Hacia una teoría de las prácticas judiciales
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“Political scientists who have done so much to put the «political» in « political
jurisprudence» need to emphasize that it is still «jurisprudence». It is
judging in a political context, but it is st ill judging; and judging is something
different from legislating or administering” , 1969, p. 42).
“That makes cour ts part of a disti nctive subset of political institutions:
one that must always deny that they are wielding political authority
when they in facto do wield political author ity. Such is the nature of
courts. They must always deny their authority to ma ke law, even when
they are making law” ( 1994, p. 156, subrayado original).
Las practicas judiciales de las cortes designan el uso estratégico de las
doctrinas constitucionales en oportun idades políticas determinad as. La fuerza
de esta concepción no radica solamente en dar cuenta de dichas oportunidades
políticas como factores causales de la decisión judicial, sino en comprender
el proceso mediante el cual las cortes ganan terreno a mediano y largo plazo
mediante el uso de las doctrinas constitucionales. En efecto, estas no se
producen espontáneamente ante las oportunidades políticas de intervención
judicial, sino que la reiteración y el paso del tiempo les otorgan un sentido
Dos elementos analíticos son constitutivos de las prácticas judiciales: la
políticas, y el sentido del uso estratégico de las doctrinas constitucionales.
Esta distinción analítica sirve para esclarecer las interrelaciones entre una y
otra sin perder de vista que ambas hacen parte de un proceso que se produce
a lo largo del tiempo, que se puede ver en coyunturas particulares y que
contribuye a comprender el protagonismo de las cortes. Sin duda, se trata de
una propuesta analítica ambiciosa e inacabada.
Este capítulo presenta el marco analítico este libro y se divide en tres
partes. En la primera se describe la conguración del soporte público
como conjunto de variables contextuales dentro de las cuales se producen
oportunidades políticas de intervención judicial. En la segunda se caracteriza
el uso estratégico de las doctrinas constitucionales, que permite a las cortes
32 Michae l Cruz Rodríguez
aprovechar las oportunidades para encuadrar a los actores políticos dentro
propuesta metodológica para el análisis de las prácticas judiciales que se usa
en los siguientes capítulos.
1. CONFIGU RACIÓN DEL SOP ORTE PÚBLICO: LA S OPORTU NIDADE S
POLÍT ICAS
que permiten o acotan las oport unidades políticas de intervención de las cortes.
Esto es, el respaldo que reciben las decisiones judiciales en distintos ámbitos y
ejemplo, el impulso a la judicialización de ciertos temas promovida por los
movimientos sociales, el respaldo académico a determinadas intervenciones
judiciales o el apoyo del presidente o del Congreso a las decisiones de las
cortes. El soporte público no implica la existencia de consenso entre todos los
actores, sino más bien el basamento que promueve la adopción de decisiones
y políticas que favorecen la intervención judicial. En este sentido, el soporte
público no se limita a la legitimidad institucional o el prestigio acumulado de
las cortes ni se restringe a las actitudes hacia las cortes ante una coyuntura
particular, lo que y (1992, p. 638) entienden como soporte
diuse support, specic support), respectivamente;
sino que incluye la capacidad de tomar decisiones políticas destacadas y
hacer que se apliquen en contextos determinados (, 2013, p. 29). Así,
judiciales y brindan oportunidades de intervención jurídico-política a las
cortes en un contexto particular, sin asumir una determinación prima facie
de las mismas (, 2005, p. 258).
Por ello, incluso las oportunidades p olíticas, es decir, los contextos en los que
el soporte social o el soporte político respaldan la intervención judicial, pueden
ser generadas mediante el uso estratégico de las doctrinas constitucionales: las
cortes pueden incentivar estructu ras de soporte o condiciones políticas favorables
actores políticos y judiciales, estimulando nuevas oportunidades políticas.
políticas, no es la causa exclusiva de los resultados, ya que las estrategias
33Hacia una teo ría de las prácticas j udiciales
judiciales también pueden producir oportunidades políticas para la intervención
si se toman como variables independientes en contextos determinados1.
legitimidad institucional de las cortes, como la capacidad de adoptar y hacer
cumplir decisiones de alta relevancia política, opciones que no son excluyentes
sino complementarias. De ese modo, una intervención judicial puede ser
exitosa aun cuando la corte no tenga una amplia reserva de legitimidad o
carezca de soporte público en algún ámbito, siempre y cuando sus decisiones
sean respetadas. Por ejemplo, cuando una corte adopta decisiones que no
cuentan con el apoyo de las mayorías pero aún así son aplicadas, o incluso
cuando sus decisiones son respetadas en Estados autoritarios. En últimas,
la descripción de estas variables apunta al abandono de la explicación
monocausal, según la cual el comportamiento judicial está determinado por la
política, para comprender la capacidad de las cortes y articular su análisis con
el de las doctrinas constitucionales, de modo que se ofrecezca una explicación
más comprensiva.
Lo anterior no implica que el foco de análisis sean solamente los jueces y
sus preferencias personales, también lo son el contexto político y la economía
política del litigio (the political economy of litigation) como restricciones
al establecimiento de la agenda judicial (Epp, 1999, p. 256). Por ejemplo,
escenarios como la protección de los derechos no son un resultado exclusivo
de la voluntad de los jueces, sino que dependen también de la presión desde
abajo que se realiza a través de la movilización legal. Así, Epp (1998) concibió
que la expansión de la órbita de protección de los derechos civiles en Estados
Unidos fue una revolución de los derechos, pero no por la simple voluntad
de los jueces, sino por las estructuras que apoyaron dicha transformación.
Aunque el argumento de Epp (1998) está centrado en la protección de los
derechos individuales y la forma en que el proceso judicial resulta ser también
parte del proceso democrático, su idea de las estructuras de soporte puede ser
del soporte público deben considerarse las estructuras de soporte para la
movilización legal en la medida en que su objetivo es producir oportunidades
políticas para la intervención judicial. Para mayor claridad analítica, las
estructuras de soporte se pueden restringir a aquellas instituciones en favor
de la intervención judicial en determinados ámbitos, sin incluir todas las
1 Este argumento se desarrolla con más detalle en el apartado 2.3 del presente capítulo.
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