Sentencia nº de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, de 2 de Febrero de 2006
| Fecha | 02 Febrero 2006 |
| Materia | Derecho Público y Administrativo |
PROVIDENCIA No.10
TRANSFERENCIAS TERRITORIALES
Incumplimiento en el pago de reaforo / TRANSFERENCIA DE REAFOROS
Insubsistencia de la mora
LAS TRANSFERENCIAS, COMO INSTRUMENTO DIRIGIDO A FINANCIAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, CUENTA CON DOS FUENTES: EL SITUADO FISCAL (ENTENDIDO COMO UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS CORRIENTES PARA FINANCIAR EN FORMA ESPECIFICA LA EDUCACIÓN Y LA SALUD) Y LA CESIÓN DE INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN (ENTENDIDA COMO LA CESIÓN DE UN DETERMINADO PORCENTAJE PARA LA FINANCIACIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS DE INVERSIÓN SOCIAL).
PARA AMBAS PARTICIPACIONES ES AL MINISTERIO DE HACIENDA A QUIEN COMPETE DETERMINAR LOS INGRESOS CORRIENTES, LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y TASAR TANTO EL SITUADO FISCAL, COMO LA PARTICIPACIÓN POR INGRESOS CORRIENTES.
EN EL CASO BAJO ESTUDIO, LA CONTROVERSIA GIRA EN TORNO A LA OMISIÓN DE TRANSFERIR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS REAFOROS DE LAS VIGENCIAS FISCALES 2000 Y 2001, PARA LO CUAL ES PERTINENTE DESCRIBIR EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A ESTA ESPECÍFICA TRANSFERENCIA.
AL SER DEROGADA LA LEY 60 DE 1993 SE PROFIRIERON LEYES POSTERIORES QUE INTRODUJERON MODIFICACIONES (DE PLAZO Y DESTINACIÓN) PARA EL PAGO DE LOS REAFOROS PENDIENTES, EL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTE CASO TENDRÁ TRES COMPONENTES PRINCIPALES: (I) ¿ES APLICABLE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY 812 DE 2003 PARA EL GIRO DE LOS REAFOROS PENDIENTES DE 2000 Y 2001? (II) EN CASO AFIRMATIVO, HABRÁ DE ANALIZARSE, SI LA APLICACIÓN DE DICHO PLAZO IMPLICA LA SUPERACIÓN DE LA MORA OCURRIDA CON ANTERIORIDAD, LO CUAL PERMITIRÁ A SU VEZ DETERMINAR (III) SI, EN EL CASO CONCRETO, LA ENTIDAD DEMANDADA HA INCURRIDO EN UNA CONDUCTA OMISIVA CAUSANTE DE LOS DAÑOS ALEGADOS POR LA PARTE ACTORA.
EL EFECTO PARCIALMENTE RETROACTIVO DE LAS LEYES 715 DE 2001 Y 812 DE 2003, AL ESTABLECER UN NUEVO PLAZO QUE SE EXTENDÍA HASTA LA VIGENCIA DE 2005, IMPLICA LA EXTINCIÓN DE LA MORA QUE HAYA PODIDO CAUSARSE HASTA LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 715 DE 2001 (1º DE ENERO DE 2002). ASÍ, AUNQUE SE CONFIGURÓ UNA SITUACIÓN CONSOLIDADA A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS EN LO CONCERNIENTE A LA EXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LA NACIÓN POR CONCEPTO DE REAFOROS, CON EL NUEVO PLAZO LA EXIGIBILIDAD DE LA MISMA SE DESPLAZÓ HASTA 2005, DEJANDO SIN EFECTO ALGUNO LA MORA QUE HAYA PODIDO PRESENTARSE CON ANTERIORIDAD.
POR LO TANTO, NO PUEDE HABLARSE DE CONDUCTA MOROSA, SINO HASTA VERIFICARSE QUE, CULMINADA LA VIGENCIA FISCAL DE 2005, LA ENTIDAD NO GIRÓ LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES, O LO HIZO POR FUERA DE ESE PLAZO.
EN ESTE ORDEN DE IDEAS, ES CLARO QUE LA PARTE ACTORA INSTAURÓ UNA ACCIÓN ANTICIPADA, ADUCIENDO EL INCUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN QUE NO SE HABÍA HECHO EXIGIBLE CUANDO SE PRESENTÓ LA DEMANDA (19 DE DICIEMBRE DE 2003). ASÍ, DE ENTRADA, LAS PRETENSIONES INCOADAS CARECEN DE FUNDAMENTO FÁCTICO, TODA VEZ QUE LA MORA ADUCIDA, AL MOMENTO DE PRESENTAR LA DEMANDA, NO EXISTÍA.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil seis (2006)
MAGISTRADO PONENTE: Dr. JUAN CARLOS GARZÓN MARTÍNEZ
Proceso No.: 2004-0105
Demandante: MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (VALLE)
Demandado: NACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SENTENCIA DE REPARACIÓN DIRECTA
Resuelve la Sala la acción de reparación directa presentada por los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (VALLE), a través de apoderado judicial, en contra de la Nación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PRETENSIONES
DECLARAR a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO o por quien esté legalmente representada o por quienes administrativamente sean RESPONSABLES por no haber pagado los reaforos de las vigencias fiscales 2000 y 2001 que le corresponden a los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (Valle) por las vigencias fiscales 2000 y 2001.
