SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL nº T 1100102030002024-00428-00 del 21-02-2024
| Sentido del fallo | DECLARA IMPROCEDENTE |
| Número de sentencia | STC1591-2024 |
| Fecha | 21 Febrero 2024 |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - PRIMERA INSTANCIA |
| Número de expediente | T 1100102030002024-00428-00 |
H.G.N.
Magistrada ponente
STC1591-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2024-00428-00
(Aprobado en Sala de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro)
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024).
Desata la Corte la tutela que H., C., R., G., E. y B.I.G.G. instauraron contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá, extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo 25899-31-10-002-2021-00140-00/01.
ANTECEDENTES
1.- Los libelistas invocaron la protección del derecho al «debido proceso», para que se dejara sin valor ni efecto la providencia que la M. convocada profirió el 23 de noviembre de 2023 en el juicio de la referencia.
En respaldo relataron que el Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá en la sucesión intestada de M.I.G.G., declaró no probada la objeción que la cónyuge supérstite A.G.G. (q.e.p.d.) – hermana de los accionantes – formuló contra el inventario y avalúo, respecto de la partida primera del activo inventariado por la heredera C.R.G.L., concerniente al «bien propio del causante» denominado lote S.M., ubicado en la vereda R. del municipio de T., identificado con M.I. «176-86747 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Zipaquirá, «denunciado como propiedad del causante (…) mediante adjudicación de baldíos efectuada por el (…) (INCORA) mediante Resolución No. 00281 del 24 de abril de 2001»; determinación que mantuvo incólume (28 ag. 2023) y el superior convalidó (23 nov.).
Afirmaron que con la última directriz se incurrió en vía de hecho, en razón a que dicho bien no debía considerarse como uno «propio del causante, sino social», al paso que el INCORA se lo adjudicó el 24 de abril de 2001, esto es, en vigencia de la sociedad conyugal, que resaltó, inició el 1° de febrero de 1992, y durante la cual los esposos explotaron el predio, M. solicitó el respectivo título adquisitivo (22 ag. 2000), y aquélla entidad aceptó el trámite (4 oct.).
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá narró lo surtido en la Litis controvertida y defendió la legalidad de su proceder.
CONSIDERACIONES
1.- Ab initio, se advierte el decaimiento de la salvaguarda, por falta de legitimación en la causa por activa.
1.1.- Se hace tal aseveración, debido a que de las diligencias adosadas (rad. 2021-00140) se deduce que H., C., R., G., E. y B.I.G.G. no ostentan la calidad de parte o terceros con interés reconocido en el proceso de sucesión intestada de M.I.G.G. que promovió C.R.G.L. (hija del causante); circunstancia que descarta su «legitimación» para refutar por esta excepcional vía las resoluciones allí expedidas.
Ello, en virtud a que, en el infolio remitido a esta sede, no se evidencia que hubiesen sido identificados como sucesores procesales tras la muerte de A.G.G., de ahí que emerja claro que no integran alguno de los extremos de la Litis ni son terceros con «interés reconocido» en esa contienda, pues, a pesar que solicitaron al Juzgado Segundo de Familia de Zipaquirá su «reconocimiento» como herederos de aquella, cierto es que, esto no ha acaecido.
En efecto, dicho estrado, previo a resolver sobre tal pedimento, los requirió para que aportaran el registro civil de nacimiento de Anadelia en aras de verificar la calidad que aducían tener frente a la misma (13 feb.), de modo que no están habilitados para ejercer la «acción de tutela», repudiar la decisión dictada en la lid, ni procurar obtener lo que exigen en este especial sendero, de conformidad con los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991.
Al respecto, esta Corte ha predicado que:
(…) cualquier actuación, sin importar el sentido y el alcance de la misma derivada de aquel trámite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulneró algún derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes allí participaron como partes; contrario sensu, carece de atribución para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuación judicial, quien allí no tuvo la calidad de sujeto procesal (N. ajena al texto - STC12873-2018, citada hace poco en STC433- 2023).
Ello por cuanto,
(…) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en él se enfrentan, impetrar la acción de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues está claro que esas determinaciones sólo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales están facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando además de verificarse la conculcación de sus garantías fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del trámite no lograron que éstas fueran protegidas por el director del proceso, a través de los medios ordinarios consagrados en la ley (N. Adrede- STC4993-2018, reiterada recientemente en STC1578-2023).
Sobre lo reseñado, esta M., en un asunto análogo expresó,
(…) Téngase en cuenta que el tutelante tampoco está habilitado para invocar el presente amparo en nombre de J.E.B.D. (q.e.p.d.), o como supuesto «heredero» de ésta, pues no ha sido reconocido dentro del proceso como...
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