Concepto Nº CGR-OJ-0123-2018 de Contraloría General de la República, 17-08-2018
| Fecha | 17 Agosto 2018 |
| Número de oficio | CGR-OJ-0123-2018 |
| Emisor | Contraloría General de la República (Colombia) |
O
CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLIGA
1
CGR-0J-
80112 —
123
-2018
Contraloria General del, Republca SSD 17-08.201812:03
Al Contestar Cite Este No.: 20181E0081680 FolrIT Anex:0 FA:O
ORIGEN 80112GFICINAJURIDICA IIVAN DARIO GUAUOUE TORRES
DESTINO 801111-UNIDAD DELEGADA PARA EL POSCONFLICT I DIEGO
RAFAEL
DORADO
HERNÁNDEZ
ASUNTO CONCEPTO
OES
20181E0061680
1119118111111111111111111111111N1111111111
Bogotá, D.C.
Doctor
ANDRÉS BERNAL MORALES
Jefe de la Unidad Delegada para el Posconflicto (E)
Bogotá, D.C.
Referencia: Respuesta al radicado No. 20181E0028841.
Tema:
Contraloría General de la República.- Control fiscal a los recursos del
Posconflicto.- Unidad Delegada para el Posconflicto.- Atribuciones.-
Respetado doctor Dorado:
1. Antecedente
Esta Oficina conoce su comunicación con la cual señala que el tercer inciso del
artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2016 le da un mandato expreso a la
Contraloría General de la República para presentar al Congreso de la República un
informe detallado sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas
del componente para la paz del Plan Plurianual de inversiones al inicio de cada
legislatura.
Menciona también que el Decreto 888 de 2017 crea en la organización de la
Contraloría General de la República, en el nivel superior de dirección del nivel
central, la dependencia denominada Unidad Delegada para el Posconflicto, adscrita
al Despacho del Contralor General de la República, con lo cual se modifica el
artículo 11 del Decreto Ley 267 de 2000.
Adicionalmente señala los aspectos relacionados con lo establecido en la Ley 1448
de 2011, denominada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y las atribuciones
de la CGR en el ejercicio del control fiscal.
En vista de lo anterior, formula la siguiente consulta:
1.1. Dadas las atribuciones otorgadas a la CGR en el Acto Legislativo 01 de 2016 y
la Ley 1448 de 2011, ¿Se puede interpretar que el legislador le asigna la
competencia para la fiscalización de los recursos públicos de las entidades
territoriales en los temas allí definidos?
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1.2. En atención al marco normativo aquí referido y dadas las competencias
otorgadas a la Contraloría General de la República tanto en la ley 1448 de 2011
como en el Acto Legislativo 01 de 2016, ¿Cuál es el alcance del control fiscal y sus
características para la intervención de la UDP en las entidades territoriales,
teniendo en cuenta las competencias territoriales en la materia y la obligación de
cumplir con el mandato por parte de la CGR?
1.3. Dadas las atribuciones de monitoreo que debe realizar la CGR en materia de
posconflicto y víctimas, ¿cómo se delimita su ámbito de aplicación y acción, sin
caer en el control fiscal previo, pero si en tiempo real y oportuno?
1.4. ¿Cuál es el alcance en el ejercicio del control fiscal por parte de las
Contralorías sobre los recursos de asistencia o cooperación internacional y sobre
proyectos y contratos celebrados con organismos multilaterales, que financiarán en
gran medida la implementación del Acuerdo Final para la Paz?
Cabe precisar que el Doctor Mario Roberto Molano López, en su calidad de asesor
externo del Despacho del Contralor General de la República, en atención a la
consulta formulada por el Director de la Unidad Delegada para el Posconflicto,
remite mediante SIGEDOC No 2018EE0045209 un documento en el cual realiza
su análisis frente al desempeño de las funciones de la Contraloría General de la
República, la implementación del Acuerdo Final de Paz y el control de los recursos
del llamado posconflicto, a la luz de las normas de implementación contempladas
2017 y en el artículo 201 de la Ley 1448 de 2011, estudio que será tenido en
cuenta en la resolución del tema consultado, caso en el cual se hará la respectiva
cita.
2. Alcance del concepto
Los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la Contraloría General de la
República, son orientaciones de carácter general que no comprenden la solución
directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones particulares.
En cuanto a su alcance, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución', ni tienen
el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la
interpretación y aplicación de las normas jurídicas vigentes, en materia de control
fiscal.
Por lo anterior, la competencia de la Oficina Jurídica para absolver consultas se
limita a aquellas que formulen las dependencias internas de la CGR, los empleados
de las mismas y las entidades vigiladas "sobre interpretación y aplicación de las
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Artículo 28 de la Ley 1437 de 2011
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disposiciones legales relativas al campo de actuación de la Contraloría General"
2
,
así como las formuladas por las contralorías territoriales "respecto de la vigilancia
de la gestión fiscal y las demás materias en que deban actuar en armonía con la
Contraloría General"
3
y las presentadas por la ciudadanía respecto de "la consultas
de orden jurídico que le sean formuladas a la Contraloría General de la
República".
En este orden, mediante su expedición se busca "orientar a las dependencias de la
Contraloría General de la República en la correcta aplicación de las normas que
rigen para la vigilancia de la gestión fiscal"
5
y "asesorar jurídicamente a las
entidades que ejercen el control fiscal en el nivel territorial y a los sujetos pasivos
de vigilancia cuando éstos lo soliciten"
6
.
Finalmente se aclara que no todos los conceptos de esta Oficina Jurídica implican
la adopción de una doctrina e interpretación jurídica que comprometa la posición
institucional de la Contraloría General de la República, porque de conformidad con
el Artículo 43, numeral 16
7
del Decreto Ley 267 de 2000, esta calidad solo la tienen
las posiciones jurídicas que hayan sido previamente coordinadas y con la(s)
dependencia(s) implicada(s).
3. Precedente doctrinal de la Oficina Jurídica.
La Oficina Jurídica de la CGR en relación con el tema objeto de consulta se
pronunció recientemente en concepto CGR-OJ-051-2018, radicado SIGEDOC No.
20181E0031198, sobre el Marco Jurídico para la Paz y, en tal sentido, indicó que
éste consiste en una reforma constitucional
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que busca abrir un espacio
constitucional para el desarrollo de una estrategia integral y coherente de justicia
transicional que permita la máxima satisfacción posible de los derechos de las
víctimas y la transición hacia una paz estable y duradera.
Se señala en dicho concepto que de acuerdo con la reforma constitucional se han
creado diversas entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad
Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, razón por
la cual la Contraloría General de la República debe adoptar las medidas necesarias
para el ejercicio del control fiscal a estas entidades y su debida categorización y
sectorización.
2
art. 43, numeral 4 del Decreto ley 267 de 2000.
3
art. 43, numeral 5 del Decreto ley 267 de 2000.
4
art. 43, numeral 12 del Decreto ley 267 de 2000.
5
art. 43, numeral 11 del Decreto ley 267 de 2000.
6
art. 43, numeral 14 del Decreto ley 267 de 2000.
7
art. 43. Oficina jurídica. Son funciones de la oficina jurídica: (...) 16. coordinar con las dependencias la
adopción de una doctrina e interpretación jurídica que comprometa la posición institucional de la contraloría
general de la república en todas aquellas materias que por su importancia ameriten dicho pronunciamiento o
por implicar una nueva postura de naturaleza jurídica de cualquier orden.
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Acto Legislativo 1 de 2012, por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en
el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
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