Colombia y su proyección en un orden multipolar en desarrollo
| Autor | Eduardo Pastrana Buelvas |
| Páginas | 327-360 |
Colombia y su proyección en un orden
multipolar en desarrollo*
Este documento desarrolla una discu sión preliminar y tentativa sobre lo que
algunos consideran la nueva posición de Colombia en el sistema internacio-
nal, teniendo en cuenta la política exterior formulada por el presidente Juan
Manuel Santos (2010-2013) y su equipo de gobierno. Los objetivos principa-
les serán, por una parte, interpretar cómo se ha v isto Colombia a sí misma
en el escenario internacional, considera ndo el contexto interno y externo o
lo interméstico, y por otro lado, recuperar o intentar reconstruir la imagen
actual y las posiciones de Colombia vigentes con respecto a las estructu ras
del sistema internacional y con respecto a algunos subsistemas o arreg los re-
gionales. Para esto, se tendrán en mente los cambios potenciales (presiones)
o fácticos que han suscitado mayor interés en los medios de comunicación
y en las arenas políticas.
Por tratarse solo de una aproximación, no se busca partir de un ejerci-
cio empírico para precisar cuál es la v isión de los líderes y sus percepciones
interna y externa, así como sus conexiones causales con la formulación de la
política doméstica o la exterior. Más bien, se ofrece una ventana de oportu-
nidad para cuestionar la coherencia entre las políticas interna y externa del
gobierno en curso y la idoneidad de algunas posiciones gubernamentales
frente a las dinámicas presentes del sistema internacional. Lo anterior no
implicará ignorar el trabajo previo del autor, quien ha apelado a algunas
categorías analíticas del constr uctivismo y del realismo neoclásico (theory-
driven), para contribuir a dilucidar las continuidades y discontinuidades
de la política exterior colombiana, sobre todo entre los gobiernos de Álvaro
Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos.
La imagen cambiante de Colombia y la política exterior
En no pocos discursos o alocuciones presidenciales y mini steriales recientes,
aparece la idea de que Colombia, en la dimensión interna, experimenta un
* Este es un ar tículo derivado de la ponencia pres entada en el seminario “Globa l Governance:
Crossed Perceptions”, en Río de Ja neiro, Brasil, el 22 de oc tubre del 2013.
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Problemas y desaf íos contemporáneos...
contexto (económico, político, militar y social) muy diferente al que caracte-
rizó al Estado en los años 90 y med iados de los 2000. Este fue un turbulento
periodo en el que con frecuencia se consideraba, adentro y afuera, que el país
no tenía capacidad institucional, en cuanto a sus reglas predominantes y a
su competencia para hacerlas cumplir, y no tenía dominio territorial, pues
había zonas con débil presencia o total ausencia de organizaciones estatales.
Lo anterior debido a fenómenos como la insurgencia crónica, el paramilita-
rismo escalado y la altísima c orrupción burocrática, todos ellos atravesados
por un problema más amplio: el narcotráco. Según Tokatlian (2008, p. 74),
era un lugar común entre periodistas y ana listas asociar al E stado colombiano
en los 90 con un Estado fallido ( failed state). En la literatura académica, un
Estado fallido implica tres situaciones concretas que revelan la distinción
entre la estatalidad de iure o nominal y la estatalidad fáctica o en ejercicio:
la ausencia de legitimidad, la ausencia de capacidad, esto es, de recursos y
estrategias ecaces de gestión pública, y la ausencia de soberanía o por lo
menos de control territorial o dominación por parte del aparato weberiano
o coercit ivo.
