Las EAE como instrumentos para la paz. El postconflicto y sus oportunidades desde la perspectiva ambiental
| Autor | Gerardo Viña Vizcaíno, Óscar Darío Amaya Navas |
| Páginas | 201-241 |
201
La naturaleza y la sociedad han evolucionado juntas, y
desde los orígenes los humanos se han relacionado entre
sí a partir de las condiciones de apropiación y/o exclusión
que establecen con la naturaleza y el territorio, sean estas
individuales o colectivas.
De hecho, son las relaciones sociales de poder las que
regulan el acceso, la disponibilidad y la utilización de los
recursos naturales y el ambiente, de manera que depen-
diendo de la forma como se desarrollan estas relaciones
se determinan en gran medida los criterios propios de la
regulación, la cual retroalimenta los escenarios de poder y
divide a las sociedades en función de esa disponibilidad
de recursos naturales y de su usufructo potencial y/o uso
efectivo. Por ello, es válido afirmar que en gran medida las
relaciones entre los seres humanos son intermediadas por la
naturaleza, de la misma forma como la naturaleza ha sido
marcada por las acciones de los seres humanos, precisamente
producto de su intervención consciente o inconsciente en
el medio ambiente natural a través de los años.
Así, y considerando las tendencias globales de acumula-
ción de capital y poder, y las características de la generalidad
202
de los gobiernos que en Colombia, desde la década de los
años noventa, han pretendido generar cambios profundos
en la relación ambiente-desarrollo, mediante el impulso de
“reformas estructurales” que faciliten no solo la acumulación
de un mayor capital social, aunado a mayores reservas y una
mejor oferta y capacidad de administración de los recursos
naturales renovables y no renovables, es que podría llegar
a entenderse que lo que provocó la génesis de los diferen-
tes instrumentos de política ambiental adoptados desde la
época hasta hoy (como las eiA y obviamente pero de forma
tímida y en muchos casos fuera de contexto, las eAe), no fue
una cándida y simultánea conversión de los escenarios de la
política pública hacia las virtudes de la conservación de la
naturaleza por su papel de bien intangible y necesario para
el desarrollo, y como base para la sostenibilidad de la nación
a largo plazo, sino la necesidad de disponer de elementos
que permitieran una real gobernabilidad ambiental, preci-
samente para gestionar y legitimar las nuevas condiciones
de apropiación de los recursos naturales por el capital y,
con ello, de concentrar mayores opciones de riqueza en la
nación, en las regiones que la componen y, necesariamente,
entre los miembros que en ellas cohabitan y se desarrollan.
Como producto de estas tendencias, desde mediados de
los años noventa se observa en Colombia, en el marco de los
desarrollos normativos alcanzados sobre las materias am-
bientales, una clara politización del ambiente como un activo
estratégico, para lo cual se ha venido gestando un modelo
de administración del territorio basado en un esquema que
para los efectos puede ser denominado “ambientalismo de
resultados”, el cual se registra en los “esfuerzos elocuen-
tes” de los distintos gobiernos, desde la época hasta hoy,
concentrados en crear e impulsar instituciones estatales
con asignación de funciones ambientales, en general am-
plias pero sustancialmente vagas, y valga mencionar, en
un principio extensas y difícilmente alcanzables, las cua-
les han sido aparentemente apoyadas por los actores del
203
desarrollo y por intereses de diversa índole, y en general
por nuevos grupos de poder con alta capacidad de reacción,
que, es preciso reconocer, encontraron en el ambientalismo
político un espacio otrora limitado a los actores sociales
considerados beligerantes.
Lo anterior confluye en el intento de formulación de
propuestas de hegemonía y dominio sobre el territorio y los
ámbitos de desarrollo desde la propia política ambiental del
nivel nacional y, por extensión, desde la conceptualización
y definición por los gestores del modelo predicho de las
condiciones de apropiación y usufructo de los recursos de
la naturaleza, y en general del establecimiento del modelo
de administración y control de los recursos naturales reno-
vables y no renovables del país, a la postre, el mayor impul-
sor de la riqueza de la nación y, con ello, de los principales
conflictos que hoy se registran en todo el territorio que, se
reconoce, trascienden el escenario del conflicto político que
gestaron las violencias de las décadas de los años cuarenta y
cincuenta (que aún persisten, y que se encuentran ubicadas
en el escenario de dominio del territorio y en la limitación
de acceso a los recursos naturales renovables), aunadas
al desarrollo de cultivos de destinación ilícita, los cuales,
además de promover un uso inadecuado de los recursos de
la tierra, son la causa de enormes consecuencias negativas
debido a la marcada degradación de la naturaleza en vastas
regiones del territorio nacional y a la violencia que generan.
Como consecuencia de lo planteado, “lo ambiental” se
constituyó en un predicado con presencia real en el ámbito
de las luchas por la producción de significaciones, precisa-
mente a partir de su universalismo evidente y de su carácter
omnímodo, que, como es sabido, registra un fortalecimiento
y que, en principio para el caso de Colombia, empezó a
consolidarse en 1990 con la convocatoria de la Asamblea
Nacional Constituyente, período este que trajo consigo una
profunda re-primarización de la economía precisamente por
reconocer una fuerte influencia de las actividades ilícitas
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba