La trampa de la educación especial: rodeos y laberintos jurisprudenciales para garantizar el derecho a la educación inclusiva de las personas con discapacidad
| Autor | Lucas Correa Montoya - Juan Camilo Rúa Serna |
| Cargo | LL.M. en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University, magíster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana y abogado de la Universidad de Medellín - Abogado y politólogo |
| Páginas | 97-128 |
Revista Derecho del Estado n.º 41, julio-diciembre de 2018, pp. 97-128
LUCAS CORREA MONTOYA* Y JUAN CAMILO RÚA SERNA**
La trampa de la educación especial:
rodeos y laberintos jurisprudenciales
para garantizar el derecho
a la educación inclusiva
de las personas con discapacidad***
Special education as a trap: Detours
and mazes in ensuring the right
to inclusive education for persons
with disabilities
RESUMEN
El artículo presenta un análisis crítico sobre la jurisprudencia que la Corte
Constitucional colombiana ha desarrollado en su ejercicio de protección al
derecho a la educación de las personas con discapacidad. Al contrastar el
contenido del derecho a la educación inclusiva consagrado en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con las subreglas
desarrolladas y aplicadas por la Corte se concluye que la admisión de la
educación especial o segregada ha permitido y fomentado prácticas de dis-
* LL.M. en Derecho Internacional y Derechos Humanos de la American University,
magíster en Planeación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana y abogado de la Univer-
sidad de Medellín. Director de investigaciones de Desclab y profesor de las universidades de
los Andes, el Rosario y Pontificia Bolivariana (Bogotá, Colombia). Contacto: lucascorrea18@
gmail.com; info@desclab.com
** Abogado y politólogo. Investigador junior de Desclab (Bogotá, Colombia). Contacto:
juancamiloruas@gmail.com; info@desclab.com
*** La presente publicación fue elaborada en el marco de la estrategia y proyecto de in-
vestigación #EscuelaParaTodos, de Desclab (Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales). Un proyecto de investigación-acción que busca proteger el derecho a la educación
inclusiva de las personas con discapacidad en Colombia. Mayor información en: www.desclab.
com El contenido y las posiciones expresadas en el presente artículo son responsabilidad de sus
autores y no representan necesariamente las posiciones oficiales que tuvieran o llegaren a tener
las entidades a las que estuvieran o llegaren a estar vinculados.
Recibido el 8 de septiembre de 2017, aprobado el 15 de febrero de 2018.
Para citar el artículo: correa montoya, L. y rúa serna, J. C. La trampa de la educación
especial: rodeos y laberintos jurisprudenciales para garantizar el derecho a la educación inclu-
siva de las personas con discapacidad. Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de
Colombia. N.º 41, julio-diciembre de 2018, pp. 97-128.
doi: https://doi.org/10.18601/01229893.n41.04
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criminación y de violación de derechos constitucionales prevalentes. El texto
finaliza con la identificación de los principales retos que deben asumir los
operadores judiciales para avanzar en la protección efectiva del derecho a
la educación inclusiva.
PALABRAS CLAVE
Educación inclusiva; personas con discapacidad: Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad; derecho constitucional; derecho
internacional de los derechos humanos.
ABSTRACT
This article presents a critical analysis of the judicial precedent of the Co-
lombian Constitutional Court when protecting the Right to Education of
persons with disabilities. After contrasting the Human Rights standards
enshrined in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities with
the main decisions of the Court, we conclude that it has promoted special
and segregated education and therefore it has fostered discrimination on the
basis of disability and the violation of other constitutional rights. The article
closes identifying the main challenges that judges may face in the future for
effectively protect the Right to Inclusive education.
KEYWORDS
Inclusive education, persons with disabilities, Convention on the Rights of
Persons with Disabilities, Constitutional Law, International Law of Human
Rights.
SUMARIO
Introducción. 1. El derecho a la educación inclusiva. 1.1. El derecho a la
educación inclusiva en la Observación General n.º 4 del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. Cuando la excepción se hace
regla: la educación especial y segregada en la jurisprudencia constitucional.
3. Educación inclusiva y ajustes razonables: ¿una salida al laberinto jurispru-
dencial? Reflexión final: los retos del juez de constitucionalidad en la garantía
del derecho a la educación de las personas con discapacidad. Referencias.
INTRODUCCIÓN
La materialización del derecho a la igualdad es una condición de posibilidad
para la construcción de una sociedad justa en la que todas las personas, sin
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importar su condición, puedan vivir el proyecto de vida que desean. A través
de la igualdad material, la sociedad y el Estado buscan la eliminación de las
barreras que, históricamente, han impedido que millones de personas dis-
fruten a plenitud de sus derechos. Las personas con discapacidad, hombres
y mujeres, se han visto especialmente afectadas por esas barreras, así que
garantizar sus derechos fundamentales es un paso indispensable para corregir
una historia de marginación y negaciones.
Uno de los derechos que requiere de una urgente protección, por su estre-
cha relación con la igualdad, es el derecho a la educación. El ordenamiento
jurídico lo ha consagrado para las personas con discapacidad de manera
expresa, tal y como se observa en los artículos 67 y 68 de la Constitución
Política de 1991. La determinación del sentido y contenido de ese derecho,
sin embargo, ha sido objeto de discusión y su prestación se ha brindado
mediante tres distintas modalidades: la educación segregada, la educación
integrada y la educación inclusiva.
La educación especial o segregada suele verse como un primer modelo de
incorporación de las personas con discapacidad a la educación1, a partir de la
generación de programas diferenciados para las personas con discapacidad,
de manera que, apartadas de las personas sin discapacidad2, se educan en un
ambiente en el que la formación se especializa en la discapacidad. Sobre la
idea errada de que las personas con discapacidad son enfermas, pacientes
perpetuos o ciudadanos de segunda categoría, se les cerraron las puertas de
la escuela regular y fueron confinados a lugares denominados “escuelas es-
peciales”, en donde la educación, el aprendizaje, la relación con los demás,
entre otras funciones educativas, se desdibujan a favor de las terapias, la
rehabilitación y la atención en salud. Se trata de una modalidad en la que el
avance hacia la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad
es nada más que un espejismo, una ficción en la que la aplicación del derecho
a la educación se diluye en atenciones en salud y no satisface los requisitos de
su garantía real. Esta exclusión educativa fue uno de los principales motores
de la movilización global de personas con discapacidad y que terminó con
la adopción del modelo social3 por medio de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (cdpd)4.
1 blanco, R. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y
la escuela de hoy. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en
Educación. Vol. 4, n.º 3.
2 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación General
n.º 4 (2016) sobre el derecho a la educación inclusiva (crpd/c/gc/4).
3 palacios, A. El modelo social de la discapacidad: orígenes, caracterización y plas-
mación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Madrid: cermi, 2008.
4 La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad fue aprobada por el Congreso de la República por medio de la Ley 1346 de 2009; su
constitucionalidad fue declarada por la Corte Constitucional mediante sentencia C-293 de 2010
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