Experiencias de comunidades y personas desplazadas que exigen la protección y la restitución de su territorio y su patrimonio
| Autor | Catherine Bouley |
| Páginas | 81-116 |
En Colombia existen numerosas expe-
riencias de personas desplazadas o en
riesgo de desplazamiento forzado que se
han organizado para reclamar al Estado la
protección de su territorio y la restitución
del patrimonio usurpado después del des-
arraigo. A continuación, se exponen cinco
iniciativas en este sentido, lideradas por
mujeres, comunidades afrodescendientes,
familias campesinas y pueblos indígenas.
Dichas experiencias se construyen desde la
cultura y la historia de estos grupos huma-
nos, se adaptan a contextos adversos y sue-
len hacer uso de un conjunto de acciones
que combinan la organización social de la
población y los instrumentos jurídicos y
políticos de reivindicación de los derechos
a nivel nacional e internacional.
La tierra en manos de las mujeres:
un factor vital de empoderamiento
para ellas y de superación de la
pobreza para la sociedad
“Reducir las barreras para que las mujeres
controlen los bienes rurales, en particular la
tierra, es crucial para establecer una política
en contra de la pobreza”1
La garantía plena de los derechos de las
mujeres debe ser parte de la política de
1 Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura,
Informe sobre pobreza rural 2001, citado en Carmen Diena
Deere y Magdalena León, La brecha de género en la propiedad
de la tierra en América Latina, en www.ftierra.org (consulta-
do el 11 de abril de 2006).
Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados
cualquier Estado. “La igualdad de género tiene que ser parte de la estrategia de todos
los países para erradicar la pobreza, como un fin y como un medio para acabar con
otras formas de pobreza humana. Esto significa empoderar a la mujer garantizándole
igualdad de derechos y acceso a la tierra, créditos y oportunidades de trabajo”2
.
El acceso a la propiedad de la tierra y otros bienes agrícolas por parte de las mu-
jeres es importante como fuente de emancipación y autonomía. Las mujeres pro-
pietarias disfrutan de mayor libertad para contraer matrimonio; tienen menos pro-
babilidades de ser víctimas de violencia doméstica debido a que están en una mejor
posición para abandonar a un cónyuge o compañero abusivo; desempeñan funcio-
nes más importantes en la toma de decisiones, tanto en el espacio privado como en el
público, incluyendo decisiones sobre qué se produce, cómo se usa lo que se produce
y sobre la forma como se aprovecharán los recursos que se generan3
.
Algunos estudios indican que si la mujer es propietaria del predio puede tomar
ella sola la decisión de venderlo, pero generalmente discute esta posibilidad con la
pareja y los hijos. Sin embargo, cuando el propietario es el varón, muchas veces de-
cide de manera inconsulta acerca de la transferencia del predio, y en muchas opor-
tunidades se gasta para sí mismo la totalidad del producto de la venta. Lo mismo
sucede con las decisiones relacionadas con la venta de los bienes de la tierra. “Lo que
expresan las mujeres es que cuando ellas venden productos o animales, por lo general,
invierten todo en la familia, cosa que no ocurre con los hombres, quienes gastan buena
parte de los ingresos en actividades recreativas o en alcohol”4
.
En varios textos legales se ha reconocido la importancia del acceso de las mujeres
a los derechos sobre la tierra y sus productos5. Sin embargo, la desigualdad entre
hombres y mujeres en la distribución de los bienes del sector rural de América Latina
es sustancial. La tierra por lo general está en manos de los varones y son ellos quienes
tienden a poseer parcelas de mayor extensión y de mejor calidad. Esto se debe a que
durante muchos años se otorgó preferencia masculina sobre la herencia, se privilegió
al hombre en el matrimonio y se dieron sesgos de género en los programas de tierras
de las comunidades y los Estados6
.
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (1.997), “Human Development report 1997”, Nueva York,
pág. 7, citado en Carmen Diena Deere y Magdalena León, La brecha de género en la propiedad de la tierra en
América Latina, en www.ftierra.org (consultado el 11 de abril de 2006).
3 Carmen Diena Deere y Magdalena León, citado supra en nota 1.
4 María Adelaida Farah Q y Edelmira Pérez C, “Mujeres rurales y nueva realidad en Colombia”, en Cuadernos
de desarrollo rural, N°. 51, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, pág. 148.
5 Uno de los instrumentos de mayor importancia en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer, artículo 14.
6 Carmen Diena Deere y Magdalena León, citado supra en nota 1.
Experiencias de comunidades y personas desplazadas
Las mujeres colombianas comparten las citadas dificultades para el acceso a la
tierra con las mujeres de la región, pero además se ven sometidas a diferentes formas
de despojo causadas por la violencia sociopolítica en el país. Las mujeres colombia-
nas enfrentan de manera particular el desplazamiento forzado causado: por el asesi-
nato de su cónyuge, compañero, hijos y otros familiares; por los vínculos afectivos
con algún actor del confl icto armado; por hacer parte de una organización social o
comunitaria; para evitar el reclutamiento de sus hijas e hijos; y a consecuencia de la
violencia sexual.
En muchas comunidades, el agricultor (de sexo masculino) está ubicado en un
lugar de poder y tiene un rol principal (jefe) frente al de su compañera (ayudante del
agricultor). Esto da lugar a que, ante la muerte del compañero y los hijos la mujer
quede desprotegida, “con limitada capacidad y habilidad para tomar decisiones y des-
empeñar el papel de jefa de la unidad doméstica de producción campesina”7
. Esto hace
que en muchas oportunidades busque unirse con otro hombre que asuma el papel de
“jefe de hogar”.
Teniendo en cuenta las razones expuestas, el Departamento de Desarrollo Sos-
tenible de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO) ha señalado que “es fundamental generar cambios en los patrones cultu-
rales y mecanismos institucionales que prevean y aseguren el acceso de la mujer rural
a la tierra, con miras a lograr un desarrollo sostenible que incremente la productividad
agrícola, asegure un uso más eficiente de los recursos y contribuya a mejorar las condi-
ciones de seguridad alimentaria”8
.
En relación con Colombia, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer,
sus causas y consecuencias, después de su visita a Colombia en el año 2001, reco-
mendó tomar medidas “con miras a mejorar la condición jurídica y social de la mujer
rural, en particular entre las poblaciones desplazadas y que, como cuestión prioritaria,
se centre la atención en la mujer rural con miras a mejorar los indicadores relativos a la
salud, la educación y la calidad de vida de éstas”9.
7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y Coordinaciones de Agencias de Cooperación
Internacional (DIAL), Urabá: entre lo mágico y lo trágico, los destinos de las mujeres, Revista número 3, Bogotá,
julio de 2000, pág. 13.
8 Naciones Unidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Depar-
tamento de Desarrollo Sostenible, “El acceso de la mujer latinoamericana a la tierra”, junio de 2001, en www.
fao.org
9 Naciones Unidas, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, Informe de la Relatora Especial sobre la
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad
con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición Misión a Colombia (1º a 7 de noviem-
bre de 2001), Comisión de Derechos Humanos, 58º período de sesiones, E/CN.4/2002/83/Add.3, 11 de marzo
de 2002, recomendación 19, párr. 25.
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