El procedimiento regulatorio y la participación ciudadana en el ámbito de las competencias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)
| Autor | Nora Palomo García |
| Cargo del Autor | Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia |
| Páginas | 9-34 |
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el procedimiento regulatorio y la participación
ciudadana en el ámbito de las competencias de
la comisión de regulación de energía y gas
(creg)
nora PaLoMo garCía*
introduCCión
Por honroso encargo que recibí de la dirección del Departa-
mento de Derecho Minero Energético, a cargo del doctor Luis
Ferney Moreno Castillo, se ha realizado el presente trabajo
académico de investigación, el cual se ocupa del análisis del
procedimiento administrativo que debe observarse en el
trámite y expedición de actos administrativos mediante los
cuales se adoptan decisiones de carácter general, en ejercicio
de la función de regulación en el campo de los servicios
públicos domiciliarios definidos en la Ley 142 de 1994, en
especial, en relación con el servicio eléctrico. En el análisis
* Abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, con más de
treinta años de experiencia profesional. Ha desarrollado actividades tanto en el
área estatal como en la privada. Es especialista en Derecho Energético, así como
docente universitaria en temas relacionados con el régimen jurídico de los
servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica) y la estructuración de
concesiones de infraestructura. Actualmente ejerce como asesora jurídica en
el desarrollo de proyectos de energía eléctrica, gas combustible y energías no
convencionales. Correo electrónico: norapalomo@gmail.com
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del tema propuesto, se destaca el papel que desempeña el
ciudadano —usuario— en el debate de las decisiones que
toma la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg)
como autoridad reguladora del servicio eléctrico.
La Constitución Política de 1991 definió a Colombia como
un Estado social de derecho que hace el tránsito de una de-
mocracia representativa a una democracia participativa, lo
cual, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional,
“implica que los administrados no se limitan a votar cada
cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la
decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus
diversos niveles de gobierno”1.
El constituyente de 1991 dio un nuevo contenido a la
relación entre el gobierno y los administrados, en el que
la participación del ciudadano en la gestión pública es
un nuevo paradigma en el esquema político del país. Al
ciudadano se le concedió poder desempeñar un papel fun-
damental en el proceso de toma de decisiones del gobierno
en todos sus niveles, función que supera el estrecho límite
de la convocatoria electoral y que trasciende el campo de
las acciones gubernamentales por cuanto promueve su
participación efectiva en los procesos decisorios que lo
afectan en su discurrir como individuo y como miembro
de un colectivo social.
A partir de los mandatos constitucionales que consagran
dicha participación ciudadana como un derecho-deber2,
se han expedido diversas normas legales y reglamentarias
orientadas a promover y garantizar su ejercicio en los cam-
pos de la acción pública, en particular, en el ejercicio de la
función de regulación de los servicios públicos domiciliarios,
cuyo régimen jurídico se consagra en la Ley 142 de 1994 y
sus normas concordantes.
1 Corte Constitucional. Sentencia T- 469 de 1992.
2 Corte Constitucional. Sentencia C- 891 del 2002.
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