Sentencia Nº 17-001-33-39-006-2020-00012-02 del Tribunal Administrativo de Caldas, 19-06-2020
| Sentido del fallo | ADICIONA SENTENCIA |
| Materia | ACCIÓN DE TUTELA - Tratamiento odontológico / TESIS: Problema Jurídico: ¿Puede el Juez Constitucional ordenar la práctica de un procedimiento que no ha sido prescrito por el profesional tratante, en aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte actora? |
| Número de registro | 81510755 |
| Fecha | 19 Junio 2020 |
| Número de expediente | 17-001-33-39-006-2020-00012-02 |
| Emisor | Tribunal Administrativo de Caldas (Colombia) |
17001-33-39-006-2020-00012-02
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CALDAS
SALA DE DECISIÓN
Magistrado Ponente: AUGUSTO MORALES VALENCIA
Manizales, diecinueve (19) de JUNIO de dos mil veinte (2020)
S. 073
La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, conformada por los
M.A.M.V., quien la preside, AUGUSTO RAMÓN
CHÁVEZ MARÍN y P.M.A.P.M., procede a dictar
sentencia de segunda instancia por vía de la impugnación interpuesta contra la
sentencia emanada del Juzgado 6º Administrativo de Manizales, con la cual se
accedió al amparo constitucional solicitado dentro de la actuación de TUTELA
promovida por el señor S.G.G., contra la UNIDAD DE
SERVICIOS PENITENCIARIOS- USPEC -, el CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN
SALUD PPL, y el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO “LA
BLANCA”, trámite al cual se vinculó al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO –INPEC-, a ASSBASALUD E.S.E. y a EPS FIDEICOMISOS FIDUCIARIA
PREVISORA S.A.
ANTECEDENTES
I. LA PRETENSIÓN.
La parte actora a través de escrito presentado el 24 de enero de 2020 /fls. 1 a 5
archivo digital ‘CUADERNO 1 TUTELA 2020-12/, solicitó se ordenara al área
odontológica de la cárcel “La Blanca”, una prótesis dental, debido a que le fue
extraído su diente frontal izquierdo y requiere dicho procedimiento con el fin de
mejorar estéticamente su sonrisa y su presentación personal.
I I. CAUSA PETENDI.
Como fundamento de sus pretensiones, manifestó el demandante que su derecho
fundamental a la salud no puede verse limitado o suspenderse por el hecho de
encontrarse privado de la libertad. Sostuvo, así mismo, que de conformidad con
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lo previsto en el artículo 49 de la Constitución Política y pronunciamientos de la
H. Corte Constitucional, el servicio de salud que requiere debe prestarse de
manera oportuna, adecuada y efectiva.
I I I. DERECHO INVOCADO COMO VULNERADO.
En su escrito de tutela el señor S.G.G. acusa como
vulnerado por las autoridades accionadas el derecho constitucional a la salud
consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política.
IV. TRÁMITE DE LA DEMANDA.
El Juzgado 6º Administrativo de Manizales a través de proveído del 27 de enero
de 2020 admitió la demanda de tutela /fl. 4 Archivo digital ‘CUADERNO 1 TUTELA
2020-12/, vinculando al trámite al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO –
INPEC-. Luego, por auto de cuatro (4) de febrero último, ordenó vincular a
ASSBASALUD E.S.E. /fl. 45, ídem/ y posteriormente, con auto de 6 del mismo
mes, ordenó vincular a la EPS FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PREVISORA S.A. /fls. 58
y 59 ídem/; por último, con proveído de 3 de marzo último, ordenó la vinculación
de la EPS MEDIMAS /fl. 213, ídem/.
V. RESPUESTAS DE LAS ENTIDADES ACCIONADA Y VINCULADAS
● Con escrito visible de folios 12 a 15 del cuaderno 1, el Director del
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA
SEGURIDAD DE MANIZALES “La Blanca” 1, señaló atendiendo a lo
dispuesto por el Decreto 4150 de 2011, que la competencia para prestar
los servicios de salud al interior del penal le asiste al Fondo de Atención
en Salud PPL 2019, indicando, además, que la UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS2 tiene a su cargo la gestión y operación
de los bienes y la prestación de los servicios para garantizar el acceso a
los servicios de salud de la población privada de la libertad.
1 En adelante, EPCMS “La Blanca”.
2 En adelante, USPEC.
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Explicó que de conformidad con el Decreto 1069 de 2015, el INPEC
únicamente tiene funciones administrativas en lo que respecta a la
prestación de los servicios de salud, más no funciones asistenciales. Por
último, informó que actualmente es la EPS ASSBASALUD E.S.E. la entidad
encargada de prestar los servicios de salud en el establecimiento
penitenciario, por lo que solicitó ser desvinculado de la presente tutela.
● Por su parte, la USPEC, en escrito visible de folios 19 a 30 del cuaderno
digital 1, explicó que corresponde al CONSORCIO FONDO DE ATENCIÓN EN
SALUD PPL 20193, expedir al accionante las autorizaciones de servicios
médicos de acuerdo con las patologías que presente el interno; asimismo,
que dichas autorizaciones se emitirán previo requerimiento del área de
sanidad del EPCMS “La Blanca”.
