La necesidad de control de legalidad de los actos de la Administración,
determinó la implantación dentro del sistema francés, de un recurso por
incompetencia que se instauraba ante el rey o soberano, el cual además de ser
típicamente administrativo, pues se surtía ante la propia Administración4, tenía
la característica de ser facultativo, en el sentido de que si era deseo del soberano
anulaba o no la decisión, otorgándosele la característica de recurso de gracia5.
Al ser un recurso por incompetencia, determina la existencia de una estructura
administrativa jerárquica, es decir, la existencia de autoridades inferiores que
debían someter su actuación a autoridades administrativas superiores y que cuando
este principio era vulnerado se generaba causal de anulación del acto, la cual se
surtía ante el rey o soberano, quien decidía con la colaboración o asesoría del
Consejo de Estado6.
2 , Droit Administratif, Op. cit. 28, hace relación a que la declaración de 1789 consagró la
resistencia a la opresión como un derecho fundamental y que la declaración de 1793 proclama en
los siguientes términos: “la insurrección contra el gobierno que viola los derechos del pueblo
es el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
3 Ibídem, p. 29.
4 Para la época se presentaba la institución de la justicia retenida, en donde la Administración se
5 Con , H. Traite elementaire de Droit Administratif, en , Op. cit. p. 188.
6 , Op. cit. p. 20, muestra como el recurso era jerárquico pero además como el Consejo de
Estado intervenía en las decisiones, así: “Durante el período revolucionario en ausencia de toda
jurisdicción administrativa organizada, diversos textos preveían recursos de anulación de actos
de autoridades administrativas inferiores ante la autoridad administrativa superior. Después
del año viii, este poder de anulación, esencialmente jerárquico, pasa al Primer Cónsul, luego al
Emperador; pero lo ejerce en Consejo de Estado. Esta intervención del Consejo de Estado será
decisiva:Ellatransformaráprogresivamenteelrecursojerárquicoenunrecursocontencioso”.
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