En la percepción gubernamental colombiana y estadounidense de los
2000, Colombia estaba ad portas de convertirs e en un Estado fallido. El én-
fasis en este discurso provino de afuera. de manera que los decisores esta-
dounidenses iniciaron la asistencia activa en la guerr a internacional contra
las drogas, que se consolidó en los años 90, para apoyar a los Estados consi-
derados con mayor riesgo de colapso por su penetración (Tokatlián, 2008,
p. 82). No obstante estas buenas intenciones, detrás de instr umentos como
la certicación, tan padecida e inasible para la administración Samper Pi-
zano (1994-1998), y las preferencias comerciales por resultados en materia
de erradicación de cultivos ilícitos, captur as, extradiciones e incautaciones,
plasmadas en la Ley de Preferencias Andinas (AT PA) en 1992 y actuali zadas
en la Ley de Preferencias Arancelarias Andi nas y Erradicación de la Droga
(ATPDEA) en el 2002, había u na concepción muy asimétrica y una lógica de
dependencia, que se terminó reejando en una política exterior colombiana
tímida y “parroquialista” o ensimismada, esto es, enfocada hacia adentro,
sobre todo en los gobiernos sucesivos de Andrés Pastrana y en los ocho años
de Álvaro Uribe.
Para Tokatlian (2008, pp. 82-83), Estados Unidos fue renando desde
los años 50 diversos instrumentos de presión sobre Colombia y otros países
“problema” para su seguridad nacional. Así, ofrecía y quitaba incentivos co-
merciales, nancieros, migratorios y jurídicos, como puede verse en marcos
Colombia y su proy ección en un orden...
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como el Immigration and Nationality Act (1952), el State Department Basic
Authorities Act (1956), el Trade Act (1974), el Caribbean Basin Economic
Recovery Act (1981) y el Drug Tracking Control Act (1984). En particular,
las presiones signicaron para Colombia aceptar y formular políticas como el
retorno de la extradición y la intensicación de la fumigación aérea con glifo-
sato1. En el caso de la entrega de connacionales a EE. UU., está sucientemente
documentada la forma en que ese país amenazaba con sanciones comerciales
si no se adoptaban esa y diecinueve exigencias más, lo que signicó abolir su
prohibición constitucional en 1991 y en 1996 y casi declarar la incapacidad
del aparato judicial colombiano para encarar los problemas internos (Palou
et al., 2011, pp. 36-37). De esta manera se privilegió el alineamiento externo
en los términos de Washington y por encima de los arreglos nacionales.
Antes, con el ATPA se habían señalado los férreos requisitos que deman-
daba el Congreso estadounidense a Colombia y cualquier otro país interesado
en gozar de preferencias comerciales o eventual ingreso al Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (Naa). Entre estos requisitos estaban no
apoyar el comunismo, no nacionalizar o expropiar posesiones de ciudadanos
estadounidenses en el país aspirante, proteger los derechos de propiedad in-
telectual de ciudada nos y sociedades de EE. UU., evitar imponer gravámenes
que implicaran el detrimento de intereses de EE. UU., reconocer los laudos
arbitrales internacionales en los que se involucraran intereses de EE. UU., no
haber rmado tratados de extrad ición de ciudadanos estadounidenses, eli-
minar o modicar t ratamientos preferenciales a terceros países desarrollados
si afrentaban intereses de EE. UU. y proteger los derechos laborales de acuer-
do con estándares internacionales (Maldonado, 1995, pp. 198-201). Varios
de estos condicionamientos, que reejan verticalidad y no reciprocidad, se
mantendrían tanto en el ATPDE A como en los Tratados de Libre Comercio
(TLC) (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2001, p. 36), limitando
los márgenes de autonomía interna y externa no solo de Colombia, sino
también de países similares en la zona andina, con economías primarias,
dependientes del mercado de EE. UU. y afectadas por cultivos ilegales, como
Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia.
1 El glifosato o roundup es u n insumo provisto por la empresa e stadounidense de semi llas y ali-
mentos transgénic os Monsanto. Esta sustancia se ha c atalogado como como extremadame nte
tóxica por varios s ectores, incluyendo campes inos e indígenas colombianos y de E cuador, y or-
ganizacione s de consumidores en Aleman ia y en Argentina (Semana, 2001, 2001, 2001, 2006).
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