Señaló que una vez son expedidas las autorizaciones médicas, éstas deben
ser materializadas por el área de sanidad del penal, quien a su vez debe
coordinar la cita médica y programar el traslado del interno para el
cumplimiento de la misma. Por lo anterior, solicitó ser también
desvinculada del trámite constitucional.
● Con memorial obrante de folios 54 a 56 ídem, ASSBASALUD dio respuesta
refiriendo que el 29 de enero último el señor SEBASTIÁN GONZÁLEZ
GIRALDO asistió a consulta odontológica en la cual se le realizó “detartaje
subgingival”, dándosele información sobre hábitos de salud oral y técnicas
de cepillado; no obstante, recalcó, no reposa en la historia clínica del
paciente solicitud alguna tendiente a la implantación de piezas dentales
ausentes.
En cuanto al procedimiento requerido por el actor, explicó que no es la
entidad competente para realizarlo, pues el mismo está catalogada como
una prestadora primaria de servicios de baja complejidad, por lo que
únicamente presta servicios de medicina y odontología general; el
tratamiento solicitado, prosiguió, debe ser diligenciado y autorizado por
la EPS FIDEICOMISOS FIDUCIARIA PREVISORA S.A. como prestador
complementario de los servicios de salud de mediana y alta complejidad.
3 Integrado por las sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A.
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De conformidad con lo anterior, y por considerar que ha vulnerado
derecho fundamental alguno a la parte actora, pidió igualmente ser
desvinculada de la actuación de tutela.
LA NULIDAD DE LO ACTUADO (desde el auto de 6 de febrero/20)
Tal como se referenció en el acápite del trámite de la demanda, por auto de 6
de febrero último /fls. 58 y 59 C. Digital 1/, la operadora judicial de primera
instancia ordenó vincular al trámite constitucional a la FIDUCIARIA PREVISORA
S.A., concediéndole el lapso de un (1) día hábil contado a partir de la notificación
de la providencia, para que se pronunciara sobre los hechos. Dicha actuación fue
notificada el 7 del mismo mes y año a la Fiduprevisora, tal como consta a folio
60 ídem. No obstante, ese mismo día, y sin haber transcurrido el término
otorgado, la Jueza 6ª Administrativa de Manizales dictó sentencia de primera
instancia, la misma que fue impugnada en oportunidad por el Consorcio Fondo
de Atención en Salud PPL. Sin embargo, con auto de 14 de febrero de 2020 /fl.
201 ídem/, la Jueza A-quo concedió la impugnación y el expediente fue remitido
a esta Corporación para para proferir fallo de segunda instancia /fl. 1 C. Digital
2/.
Encontrándose el expediente a Despacho del suscrito Magistrado Ponente para
dictar sentencia de segundo grado, la apoderada del Consorcio de Atención en
Salud PPL 2019, integrado por las sociedades Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria
S.A., informó la irregularidad procesal antes mencionada /fls. 5 a 12 C. Digital
TRIBUNAL/, por lo que atendiendo su manifestación, con auto de 2 de marzo
hogaño, se declaró la nulidad de lo actuado desde el auto dictado el 6 de febrero
de 2020, disponiendo además la vinculación de la FIDUCIARIA PREVISORA S.A., y
ordenando que la operadora judicial de primera instancia debía valorar la
contestación aportada, a fin de garantizar el derecho de defensa de la vinculada
al trámite.
● Con escrito obrante de folios 203 a 211 C. Digital 1/, la apoderada del
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, integrado por
Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A., se refirió brevemente al contrato
de fiducia mercantil, explicando que este tiene como objeto la
“Administración y pagos de los recursos dispuestos por el fideicomitente
en el fondo nacional de salud de las personas privadas de la libertad”, y
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que su finalidad es la celebración de contratos derivados y pagos
necesarios para la prestación de los servicios a cargo del INPEC. Refirió,
también, que la prestación de los servicios médico asistenciales
corresponde a las entidades que conforman la organización del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, por lo que no le asiste legitimación
en la causa para garantizar los derechos alegados por la parte actora.
En punto a la prestación del servicio de salud al señor S.G.
Giraldo, indicó que se encuentra afiliado a MEDIMAS EPS y que su estado
es ACTIVO en calidad de BENEFICIARIO en el régimen contributivo, por lo
que considera que es dicha entidad promotora de salud la llamada a
prestar los servicios requeridos por el accionante. Por lo anterior, solicitó
que tanto el Fondo de Atención en Salud PPL 2019 como la Fiduprevisora
S.A. fueran desvinculados del trámite constitucional, y que se ordene a
MEDIMAS EPS garantizar la prestación del servicio de salud al accionante,
y que el INPEC y el EPMSC de Manizales garantice los traslados a que haya
lugar.
● Por último, con escrito visible de folios 220 a 223, ídem, MEDIMAS EPS
explicó que de conformidad con el informe rendido por el Doctor Nelson
Fredy Aguirre Osorio, el servicio solicitado por el señor Sebastián
González Giraldo, primero, es un procedimiento estético carente de
prescripción médica, y segundo, la adaptación de prótesis se encuentra
cubierta por el sistema de salud siempre y cuando la misma se requiera
para garantizar la función ‘masticatoria’ del paciente.
Refirió que de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, los
procedimientos cosméticos se encuentran excluidos de los planes de...
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