Legitimidad de la persona jurídica como sujeto de imputación
| Autor | Francisco Bernate Ochoa |
| Páginas | 25-42 |
1. Legitimi dad de la persona jurídica
como sujeto de imputación
1.1. LA NECESI DAD DE PROTEGER LOS INTERESES
JURÍDICAMENTE RELEVANTES
La posibilidad de otorgar responsabilidad penal a las personas
jurídicas supone un cambio de paradigma respecto de la dogmática
jurídico penal tradicional. Es por ello, que el proceso de asimilación
de esta posibilidad no ha estado exento de críticas, algunas desde lo
dogmático, a las cuales se ha hecho referencia (incapacidad de acción,
incapacidad de pena, incapacidad de culpabilidad e incapacidad para
ser procesadas)1, hay también críticas desde la política criminal. Es
evidente que muchas de las estructuras del derecho penal económico
(empleo de delitos de peligro, concepto unitario de autor, delitos de
peligro abstracto, tipos penales en blanco) rompen los esquemas
y principios básicos de un derecho penal que denominaremos –
siguiendo a – nuclear2. El debate es si el Derecho
Penal debe renunciar o no a esos mínimos que conforman ese derecho
penal clásico, encontrando dos posturas.
La primera, liderada por la Escuela de Frankfurt señala que
ante la evidente incompatibilidad existente entre las formas de
criminalización del Derecho Penal Ambiental, o Económico y el
viejo y buen derecho penal3 estos asuntos deben quedar en el derecho
administrativo, en el que el acoplamiento no resulta traumático4.
Aterrizando al punto en estudio, se dir ía que no es necesario trastocar
1 Eugenio Raúl. , Alejand ro, , Aleja ndro. Derecho Penal.
Parte General. Bueno s Aires: Ed. Eduar, Segunda E dición.2002. p. 427.
2 , Jesús María. La expan sión….Cit. p. 149.
3 Ibíd. p. 149.
4 Por todos, Winfr ied. Persona, mundo y r esponsabilidad. Ba ses para una
teoría de la imputa ción en derecho penal. Ed. Temis, Bogotá: DC, 1999. p. 20.
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las bases del derecho penal para introducir la responsabilidad penal
de las personas jurídicas.
Por el contrario, desde la otra orilla, se plantea que se trata de
intereses –el orden económico, el medio ambiente, la seguridad
alimentaria– de suma valía para las sociedades contemporáneas y
por ello se hace necesaria la intervención del derecho penal, a lo
cual debe agregarse lo que denomina “la fuerza del
mecanismo público de persecución de las infracciones, algo que le
atribuye una dimensión comunicativa superior…frente al Derecho
administrativo”5. A ello, siguiendo a nuevamente,
tendremos que agregar la neutralidad política y jurisdiccional de la
acción penal frente al Derecho Administrativo sancionador6.
Más allá de que el debate dogmático está abierto a la posibilidad
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay también
un elemento de necesidad7, en tanto que mientras se de la espalda
a una realidad fáctica, como la criminalidad empresarial, se está
desatendiendo la tutela de intereses jurídicamente relevantes8. En
efecto, establecido por el legislador el objeto de protección (la vida,
el orden económico, la fe pública, el medio ambiente, la seguridad
alimentaria, por ejemplo), es evidente que el principio de interdicción
de arbitrariedad hace que este sea un criter io limitador de la actuación
estatal, que se materializa en el denominado principio de lesividad que
limita la intervención estatal en sede de criminali zación primaria (el
legislador solamente debe penalizar comportamientos lesivos para el
bien jurídico) y en sede de criminalización secundaria (el juez solo ha
5 , Jesús María. La expan sión….Cit. p. 155.
6 Ibíd. p. 155.
7 “Es necesario intr oducir la responsab ilidad penal de las person as jurídicas,
pues en gran me dida las conductas d escritas como delit os y que afectan en gran
media a la corru pción son realizadas a p artir de la empresa o p ara favorecer
la actividad come rcial de una empresa. E stablecer medidas qu e favorezcan la
denuncia. Est ablecer medidas ad ecuadas de que per mitan disminuir la pen a en
supuestos de au todenuncia. Establecer el marc o de efectividad de los programas
de compliance” ( , Silvina; Á , Jesús. Res ponsabilidad
penal y administ rativa de las persona s jurídicas en delito s relacionados con la
corrupción. Madr id: Eurosocial, 2013. p. 42.
8 Señala “La amenaza penal, por l o tanto, sería necesar ia para proteger
ciertos bienes ju rídicos, cuya prote cción no puede sati sfacer el derecho pri vado,
es decir, para preveni r daños graves que re quieren la interve nción del derecho
penal” , Enrique. Co mpliance y Derecho Penal. Buenos Aires: Editorial
Hammurabi, 2012. p. 102.
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