Capítulo I: Autoría por convicción
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En Colombia, como sucede en tantos otros países, nunca se ha planteado
una fórmula legal que contemple un tratamiento jurídico penal particular
para los supuestos de autoría por convicción1 y, por esta razón, tampoco se
ha originado, ya sea en el ámbito de la doctrina o en la jurisprudencia penal,
un debate jurídico sobre la cuestión. Esto, por supuesto, indica que nunca
Ahora bien, que el desarrollo dogmático de esta particular forma de
hayamos presenciado– situaciones en las que, a grandes rasgos, una persona
ejecuta conductas encuadradas en tipos penales en razón a sus convicciones
donde abundan las religiones, creencias e ideologías, los comportamientos que
normal e incluso más usuales que en sociedades con procesos avanzados de
estabilización cultural2. Por esta razón, aunque no pretendemos dar por sentado
1 La única mención doctrinal que se ha hecho acerca de la delincuencia por convicción en Colombia
se hizo, curiosamente, para criticar la Ley 975 de 2005 –mejor conocida como la Ley de Justicia y
Paz–, de la cual hablaremos en su debido momento, frente al tratamiento que ésta le otorga al delito
de sedición. Esta mención, realizada por el profesor
delincuentes por convicción
original). Al respecto véase Rodolfo.
, En: , v. 19, n. 56, 2006, p. 159.
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Así entonces, si pretendemos hacer un análisis de la autoría por convicción
y proponer una respuesta punitiva adecuada frente a aquellos casos que se
para entender todo lo que venga a continuación.
En este sentido, iniciaremos en el punto cero de la discusión, siendo éste la
comenzaremos con el derecho constitucional a la libertad de conciencia, lo que,
a su vez, nos permitirá entender el alcance de las convicciones. Seguido a esto,
podremos adentrarnos en el debate acerca de qué pasa cuando, ejerciendo las
libertades constitucionales, se incumple la ley.
Una vez tengamos claro lo anterior, diferenciaremos la autoría por
convicción de sus dos tipos criminológicos más cercanos, la autoría por motivos
de conciencia, a la cual estaremos volviendo una y otra vez durante todo el
al análisis de las diferentes situaciones en las que quien delinque lo hace
impulsado por un motivo trascendental para sí mismo pero ajeno, en muchos
casos, al resto de la población o a las diferentes poblaciones.
análisis, vale la pena hacer una aclaración previa y es que, aunque algunos códigos
atenuación punitiva basada en la concurrencia en el autor de motivos morales o
de interés social3, no debe confundirse ésta ni debe considerarse equiparable al
jurídico-política, En: Ricardo.
, Bogotá: Universidad de Los Andes, 2010, p. 136.
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más que cualquier otra circunstancia, la naturaleza de la personalidad del agente, cuando ellos
tienen claro valor moral o social –honor, patriotismo, caridad, entre otras– es lógico deducir que
quien, impulsado por ellos, cae en delito, está demostrando menor capacidad de delincuencia.
Al respecto véase a Alfonso. , Bogotá:
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privilegio del autor por convicción, a pesar de que mantenga con él una estrecha
relación4, aunque esto lo trat aremos cuando resulte pertinente. Dicho esto, por el
momento, descartaremos la investigación de la atenuación punitiva por motivos
altruistas y sólo se hará referencia a ésta cuando sea estrictamente necesario en
Entendido entonces que el punto de partida es la posición de las actuaciones
por convicción en el ordenamiento jurídico, parece ser apenas lógico que
convicciones en el mismo, por lo que vale la pena iniciar por la protección
constitucional que se les da a éstas, dado que, como se ampliará en su momento,
el ejercicio de las convicciones es protegido en el más alto rango legal. No
obstante, antes de esto tenemos que hacer unas cuantas menciones en aras de
Lo primero que hay que tener en cuenta es que a lo largo de esta investigación
de una u otra forma, las personas obran de acuerdo a sus convicciones o, en el
sentido opuesto, dejan de obrar pues, de hacerlo, estarían yendo en contra de
éstas. Esto, por supuesto, como se ha visto hasta el momento, es el tema central
cuestionado su importancia en el Derecho, como somos la gran mayoría, no
considere relevante distinguir las acciones que se realizan de acuerdo a las
convicciones de las acciones que se realizan de acuerdo a la conciencia. Es
lo analizamos desde un plano netamente constitucional, tomando el artículo
18 de la Constitución Política Colombiana5, el cual será estudiado en detalle,
4 Josep María. , Barcelona:
PPU, 1989, p. 352.
5 Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia.
Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni
obligado a actuar contra su conciencia.
6 Constitución Española de 1978 (Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso
español en referéndum de 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes
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