CONDENAR como consecuencia de lo anterior a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a ENVIAR LOS DINEROS resultantes de las liquidaciones de reaforos a favor de los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (Valle) por las vigencias fiscales 2000 y 2001.
CONDENAR como consecuencia de lo anterior a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a LIQUIDAR Y PAGAR la actualización de los valores por concepto de reaforos a favor de los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (Valle) correspondientes a las vigencias fiscales 2000 y 2001 hasta la fecha de la sentencia.
DECLARAR a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO o por quien esté legalmente representada o por quienes administrativamente sean RESPONSABLES en LIQUIDAR Y PAGAR los intereses de MORA por el envío tardío de los dineros correspondientes a los reaforos de las vigencias fiscales 2000 y 2001 que le corresponden a los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (Valle).
CONDENAR como consecuencia de lo anterior a la NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO a PAGAR a favor de los MUNICIPIOS DE CAICEDONIA, CANDELARIA, JAMUNDÍ, BUGALAGRANDE, FLORIDA Y YUMBO (Valle), el valor del lucro cesante (actualización e intereses de mora según la metodología de la ley 80 del 93) por el no envío de los dineros de reaforos correspondientes a las vigencias fiscales 2000 y 2001 hasta la fecha de la sentencia.
ORDENAR a la Nación Colombiana, Ministerio de Hacienda y Crédito Público se cumpla efectivamente la sentencia respectiva, y se efectúe el respectivo ajuste de dichas condenas, en la forma en que lo prescriben los artículos 177 y 178 del C.C.A.
CONDENAR al demandado a PAGAR las costas y agencias en derecho del proceso, de conformidad con la Ley 446 de 1998.
HECHOS Y OMISIONES
La Constitución Nacional establece en el artículo 287 que: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la Ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:
Administrar los recursos&
Participar en las rentas nacionales
Significa lo anterior, que a partir de la vigencia de la Constitución de 1991, se acogió un sistema de autonomía para las entidades territoriales, esto es, de capacidad de manejar los asuntos propios, reafirmando los asuntos de orden local, o seccional sin desconocer la existencia de una jerarquía superior del Estado.
Según el artículo 311 de la Constitución Nacional, corresponde al Municipio, prestar los servicios públicos que determine la Ley, proyectar, programar y ejecutar las obras que demande el progreso local; ordenar el desarrollo de su territorio, procurar el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y en general todo lo ordenado en la Carta y en las leyes que así lo determinen.
Para los efectos de programación y desarrollo a nivel local, se consagró en el artículo 356 de la Carta Política, la Distribución de los Recursos a cargo de la Nación con la finalidad atender los servicios y proveer la financiación creada a través del Sistema General de Participaciones, para los entes territoriales.
Con base en lo anterior, se dará prioridad a la financiación de los servicios de salud y Educación con el fin de garantizar la prestación del servicio y la ampliación de cobertura.
Los recursos del situado fiscal se destinarán específicamente a financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y media, y la salud en los niveles que la ley señale, con especial atención en los niños& .
El Situado Fiscal constituye una fuente de financiación para atender los servicios públicos en educación y salud. El Constituyente preservó el derecho de las colectividades de no ver deterioradas sus finanzas en relación con lo que podrían percibir durante el año 1992, cada uno de los Departamentos, Distritos, y Municipios, es decir, reajustados durante los años siguientes, una vez aprobada la respectiva ley.
Con base en los artículos 288, 356, y 357 de la Constitución Nacional se expidió el proyecto No. 2 presentado por el Gobierno Nacional, la ley 60 del 12 de agosto de 1993, sobre DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA NACIÓN Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN EDUCACIÓN Y SALUD SITUADO FISCAL , asignando competencias para desarrollar en los Departamentos y Municipios en materia de servicios públicos, específicamente en educación y salud y a diseñar los mecanismos de distribución del situado fiscal.
La adscripción funcional referida en el artículo 11 de la ley 60 de 1993, es Planeación Nacional, con la colaboración del CONPES, son los organismos estatales encargados de programar la distribución de recursos de las Transferencias, efectuando los respectivos cálculos de distribución, de acuerdo con lo dispuesto en la norma. El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL, efectúa los cálculos de distribución, con base en el dato global o total de los Ingresos Corrientes que habrá de ser incluido en el Proyecto de Presupuesto anual, suministrado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Al Finalizar el año la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial de Planeación Nacional expide un documento guía del Situado F. y Transferencias del año inmediatamente siguiente, el cual sirve como base al Ministerio de Hacienda para efectuar los respectivos giros mensuales, y que se denomina Documento CONPES.
El artículo 24 de la Ley 60 de 1993
expresó: la participación de los Municipios en el Presupuesto General de la Nación para inversión en los sectores sociales tendrá un valor igual al quince por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en 1994, y se incrementará en un punto porcentual cada año, hasta alcanzar el 22% en el año 2001 .
El parágrafo...
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