Mujeres indígenas, justicia y paz territorial
| Autor | Laura Yaneth Rivera Revelo |
| Páginas | 263-296 |
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Capítulo 8
Mujeres indígenas, justicia y paz territorial*
Laura Yaneth Rivera Revelo
Introducción
Pese a la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y la antigua
guerrilla de las fa rc-ep, en ciertas zonas del país —especialmente rurales
e históricamente marginalizadas— la guerra continúa su curso, liderada
ahora por actores armados posconflicto denominados Grupos Armados
Posdesmovilización (g apd), que se enfrentan para controlar territorios
antes ocupados por la mencionada guerrilla. Hoy en día se estima que
estas nuevas estructuras armadas operan en 402 municipios y 16 zonas no
municipalizadas de Colombia (El Espectador, 2019 ).
Estas áreas son en su mayoría zonas de frontera, pobres y con una
presencia estatal diferencial y un alto índice de necesidades básicas insa-
tisfechas. Muchos de estos territorios forman parte de los espacios de los
programas de desarrollo con enfoque territorial (pdet).1 Además, en un
número importante de los casos se trata de territorios étnicos. Es el caso del
territorio colectivo del pueblo indígena awá,2 ubicado en el depar tamento de
* El presente trabajo form a parte de una investigación p osdoctoral denominada “Acceso
a la justicia y desig ualdades sociales” que l leva a cabo la autora como investig adora asociada de
la Cátedra de Es tudios de Paz de la Universidad de Giessen ( Alemania).
1 Tumaco, Francisco Piza rro, Mosquera, Olaya Herrer a, La Tola, Barbacoas , Roberto
Payán, Magüí Payá n, Santa Bárbara, Ric aurte y El Charco.
2 El pueblo awá se ubica en e l departamento de P utumayo, Nariño y en el E cuador en
las provincias d el Carchi, Esmeralda s e Imbabura. Los awás se ar ticulan en tres orga nizaciones
en Colombia: en Nari ño, la Unidad Indígena del P ueblo Awá (Unipa), con 20 200 indígenas,
y el Cabildo Mayor Awá de Ric aurte (Ca mawari), con 10 500; en Putumayo, la Asoc iación
de Cabildos Indíge nas del Pueblo Awá de Putum ayo (Acipap), con 460 4; y en el Ecu ador, la
Paces desde abajo: des afíos y oportunidades de ot ra paz
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Nariño, en el cual durante los últimos 20 años se ha desarrollado la guerra
de una manera muy intensa, dejando a su paso innumerables violaciones a
sus derechos humanos y colectivos, siendo las mujeres adolescentes, adultas
y niñas awás (maan-awás) uno de los grupos más afectados.3
Tomando en cuenta el anterior contexto y haciendo énfasis en las
variables de género, adscripción étnica y clase social, se pretende vislumbrar
cómo la persistencia de la violencia y las desigualdades estruct urales inciden
directamente en la participación, centralidad y garantía de los derechos de
las víctimas, cuestión que a su vez repercute en su capacidad de agencia y
participación en la concreción de iniciativas de paz y reconstrucción del
tejido social comunitario.
En un primer momento, se abordará descriptivamente cómo se ha venido
incorporando la centralidad de los derechos de las víctimas en la normati-
vidad derivada del Acuerdo Final de Paz, concretamente en el componente
de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep) del Sistema Integra l
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sivjr nr). En el segundo
apartado, se indaga sobre cómo se refleja esta centralidad de los derechos de
las víctimas y la incorporación del enfoque étnico-territorial a través de la
acreditación del pueblo awá y su territorio ancestral como víctima en ca lidad
de sujeto colectivo de derechos en el Caso 2 abierto por la jep (Auto srvbit,
2019). Finalmente, se visibilizará cómo la persistencia de la violencia y las
desigualdades estructurales en el territorio indígena awá generan barreras
específicas que en la práctica limitan la centralidad, la participación plena
y la garantía de los derechos de las víctimas acreditadas en la jep en ta nto
sujeto colectivo de derechos, lo cual además restringe las iniciativas de paz
y reconstrucción del tejido social comunitario indígena.
La centralidad de las víctimas en el Acuerdo Final de Paz
Colombia, como uno de los casos singulares de guerra interna a nivel mun-
dial en el siglo xxi, se ha constituido en los últimos años en el centro de
Federación Awá de Putumayo (A cipap), con 4604, y la Federación Awá del E cuador (fcae), c on
3800 indígena s (Unipa, Camawari & Acipap, 2010).
3 La jep abrió en 2018 el Caso 2 sobre la situación en los mu nicipios de Ricaurte, Barb a-
coas y Tumaco del depar tamento de Nariño — territorio donde habitan los awá s—, con el fin
de investiga r los crímenes cometidos por miembros de las fa rc-ep y de l a fuerza pública.
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atención a nivel internacional, esto en tanto que, después de más de 50 largos
y cruentos años de conflicto armado, la guerrilla más antigua de América
Latina y el gobierno colombiano firmaron a finales de 2016 el acuerdo de paz
y cese bilateral definitivo de la confrontación armada. Este hecho histórico
abrió en su momento diferentes incógnitas académicas, políticas, sociales
y, por supuesto, jurídicas frente al anhelado posconflicto.4
Los debates públicos se han centrado en la impunidad y en cómo la
justicia transicional y los marcos jurídicos desarrollados en el punto 5 del
Acuerdo Final de Paz garantizará n los derechos de las víctimas del c onflicto
armado, pues desde el inicio de las negociaciones se estableció que la partici-
pación y los derechos de las víctimas serían la columna vertebral del Acuerdo
Final de Paz y de sus instrumentos jurídicos (Acuerdo Final de Paz, 2016).
Esta importante discusión fue desplazando otras conexas, que, con el
transcurrir de los años, la persistencia de la violencia y la puesta en práctica
de la nueva institucionalidad, se han vuelto más evidentes. Es el caso de los
interrogantes frente a la garantía de los derechos de las víctimas en un pro-
ceso de justicia transicional en un país que aún se encuentra en medio de un
conflicto armado, con una diversidad de actores armados ilegales; y la otra
inquietud referente a las barreras de tipo estructural que experimentan las
víctimas para su par ticipación y el acceso efectivo a esta justicia tra nsicional.
Frente a los temores e inquietudes jurídicas en particular sobre el com-
ponente de justicia creado en el marco de las negociaciones de paz, estos se
han ido disipando, incluso el vicefiscal de la Corte Penal Internacional (cpi),
James Stewart, asegu ró que el diseño y funcionamiento de la jep5 es pionero
y ejemplo en el mundo, recalcando la idoneidad de los marcos jurídicos con
respecto a los estándares internacionales en materia de gara ntía de derechos
y la lucha contra la impunidad (Noticias-jep, 2020).
4 Tras cuatro años de conver saciones (inicio oficia l: 4 de septiembre de 2012) que se
llevaron a cab o entre el gobierno de Colombia (en repres entación del Est ado) y la guerrilla de
las farc-e p. Estos diálogos tu vieron lugar en Oslo y en La Haba na; se obtuvo como resultado l a
firma del Acuerdo pa ra la Terminación Defi nitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de nov iembre
de 2 016.
5 La jep es el componente de justicia dentro del si vjrnr que tiene la f unción de administr ar
justicia tra nsicional y conocer de los d elitos en el marco del c onflicto armado que se hubieran
cometido antes del 1º de diciembre d e 2016. La existenci a de la jep no podrá ser superior a 20
años.
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